¿Derogación blanda y con la patronal o amplia con los sindicatos? La reforma laboral encalla en el seno del Gobierno

La derogación parcial o total de la reforma laboral de 2012, uno de los compromisos del pacto que dio lugar al actual Gobierno de coalición, parecía segura hasta hace semanas. Pero cada vez se advierten más profundos signos de división dentro del Ejecutivo sobre cómo afrontar la reforma de la ley, cuya negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales no ha arrancado aún a pesar de las intenciones de la titular de la cartera, Yolanda Díaz, de abrir ese melón cuanto antes. 

Los tiempos y los plazos que maneja el Ejecutivo para el llamado desmontaje de la reforma laboral del Partido Popular fueron objeto de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles. Y todo, en el contexto de unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a El Periódicoen la que mantuvo que "habrá reforma laboral si hay acuerdo social". Ya el pasado 17 de noviembre, infoLibre informó de que el Ejecutivo descartaba cambios en la reforma laboral a corto plazo y los condicionaba a que hubiese un acuerdo entre patronal y sindicatos.

Preguntada sobre las declaraciones del jefe del Ejecutivo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que tras esas palabras sólo está  "la vocación y una práctica que el Gobierno ha llevado a cabo desde que tomó posesión". La de "debatir, consensuar y aprobar" en el marco del diálogo social todo lo que tiene que ver con el ámbito de las relaciones laborales y el mercado de trabajo. "Eso no significa quitar o conceder derecho de veto a nadie", mantuvo en respuesta a los sindicatos.

Desde Trabajo se argumenta que la derogación está dentro del programa de Gobierno y que la idea es empezar a discutir entre ministerio, patronal y sindicatos cuando termine de negociarse la denominada ley rider, salvo que ésta encalle (algo que está sucediendo por la división de CEOE en este tema). Y se discutirá por etapas: una primera, la parte blanda o fácil de la reforma laboral y que aparentemente goza de más consenso, es la que debería de abordarse ahora de acuerdo con los planes del equipo de Díaz; y la parte más complicada de la reforma laboral, la que afecta al despido, se trasladaría a 2021 cuando termine lo peor de la pandemia.  

El temor al "consenso"

Sin embargo, fuentes gubernamentales no esconden su sorpresa y su temor por que el "consenso" al que alude la portavoz Montero se vuelva en contra de algunos cambios que en teoría ya estaban a punto de acuerdo justo la víspera de que el covid-19 se llevara todo por delante, allá por marzo. E inciden en que si el retraso de las discusiones entre el ministerio, CCOO, UGT y CEOE se deben en parte a la Mesa para la ley rider, a las leyes sobre el teletrabajo igualmente acordadas entre septiembre y octubre o a la segunda ola de coronavirus, también afecta al letargo la división gubernamental y apuntan claramente al Ministerio de Economía. 

"Si la negociación de la reforma laboral no ha arrancado aún es porque no existe la seguridad de que puede abordarse con garantías", explica una de las fuentes consultadas. "¿Y si la CEOE decide no consensuar la primera parte? ¿No se deroga entonces algo que impuso Fátima Báñez no ya sin acuerdo, sino directamente sin ni siquiera diálogo entre los agentes sociales?", se pregunta. 

La inquietud se extiende a los sindicatos. En noviembre, el ministerio de Economía, en manos de la vicepresidenta Nadia Calviño elaboró al alimón con la Oficina Económica de La Moncloa –dirigida por Manuel de la Rocha –el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, publicado por El País. Este informe se inclinaba por la vigencia del convenio de empresa sobre el colectivo, una de las medidas de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y el pasado Puente de la Constitución volvieron las noticias sobre la prevalencia del convenio de empresa, de acuerdo con los deseos de la Comisión Europea, para la que trabajó Calviño de 2006 a 2018. 

"Bruselas no ha dicho nada públicamente de la prevalencia de los convenios colectivos y no ha dicho nada de derogar total o parcialmente la reforma laboral", responden las fuentes gubernamentales consultadas respecto a las filtraciones de los últimos días.

Montero: hay que tener "inteligencia"

La propia Montero desinfló las expectativas de una derogación integral este miércoles en la rueda de prensa: la portavoz tuvo a bien dejar claro que el Ejecutivo va a cumplir con sus compromisos y que este, en particular, está en el acuerdo programático del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. La "hoja de ruta", pues, "está trazada", dijo. Pero también advirtió a todos los actores implicados en la materia de que hay que tener "la inteligencia" de ir "acompasando" las iniciativas a "a los momentos que estamos viviendo en este país". Es decir, al contexto de pandemia. En este sentido, señaló que lo "prioritario en este momento político" es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ahora ya listos para pasar el trámite en el Senado y también la cuestión de los fondos europeos. 

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insistió en que una de las prioridades de su grupo una vez reciban luz verde definitiva los Presupuestos es la de "acabar de desmantelar" la reforma laboral del PP. El dirigente de Unidas Podemos destacó que siempre es bueno llegar a acuerdos en el marco del diálogo social, pero mantuvo que "la patronal no se presenta a las elecciones" y que son el Gobierno y el Parlamento los que tienen "el encargo de legislar".

¿Cuál es la parte blanda de la reforma laboral? La que incluye, además de la superioridad de los convenios colectivos, la ultraactividad de los convenios –esto es, que todo convenio que caduque siga en vigor hasta que se negocie uno nuevo– o endurecer las condiciones para la subcontratación. Después vendrá la negociación más complicada, que es la que abordará el despido, abaratado en 2012 a 20 días por año trabajado. 

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"Hasta el momento el principal cometido de Trabajo ha sido crear la figura de los ERTE para salvaguardar la destrucción de empleo", agregan los consultados. "Pero era algo a lo que los los empresarios no podían prácticamente oponerse ya que les ha supuesto un alivio financiero". El miedo en el Ministerio de Trabajo se traduce ahora en que la Ley Rider se complique, lleguen las festividades navideñas y la discusión sobre si mantener los ERTE, vigentes hasta el 31 de enero, ocupe todo el debate del equipo de Díaz. 

Consultados por este medio, portavoces del Ministerio de Economía se remiten a las recientes declaraciones de Calviño acerca del "Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI". La vicepresidenta económica habló de "modernizar nuestro marco laboral" en el "contexto del diálogo social". Lo que es seguro es que Calviño y Díaz no hablan el mismo lenguaje.