La propuesta de UP de considerar “gran propietario” a quien tenga 5 inmuebles y no 10 afectaría a 2,1 millones de personas

Uno de los puntos más conflictivos en el Gobierno de coalición es la Ley de Vivienda, cuya negociación tiene lugar desde comienzos de año y cuyo contenido aleja mucho al PSOE de Unidas Podemos, los socios del Ejecutivo. Queda mucho por negociar de esta ley, que en teoría prevé controlar los precios del alquiler en las zonas urbanas más tensionadas. Pero ya se están produciendo sonadas diferencias, como la propuesta formulada por Podemos hace dos semanas por la que el concepto de “gran propietario” o “gran tenedor” afectaría a todos aquellos propietarios con cinco o más inmuebles en vez de 10, como actualmente considera el Ministerio de Transportes y Vivienda.

¿Cuántos 'grandes tenedores' hay en España? Según los datos de la Dirección General del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda) a los que ha tenido acceso infoLibre, con 10 o más inmuebles urbanos hay 276.667 propietarios. Menos del 1% del total. Un dato que excluye a Navarra que cuentan con su propia gerencia catastral. País Vasco también tiene su propia Hacienda foral, pero sí ha aportado datos.

Pero con cinco o más inmuebles, el número de propietarios se dispara por encima de los 2,1 millones (2.112.909). A esta cifra hay que sumarle los 8.081 propietarios con cinco o más inmuebles que hay en País Vasco, de acuerdo con los datos aportados por la Consejería de Vivienda de Euskadi.

En definitiva, hay 2.120.990 de propietarios en España con cinco o más inmuebles, el 7,63% del total. El Gobierno vasco solo clasifica a los tenedores a partir de cinco posesiones, por lo que no tiene datos de los que tienen 10 o más propiedades. El Gobierno navarro no ha respondido a este periódico.

La diferencia entre 10 y cinco inmuebles es importante: el número de propietarios que media entre un número y otro es un 663% más de afectados si se aceptara la propuesta de Unidas Podemos, que fue inmediatamente rechazada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el pasado 8 de febrero. 

A los “grandes tenedores” de momento les afectan medidas transversales adoptadas en forma de reales decretos por ministerios como Transportes o Industria aprobadas para combatir los efectos de la pandemia: la prohibición de desahuciar a familias vulnerables a las que no se ha dado una alternativa habitacional, o la rebaja del 50% del alquiler en el caso de locales comerciales destinados a la hostelería o la restauración cuyos ingresos se hayan desplomado por la crisis del coronavirus.

Rol central en la futura ley

Sin embargo, los grandes tenedores jugarán un rol central a la hora de desarrollar la futura Ley de Vivienda. Los datos aportados por el Catastro se refieren a "inmuebles urbanos" y no a viviendas: es decir, además de hogares se cuentan también los locales comerciales o trasteros. Para Transportes, los grandes tenedores poseen inmuebles urbanos, tal y como quedó fijado en diciembre para adoptar medidas antidesahucios.

Nada más conocer la propuesta, Ábalos la descartó. "Es un elemento nuevo que contradice las consideraciones de ambas formaciones hasta la fecha", declaró Ábalos. "Como política pública, no puede descansar sobre los particulares", agregó, para después apostillar que "toda política pública exige responsabilidad pública".

Ni el ministerio de Ábalos ni Unidas Podemos han querido hacer declaraciones sobre este asunto, especialmente tras el fuerte desencuentro de la semana pasada en torno a la Ley de Vivienda. Ahora ya no está tan claro que la parte socialista en el Gobierno vaya a aceptar un mecanismo de control de precios, incluso a pesar de haberlo firmado. En contra de dicho índice para regular los precios máximos también se sitúa el Ministerio de Economía de Nadia Calviño.  

El pasado jueves 18 de febrero, la responsable de negociar por parte de UP, Ione Belarra, llegó a la mesa de negociación en medio de una gran bronca. Los morados llevan semanas acusando a Ábalos de no responderles a sus borradores sobre el citado y polémico control de precios. Lejos de negociarse esta medida, el equipo del ministro de Transportes, encabezado por el secretario general de Vivienda David Lucas, informó de una propuesta distinta.

El día anterior, 17 de febrero, Ábalos y Calviño habían presentado un nuevo plan que amplía en 10.000 con ayuda del banco malo Sareb las viviendas sociales disponibles en España (pero solo 5.000 de estos pisos sociales estarán disponibles en el corto plazo). Y ya el 18 de febrero, el control de precios de los alquileres en zonas tensionadas desapareció cuando le tocó intervenir a David Lucas. 

Según fuentes de Transportes, "es una propuesta en la que se analizan aspectos tan importantes como el objeto y fines de la ley, la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, el derecho a la vivienda y la ordenación territorial y urbanística, la conformación de los parques públicos de vivienda, el posibilitar viviendas dignas a precios asequibles, la colaboración entre administraciones, la soluciones habitacionales para las familias vulnerables, las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público privada y la creación de fondos sociales de vivienda". Esta enumeración de intenciones irritó a UP, al no estar sobre la mesa la medida estrella, el límite de precios.

Blackstone o Azora

Volviendo a los grandes tenedores, en Unidas Podemos matizan que sus propuestas deben ser luego desarrolladas en la mesa de negociación, y que son conscientes de que no es lo mismo quien tenga en propiedad 10 o más viviendas en zonas privilegiadas de grandes núcleos urbanos que quien posea un cuarto trastero. Los morados apuntan a fondos como Blackstone o Goldman Sachs - Azora, ambos con miles de pisos en sus carteras adquiridos durante la anterior crisis (2008-2014). Muchas de esas promociones se enajenaron por debajo de precio de mercado por parte de administraciones públicas como la Comunidad de Madrid, que ahora está obligada a recuperar 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo Azora en 2013.

UP también ha planteado que estos fondos reserven un 30% de su cartera inmobiliaria para vivienda social, una iniciativa que no desagrada esta vez en Transportes. Fuentes del ministerio de Ábalos aseguran a infoLibre que "ya se han iniciado gestiones para que los grandes fondos reserven un 30% de su parque inmobiliario para alquiler por debajo del índice de precios de referencia".

"Cuando tienes cinco o más viviendas en alquiler, eres más una inmobiliaria que un particular", indica Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Por eso la ley debe recoger la figura del multipropietario y elaborar una regulación que les impida especular. Todo el rato hablan de particulares para justificar la actividad de los grandes inversores. Por eso no quieren reconocer esta figura ni que tenga una legislación propia". Gil carga contra el "mito de la abuelita que necesita ese ingreso para pagar la residencia": "Existen, pero son la excepción. Los fondos quieren seguir especulando amparados en la figura del particular. Los grandes propietarios, al igual que los grandes inversores, son los que mejor se pueden enfrentar a una regulación más estricta. Simplemente significa que ganen un poco menos de lo que ganan".