Las elecciones que Ayuso justifica por la economía y la estabilidad dividen a los empresarios, que temen que Madrid se quede sin ayudas

Votar el 4 de mayo, si finalmente así lo decide el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Formar Gobierno tras la constitución de la Asamblea de Madrid, algo que llevó tres meses en 2019. Vacaciones de verano con permiso del covid-19. "Y aquí no se pone nadie las pilas hasta septiembre, cuando estamos sin ayudas directas y en plena vacunación", estalla Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, una escisión de la patronal CEIM cuando estaba al frente el polémico Arturo Fernández. “Vamos a las urnas cuando ya de por sí la situación era difícil, en el momento en el que más hay que trabajar para pedir los fondos europeos”, agrega.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba al día siguiente de su decisión de disolver la Asamblea que la convocatoria de elecciones se produce porque quiere “gobernar sola” para ganar “estabilidad”. Pero al menos dos de las tres organizaciones mayoritarias de autónomos, UPTA y Uatae, que representan aproximadamente a la mitad del sector a nivel estatal, critican duramente el anuncio. “La decisión de Díaz Ayuso de disolver la Cámara y convocar elecciones la pagarán los autónomos madrileños”, cargó la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, integrada en UPTA, en una nota difundida por WhatsApp.

“Es una tremenda irresponsabilidad un adelanto electoral que va a suponer las elecciones más caras de la historia para los autónomos y autónomas de la Comunidad de Madrid”, señala Raúl Salinero, presidente de Uatae. “El limbo institucional y administrativo que supone un gobierno en funciones, con un parlamento disuelto, y con una presidenta centrada en la campaña electoral, se va a traducir en el bloqueo a unos presupuestos regionales que permitirían activar el Plan Alondra”, dice. Alondra es el plan que aún estaba pendiente de aprobar y que establece ayudas directas para pymes y autónomos de sectores muy perjudicados como la hostelería por valor de 235 millones, y hasta 600 millones de euros si se suman otras prestaciones en políticas activas de empleo y en cursos de formación.

La única patronal que ha salido en defensa cerrada de Ayuso es CEIM, integrada en CEOE, cuyo ex presidente (Arturo Fernández) estuvo muy vinculado al PP de Esperanza Aguirre y terminó dimitiendo antes de la apertura del juicio por las tarjetas black a finales de 2016, por el que terminó condenado. “CEIM respeta la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid” y “apuesta por mantener las políticas económicas”, tal y como publicó esta organización en Twitter. Una titular así solo puede interpretarse como un espaldarazo a la mandataria.

Pero esta visión no es omnipresente en CEOE. Este medio se ha puesto en contacto con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, integrada en la patronal CEOE desde 2019. “No vamos a opinar sobre si las elecciones son buenas o malas. Lo que sí voy a señalar es que cualquier convocatoria autonómica para, por ejemplo, entregar ayudas, queda paralizada”. Amor cuida sus palabras, que revelan desacuerdo con la decisión de Ayuso, algo que este dirigente evita decir: “Ahora mismo necesitamos estabilidad... y lo de ayer [por el miércoles] fue de todo menos estabilidad”.

El Gobierno del PP siempre se ha posicionado en su discurso del lado de los empresarios. Pero la Comunidad de Madrid es a día de hoy la única que no ha creado líneas de ayudas directas al sector de la hostelería aprovechando los tramos de fondos europeos que el Ejecutivo central ha desembolsado a las autonomías para la lucha contra el covid-19. 

"Han hecho de Madrid una excepción entre las comunidades autónomas", lamenta Salinero, de Uatae. "La inacción del gobierno regional ha supuesto una sangría entre los autónomos que más sufren la pandemia: en las actividades de comercio y hostelería, a lo largo de 2020 se cerraron siete pequeños establecimientos cada día en la región, según nuestros cálculos". 

César García Arnal, secretario general de AMTA (integrada en UPTA), no se queda atrás en las críticas a Ayuso. "Si la política es el arte de llegar a acuerdos que benefician al mayor número de personas, lo que vemos estos días en la Comunidad de Madrid es el juego del escondite: por mí y por todos mis compañeros, pero sobre todo por mí. No se puede tomar una decisión así [disolver la Cámara] en base a conjeturas, con todo lo que ello implica". 

Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio de la caja 'b' el próximo 24 de marzo

Ver más

Sin fondos europeos

Enumera García Arnal "a bote pronto" las consecuencias: primero, "la pérdida de los 600 millones de euros que estaban ya consignados en los Presupuestos y que iban a ser aprobados esta semana para, fundamentalmente, los autónomos"; segundo, "también se pierden los 1.250 millones de euros para reforzar el tejido productivo que habían sido aprobados a través de una Proposición No de Ley presentada por el PSOE hace un mes: esa cantidad debía ser consignada, implicaba igualmente ayudas directas y podía sufragarse con fondos europeos"; tercero, "que con un gobierno en funciones, con las cámaras disueltas, no vamos a poder solicitar ningún tipo de proyecto a los fondos de recuperación y resiliencia"; y cuarto, "tampoco vamos a poder cobrar aquellas ayudas y subvenciones que hemos solicitado y se nos han concedido".

ATA decía tener a finales de 2019 unos 253.000 afiliados. UPTA algo más de 230.000, aunque varios consultados dicen que la suma de UPTA y Uatae se aproxima al 60% de autónomos afiliados en todo el país. En el diálogo social entre pequeñas y medianas empresas, son los tres colectivos invitados, junto con Cepyme.