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Viviendas alquiler

El PSOE propone que los grandes propietarios tengan que "colaborar" con el control de precios sólo si poseen el 1% de una zona tensionada

Manifestación ante el Congreso el pasado 10 de marzo por la vivienda pública.
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La negociación sobre la futura Ley de Vivienda entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, empezó a comienzos de febrero. Mes y medio después, ambos partidos dicen compartir un objetivo común, abaratar los precios de los alquileres, pero están más alejados que nunca: los socialistas insisten a través del equipo del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en dar beneficios fiscales en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a aquellos propietarios que rebajen voluntariamente el coste del arrendamiento; enfrente, UP acusa a los socialistas de "incumplir el acuerdo" firmado en octubre y de traer sobre la mesa una propuesta que "además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja". 

No es la única imputación morada al ministerio: "La propuesta del PSOE no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios como Blackstone y el resto de fondos buitre", señalan fuentes de Podemos. Aunque en realidad sí hay una propuesta al respecto, lo cierto es que también ha cambiado sustancialmente la visión de Transportes hacia los considerados "grandes tenedores". Inicialmente Ábalos manejaba que gran tenedor o propietario era todo aquel con 10 o más inmuebles urbanos, preferiblemente en zonas tensionadas (unos 276.000 en toda España según datos del Catastro). UP propuso que fueran todos aquellos arrendadores con cinco o más inmuebles (2,1 millones de personas), idea que fue completamente rechazada por el ministro. Durante las últimas semanas, UP ha planteado obligar a dichos propietarios -fondos de inversión o buitres- a disponer vivienda social en el mercado del alquiler.

Ahora Ábalos quiere definir gran tenedor como todo aquel que tenga como mínimo un 1% de las viviendas en las zonas tensionadas –que están por definir–, y solo tendrá que cooperar con las autoridades sin obligación alguna. La propuesta dice así: "Junto con la declaración de una zona de mercado residencial tensionado, se definirán los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en dicha zona, en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado de alquiler de dicha zona, que deberá representar al menos el uno por ciento de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona". "Aquellos propietarios que tengan tal consideración deberán colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles", concluye el párrafo. .

Por poner un ejemplo: si en una zona tensionada (Madrid, Barcelona, Valencia, partes del litoral mediterráneo o del País Vasco) un barrio tuviera 10.000 viviendas, un gran tenedor debería de contar con un mínimo de 100 para "colaborar" u "ofrecer información". El ministerio confirma que no tiene datos de cuántos grandes tenedores entrarían con este nuevo marco.

La propuesta no afecta a la batería de incentivos fiscales que plantea el PSOE con rebajas de hasta el 90% del IRPF, que beneficiarían a todos los propietarios, grandes y pequeños. "Primero tenemos que definir qué es zona tensionada y qué es un gran tenedor. Eso es seguro. A partir de ahí, lleguemos a acuerdos", resume en breve conversación el secretario general de Vivienda y negociador del equipo de Ábalos, David Lucas. El equipo negociador morado, con la próxima ministra de Derechos Sociales Ione Belarra al frente, estalló al concluir la reunión de este miércoles: "Los fondos podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda", dicen en UP. "Estos fondos son los que han logrado aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos".

La oferta socialista más detallada no ha sido sin embargo la referencia a los grandes propietarios, sino el "mecanismo de contención y bajada de precios en zonas tensionadas". El acuerdo de octubre entre PSOE y UP dice lo siguiente: "En las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".

Críticas a Alemania y Francia

Lucas ha defendido en la reunión que ese mecanismo no necesariamente tiene por qué poner un tope a los precios de los alquileres en vez de recurrir a soluciones fiscales o tributarias. "Se puede optar por la vía de los ingresos o la de los gastos", afirma. La propuesta de Transportes se basa en la actual Ley sobre el IRPF que permite al arrendador deducirse en un 60% la carga impositiva sobre el rendimiento neto obtenido por el alquiler.

El PSOE modifica ese gravamen fiscal y lo amplía, en función de las diferentes situaciones: si el propietario alquila su vivienda a precio de alquiler social (protegido), la exención en el IRPF será del 60%; si la vivienda alquilada acaba de ser rehabilitada, también del 60%; si el contrato es a inquilinos de entre 18 y 35 años, del 70%;  si se saca al mercado del alquiler habitual (no turístico o estacional) una vivienda en las denominadas zonas tensionadas, la reducción será del 70%, y llegará al 90% si en la zona tensionada un arrendador rebaja un 10% el contrato del alquiler con relación al precio anterior. No existe un baremo de precios para este último caso. 

Para respaldar esta tesis que gravita en torno a incentivos fiscales, la propuesta ataca los mecanismos de regulación de precios de alquiler que se dan en casi todos los países occidentales de la UE. "Los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han demostrado eficacia en cuanto a la contención de rentas, y sí apuntan tener a corto plazo un efecto de contracción de la oferta", señala el documento, "lo que supone de hecho añadir mayor dificultad en el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables".

Un párrafo sorprendente

La mayor sorpresa del texto presentado por la parte socialista del Gobierno se da hacia la mitad: el documento reconoce que la vía de las compensaciones fiscales probablemente no abaratará los alquileres. "Debe tenerse en cuenta que el referido beneficio fiscal introdujo un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado", indica la propuesta en referencia al pasado, cuando se introdujeron tales beneficios, "si bien, carece actualmente de un mecanismo corrector que favorezca la moderación en los precios del alquiler y se concentre en las zonas con mayores problemas de oferta".

"El PSOE cede a la presión de la patronal inmobiliaria, fondos buitre y bancos", lamenta Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Estos actores han invertido mucho dinero en España y no quieren que bajen los precios de los alquileres. Menos ingresos para ellos significa que gana toda la población. El PSOE propone medidas fiscales y no control de precios porque sabe que así no bajarán los arrendamientos". 

El enfado de UP es público. El PSOE insiste en que hay que seguir negociando para llegar a algún acuerdo. La ley debería de estar ya lista, de acuerdo con los planes del Ejecutivo de coalición, pero la pandemia y las turbulencias políticas que rodean a las instituciones en España en las últimas semanas hacen imposible cumplir los calendarios. La Ley Rider debía de estar lista a finales de 2020 y se ha acordado hace una semana. 

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