El balance de Ayuso en vivienda: ningún piso social terminado, 197 en ejecución y 3.000 sin recuperar en manos de Azora

Una de las materias por la que la exalcaldesa Manuela Carmena fue muy criticada fue por su política de vivienda: como reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid al final del mandato anterior, el consistorio gobernado por Ahora Madrid tan solo terminó 63 viviendas protegidas. Y dejó 3.370 casas en distintas fases de construcción, de las cuales unas 1.500 se encontraban en ejecución en mayo de 2019. Todas ellas a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. 

Comparado con el balance del año y medio de Isabel Díaz Ayuso, Carmena fue hiperactiva. La Agencia de la Vivienda Social, el antiguo Ivima, no ha construido ningún piso y solo tiene 197 en ejecución en 2021, de acuerdo con los datos de la propia agencia publicados en la web. La oposición acusa al Gobierno saliente de PP y Ciudadanos de no informar. "No tenemos ni un dato de la Agencia Social de la Vivienda", reprocha Cristina González, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. 

Este medio ha pedido datos a la Consejería de Vivienda, que no ha facilitado las actuaciones propias del Gobierno autonómico sino referidos a todas las viviendas sociales que se han acometido en la comunidad, incluidas las que han impulsado los distintos ayuntamientos. "En 2020 se ha iniciado la construcción de 3.601 viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid, frente a las 11.971 en toda España", señala la consejería con datos que van de julio de 2019 a junio de 2020. En ese periodo "se han entregado 5.167 viviendas protegidas frente a 7.370 en toda España". La Consejería confirma sin embargo que la agencia regional solo ejecuta actualmente 197. Por lo que muchas de las VPO que contabiliza el ejecutivo autonómico corresponden al periodo de Carmena.  

La política de vivienda de Díaz Ayuso ha consistido en definitiva en la falta de vivienda pública, algo que se ha agravado con la hasta ahora negativa del equipo de gobierno de recuperar las casi 3.000 casas protegidas que se vendieron ilegalmente al fondo Goldman Sachs, Azora en 2013. Hasta seis sentencias judiciales, incluida una resolución del Tribunal Supremo, han anulado la enajenación y obligan a la Comunidad a rehacerse con la propiedad, algo que ampliaría sobremanera el parque de vivienda pública. Pero el Gobierno regional ha pedido suspender la orden judicial "por su enorme complejidad". La obligación sigue vigente pero no se consuma. 

Sí se han consumado dos actuaciones en este área. Primero, una reforma de la Ley del Suelo en septiembre pasado para beneficiar a promotores urbanísticos que sustituye la licencia urbanística –trámite indispensable– por una declaración responsable para edificar urbanizaciones "sencillas"; segundo, el Plan Vive, que si bien se trata de un plan a ocho años que prevé unas 25.000 viviendas a un precio medio de arrendamiento de 1.000 euros mensuales, lo único que se ha hecho es anunciar la licitación de 46 parcelas en diferentes municipios con capacidad para construir un "máximo" de 6.646 viviendas. ¿El problema? Que no hay nada construido y solo es el primer paso. Según una noticia reciente de Idealista News, las grandes promotoras "dudan" sobre si participar en el Plan Vive por "la viabilidad económica y los plazos de tiempo de la Administración regional". Traducido: por la falta de rentabilidad. 

Los promotores dudan del Plan Vive

La Consejería también ha informado del Plan Alquila Joven, que conecta a empresarios con inquilinos: "Se han suscrito 94.903 contratos suscritos, de los cuales el 41,9% de los inquilinos son jóvenes. El precio del arrendamiento medio en febrero fue de 755,08 euro al mes, un 9% inferior al arrendamiento". Pero estos datos no corresponden a la etapa de Díaz Ayuso, sino al desarrollo de dicho plan desde 2008, según informa también Idealista. 

La oposición dice que el Ejecutivo regional no pone ni un euro para dicho plan, a pensar de venderlo exitosamente. "El Plan Alquila es un programa que pone en contacto a quien quiere un piso en alquiler con quien quiere alquilar. Es lo mismo que hacen ya varios ayuntamientos en la región, sin competencias en vivienda", relata la socialista Cristina González. "La Comunidad no pone presupuesto para ayudar al alquiler: cero euros. Y ahora han puesto en marcha un nuevo Plan Alquila al que le han puesto el apellido Joven pero que no hace nada diferente al anterior".

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"Madrid tiene 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, menos que la media española", lamenta Jorge Moruno, diputado de Más Madrid.  "También estamos muy por debajo de la media europea (3,8) y a años luz de países como Austria (10) o Países Bajos (12) Dinamarca (9,5) Francia (7,5)", dice Moruno. 

"Ayuso ha hecho todo lo posible por impedir que las 3.000 viviendas malvendidas a un fondo buitre sean devueltas al patrimonio público", prosigue el de Más Madrid. "Se niega a movilizar la vivienda vacía, se niega a regular el alquiler turístico, al contrario, los ha subvencionado y todavía no ha sido capaz de ejecutar las a ayudas Covid ni ayudas a la emancipación". 

El consejero de Vivienda, David Pérez, hace una lectura radicalmente distinta que González y Moruno. "Frente a otras fórmulas como la del Gobierno balear, donde se expropia y se elimina la seguridad jurídica, en Madrid se adquiere y se promueve vivienda pública, y sobre todo se aporta certidumbre", celebra Pérez, ex alcalde de Alcorcón. "La gran apuesta en materia de vivienda es el Plan Vive", recalca Pérez, "cuyas primeras 7.000 viviendas comenzarán a ser construidas finalizado el verano". Sea lo que fuere, en un año y medio Ayuso no ha construido ni una sola vivienda social, aunque sí ha hecho muchas promesas.