Ábalos asegura que las sociedades de inversión inmobiliaria no se van a beneficiar de las exenciones al alquiler

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha indicado este miércoles que las sociedades de inversión inmobiliaria no se van a beneficiar de las exenciones al alquiler planteadas en la nueva Ley de Vivienda, ya que se trata de beneficios fiscales en el IRPF. La propuesta del Ministerio recoge una serie de bonificaciones en el IRPF para propietarios que destinen su vivienda al alquiler y que pueden ser de hasta el 90% si reducen el precio de contratos de alquiler en zonas tensionadas, según informa Europa Press.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Ábalos ha indicado que además de estas exenciones, todavía falta declarar las zonas tensionadas o está por decidir el término de viviendas vacías para que se aplique el recargo del IBI, "que ahora no se puede aplicar porque no hay definición". "Quizás hay que insistir mucho para que se entienda. No reducimos en absoluto la Ley, que contempla muchas más cuestiones, ni siquiera las medidas para el alquiler a las meras bonificaciones fiscales, pero entenderá que tampoco podemos desperdiciar esta posibilidad porque, en definitiva, todo lo que hacen los particulares, tanto asociaciones como personas, por interés general, siempre tiene un reconocimiento por parte de la Administración. Para eso existen las deducciones y subvenciones", ha explicado Ábalos al diputado de Bildu Oskar Matute.

El titular del Ministerio ha apuntado que lo que pretende la ley es garantizar los alquileres, especialmente para las personas vulnerables, sobre todo para los jóvenes, así como reconocer y promover a quienes aporten "calidad" a la vivienda a través de la rehabilitación.

"Y sobre todo, insisto, el objetivo del Gobierno es alcanzar las 100.000 viviendas públicas. Hemos superado las 20.000 que nos habíamos planteado gracias al acuerdo con la Sareb y a los 1.000 millones de fondos UE destinados a última hora", ha añadido el ministro.

Por el contrario, el diputado Matute ha señalado que la ley en la que está trabajando el Gobierno "no garantiza el abaratamiento del alquiler ni va a beneficiar al propietario medio, sino a los fondos buitre y a la banca". "Las deducciones son incentivos a propietarios donde siempre gana la banca y los fondos buitres", ha afirmado.

Finalmente, Ábalos ha respondido que la nueva Ley de Vivienda lo que pretende es cumplir con la función constitucional del derecho a la vivienda, así como dar un "impulso decidido" a la construcción de un verdadero parque público de vivienda, porque el problema estructural actual es la falta de oferta.

100.000 viviendas sociales dentro del plan para el alquiler accesible

Ábalos también ha anunciado que el plan de vivienda para alquiler accesible cuenta ya con 100.000 inmuebles yha puesto de relieve que, gracias a los fondos europeos y al acuerdo con la Sareb, las viviendas del plan han pasado de 20.000 hasta las 100.000 actuales para "desarrollar un verdadero parque de vivienda público".  El titular del Ministerio ha señalado que estas actuaciones se encuentran entre las que está elaborando e impulsando su departamento para ayudar a las personas en el acceso a una vivienda "digna y asequible".

En concreto, el plan de vivienda cuenta con dos ejes de trabajo. Uno basado en la acción directa del Ministerio para la creación de un parque público de vivienda social, que rondará las 44.000 viviendas en total. Estas viviendas se dividen en 4.769 inmuebles financiados con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos; en alrededor de 7.623 viviendas conveniadas con entidades locales en las zonas más tensionadas respecto a los precios de los arrendamientos; en 11.608 viviendas impulsadas por el Ministerio en colaboración con Sepes en suelos del Estado, y 20.000 viviendas más con cargo a los 1.000 millones de euros de los fondos de la UE.

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Por otro lado, un segundo eje del Plan de Vivienda parte de una concertación con los agentes privados y se basa en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas. Este segundo eje se divide a su vez en tres líneas de trabajo. La primera se centra en el incremento del fondo social de vivienda actual acordado con las entidades financieras en un 10% más, por lo que alcanzará la cifra total de 11.000 viviendas.

Por otro lado, la colaboración con la Sareb permitirá la puesta a disposición de comunidades y ayuntamientos de otras 15.000 viviendas para alquiler social, de acuerdo con el protocolo que se firmó el pasado 17 de febrero. Además, por último, la colaboración con entidades gestoras de vivienda en alquiler para la disposición de un porcentaje "significativo" de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social podrá llegar hasta a 30.000 viviendas más.

Ábalos ha destacado los trabajos para la elaboración de una Ley por el derecho a la vivienda para frenar las subidas abusivas en el alquiler, atender la situación de los más vulnerables y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones.