Plan de Recuperación del Gobierno

Los tres ejes de vivienda: control de los pisos turísticos, 1.000 millones para vivienda social y 6.800 para rehabilitación

Edificio de viviendas.
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Hace un mes, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció 2.000 millones de euros para políticas de vivienda dentro de las inversiones a realizar de parte de los fondos Next Generation EU. Mil millones irían para fomentar vivienda social en alquiler y los otros mil para la rehabilitación energética de viviendas. La gran novedad se ha conocido este martes 13 de abril: las reformas en los edificios para combatir la pobreza energética –entre otras– contará con 6.800 millones de euros, de acuerdo con el Plan de Recuparación que el Gobierno ha remitido a Bruselas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aportará 1.000 de los 6.800 millones a la renovación de edificios públicos. El resto "contribuirá a duplicar el ritmo de renovación de edificios". Básicamente, el Gobierno impulsará un "plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana" que persigue "mejorar la eficiencia energética", la "integración de fuentes de energía renovable" o la "accesibilidad, la conservación y la digitalización en viviendas". 

Será un plan que priorizará la rehabilitación en zonas de baja renta. Los programas estarán "especialmente centrados en zonas con menores niveles de renta, contribuirán a abordar la brecha de género y la inclusión social", reza el texto remitido a la Unión Europea. "Es necesario tener presente que la pobreza energética afecta en mayor medida a mujeres. Los datos son claros: los hogares monoparentales de madre, aquellos en los que vive al menos una persona con discapacidad, y especialmente los hogares de mujeres mayores que viven solas, presentan un gasto energético en electricidad y calefacción superiores a la media nacional y presentan indicadores de riesgo de pobreza energética superiores a la media".

La segunda pata son los 1.000 millones de euros dedicados al fomento del alquiler social. No se desarrolla el plan de actuación, pero se habla de "recuperar un parque público de vivienda social para alquiler, tras una década de reducción y privatización, servirá para avanzar en este terreno tan importante desde el punto de vista económico y social". En otro apartado se mencionan los suelos públicos (en manos del Ministerio de Defensa) como parte de las actuaciones para desarrollos urbanísticos.

"El incremento del parque de vivienda en alquiler social o asequible responde a la necesidad de ofrecer soluciones a personas y hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre", dice el Plan de Reciuperación. "Tendrá un especial impacto en los jóvenes con menores ingresos y familias monoparentales, en su mayor parte formadas por mujeres".

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Finalmente, destaca la vigilancia que se pretende hacer de las viviendas de uso turístico (VUT), popularmente asociadas a la empresa Airbnb. El Gobierno pretende "crear un mecanismo de agregación de datos para el análisis y seguimiento del mercado de viviendas de uso turístico en toda España".

Es decir, una clasificación de las VUT que no implica, en principio, ningún tipo de medida más coercitiva (como las prohibiciones que sacaban adelante los ayuntamientos antes de la pandemia para frenar el desarrollo de este fenómeno). 

El principal problema de estos propósitos es competencial: las comunidades autónomas tienen las principales atribuciones en vivienda, regiones y ayuntamientos promueven desde hace décadas vivienda social en alquiler (aunque abusaron de la opción a compra) e igualmente el control de las VUT recae sobre las corporaciones locales. 

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