Sindicatos, patronal y Gobierno, muy cerca del acuerdo sobre pensiones a falta de un escollo: el factor de sostenibilidad

La cacofonía reina en la negociación para reformar las pensiones: unas veces el acuerdo parece inminente, otras se aleja y, mientras se reúne la mesa del diálogo social el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, realiza declaraciones por su cuenta para satisfacción de unos y disgusto de otros. Pero lo cierto es que sindicatos, patronal y Gobierno tienen un pacto preliminar prácticamente cerrado –todavía expuesto a cambios–, y avanzan en el acuerdo “normativo”, el que alumbrará una nueva ley en teoría antes de que termine 2021, según lo comunicado por el Gobierno a Bruselas dentro del paquete de reformas presentado a cambio de los fondos NextGenerationEu: 140.000 millones para España de los que la mitad serán ayudas directas. Y siempre respetando los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo a finales de 2020.

Sin embargo, hay un último escollo sobrevenido, producido entre otras cosas por unas declaraciones de Escrivá, protestan los sindicatos: el anuncio inesperado de que el factor de sostenibilidad –un mecanismo que vincula la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y que, según las centrales sindicales, impide revalorizar pensiones– no se suprimirá en esta mesa de diálogo, sino en el segundo paquete de reformas sobre pensiones que el Gobierno quiere abordar a partir de 2022. En este punto las posiciones están enfrentadas por el empeño del Ministerio. Los sindicatos tampoco dan su brazo a torcer.

“El ministro ha dicho en varias ocasiones que hay un principio de acuerdo sobre las medidas y ahora están los agentes sociales analizando y retocando el texto normativo”, explican portavoces de Seguridad Social. “Es un trabajo muy laborioso, pero esperamos que se pueda cerrar el acuerdo definitivo muy pronto”, añaden.

Ahora bien, ¿qué acuerdos han cerrado prácticamente los agentes sociales? infoLibre ha hablado con los actores presentes en la mesa de diálogo y ha analizado en qué punto está la negociación y dónde hay consenso en capítulos como el aumento de las prestaciones, los incentivos y desincentivos a la jubilación, las partidas presupuestarias o las cotizaciones de autónomos.

Revalorización de las pensiones

Una de cal y una de arena. Según los consultados, hay un compromiso claro para aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero también aquí reside el principal obstáculo: la renuncia a eliminar este año el factor de sostenibilidad que introdujo el PP en 2013, un elemento que las centrales sindicales consideran innegociable, ya que entienden debería suprimirse inmediatamente (Escrivá ha garantizado que lo hará en los siguientes paquetes de reformas). La derogación del IPR (Índice de Revalorización de las Pensiones, otro de los mecanismos introducidos por Mariano Rajoy) sí parece pactada. En teoría –todo es teoría por ahora– no se compensará el IPC (precios) negativo de los años anteriores, pero sí hay un acuerdo para aumentar económicamente las pensiones, quizá elevando las bases mínimas como exigen los sindicatos.

En cualquier caso, las palabras de Escrivá el 31 de mayo no han ayudado a progresar hacia el acuerdo. CCOO y UGT se mantienen inamovibles (el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se irritó particularmente con las palabras de Escrivá) y la patronal CEOE es bastante ajena a esta polémica. No así a otras.

Presupuestos

Al hilo de la revalorización anterior, existe un “compromiso presupuestario muy potente” para ampliar las partidas destinadas a sufragar las pensiones, siempre según las centrales. “De dos puntos porcentuales” [del PIB], agregan. Sea lo que fuere, se trata de una medida que tendrá que tener continuidad en la segunda fase de la reforma, que abordará la separación de fuentes (los gastos impropios, que ascienden a más de 20.000 millones) u otras cuestiones como el destopamiento de las cotizaciones para la pensión máxima, actualmente limitadas a 4.070,10 euros mensuales. Todo lo anterior debería disparar los ingresos, siempre en teoría.

Diferentes tipos de jubilación

Este capítulo amenazaba con convertirse en una guerra sin cuartel entre Escrivá, CCOO y UGT, y CEOE por su parte. Y aunque quedan flecos que terminar, sorprendentemente hay muchos visos para un acuerdo satisfactorio. Se toca fundamentalmente la jubilación anticipada (que puede ser voluntaria o involuntaria –forzosa–) y la demorada o tardía. Escrivá suele comentar que le gustaría que la edad real de jubilación (actualmente 64,6 años) se acerca a la legal (66 años en 2021, aunque es posible la jubilación a los 65 a quien lleve cotizados 37 años y tres meses).

Habrá premios (incentivos) y castigos (desincentivos), estos últimos moviendo los coeficientes reductores, que son unos coeficientes que se aplican a quienes deciden jubilarse antes (se considera que quien se retire antes del mercado laboral va a recibir una prestación durante más tiempo y por ello debe ser penalizado). En el ministerio rechazan el término sanciones.

a) Jubilación anticipada

Se tocan, y mucho, los coeficientes reductores: para empezar, se aplicarán sobre la pensión, y no sobre la base reguladora; y además, se usarán cada mes y no cada trimestre, como sucede en la actualidad.

El plan que el Gobierno presentó a los agentes sociales fue filtrado por Europa Press a mediados de mayo. El máximo coeficiente reductor en estos momentos alcanza el 16%: ahora se pretende elevar al 21% en función de los casos.

Solo a modo de ejemplo, Seguridad Social pretende aplicar un coeficiente reductor de entre el 3,26% y el 21% a quienes se jubilen con 38 años y seis meses pero adelantando su jubilación sobre la edad legal (el 21% se aplicaría sobre quien adelante el retiro dos años). Quien se jubile antes de tiempo habiendo cotizado entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, la horquilla del coeficiente reductor va del 3,11% al 19%. Hay más casos, pero tienen que presentarse definitivamente una vez consumado el acuerdo.

En el ministerio lo explican de la siguiente manera: “Los coeficientes reductores actualmente se aplican sobre la base reguladora y no sobre la pensión, por lo que sus efectos prácticos suponen que una persona que, por ejemplo, se jubila dos años antes, le corresponde un coeficiente reductor del 16%, pero eso es teórico. Al aplicarse sobre la base reguladora, a una persona en pensión máxima, la reducción le rondaría el 4% mientras que a otra persona con una pensión más baja se le aplicaría ese 16%”.

“Esto es profundamente regresivo y pretendemos modificarlo, de forma que se aplique de igual forma para todos”, dicen en el equipo de Escrivá. “Lógicamente, estas cuestiones hay que modificarlas gradualmente pero la idea no es poner sanciones sino eliminar esta regresividad”. El periodo gradual del que se ha hablado son 12 años.

Fuentes sindicales critican que las intervenciones del ministro apuntan a asustar a quien se jubile antes de tiempo. “Cuando la realidad es que estamos negociando sobre el papel no es tan lesivo para los trabajadores que se retiren antes de tiempo. En una entrevista reciente con este medio, el líder de UGT venía a recordar que no todos los trabajadores pueden aguantar hasta la edad legal, ni mucho menos demorarla (en Francia la jubilación legal sigue estando en 63 años, cuatro menos que en España). “Una limpiadora de hotel que tiene que limpiar a diario cientos de habitaciones no puede trabajar más allá de los 67. La teoría lo acepta todo y la práctica es otra. Podríamos hablar de las carreras profesionales, de dónde has trabajado y cuándo puedes jubilarte. A los 55 hay mucha gente que no puede con el alma”.

b) Jubilación demorada

Se da una paradoja en España: quienes se prejubilan suelen ser colectivos de renta alta (como los empleados de banca: miles van a pasar al retiro en los próximos meses tras los ERE masivos del sector financiero) y quienes aguantan más allá de la edad ordinaria... también. Concretamente, los estudios anuales de la Comisión Europea (Ageing Europe) revelan que la categoría que permanece en el puesto de trabajo después de la edad legal es la de empleados públicos (profesores universitarios, etcétera). Esto, ya se ha dicho, en España (en otros países de la UE no: por ejemplo, el sector agrícola ocupa a mucha gente pasados los 65 años en Europa).

Escrivá lleva meses presentando gráficos y powerpoints en los que se refleja que España premia poco a aquellos que quieren seguir trabajando. Y por eso se va a aprobar un complemento a la pensión de entre 11.000 y 12.000 euros, que el Ministerio confirma a preguntas de este medio. El Gobierno está tratando de retrasar la jubilación forzosa en los convenios colectivos hasta situarla en 68 años.

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Cotizaciones de autónomos

Los colectivos de autónomos viven una suerte de guerra civil: por un lado, Uatae y UPTA (vinculados a CCOO y UGT) defienden que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales y ATA (mayoritaria e integrada en CEOE)... en contra. Escrivá presentó una horquilla de cotizaciones que van de los 90 a los 1.220 euros que entrarían plenamente en vigor tras un periodo transitorio de nueve años. Uatae rápidamente cargó contra el periodo transitorio y ATA contra la medida en sí.

Lo cierto es que el ministerio mantiene la idea de cotizar según los ingresos de cada autónomo. Pero preguntado por esa horquilla, Seguridad Social no despeja la duda: “El acuerdo para que los autónomos coticen por ingresos reales con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos es total”, dicen portavoces. “Lo que estamos haciendo es el desarrollo de este acuerdo, en cumplimiento de las recomendaciones 4 y 5 del Pacto de Toledo, y aún estamos en los detalles (número de tramos, años de periodo de transitorio, etc.). Seguimos analizando posibilidades con las asociaciones y esperamos también que haya un acuerdo pronto”.