Iberdrola mantendrá a Sánchez Galán como presidente a pesar de su imputación en el 'caso Villarejo'

El presidente de Iberdrola desde los últimos 15 años, Ignacio Sánchez Galán (70 años), seguirá al frente de una de las compañías energéticas más importantes del país a pesar de su imputación este miércoles por parte del juez que instruye el denominado caso Tándem, relacionado con encargos de espionaje al ex comisario José Manuel Villarejo. Según ha confirmado la compañía a este medio, "el momento en que se tendría que poner en cuestión la idoneidad" del cargo de Sánchez Galán sería "con la apertura de un proceso judicial", es decir, si el juez instructor Manuel García-Castellón dicta un auto de procesamiento contra el primer ejecutivo de Iberdrola. 

Portavoces de la energética del Ibex con mayor valor bursátil dicen agarrarse al código ético de Iberdrola para no cuestionar de momento la continuidad de Sánchez Galán, imputado desde este miércoles por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los contratos para trabajos de espionaje al comisario jubilado. 

El código ético de la energética no aclara qué pasa ante la imputación de un ejecutivo de la compañía. "Es obligación de todos los profesionales del Grupo informar a la Unidad de Cumplimiento o a la dirección de cumplimiento competente, que a su vez informará a la Unidad de Cumplimiento, acerca de la incoación, evolución y resultado de todo procedimiento judicial, penal o administrativo, o de cualquier otra índole, de carácter sancionador que se incoe contra el profesional o de los que sea parte imputada, investigada, inculpada o acusada y pueda afectarle en el ejercicio de sus funciones como profesional del Grupo o perjudicar la imagen, la reputación o los intereses del Grupo", reza el capítulo en cuestión. "En tal circunstancia, la Unidad de Cumplimiento o la dirección de cumplimiento competente, actuará conforme al protocolo que se apruebe al efecto".

infoLibre ha preguntado por ese protocolo, pero las fuentes oficiales de la multinacional energética aseguran, tras consultar con el departamento jurídico, que para que se produzca tal cuestionamiento tiene que abrirse un "auto de acusación", esto es, de procesamiento. 

Mientras, las acciones de Iberdrola han registrado una caída del 3,56% este miércoles en Bolsa, tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al presidente de la eléctrica.

La imputación de Sánchez Galán por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil ha llegado más de año y medio después de que la Audiencia Nacional abriera la pieza 17 del caso Villarejo, a raíz de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, tras el hallazgo de documentación y otros archivos en los registros practicados en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en el que se señalaba directamente a Iberdrola como beneficiaria de los servicios de Cenyt, la empresa de espionaje del expolicía.

Como ocurre en otras piezas de la macrocausa en las que también aparecen implicadas empresas que habrían contratado a Villarejo, el contacto de éste fue el director de Seguridad de la eléctrica, el también imputado Antonio Asenjo, y el objeto de este primer trabajo, que data de 2004 y que Villarejo llamó proyecto Arrow, era superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). La instrucción ha ido acreditando indiciariamente otros encargos desde Iberdrola, que el comisario jubilado bautizó como Black Board, Gipsy, Posy y Wind, y se han ido subiendo escalones en los investigados hasta que se ha llegado a Sánchez Galán y otros tres directivos, el número dos y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

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El juez Manuel García Castellón considera, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que los cuatro, desde sus respectivos puestos directivos, pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se habrían manipulado las facturas correspondientes a esos servicios y que se habría tenido acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación. Entre las personas presuntamente espiadas se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al expresidente de Endesa Manuel Pizarro. Sánchez Galán y Orbegozo han sido citados para el próximo 7 de julio y Martínez Córcoles y Becker, un día antes.

El rosario de máximos ejecutivos del Ibex imputados por el Caso Villarejo es notorio: el pasado mes de abril el magistrado García-Castellón hizo lo propio con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, por supuestamente encargar a Villarejo en 2011 espiar al ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Se da la casualidad que Criteria es el primer accionista de Naturgy, por lo que, junto a Repsol y ahora Iberdrola, el espionaje del ex comisario está golpeando sobremanera a las empresas energéticas. Justo cuando se produce un alza en el precio de la luz coincidiendo con la introducción del nuevo sistema de facturación, que ha llevado al Gobierno a tener que aprobar una rebaja en el IVA de la factura de la luz. 

Otros prohombres del mundo de la economía, como el ex presidente del BBVA Francisco González, están imputados dentro de la misma causa desde 2019, igualmente por contratar a Villarejo. Al igual que una veintena de empresarios de la construcción (entre ellos el mencionado Luis del Rivero, también afectado), que se encuentran en el disparadero del ex policía.