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Foro Milicia y Democracia

La libertad de expresión del ciudadano militar

Publicada 01/03/2017 a las 06:00 Actualizada 28/02/2017 a las 21:48    
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Las libertades fundamentales, los derechos humanos básicos, entre los que se encuentra la libertad de expresión, deben aplicarse a todos los ciudadanos, sin excepción, salvo en circunstancias extraordinarias, tasadas, derivadas de la salvaguarda de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito y otras, referidas a miembros de los servicios de seguridad y de las fuerzas armadas. Así lo recoge el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 10.2) y así lo entiende también el Tribunal Supremo español (Sala 5ª, Sentencia caso Bravo) cuando establece que para “una limitación de un derecho fundamental como el de libertad de expresión, que constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática” se necesita que “se justifique constitucionalmente, lo que exige que el límite venga fundado en (…) que las manifestaciones públicas constituyan una amenaza real para la disciplina o para la cohesión interna de las Fuerzas Armadas”.

Nos encontramos en pleno siglo XXI, las sociedades han cambiado y con ellas sus integrantes, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la legislación debe adaptarse a estos cambios. Cada vez hay más casos de declaraciones por parte de militares, incluso de alto rango, en las que emiten una opinión sobre asuntos relacionados con su profesión, con la estrategia de defensa, con las condiciones socio-laborales y en general cualquier tema que afecte a su colectivo. Son conocidos los casos de los generales franceses Vincent Desportes y Bertrand Soubelet, prestigiosos oficiales que fueron en su momento sancionados y cesados por sus declaraciones, el primero por un artículo sobre la estrategia de los EEUU en Afganistán y el segundo por publicar un libro sobre la situación general de su país. Como bien dijo el general Soubelet, es necesario preguntarse desde hace tiempo sobre el papel de los militares en esta sociedad, en la que se implican cada vez más colaborando en tareas de rescate, catástrofes o mantenimiento del orden y seguridad ciudadanas. Citando sus palabras, hemos llegado tal vez al final de un ciclo en el que las Fuerzas Armadas deben dejar de ser La grande muette y participar de pleno en los asuntos de la sociedad civil a la que sirven.

En los EEUU los generales exponen sus reflexiones estratégicas y opiniones críticas sobre el empleo de las Fuerzas y no son tomadas como una insubordinación, sino como un aporte al debate político, de la misma forma que en Reino Unido un militar publica un artículo en una revista especializada criticando la implicación de su país en Irak.

En Alemania, el diálogo social de las Fuerzas Armadas con las autoridades competentes está asegurado por la potente federación Bundeswehrverband (DBwV), que representa a cerca de 200.000 miembros, conformando así un mecanismo de co-decisión que ha demostrado su eficacia durante décadas. Sus representantes aparecen en los medios, vestidos de uniforme, con declaraciones propias de su papel sindical o asociativo y sus opiniones, sean o no del agrado de las autoridades, son tomadas por la sociedad como algo normal en un Estado de Derecho. En democracias avanzadas como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Bélgica, donde existen sindicatos militares, los militares disfrutan de la libertad de expresión plena y sus opiniones públicas, incluso de carácter político, son respetadas siempre que sean emitidas a título individual.

En definitiva, el hecho de que un militar exprese una opinión en público o ante un medio de comunicación no implica necesariamente atentar contra la disciplina o contra la seguridad del Estado y no pone en entredicho la subordinación debida al poder político de las Fuerzas Armadas como organización estatal o del militar como individuo.

A contrario sensu, sí hay declaraciones que exceden claramente el ámbito privado y que pueden constituir extralimitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Son los casos, en España, de algunos altos oficiales que, desde su tribuna de mando en activo, expresaron opiniones en actos públicos que se salen del marco de la libertad individual de expresión. Conocido fue el caso del general Mena (2006), que apelaba a la intervención de las Fuerzas Armadas en Cataluña si se aprobaba el Estatuto de Autonomía, el del general Chicharro (2013) en el mismo sentido, o las más recientes del general Gómez de Salazar, citando la existencia de asociaciones militares reivindicativas como una de las principales vulnerabilidades de seguridad del ejército (las compara con el yihadismo) o negando los derechos fundamentales a los militares.

En todos estos casos los autores de las declaraciones se erigieron en portavoces del sentir general de los militares cuando no hay datos que lo demuestren ni nadie se lo había pedido. En muchos casos, este tipo de expresiones en público contienen un tinte nostálgico procedente de los pronunciamientos decimonónicos. Entonces sus protagonistas, que hoy podríamos incluir en el espectro ideológico de izquierdas, tenían detrás a sus tropas y enfrente a regímenes absolutistas. Desde el renacimiento de la democracia estos “salvadores” se sitúan en el otro extremo ideológico y tienen enfrente a los defensores de la democracia y el Estado de Derecho.

Por último, el derecho fundamental a la libertad de expresión entronca directamente con el derecho a la libertad ideológica y con el de afiliación a un partido político. Este último derecho está reconocido, para los militares, en muchos países de la Unión Europea (Dinamarca, Bélgica, Italia, Alemania y otros) en los que pueden aplicarse, no obstante, algunas restricciones derivadas del sufragio pasivo y el uso del uniforme en actos de naturaleza partidaria. Un derecho que ejercen con total libertad, por ejemplo, los militares alemanes, cuya asociación mayoritaria acaba de emitir un comunicado animándoles a asumir una mayor responsabilidad política, cuando estén fuera de servicio, tomando parte activa en la campaña para las próximas elecciones legislativas. Y es que un militar es antes ciudadano que militar, y como tal debe gozar de todos los derechos incluyendo la libertad ideológica, es decir, la libertad de adherirse a una confesión religiosa determinada o de afiliarse a un partido político legalmente establecido sin que ello afecte negativamente al desempeño de su actividad profesional ni merma alguna a la disciplina o a la seguridad del Estado.


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