Las propuestas éticas que el partido de Rajoy se resiste a aplicar

El 21 de diciembre de 2009, en un momento en el que el partido de Mariano Rajoy estaba tocado por graves escándalos de corrupción como los casos Gürtel o Palma Arena, que aún hoy colean, el PP presentó un Código de Buenas Prácticas que, más de tres años después, los conservadores se resisten a aplicar.

Entre otros asuntos, el documento incluye la obligación de que los cargos públicos del partido firmen una carta de compromisos y que ésta sea publicada en internet, la de establecer unas normas internas de contratación y difundir a través de su web un acceso al 'Perfil del contratante' o la de no aceptar regalos que no respondan "a los usos sociales". De éstas, sólo se cumple la primera. Y a medias, pues los cargos las han firmado, aunque nunca se han publicado en la web del PP. 

Un mes antes, en noviembre de 2009, Rajoy intentó presentar a su partido como el adalid contra la corrupción. El PP redactó un texto que pretendía sentar las bases para un gran pacto por la transparencia y contra la corrupción con el resto de formaciones. En diez páginas, los conservadores detallaban cincuenta propuestas concretras para "luchar" contra "las prácticas corruptas" en la política.

Hubo contactos con otros partidos, especialmente con el PSOE, pero la propuesta cayó en saco roto meses después. Entre las medidas que alberga el documento figura plantear la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos relativos a comportamientos corruptos, algo que no se ha cambiado. Sí se ha cumplido, aunque no en todos los ámbitos, la obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos. Según la normativa actual, diputados y senadores tienen la obligación de publicar sus declaraciones de bienes patrimoniales al adquirir y al perder su condición de parlamentarios, así como al producirse modificación de sus circunstancias.