Una justicia injusta

El caso Bettencourt es de dominio público desde hace más de tres años. Las primeras pruebas fueron las grabaciones realizadas por el mayordomo de la multimillionaria, que serían más tarde aceptadas como pruebas por el Tribunal de Casación. Los numerosos delitos que dichas grabaciones han permitido desvelar les proporcionan legitimidad judicial, a pesar del atentado contra la intimidad cometido para su obtención. El autor de las grabaciones, Pascal Bonnefoy, no ha sacado, en ningún momento, beneficio alguno de ellas. Tampoco ha dejado de repetir –la última vez el pasado mes de junio, en Vanity Fair–  que no lo has hizo movido por interés oculto ninguno. "Quise saber lo que se estaba urdiendo. Para proteger a la señora de los que la manipulaban y, al mismo tiempo, para protegerme yo".

Estos hechos de interés público permitieron que se llevase a cabo en Burdeos la instrucción judicial en la que resultó imputado un expresidente de la República, Nicolás Sarkozy, y un exministro de Hacienda (posteriormente responsable de la cartera de Trabajo), Éric Woerth, extesorero nacional del partido en esa época en el gobierno. Sin embargo, el protagonista de este folletín judicial es el exgestor personal de la fortuna de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre, imputado –qué cosas– por abuso de autoridad, blanqueo, estafa, complicidad y encubrimiento de ese delito y tráfico de influencias.

Baste este simple recordatorio para poner de relieve el alcance de la censura ordenada por tres magistrados del Tribunal de Apelación de Versalles contra Mediapart, a estas alturas una realidad, después de que Patrice de Maistre nos haya obligado a ejecutar la sentencia, so pena de una multa de 10.000 euros diarios por cualquier mención que realizada con relación a las cintas. Nos encontramos ante una decisión tan aberrante que el tutor legal de Liliane Bettencourt, y por ende su familia, ni tan siquiera ha reclamado que se nos notifique su ejecución. Es cierto que, desde el verano de 2010, el escenario es bien distinto. Los que interpusieron la demanda contra de Mediapart, en nombre de la multimillonaria, ya no están en su entorno, han sido apartados de ella, sospechosos de "manipular", tal y como señaló Pascal Bonnefoy, a una señora de edad avanzada que, según los últimos exámenes periciales ya no estaba en posesión de sus facultades mentales.

Para aquellos a los que molesta que estos delitos vieran la luz, dichos informes periciales no hacen sino validar a posteriori el comportamiento transgresor del mayordomo: al revelar lo que se ocultaba, ayudó a su jefa. De repente, estos informes dan la razón a Mediapart, que en todo momento veló por que no se publicase nada de lo concerniente a la vida privada de los protagonistas, y que permitió la toma de conciencia –pública, política, judicial, ciudadana etcétera– de la gravedad de los hechos de interés público que contenían las grabaciones. En resumen, Liliane Bettencourt era víctima de comportamientos reprochables a los que la audacia de un empleado de la casa y de los periodistas de investigación permitieron poner punto y final. Y eso por no hablar del inmenso fraude fiscal que estaba cometiendo una de las más mayores fortunas europeas y cuya revelación ha permitido al Estado engordar las cuentas públicas, en un momento en que el Fisco francés no se preocupaba por los Bettencourt.

Pero a la Justicia de Versalles le trae sin cuidado todas estas verdades, tal y como se pone de manifiesto al haber dictado una sentencia más propia de otros tiempos, incluso de otro mundo. Al extralimitarse en la toma de decisiones (las primeras medidas judiciales solo concernían a los artículos iniciales de Mediapart, publicados en junio de 2010, no a la totalidad) y al considerar que la urgencia por poner punto y final a los trastornos periodisticos ocasionados era la misma tres años después de darse a conocer los hechos (aún cuando lo ocurrido ya forman es de dominio público), el fallo judicial no tiene paragón en la historia de la prensa.

Mediapart y Le Point (aunque este semanario publicó sus investigaciones sobre todo en formato papel) deben eliminar cualquier mención a las grabaciones, no solo en sus artículos ya publicados sino también en en los que se publiquen en el futuro. Dicho de otro modo, contradiciendo a sus colegas del Tribunal de Apelación de París que habían defendido el derecho a la información, al fallar a nuestro favor, los tres magistrados del Tribunal de Apelación de Versalles han decidido pasar por encima y censurar las informaciones sin las cuales el caso Bettencourt  resulta incomprensible, ya que pasarían a ser potenciales delitos –fraude fiscal, tráfico de influencias, financiación política, presión sobre la justicia, abuso de debilidad...–.

La desmesura de esta decisión judicial le da al caso un alcance histórico, para mal. Es ni más ni menos que la prueba del retroceso a aquellos tiempos en que una nueva libertad golpeaba a las puertas de las ciudadelas antiguas. Utilizando al diario digital Mediapart, independiente y participativo, los jueces de Versalles han querido poner coto a las ansias democráticas inherentes a la revolución que es Internet.

Así lo han entendido, más allá del caso Bettencourt, los firmantes del manifiesto internacional "Tenemos derecho a saber", que reivindican la inteligencia de compartir frente a la estupidez de la censura. Si era necesario probar que en materia de información, en la era digital, la ley, sus enunciados, a veces, y su aplicación, a menudo, llegan tarde, los jueces de Versalles lo han hecho posible y ese será su mérito principal. Más allá de nuestro propio contrataque jurídico, en forma de apelación, que si perdieramos recurriríamos a la Corte Europea de Derechos del Hombre, la verdadera respuesta, positiva y duradera, a la censura de Versalles sería acabar con esta ley sobre la libertad de información que Mediapart (y el Sindicato de la Prensa Independiente de Información en Línea, del que es miembro fundador) reclama desde la publicación del primer manifiesto, en 2009.  

El conservadurismo de la decisión de Versalles es el de un viejo mundo que se resiste a acabar cuando un nuevo mundo acaba de nacer. Es el de los poderes que temen verse desnudos, desprovistos de sus imposturas, de sus mentiras, de sus corruptelas. El respeto de la vida privada solo es un pretexto: no solo Mediapart ha velado por él, seleccionando atentamente las grabaciones, sino que además no puede ser la coartada para encubrir delitos que se están cometiendo. Del mismo modo que alegar razones de seguridad nacional no puede justificar el atentar contra las libertades fundamentales ni que el carácter secreto de determinados asuntos económicos pueda encubrir infracciones económicas.

Ese es el motivo por el que existe un derecho fundamental a la información. Existe el derecho a saber todo lo que es de interés público, incluso si los secretos lo ocultan indebidamente a los ojos de los ciudadanos.

Entendido como desposesión de la soberanía popular y violación de la ley común, el poder se convierte en obsceno y esta obscenidad es la que es necesario ocultar al pueblo. Obsceno quiere decir, según la etimología latina, fuera de la escena (ob scenum). Fue tal el efecto devastador de las grabaciones del caso Bettencourt que los jueces de Versalles estaban dispuestos a conjurar aunque tarde. Por haber desvelado la obscenidad del poder del dinero y de los apaños subsiguientes, por acabar con la omertà que protege estas acciones, por romper las máscaras de las que se adueña cuando está en escena y por haberlas mostrado con toda su crueldad cuando está fuera de ella. Le debemos a uno de los últimos fiscales antimafia de Sicilia, Roberto Scarpiato, esta reflexión sobre la obscenidad de las realidades que se ocultan detrás de las apariencias y tras las mejores galas de los poderes, de estos poderes cuyo principal motor es el dinero, la acumulación y la apropiación. Expresión de la tradición y del prejuicio, el exceso de la sentencia que condena a Mediapart se refiere a la gravedad de nuestro crimen: haber dejado oír la voz secreta del poder. "Y así, al no poder hacer que lo que es justo fuese fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo", según esta cita de Pascal, sabemos que la Justicia, construcción humana, nunca perfecta, nunca inmutable, es legitimamente sujeta a disputa. Fruto de las luchas es el resultado de las invenciones, siempre mejorables.

Cuando lo que ocurre es que es injusta, no tenemos otra elección que luchar por que una justicia se convierta en justa, una justicia justa, una justicia más justa. Y si respetamos la decisión que se nos ha impuesto es al modo de Sócrates, bebiendo la cicuta para denunciar mejor la iniquidad de su condena a muerte.

Traducción: Mariola Moreno