Brasil despliega el Ejército para blindar el Mundial

Es un pequeño fascículo de tres páginas elaborado por la policía civil de São Paulo destinado a los turistas extranjeros con destino a Brasil. Lo distribuyen desde hace unos días en sus aeropuertos de origen y en los principales consulados. No pasear en la calle con objetos de valor; tener cuidado de no ser seguido; en caso de tentativa de hurto “no reaccionar, no gritar, no discutir”. La angustia de las autoridades es el robo seguido de asesinato provocado por una reacción “inadaptada” de la víctima.

En 2012 Brasil registró 56.337 asesinatos, un récord histórico. Son 29 víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes; una tasa digna de un país en guerra. “Los robos a mano armada son la principal preocupación del Gobierno. Centra todas las recomendaciones y el despliegue de recursos humanos en las zonas turísticas y alrededor de los estadios”, explica Laurence Allan, que dirige el departamento latinoamericano del consejo de IHS Country Risk.

La Policía cuenta con la tradicional tregua de las facciones criminales, como ocurrió en Rio de Janeiro en 2007 durante los juegos panamericanos. En São Paulo, una fuente del gobierno local explica que durante los días que dure el Mundial la Policía suspenderá las operaciones antidroga para que la potente banda criminal Primeiro Comando da Capital, el PCC, evite las agresiones y los atracos a mano armada que ordena generalmente para compensar la pérdida de un cargamento de narcóticos.

El hecho de que los turistas brasileños y extranjeros vayan a desplazarse –tanto los unos como los otros pueden tener que visitar hasta tres regiones– preocupa a las autoridades porque ha cambiado la geografía de la violencia en los últimos años. Ha disminuido en las grandes capitales del sureste, como Rio y São Paulo, pero el número de asesinatos aumentó en las metrópolis del nordeste y en las ciudades medias del interior. Si Rio de Janeiro ya demostró en varias ocasiones su capacidad para organizar megaeventos sin mayores incidentes –como la cumbre sobre la tierra Rio + 20 en 2012 y también las jornadas mundiales de la juventud que atrajeron a 600.000 visitantes el año pasado-, ciudades como Recife, Salvador o Fortaleza están lejos de tener ese habilidad.

Aunque sean menos visitadas por la prensa extranjera y local, concentrada en Rio y São Paulo, aquellas ciudades son también el escenario, desde hace unas semanas, de huelgas y manifestaciones. Aunque el 55% de la población opina que el mundial será más dañino que positivo para el país, la insatisfacción se manifiesta menos en la calle que el año pasado. Los movimientos anticopa no atraen más que a unos centenares de personas. Son ahora los sindicatos, más organizados, los que toman el relevo, revindicando aumentos de sueldos y mejoras de las condiciones laborales.

Profesores, conductores de autobús, agentes del metro, policías federales: son movilizaciones que se explican sobre todo por la proximidad de las elecciones generales de octubre pero que cuentan con la sobreexposición mediática del mundial para hacer presionar los gobernantes.

Represión desproporcionada

“El verdadero riesgo para la seguridad llegaría de un incidente provocado por una represión desproporcionada por parte de las fuerzas del orden, que podrían movilizar a la sociedad civil, sobre todo si en paralelo el equipo nacional no está a la altura de las expectativas”, analiza Ignacio Cano, especialista en violencia urbana de la Universidad del Estado de São Paulo. El año pasado, mientras que los principales medios locales minimizaban el impacto de las primeras manifestaciones en favor de una mejora de los servicios públicos, fue la agresión a periodistas por parte de la policía lo que les hizo cambiar de tono y acabó movilizando a amplios sectores de la clase media.

Aunque las autoridades multiplican las advertencias y llaman a la colaboración de sus colegas extranjeros –los CRS franceses y equipos del FBI americano han ido a ayudar a la policía militar de Rio- en cada una de las concentraciones, las informaciones sobre heridos o detenciones abusivas han llenado las redes sociales. Las imágenes, hace dos semanas, de policías lanzando bombas lacrimógenas sobre 500 indífenas durante una manifestación antimundial en Brasilia han impactado a la opinión pública. Un estudio de la Fundación Getulio Vargas, revela que 64% de los policías de Rio confiesan no haber recibido ninguna formación específica para hacer frente a las manifestaciones y que se vieron obligados a improvisar.

Para evitar errores, el Gobierno cuenta con el número de efectivos. Desplegará un contingente de 157.000 personas entre agentes municipales, policías y militares en las doce ciudades de la competición. También 20.000 vigilantes privados estarán en los estadios; 1.800 por partido. El recurso al ejército de tierra fue decidido en mayo por la presidenta Dilma Rousseff cuando, después haber asegurado “que nadie tocara un pelo de las selecciones”, vio el autobús del equipo nacional rodeado por profesores en huelga. El refuerzo militar va más lejos: hasta la ocupación de territorios enteros. Es el caso en Rio de Janeiro, donde 2.700 militares están instalados en el complejo de la Maré, un conjunto de 16 favelas cerca del aeropuerto internacional.

“El Gobierno elige la opción de militarizar la seguridad, que es un gran problema en Brasil”, denuncia Christopher Gaffney, geógrafo especialista en megaeventos de la universidad federal. “Refuerza ese modelo que consiste en hacer del pueblo un enemigo; habría que repensar toda la política de seguridad pública”, añade.

De hecho, la reanudación de la violencia en las favelas de Río de Janeiro se ha reducido desde el final de 2008, cuando se organizaron las "unidades de policía de mantenimiento de paz", la UPP. Estos policías locales instalados en el corazón de la comunidad no tenían la intención de expulsar al narcotráfico, pero por lo menos trataron con éxito de terminar con el control del territorio por parte de bandas fuertemente armadas: los asesinatos cayeron un 26,5% el año pasado.

Las críticas persisten en relación a un un proyecto que privilegia los barrios ricos y turísticos y se encontró con la actitud autoritaria de la policía, que ha prohibido los bailes funk, principal distracción en las favelas. Por primera vez desde hace 20 años, Rio de Janeiro encuentra una nueva política de seguridad, con la participación de tres niveles de poder –Estado federal, Estado regional y municipalidades-, un hecho rarísimo en la historia de la “ciudad maravillosa”.

“Nos hemos descuidado demasiado rápido, como si aquellas primeras experiencias fuesen a resolver todos nuestros problemas”, se lamenta el coronel Robson Rodrigues, que dirigió las unidades de policía pacificadora (UPP) entre 2010 y 2011. En últimas semanas, los narcotraficantes se han aprovechado de la presión provocada por el mundial, de la proximidad de las elecciones y de la multiplicación de las manifestaciones para recuperar territorios cuyo control habían perdido desde 2008. Sus ataques a varios puestos de policía implantados en las favelas han provocados la muerte de seis agentes.

Acusaciones de tortura y de asesinatos

Las bandas aprovecharon el enfado de la población con una policía acusada de brutalidad, de torturar a los detrenidos y de cometer asesinatos. En julio de 2013, la desaparición del albañil Amarildo Dias de Souza después de su detención por policías del UPP de Rocinha, la principal favela de la ciudad, acabó en un escándalo. En todo el país los manifestantes enarbolaban banderolas preguntando "¿Donde es Amarildo?” para denunciar a una policía que mata un promedio de cinco personas cada día.

En el mes de abril, Douglas Rafael da Silva Pereira, un joven bailarín, murió por un disparo de un policía, en Cantagolo, una favela de Copacabana, el barrio más turístico de Rio de Janeiro. Su fallecimiento desencadenó un motín violento. “Entre 2002 y 2011, más de 10 000 personas ha sido asesinadas por la policía en el Estado de Rio”, denuncia Alexandre Ciconello, responsable de los derechos humanos en la grupo local de Amnistía internacional.

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“Estos episodios de violencia policial son lamentables, porque ponen en peligro la política de proximidad que habría que construir”, concede el coronel Robson Rodrigues. A difefencia de cuando parecían ser parte del paisaje, las UPP son ahora objeto de amenas. Aunque la seguridad de los turistas no está en peligro, es la seguridad de la población, específicamente en los barrios desfavorecidos, la que preocupa.

Con el recurso a los militares en todo el país, el Gobierno federal espera obtener cierta tranquilidad, pero sin garantía para el futuro. En términos de imagen, los daños pueden llegar a ser considerables: no es seguro que las patrullas sobrearmadas y los policías avanzando bajo srmaduras de Robocop constituyan la mejor publicidad para Brasil.

------------------------------------------------------Traducción: Matthieu Delmas