Un paraíso fiscal llamado Europa

“La evasión fiscal permite ocultar cada año del orden de 60.000 a 80.000 millones de euros solo en Francia; una cifra que representa aproximadamente un 20% de los impuestos franceses”, estima Eva Joly, del partido ecologista francés EELV. Se calcula que en todo el mundo, los paraísos fiscales gestionan alrededor de 26 billones de dólares, es decir, más de un tercio del PIB mundial.

A pesar de que estos datos empiezan a ser cada vez más conocidos, ¿quién es realmente consciente de que a la hora de cometer fraude, el papel de las fortunas personales es relativamente insignificante si lo comparamos con el de las empresas?

Los gigantes de la Red no son los únicos que hacen ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos. Basta con echar un vistazo a la clasificación de las sociedades norteamericanas que cuentan con más dinero en el extranjero, para evitar pagar el 40% del impuesto de sociedades de EEUU. General Electric cuenta con 110.000 millones de euros en centros financieros offshore; Microsoft tiene aproximadamente unos 80.000 millones y le siguen los laboratorios farmacéuticos Pfizer y Merck. Casi nunca se dice pero, la mayor parte de las ocasiones estos profesionales de la optimización de beneficios empresariales deben darle las gracias a... la Unión Europea. Porque para una multinacional que cuente con buenos asesores fiscales, ya sea de origen norteamericano, francés o alemán, Europa es un gran paraíso fiscal.

Y esto es así porque Irlanda y Holanda permiten a las empresas curiosas maniobras fiscales, conocidas como “doble irlandés” y “sándwich holandés”, que lleva a las multinacionales americanas a repartir beneficios en cómodos centros offshore sin tener que desembolsar ni un solo céntimo o casi.

Y esto es así porque estos países, pero también Luxemburgo, Bélgica o Gran Bretaña, son muy receptivos con los lobbies del sector y permiten medidas de desfiscalización muy bien definidas, que se traducen en impuestos de sociedades que están muy lejos de porcentajes que pueden rondar el 25% y el 34%, según los países.

Y esto es así porque ningún Estado miembro de peso se atreve o desea acabar con el status quo de “carrera hacia el fondo” –por utilizar la misma expresión que emplea el think thank británico Institute for Fiscal Studies– que se persigue en Europa.

La mecánica aplicada no es nueva; hace varias décadas que se aplica, tal y como recoge el excelente libro Dumping fiscal, del periodista belga Éric Walravens y que se centra en el viejo continente. Si nos atenemos a los datos oficiales, tal que el último informe de Eurostat, la situación es muy preocupante. La oficina europea de estadísticas dice que “se ha bajado notablemente el impuesto de sociedades desde mediados de los 90” en los países miembros de la UE; ha pasado del 35,3% al 23,5%, de media en 2013. Eurostat constata que esta tendencia se ralentizó para después detenerse y mantenerse estable en el periodo 2012-2013, “con un ligero aumento en la zona euro”.

En este caso, aparentemente, ¿nada demasiado inquietante? No está muy claro. Porque estas tasas nominales ocultan disparidades abrumadoras que benefician solo y exclusivamente a las empresas más grandes, capaces de pagar a ejércitos de expertos en fiscalidad y de multiplicar las filiales con las que cuentan en todo el mundo para reducir al mínimo los impuestos que pagan. Y se las arreglan bastante bien. La prueba de estas prácticas la encontramos en la Oficina de Análisis Económico Americano, que analiza los regímenes impositivos de las empresas norteamericanas en una cincuentena de países. El profesor universitario y especialista en Fiscalidad del Trinity College de Dublín, Jim Stewart, fue muy duro en un informe publicado sobre esta cuesión.

En 2011, las empresas norteamericanas establecidas en Europa pagaron, en concepto de impuestos sobre los beneficios obtenidos, ¡un 2,2% en Irlanda, un 2,4% en Luxemburgo y un 3,4% en los Países Bajos! Se trata de gravámenes que no están muy lejos del 0,4% que se aplica en las Bermudas... Por su parte, Alemania aplica gravámenes sobre los beneficios del 20% y Francia, del 35,9%. El impuesto de sociedades de esos países es del 29% y del 33,3%, respectivamente.

Gran Bretaña, paraíso fiscal en evolución

A la cabeza de los Estados especialmente acogedores con las multinacionales se encuentra Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12,5%. “Irlanda no es un paraíso fiscal para los particulares”, precisa Jim Stewart, en otro de sus informes demoledores. Sin embargo, sí presenta todas las características de un paraíso fiscal para las empresas. "Aplica una tasa mínima baja, tiene una regulación laxa y el Estado es muy sensible a las leyes sobre la fiscalidad internacional”. Nada que no se sepa desde hace años. Lo que no se tiene tan asumido es que la Gran Bretaña del conservador David Cameron sigue los pasos de su vecino. El objetivo del primer ministro es bien sencillo: “Tener el sistema fiscal más competitivo del G20”.

Se trata de una paradoja. Cameron ha declarado en varias ocasiones públicamente la guerra a la optimización fiscal abusiva y situó su país en el pelotón de cabeza de los Estados miembros preocupados por esta cuestión, en el seno de la OCDE. Sin embargo, al mismo tiempo, Gran Bretaña ha hecho todo lo posible por atraer a las principales empresas del planeta, en detrimento de los intereses de sus vecinos. George Orborne, ministro británico de Hacienda, se vanagloriaba en diciembre de 2012 de haber hecho descender en dos años el impuesto de sociedades del 24 al 21%. Y el año próximo se situará en el 20%. Servirá según él de “reclamo” que se traduzca en: “Vengan aquí, inviertan aquí, creen empleos aquí”.

Otras prácticas legales son más conflictivas. Desde 2012, una empresa con residencia fiscal en Gran Bretaña sabe que el reparto de dividendos que realicen las filiales establecidas fuera del país no se incluirá a la hora de calcular los impuestos que ha de pagar. Y lo que es más, puede obtener este estatus de residente fiscal ¡aunque no instale su cuartel general en el país! Razón por la cual el jefe de uno de los bancos más importantes del mundo confió recientemente a un periodista de la BBC que el país era “el paraíso fiscal más grande y más desarrollado del mundo”.

A imagen y semejanza de sus competidores europeos más feroces –Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos–, Gran Bretaña ha confeccionado un régimen fiscal hecho a medida para atraer a las sociedades basándose en la propiedad intelectual, la “patent box”. El incentivo consiste en gravar en un 10% todos los ingresos relacionados con la propiedad intelectual. Y atraer con ello a las grandes empresas que utilizan muchas patentes o que, como la mayor parte de las multinacionales actuales, facturan a filiales en todas partes del mundo el derecho de utilizar su marca o sus servicios de marketing.

¿Es eficaz un sistema cuyo coste anual debería superar los mil millones de euros en 2017? El laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline ya adepto a la gran generosidad luxemburguesa ha aprovechado para centralizar en el país todas las operaciones mundiales relacionadas con la propiedad intelectual y para instalar en el Gran Ducado la que es su primera fábrica nueva en 40 años. Sin embargo, son muchos los observadores que critican este tipo de incentivos, e incluso, según el Financial Times y la Cámara de Comercio de los ingenieros británicos, es una medida ineficaz, demasiado costosa y peligrosa.

En conjunto, según los cálculos recogidos en la página del profesor universitario inglés comprometido en la lucha contra la evasión fiscal, las medidas del Gobierno británico en favor de las empresas les supuso a estas un ahorro de 150 millones de libras (185 millones de euros) durante 12 años... Último ejemplo publicado en el Financial Times, en 2012, según el cual, las siete principales empresas del mundo de las nuevas tecnologías instaladas en el país –Microsoft, eBay, Yahoo, Facebook, Apple, Amazon y Google– pagaron 54 millones de libras en concepto de impuesto de sociedades. La cifra de negocios de dichas empresas fue de 15.000 millones. No es de extrañar que las empresas se conozcan los trucos a la perfección.

Las dos últimas megafusiones anunciadas en el mundo, ambas por razones fiscales y ambas frustradas en el último momento, contaban con Gran Bretaña. Así, el responsable del laboratorio norteamericano Pfizer, erigido a partir de centros financieros offshore, nunca ha ocultado que quería evitar tener que pagar los impuestos “no competititvos” en Norteamérica, y que era una de las principales razones para lanzar la oferta de compra a AstraZenaca por 119.000 millones de dólares (87.000 millones de euros). Antes de que se frustrase el acuerdo de compra-venta, Pfizer informó de que si esta llegaba a buen término, se instalaría en Reino Unido, lo que permitiría ahorrar 1.000 millones en impuestos al año.

Y es más, antes de que el matrimonio de conveniencia se fuese al traste in extremis, la agencia de publicidad Publicis-Omnicom, su filial americana, apuntó que una vez alcanzada la fusión, se establecerían en Holanda, pero que tendrían residencia fiscal británica. Estas agencias esperaban ahorrar, en esta acrobacia financier, 60 millones de euros anuales. Otros ya hacen malabarismos: Fiat Chrysler ya cuenta con residencia fiscal en Gran Bretaña, sin necesidad de mover sus oficinas... El acuerdo Publicis-Omnicom fracasó porque las autoridades fiscales holandesas y británicas dudaron, conscientes de la imagen nefasta que habría dado la legislación de los respectivos países. Menuda novedad.

Cuando las empresas norteamericanas se hacen irlandesas

Las artimañas empresariales comienzan a hacerse visibles. Varias empresas de tamaño respetable han anunciado recientemente su intención de cambiar la residencia fiscal a Gran Bretaña o a Irlanda, países cada día más solicitados. A veces, aprovechan incluso para modificar la nacionalidad oficial de la compañía. La maniobra también tiene nombre, se llama “inversión fiscal”. Según Bloomberg,14 empresas norteamericanas recurrieron a ella en 2011. Y el Financial Times cuenta que Endo, empresa del sector sanitario, tiene previsto ahorrar 75 millones de dólares (55 millones de euros) al año por pasar a ser irlandesa.

Además del hecho de beneficiarse de gravámenes impositivos muy bajos y de todas las tretas imaginables –el libro de Éric Walravens detalla cómo Irlanda es muy receptivo a las peticiones del sector financiero–, la inversión fiscal permite a una empresa norteamericana transformar su sede social de Estados Unidos en una simple filial. Sobre el papel, si la nueva sede irlandesa factura a dicha “filial” derechos de explotación sobre patentes o servicios, la entidad americana verá automáticamente aumentar sus costes y bajar sus impuestos. Línea. Y bingo.

Hasta ahora a una empresa norteamericana le basta con adquirir el 20% de las participaciones de una empresa extranjera para dar el gran salto. Esta cuestión alarma a algunos políticos, como el senador demócrata Carl Levin y su hermano, el representante Sander Levin, que acaban de presentar una proposición de ley para que se eleve dicha participación de la empresa extranjera al 50%. No obstante, parece que las posibilidades de que el texto se apruebe son mínimas, ya que los republicanos se oponen.

Carl Lavin sabe de lo que habla. Como portavoz de la Subcomisión permanente de investigación del Senado es especialista en investigar las prácticas de las grandes empresas. Fue él quien denunció a Crédit Suisse por ayudar a miles de americanos a cometer fraude fiscal lo que le supuso una multa de 2.600 millones de dólares para el banco. También ha sido él quien ha hecho temblar a los gigantes de internet al interrogarles sin medias tintas sobre sus prácticas fiscales, tal y como había hecho meses antes su colega Margaret Hodge.

En mayo de 2013, un informe del senador Levin sobre las prácticas de Apple desveló que los montajes fiscales llevados a cabo por la empresa suponían 44.000 millones de dólares para el fisco de EEUU. Dicho informe apunta directamente a Irlanda y recoge también que Google paga un 2% de impuestos en Dublín. Sobre todo, una de sus empresas filiales que abarca el conjunto de las actividades de Asia, Europa, Oriente Medio, India y África no paga impuesto de sociedades. Y todo ello pese a obtener, entre los años 2009 y 2011, 30.000 millones de beneficios, es decir, un tercio de los beneficios totales de Apple.

Esta filial, AOI, no tiene ni oficinas ni empleados, es un mero montaje. Domiciliada en Irlanda, por lo que no existe a ojos del fisco norteamericano, aunque su consejo de administración se reúne en San Francisco y tampoco se corresponde con la definición irlandesa de “residencia fiscal”. Se trata de un fantasma muy rentable que las autoridades irlandesas se han comprometido desde entonces a hacer desaparecer, pero Apple podrá seguir beneficiándose de otras condiciones “normales”, a iniciativa de Irlanda.

¿Qué sucede en otros países? Luxemburgo por ejemplo cuenta 100.000 empresas registradas en un territorio de 500.000 habitantes. Según uno de los responsables de la Cámara de Comercio “solo 30.000 corresponden a empresas de economía real, como por ejemplo panaderos, hosteleros, empresas de la construcción”. El resto son holdings u otras sociedades, que se han beneficiado de las bondades fiscales de Luxemburgo.

Xavier Bettel, primer ministro luxemburgués, ha reconocido a Mediapart que no tiene interés alguno en volver a las andadas y que busca acabar con estos privilegios. “La atracción fiscal es importante”, insiste. Asegura que cada semana hace un balance del número de empresas que se han instalado en su territorio. “Somos más atractivos, algo que no está prohibido. No voy a aumentar la presión fiscal para darle el gusto a algunos”. Pese a todo, las empresas digitales instaladas en el país para beneficiarse de un IVA muy bajo van a ver como sus ilusiones se vienen abajo ya que a partir del próximo año deberán aplicar la tasa del país del consumidor, con lo que se pone fin a gravar los productos con el impuesto al consumo del país en el que se encuentra la sede. Por esa razón, empresas como Netflix, especialista en vídeo bajo demanda, ya ha anunciado que se marchará en Luxemburgo para instalarse en Holanda.

A pocos kilómetros de allí, en Bélgica también tienen sólidos argumentos que hacer valer en beneficio de las empresas. Según el PTB, partido de extrema izquierda, la industria cervecera AB Inbev, la joya de la corona nacional, dueña de las marcas Stella Artois, Corona o Leffe, pagó en el año 2013 un 0,002% impuestos (26.000 euros sobre un beneficio neto de ¡5.980 millones!). Esto es posible por el principio de los llamados intereses nocionales (o nominales). Desde el año 2005, una empresa que financia sus propios proyectos de desarrollo puede deducir de sus impuestos un cierto porcentaje de las sumas invertidas. Los intereses nocionales atraen a buen número de empresas extranjeras. “Un arma de destrucción masiva para el fisco extranjero”, resume un investigador citado por Éric Walravens en su libro.

Y las sociedades que cotizan en la bolsa de París, entre ellas algunas de las que el Estado francés es accionistas, están entre las primeras. “En un rascacielos de la avenida Louise de Bruselas hay dos holdings de Bernanrd Arnault [...] que disponen de 6.000 millones de fondos propios y que apenas suman 5 asalariados”, escribe el periodista. “En la misma dirección, EDF, el gigante de la electricidad en Francia, había domiciliado desde 2007 su filial EDF Investment group, capitalizado con 7.600 millones de euros. En 2011, esta estructura logro unos beneficios por valor de 306 millones de euros sobre los que pagó 900.000 euros (es decir, el 0,3%). Auchan, Tital, GDF, Suez, Veolia, entre otros se benefician del sistema con gran perjuicio para el fisco francés”:

La Comisión se preocupa; los Estados, no

En resumen, no hay ninguna razón para que la competición fiscal que hace estragos en la UE se extinga. En diciembre de 2012, el dirigente de Google Éric Schmidt recordó que solo actuaba “conforme a las reglas de los políticos”; reglas especialmente nocivas. Solo en Francia, según la federación de empresas de telecomunicaciones, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft tendrían que pagar 22 veces más lo que realmente han desembolsado (37,5 millones de euros en total) si hubiesen sido gravados en 2011 conforme a la actividad real llevada a cabo en el territorio.

A falta de iniciativas mejores, Francia trata de poner coto a estas prácticas. Google recientemente confirmó en un documento dirigido a la autoridad de control de la bolsa norteamericana que el fisco francés le reclamaba varios cientos de millones de euros por impuestos no pagados entre 2006 y 2010. Según las cifras publicadas en prensa, el monto ronda los 1.700 millones de euros... Las autoridades competentes reclaman también a Amazon 200 millones de euros en concepto de atrasos y sanciones, mientras que eBay y Paypal también han disfrutado de beneficios fiscales.

Es de justicia señalar que la Comisión Europea saliente trató de cambiar las reglas del juego, al menos sobre el papel. El 6 de diciembre de 2012, presentó un plan de acción para reforzar la lucha contra la evasión fiscal y luchar contra la “optimización agresiva. La evasión fiscal y los impuestos que se dejaron de pagar son un asunto “escandaloso” y suponen un “ataque contra el principio fundamental de equidad” declaró Algirdas Semeta, comisario de Asuntos Fiscales. En febrero pasado, Joaquín Almunia, el comisario de la Competencia, se reafirmó en este sentido.

Resultado: el verano pasado, la Comisión lanzó una serie de investigaciones informales contra Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Gibraltar. Buscaba con ello definir la magnitud exacta de los regalos reservados a las empresas, al sospechar que se trata de subvenciones disfrazadas. En marzo, la Comisión señaló que pidió cuentas sobre las patent boxes, tan apreciadas en Irlanda y en Gran Bretaña pero también en Luxemburgo, que prevé una exoneración fiscal del 80% sobre los beneficios obtenidos de la utilización de los derechos de propiedad intelectual.

La Comisión también quiere información sobre los rulings, los acuerdos secretos entre una empresa y una autoridad fiscal, que siembran muchas dudas, sobre todo por las prácticas de Luxemburgo. Sin embargo, el Gran Ducado no ha querido dar explicaciones, se ha contentado con dar indicaciones generales y ha negado a la Comisión el derecho a examinar las decisiones tomadas en 2011 y 2012. Por más que la Comisión imponga sanciones, no se prevé que las reglas cambien rápidamente en el seno de la Unión Europea. En cuestiones fiscales, las decisiones deben tomarse por unanimidad de los 28 países miembros. Si se tiene en cuenta el beneficio particular de cada Estado, no se va a poner coto al dumping fiscal en muchos años.

La UE sólo se pone una tirita en la herida de 50.000 millones de euros que le inflige la evasión fiscal de las multinacionales

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El mejor ejemplo de este status quo mortífero es la directiva europea BICCIS, base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. Este texto, elaborado hace más de dos años, propone que a una empresa presente en varios países europeos se le aplique lo que los expertos llaman una tasa unitaria. Consiste en considerar todas las filiales de una multinacional como una sola y única empresa, evaluar sus beneficios totales, donde quiera que estén localizados, después de dividirlos proporcionalmente en función de los países o la actividad de la empresa realmente efectuada. Cada Estado será libre de gravar como quiera la porción de los beneficios que le han sido “atribuidos”. Esta solución se ve como la herramienta más segura para cortar de raíz las estrategias de optimización fiscal más o menos locales de las empresas. De este modo, ya no serán los expertos en fiscalidad quienes decidan dónde se localizan los beneficios, son los Estados quienes toman la iniciativa.

A la vista de la competición encarnizada que reina en el seno de la UE, la directiva BICCIS sería un instrumento precioso para garantizar que ningún país sale perdiendo por optimización fiscal abusiva de las empresas. Pero el texto, que sin embargo no prevé nada más que la aplicación facultativa, no interesa a los países que han hecho de la atracción fiscal su forma de supervivencia. Por tanto no será adoptado. Ni tan siquiera discutido por los jefes de Estado.

Traducción y adaptación del francés: Mariola Moreno