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Tratado de Libre Comercio

Multinacionales contra Estados, se abre la veda

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el Parlamento Europeo.

¿Se incluirá o no se incluirá? ¿Y cómo? El mecanismo de arbitraje –previsto en los proyectos de acuerdos de libre comercio que Bruselas espera cerrar en los próximos meses, primero con Canadá (CETA) y a continuación con Estados Unidos (TTIP)– que autoriza a las multinacionales a demandar a los Estados (conocido como código ISDS) despierta recelos desde hace meses.

Los detractores del ISDS advierten del grave riesgo, a su juicio, de cuestionar la capacidad de los Estados para legislar. Por su parte, los defensores de este mecanismo poco conocido por la opinión pública abogan por fortalecer la seguridad jurídica de las empresas extranjeras para favorecer las inversiones en Europa, especialmente en un contexto de contención económica en el continente.

El pulso con respecto al ISDS se ha convertido en el caballo de batalla a favor o en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Según este mecanismo, una empresa extranjera puede emprender acciones legales contra un Estado, ante un tribunal específico, si este Estado adopta regulaciones que, por decirlo simple y llanamente, amenacen su rentabilidad. Siempre que el Estado de procedencia de la empresa, y el que ha modificado sus leyes, hubiesen firmado un acuerdo ISDS para la protección de las inversiones extranjeras.

Desde que Jean-Claude Junker preside la Comisión, retrasa, con una de cal y otra de arena, este asunto que tanto le gustaba a su predecesor, José Manuel Durão Barroso. Cuando está a punto de acabar 2014, en el Parlamento Europeo, una mayoría de los diputados parece favorable a la retirada del ISDS de ambos textos, pero algunos están convencidos de que una decisión así contrariaría a los EEUU, que han hecho del código ISDS un elemento esencial para los intereses de las empresas norteamericanas. De desaparecer este “reglamento de controversias entre inversores y Estado”, se vería amenazado el futuro del TTIP en su totalidad…

La Comisión realizó en verano una consulta pública. Se escrutaron las aproximadamente 150.000 respuestas obtenidas, de ONG, empresas y de simples ciudadanos. A priori, una clara mayoría de los participantes manifestó su oposición al mecanismo, pero el análisis político no se conocerá hasta la primavera de 2015.

Mientras tanto, la ONG Amigos de la Tierra-Europa ha tenido la magnífica idea de analizar los mecanismos ISDS actualmente en vigor en otros acuerdos comerciales, ya que si bien este tipo de instrumentos, hasta la fecha, nunca han figurado en un tratado negociado por la UE, hace tiempo que existen. En total, más de 3.000 acuerdos comerciales incluyen cláusulas de este tipo.

Así, solo Francia ya ha firmado 107 acuerdos bilaterales que contienen el mecanismo ISDS (de los que 95 actualmente en vigor). En todo el mundo, hay abiertos ante tribunales especiales procedimientos de arbitraje. Por ejemplo, un grupo energético sueco exige compensaciones a Berlín desde que Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares; una aseguradora neerlandesa se considera perjudicada en el proceso de privatización de un antiguo grupo financiero público en Polonia… Las compensaciones que se reclaman en cada proceso son millonarias.

Ahí radica el interés de este estudio, ya que, por primera vez, trata de recopilar y de averiguar, en palabras de la ONG, “el coste que este mecanismo ha supuesto a los contribuyentes”. Este informe que Mediapart ha conseguido en exclusiva (véase) se limita a las acciones judiciales emprendidas, desde 1994, por grupos privados en contra de alguno de los 28 Estados miembros de la UE. En total, se han iniciado 127 procedimientos de arbitraje –ya cerrados o aún en curso– en contra de 20 Estados, entre ellos Francia. La tendencia va en aumento; mientras que en los años noventa el número de procedimientos abiertos era prácticamente insignificante, su número creció a partir de 2011 y se registró un pico de 25 en 2013.

La lectura detallada de este trabajo minucioso, realizado a partir de bases de datos públicas (se puede consultar el listado de las fuentes en el apartado “Caja Negra”, al final de este artículo), saca a la luz toda una serie de procesos judiciales privados desconocidos por la opinión pública. Es difícil hacer un cálculo aproximado medio, sobre todo porque el montante de las compensaciones, o los acuerdos amistosos, la mayor parte de la veces se mantiene en secreto. Sin embargo, algunas de las cifras que han trascendido son cuantiosas.

Vivendi, EDF o Servier ya han echado mano de esta cláusula

En los 14 casos en los que el resultado del procedimiento de arbitraje se ha hecho público (de un total de 127), los inversores privados demandantes han obtenido 3.500 millones de euros. En una sola causa, que se remonta a 1997, Eslovaquia tuvo que desembolsar 553 millones de euros, todo un récord en Europa. Y en un 44% de los casos cerrados cuyo veredicto se conoce (28 de 63), los inversores han ganado toda o parte de sus reclamaciones.

“Debido a la falta de transparencia en torno a este mecanismo, las cifras de nuestro estudio quizás solo sean la parte visible del iceberg. Actualmente, es imposible saber con exactitud cuántos procedimientos se han iniciado”, avisa Natacha Cingotti, de Amigos de la Tierra-Europa, encargada de la campaña sobre el Tratado UE-EEUU. “E incluso cuando se identifica un procedimiento concreto, es muy difícil obtener los términos exactos del arbitraje. Se trata de una situación inaceptable a todas luces en tanto en cuanto los Gobiernos están obligados a pagar las compensaciones con el dinero de los contribuyentes”.

No es raro que la mayoría de los procedimientos (el 60%) tengan relación con sectores muy sensibles como son el medio ambiente y la energía. Otra enseñanza obtenida: los Estados de la Europa “occidental” han logrado escaquearse, pero los últimas países en integrarse a la UE, sobre todo de Europa central y del Este, acaparan el grueso de los procedimientos de arbitraje abiertos (el 76%). “Países como la República Checa, Polonia o Hungría son los Estados que con más frecuencia están en el punto de mira, en Europa. Es normal, estos países son también los que han debido adaptar más su legislación a la comunitaria”, comenta Natacha Cingotti.

¿Y Francia? En la investigación solo consta un solo caso documentado que atañe a París. Lo inició una empresa turca en 2013, en el sector naval, a partir de un acuerdo bilateral suscrito por Francia y Turquía que data de 2006. El procedimiento de arbitraje está abierto, pero una decena de empresas francesas, entre ellas mastodontes como EDF y Vivendi han pasado a la ofensiva (respectivamente contra Rumanía y Polonia) y sin duda esperan sacar generosas compensaciones del mecanismo.

Los laboratorios Servier también consiguieron de Polonia, en 2010, varios millones de euros, gracias a un viejo acuerdo de protección de las inversiones entre Polonia y Francia. Inicialmente, Varsovia rechazó la autorización de comercialización de dos medicamentos de Servier. De hecho, el país había dado luz verde a la venta de los genéricos equivalentes.

Al considerarse perjudicados, los laboratorios Servier reclamaron 300 millones de euros en compensaciones. Lograron imponerse en uno de los medicamentos, pero no en el otro. “Esta operación es confidencial, por lo que no podemos dar ninguna cifra, pero se puede decir que conseguimos mucho menos de lo que pedimos”, precisó un portavoz del laboratorio a Mediapart.

El pasado mes de octubre, en una entrevista con Mediapart, Matthias Fekl, secretario francés de Comercio Exterior, explicó que, en su opinión, el proyecto de tratado con Canadá era “más bien un buen acuerdo”, pero que la “cuestión del ISDS estaba sobre la mesa”. Los franceses nunca se han manifestado claramente a favor de sacar el mecanismo de arbitraje de las negociaciones, aunque hayan expresado sus reservas sobre ciertos puntos de dicha cláusula.

Al otro lado del Rin, los socialdemócratas (minoritarios en la coalición que dirige Angela Merkel) durante meses han sido más directos, al afirmar que bloquearían el tratado con Canadá si se incluía el mecanismo de arbitraje. Sin embargo, Sigmar Gabriel, ministro de Economía alemán (SPD), parece habérselo pensado mejor, ya que a finales de noviembre manifestó que no se trataba de que Berlín bloquease, en solitario, el acuerdo con Ottawa si los 27 países miembro estaban de acuerdo. El ISDS está lejos de haber perdido el pulso, ni a un lado ni a otro.

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Traducción: Mariola Moreno

Informe de Amigos de la Tierra sobre el Tratado de Libre Comercio (PDF)

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