Grecia: el coste social y humano de la austeridad

En Grecia, asistimos a un desastre económico y social desde que comenzaron a aplicarse las políticas de austeridad, en 2010. Sin embargo, las consecuencias de dichas medidas van todavía más allá, tal y como advierte la Federación Internacional de Derechos Humanos en su último informe, dado a conocer en Atenas el pasado jueves 18 de diciembre, y afectan directamente a los derechos humanos, que han empeorado en estos cuatro años.

Para elaborar dicho informe –que consta de 80 páginas y que se ha publicado en griego y en inglés–, la FIDH se ha entrevistado con diferentes actores, autoridades representantes políticos, sindicales, del mundo de la salud y de la educación, periodistas, diferentes asociaciones griegas, organizaciones que trabajan con los migrantes, pero también con acreedores del país como la Comisión Europea y el FMI.

Las conclusiones son demoledoras. El derecho a una vivienda y el derecho a la educación se ven particularmente vulnerados, así como el derecho al trabajo y al acceso a la sanidad. Algunos de los datos recogidos en el informe evidencian que desde 2010, 180.000 pequeñas y medianas empresas han echado el cierre, la tasa de paro aumentó hasta  representar el 28% de la población activa en septiembre de 2013 (actualmente ronda el 26%). Sin embargo, tal y como subraya el informe “el paro real debe ser del orden del 5 a 6% superior a las cifras oficiales”.

El informe de la FIDH pone el foco sobre todo en las responsabilidades y demuestra lo absurdo de las medidas tomadas, que no tuvieron nada de reformas estructurales destinadas a mejorar la Administración o los resultados económicos del país. “Esta situación [de paro muy elevado] no solo se deriva de la crisis económica, sino que también es fruto de la gestión política de la crisis; es decir, de las políticas específicas puestas en marcha por las autoridades. Solo en el sector público, entre finales de 2012 y principios de 2013, se suprimieron 75.000 puestos de trabajo. Aunque se aceptó la necesidad de realizar reformas para hacer frente a deficiencias estructurales serias en el servicio público, los recortes rápidos y masivos en el sector público no se fundamentaban en la consiguiente evaluación. Más bien al contrario, estos recortes se basaban en la necesidad de dar una respuesta rápida a las exigencias recogidas en los acuerdos entre Grecia y la troika y se aplicaron solo por razones presupuestarias”. Dicho de otro modo, los recortes se han hecho a ciegas, sin que respondan a lógica alguna.

La misión de la FIDH también pone en evidencia el doble rasero aplicado en función del Ministerio concernido. Sanidad pública, transportes y educación se han visto muy afectados por las políticas de austeridad, mientras que el presupuesto de defensa ha permanecido relativamente intacto. “El presupuesto destinado a defensa sigue siendo uno de los más elevados de los países que integran la OTAN, en proporción al PIB del país”, advierte el informe. El gasto en sanidad en Grecia, por el contrario, se encuentra a la cola de los países de la OCDE, ya que en 2011 solo destinó el 5,9% del PIB, frente al 8,6% de Francia y al 6,7% de media de los países de la OCDE.

El informe demuestra además que tras la firma del primer acuerdo con la troika, en mayo de 2010, las autoridades griegas pusieron el foco únicamente en los objetivos presupuestarios y obviaron deliberadamente las consecuencias sociales y humanas de las medidas. Si bien es cierto que el segundo acuerdo, de febrero de 2012, preveía la necesidad de poner en marcha medidas de acompañamiento para los parados... no fue hasta abril de 2014 cuando se pusieron en marcha las primeras medidas. A fin de cuentas, de los 1,4 millones de parados, solo 110.000 recibieron ayudas. “Las autoridades griegas no solo tomaron medidas que acentuaron notablemente la situación de desempleo, sino que fracasaron a la hora de ofrecer el apoyo social necesario para hacer frente al rápido rápido del desempleo”, escribe la FIDH.

Pero más allá del paro, las medidas de austeridad derivaron en una mayor precariedad y en la ausencia de medidas de protección para los asalariados, como la desaparición de los convenios colectivos, el descenso del SMI, la multiplicación de los contratos precarios, la inversión de la relación de fuerza a favor de los empresarios. El informe de la FIDH recoge las estimaciones de la OCDE, según las cuales, la protección de los asalariados griegos cayó un 15% entre 2008 y 2013. Se trata del mayor retroceso solo por detrás de Portugal (en Francia fue del 2% en el mismo periodo).

El interés de este informe publicado el jueves no solo radica en este balance económico social documentado y del que se aportan datos. También evidencia en qué medida han podido afectar las políticas de austeridad a los derechos cívicos y políticos. La Policía griega ha aprovechado la celebración de manifestaciones en contra de la austeridad para ejercer una violencia injustificada contra los individuos y multiplicar con ello los arrestos arbitrarios. Numerosas detenciones llevadas a cabo estos últimos años han ido acompañadas de malos tratos. A partir de casos concretos, la FIDH denuncia situaciones de abuso de poder y de uso “excesivo e innecesario de la fuerza a la hora de reprimir las protestas pacíficas”. “Esta fuerza incluye el apaleamiento de los manifestantes y el uso de gases químicos tóxicos irritantes y de gases lacrimógenos. Dichos actos constituyen un comportamiento ilegal, que viola las obligaciones de Grecia en materia de derecho internacional”. Sin contar con los arrestos preventivos ni la imposibilidad de tener acceso a un abogado durante el tiempo que duran las detenciones, en particular en vísperas de grandes manifestaciones o de visitas de oficiales extranjeros –prácticas denunciadas por varios abogados griegos con los que la FIDH se ha entrevistado en el país–. “Aunque estos incidentes y prácticas no son nuevos”, advierte el informe. “Las personas entrevistadas por la delegación aseguran que la situación en Grecia empeoró notablemente al inicio de la crisis. La policía pareció radicalizarse, endureciendo las respuestas dadas a los disidentes y mostrando una intolerancia creciente con respecto a las voces críticas”.

Estos años de austeridad también le han pasado factura a los inmigrantes. Se ha registrado un aumento de la xenofobia, aumento de la violencia policial hacia este colectivo, impunidad hasta hace poco de los criminales, dificultad cada vez mayor por conseguir papeles. Los migrantes en Grecia se han visto especialmente afectados por esta vulneración de los derechos humanos. El discurso del odio y de la violencia racial del partido neonazi Amanecer Dorado –antaño completamente marginal– han agravado la situación. “Amanecer dorador nunca habría conocido un éxito semejante sin el apoyo de las autoridades, en particular de la Policía, y de los medios de comunicación”, destaca la FIDH.

Por último, la austeridad ha tenido un importante impacto sobre la libertad de prensa, ya que Grecia ha retrocedido notablemente en la clasificación mundial. Se cerró brutalmente la radiotelevisión pública ERT, en junio de 2013, y meses antes se había detenido al periodista Kostas Vaxavanis, tras la publicación en su revista de la lista HSBC/Lagarde con los 2.000 nombres de sospechosos contar con cuentas en Suiza. Además, se han ejercido múltiples presiones políticas sobre periodistas que criticaban abiertamente los acuerdos del Gobierno con la troika.

En un último capítulo titulado: “¿Quién es responsable?, la FIDH se centra en el papel de las autoridades griegas y europeas. “La trágica negación de derechos que la misión ha observado y documentado en Grecia no habría sido posible sin la colaboración de Grecia, de otros Estados miembros de la UE y en particular de los miembros del Eurogrupo, pero también de la UE y sus instituciones como la Comisión y el BCE y otras instituciones financieras internacionales como el FMI”. A ese nivel es donde tiene su origen esta importante pérdida de derechos sociales y humanos de los últimos cuatro años; el informe muestra que las decisiones tomadas por la UE con relación a Grecia iban en clara contradicción con sus propios valores. ¿Tiene previsto la FIDH enviar su informe a Pierre Moscovici y a Jean-Claude Juncker? Estos, en lugar de hacer un llamamiento para que el Parlamento griego vote por el candidato Samaras, haría bien en leer las consecuencias que las políticas que defienden con uñas y dientes han desencadenado en la Península Helénica.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto íntegro en francés: