El decretazo de Valls

El primer ministro francés, Manuel Valls (PS) se escudó este martes en el artículo 49.3 de la Constitución para justificar su golpe de mano. Dicho artículo, le confiere poder para “tras la deliberación del Consejo de Ministros, asumir la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre el voto de un proyecto de ley”. En la práctica, avala el decretazo al que ha recurrido Valls, salvo que se presente “una moción de censura en las 24 horas posteriores”.

El recurso al artículo 49.3 supone todo un símbolo político del autoritarismo de los débiles. Se trata de una de esas armas constitucionales que no existe en ninguna democracia parlamentaria. Pero se trata de un arma de doble filo. Permite obviar la deliberación parlamentaria para pasar al ordeno y mando, pero también pone de manifiesto que el gobierno que recurre a dicho decreto ya no cuenta con mayoría parlamentaria y, por tanto, tampoco dispone ya de mayoría política.

Al decantarse por esta opción, para imponer el proyecto de ley de un joven tecnócrata banquero llamado Emmanuel Macron –cuya legitimidad política emana exclusivamente del hecho de haber sido consejero económico en el Elíseo–, Manuel Valls sabe que compromete el quinquenato de François Hollande.

El Gobierno de Manuel Valls, al parapetarse tras las instituciones de la V República –como ya hizo Dominique de Villepin, al final del reinado de Jacques Chirac–, ha soltado amarras definitivamente, prescindiendo de cualquier necesidad de alcanzar acuerdos políticos, puntos de encuentro, negociaciones. Al servirse de esta arma, niega todas las críticas que históricamente han hecho los socialistas de la “mordaza parlamentaria” a la que siempre puede recurrir el Ejecutivo.

¡Hete aquí lo peor de la V República! En esta fortaleza, ahora con los puentes levadizos cerrados, la única certeza que existe es la de poder llegar a próximas citas electorales. Es verdad, el sistema perdura, el presidente preside, el primer ministro gobierna y Manuel Valls hace de Manuel Valls, en nombre de un supuesto “interés general” del que se erige como garante exclusivo. Lejos, muy lejos de la sociedad y de las fuerzas políticas que les han aupado al poder.

Liberado del cumplimiento de cualquier mandato, de cualquier compromiso, excediéndose como autoridad para ocultar mejor el tremendo vacío, la borrachera solitaria puede continuar durante un tiempo mientras se enarbolan algunos lemas vacíos –“el interés de los franceses”, “la necesidad de la reforma”, el “asumimos responsabilidades”, por parafrasear al primer ministro este martes. Pero al concluir con estas fórmulas-fanfarronadas, la resaca aparece y, tras ella, la debacle electoral.

Por supuesto, el Gobierno lo sabe; ya conoce las terribles consecuencias de quienes utilizaron este recurso parlamentario. Sin embargo, Manuel Valls y François Hollande consideran que a día de hoy tienen legitimidad para hacer algo que no habrían hecho hace unos meses. Porque evidentemente el contexto político ha cambiado y el Gobierno cree que está en condiciones de construir todo un mecanismo que pueda salvarle en 2017.

Este contexto tiene un nombre. Se trata del famoso “espíritu del 11 de enero”, nacido, según parece, de las numerosas movilizaciones ciudadanas que siguieron a los atentados de París. En este despertar de la sociedad y del país, se pueden extraer dos conclusiones, dos apuestas. Que el Gobierno se abra a la sociedad, reconstruya los puentes rotos, se muestra atento a las fracturas existentes en el país, a sus ángulos muertos, que innove en términos de políticas sociales y se inspire de esta “política del care”, del “cuidado”.

Sin embargo, el Gobierno se ha decantado por la segunda opción. Ha optado por la imposición y por acelerar que, ocultándose tras la escenografía de la relación directa con los franceses, permite eliminar todos los intermediarios, partidos, sindicatos, Parlamento, mayoría.

Manuel Valls lo puso de manifiesto el lunes en RTL y después el martes en la Asamblea, en un tono que le gusta especialmente, el del primer ministro fuerte que sabe asumir su autoridad y que no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre. “Es el momento de la ruptura”, dijo en RTL. Sarkozy abusó de la postura. Valls, por ahí le anda. Con este resultado que deja estupefacto, estamos en guerra ya que así lo quiere el primer ministro.

Porque, no contento con romper su mayoría parlamentaria, el Ejecutivo sumerge a este país en un ambiente que recuerda más a un cuartel militar, donde la llamada a la movilización, a la “formación” y a la izada de banderas parecen conformar la nueva agenda. ¿Qué dijo Manuel Valls el lunes por la mañana, tras el atentado de Copenhague y después de haberse profanado un cementerio judío en el Bajo Rin? El primer ministro proclama la “guerra”. Aseguró que debía hacer “la guerra al islamofascismo, en el exterior, pero también en el interior”, en el país, combatiendo el yihadismo. Y al mismo tiempo, añadió, “el islam de Francia tiene que asumir todas sus responsabilidades y así lo que pide la inmensa mayoría de nuestras compatriotas musulmanes”.

Discursos neoconservadores

Al recurrir a la fórmula de “islamofascismo”, Manuel Valls sabe que usa un término empleado la víspera por Christian Estrosi (UMP). Habló de una “tercera guerra mundial contra el islamofascismo”, tal y como hacen habitualmente los neoconservadores y aquellos que identifican la laicidad con un soberanismo limitado. Al conminar una vez más al “islam de Francia” a “asumir responsabilidades” (¿cuáles?), marca con el sello de la sospecha a la segunda religión del país.

Este discurso, calco casi perfecto del pronunciado por los neoconservadores norteamericanos tras el 11-S, se traduce ahora en hechos. En primer lugar en el ámbito internacional. La venta de 24 aviones Rafale del grupo Dassault y de una fragata a Egipto (por 5.400 millones de euros) no solo fue elogiado como un logro económico para la exportación. Se presentó como un compromiso de político extranjero; Valls y Hollande defendieron que Egipto era un “actor importante para la estabilidad regional” que había que apoyar.

Ni una palabra sobre el régimen dictatorial del mariscal Sissi, que llegó al poder en julio de 2013 tras un golpe de Estado militar que derrocó al presidente Morsi y a los Hermanos Musulmanes. La represión feroz, los miles de muertos, las decenas de miles de prisioneros, la eliminación no solo de los Hermanos Musulmanes, sino de todos los movimientos democráticos de Egipto en una dictadura que no tiene nada que envidiar a la de Mubarak.

Este baño de sangre en un país económicamente arruinado no hace de Egipto, como quiere creer el Elíseo, de un mediador o de un regulador de las crisis de Oriente Medio. Más bien al contrario, “las autoridades ejercen una represión indiscriminada, con un arsenal legislativo que se está endureciendo”, tal y como ha asegurado a Mediapart uno de los mejores especialistas del país, Bernard Rougier. “Egipto va a seguir en una situación de inestabilidad, casi revolucionaria. Las condiciones actuales hacen imposible la vuelta al orden”. Francia elige entregar a un país inmerso en el caos el armamento más moderno.

Lo mismo sucede con Marruecos, con quien Francia acaba de relanzar un nuevo acuerdo de cooperación en materia judicial. Hablar de “cooperación de servicios” en la lucha contra el terrorismo justifica el olvido de algunos de estos “valores republicanos” que le gusta enarbolar al primer ministro. El sábado, Bernard Cazeneuve, ministro del Interior, anunciaba que el jefe de los Servicios de Inteligencia de Marruecos, Abdellatif Hammouchi, sería distinguido con la Legión de Honor. El Gobierno distingue de este modo a un hombre que en Francia tiene tres demandas por torturas y por complicidad de tortura y a quien un juez de instrucción francés trató de interrogar en vano hace un año...

Al día siguiente, dos periodistas de la agencia Première Ligne, que trabajaban en Marruecos en un documental para France 3, fueron detenidos y expulsados inmediatamente del país. Desde el Ministerio, según algunos testigos, se les decía que no iban a interceder.

El Gobierno, inmerso en dos guerras, en el Sahel y en Irak, contra los “bárbaros yihadistas”, no ha cesado de reforzar las intervenciones militares comprometidas. El debate sobre estos objetivos de guerra, las estrategias políticas que se han de desplegar se ha cerrado con esmero. Solo Dominique de Villepin, aislado, sigue denunciando esta deriva ciega. “Generalizar, identificar al islam con estos actos bárbaros y odiosos, recurrir al lenguaje guerrero (guerra al terrorismo)” supone un error, decía el domingo. El ex primer ministro estima que “al utilizar los medios militares, se nutre el terrorismo”.

Villepin lo sabe bien: se ha hecho inaudible, tanto en sus propias filas como en los círculos de poder. Como sucedió en la Norteamérica de Georges Bush al día siguiente del 11 de septiembre, la retórica de la “guerra al terrorismo”, alimentada por el horror de los atentados, tiene la ventaja adicional de amordazar cualquier contestación, disuadir de cualquier interrogación, relegar a categoría de estado del alma irresponsable los desacuerdos. En este sentido, recurrir al artículo 49.3 solo es el declive coherente, ante los diputados, del “espíritu del 11 de enero” descarriado.

¿Qué empresas del ÍBEX 35 pagaron la gira electoral de Valls?

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Traducción: Mariola Moreno

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