Inmigración

De Calais a Italia: cómo Francia se convirtió en el nuevo guardián de las fronteras europeas

De Calais a Italia: cómo Francia se convirtió en el nuevo guardián de las fronteras europeas

Carine Fouteau (Mediapart)

A cambio de "mejorar la seguridad" del puerto de Calais y del túnel del Canal de la Mancha, Francia se compromete a vigilar las fronteras de Gran Bretaña. Mientras, en Vitimille y Menton, la policía multiplica los controles raciales. El ministro del Interior Bernard Cazeneuve asume el papel del nuevo guardián de Europa rompiendo algunos principios jurídicos europeos.

En teoría, las fronteras desaparecieron del interior de la Unión Europa gracias al acuerdo Schengen en 1985, aparecía entonces un espacio de libre circulación. En la práctica, estas han resurgido de sus cenizas de la mano de la crisis migratoria. Pero, estas nuevas fronteras solo afectan a ciertas personas: los migrantes. Decenas de miles de exiliados llegan desde el Cuerno de África, África Occidental y Medio Oriente, hasta Grecia o Italia, y es allí donde las barreras emergen. En Vitimille y en Calais, los inmigrantes sufren en su propia piel sus consecuencias: los refugiados se hacinan en campos a la espera de una posible brecha en el sistema. Las muertes se multiplican. Al menos once personas han perdido la vida tratando de atravesar el Canal de la Mancha desde el pasado día 1 de junio.

Relegado al estatus de un país de tránsito, Francia asume el papel de guardián dispuesto, incluso, a violar la legislación europea dentro y fuera de su territorio. En la frontera italiana, a pesar de las reticencia de Roma, trata de bloquear las entradas. En el lado inglés, se esfuerza por bloquear las salidas siguiendo las instrucciones de Londres… El artículo firmado por el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve junto a su homólogo británico Theresa May (publicado el pasado día 2 de agosto en el JDD) lo confirma: Cazeneuve aceptó continuar con su función de 'policía migratoria', una función delegada por Londres desde hace más de una década.

La mayor parte de los inmigrantes que sufren las consecuencia de esta política migratoria huyen de la guerra y de la represión por lo tanto, son potenciales solicitantes de asilo. El objetivo de este acuerdo es exclusivamente represivo: hay que hacer todo lo posible para evitar que crucen las fronteras. A cambio de la financiación de las barreras instaladas a lo largo de los años (en total se han invertido cerca de 10 millones de euros para proteger las vías del túnel en la Mancha y Coquelles, más de 17 millones fueron asignados en años anteriores) y de los “perros rastreadores” preparados para comprobar los vehículos, el ministro francés se ha comprometido a aumentar el número de efectivos en Calais, en total, cerca de 550 agentes.

En esta ciudad fronteriza, las fuerzas del orden preparan sus porras para frenar a las personas que tratan de salir del país. ¿En nombre de quién? Del acuerdo alcanzado estos últimos días, una decisión que se inscribe entre la sucesión de acuerdos y tratados administrativos (incluido el de 2003 firmado por Nicolas Sarkozy en Touquet) para la reubicación de los controles en las fronteras británicas, especialmente en las zonas portuarias y ferroviarias francesas. Sin embargo, el derecho internacional establece que estas medidas se lleven a cabo en territorio británico por sus propios funcionarios. La legalidad de estos compromisos se ha puesto en duda. En un reciente informe, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), autoridad administrativa independiente compuesta por organizaciones civiles, denuncia el "enredo" de diversos acuerdos "que contradice en gran medida la legislación de la UE" y que conducen "a convertir a Francia el 'brazo policial' de la política migratoria de Reino Unido".

Según la CNCDH, estos acuerdos bilaterales constituyen una injerencia al derecho fundamental que permite abandonar cualquier país, artículo 2-2 del protocolo n°4 de la Convención Europea de Derechos Humanos. "Es necesario simplificar y aclarar estos tratados elaborados, casi en su totalidad, sin transparencia, lo que impide cualquier control judicial y conduce directamente a la creación de una zona sin ley", sentencia el organismo. Esta llamada de atención ha pasado desapercibida. La voz de los tabloides británicos que piden la intervención del ejército en Calais para "defender" un Reino Unido "sitiado" frente a la "inaptitud" de Francia, ha sido más fuerte. Esta misma filosofía se repite en la opinión pública francesa que rechaza dar la bienvenida a nuevos inmigrantes.

Las consecuencias de este reparto de tareas son dramáticas: con el paso del tiempo, Calais se ha convertido en un punto negro. A la espera de conseguir cruzar, o de morir en el intento, cientos de personas (3.000 actualmente según el Estado francés), viven atrapadas en condiciones de precariedad extrema en una "nueva jungla", un campamento medio-salvaje y medio-legal situado a siete kilómetros del centro de la ciudad. Cada noche, arriesgando sus vidas, hombres, mujeres y niños prueban suerte intentando esconderse en camiones o entrando en el túnel. En su escrito en común, Bernard Cazeneuve y Theresa May defienden la "seguridad" como su prioridad. Pero, ¿de qué y de quién hablan? ¿Ignoran que el precepto "segurizacion" del puerto, empuja a los refugiados hacia el túnel aumentando los peligros?

"Criticables jurídicamente, humanamente desastrosos, estos acuerdos son, además, económicamente desfavorables para Francia. El estado francés ha aceptado contribuir ampliamente con los costes del material destinado a impermeabilizar las fronteras, sin considerar que el beneficio de este proyecto no es ni mucho menos equivalente", lamenta la CNCDH. La organización estima que las sumas invertidas por Reino Unido para construir las barreras son irrisorias si se comparan con los costes generados por la acogida de los inmigrantes en Francia. Solamente la financiación del centro Jules-Ferry, que sirve 2.000 cenas cada día (sin alojamiento a excepción de 110 mujeres y niños), supone un coste de 10 millones de euros, Francia asume un 60% del total y la UE un 40%. "Como la mayor parte de la compensación financiera de Gran Bretaña está destinada a la seguridad, Francia debe asumir sola, desde hace más de 20 años, el coste moral y materias de una catástrofe humanitaria", asegura la comisión. Frente a estas cuestiones, Bernard Cazeneuve prefiere no ofender a su socio político, así apuesta por atacar a la empresa que gestiona el Eurotunel acusándola de no invertir lo suficiente ante el "deterioro de la situación". 

En Vintimille, la última parada antes de llegar a la frontera, Francia esperaba que Italia siguiera el mismo “ejemplo” que Calais. En vano. Así, París acusa a Roma de dejar pasar a los inmigrantes sin, incluso, identificarlos. Se han enviado refuerzos policiales, como sucedió en 2011 con la llegada de tunecinos tras la 'Primavera árabe', para multiplicar los controles raciales, absolutamente ilegales. En los trenes, miles de personas son detenidas, llevadas de vuelta a los andenes y reenviadas a Italia. Una semana antes del escándalo diplomático, a mediados de junio, 1.439 inmigrantes fueron arrestados en los Alpes-Marítimos, en virtud de los acuerdos de Dublín que asignan al primer país de entrada de la UE la responsabilidad de examinar las demandas de asilo. En seis meses, 6.000 personas han sufrido este destino.

Los exiliados encuentran otras alternativas para atravesar las fronteras. Sin embargo, el bloqueo continúa. Los campamentos de refugiados continúan en la frontera italiana. A los ojos de la ley, las medidas puestas en marcha para expulsar a los inmigrantes son más que dudosas. El código que regula las fronteras en el Tratado de Schengen (artículo 21) establece que los controles policiales se deben llevar a cabo "sin previo aviso" y nunca de manera sistemática. El Consejo de Estado, que se consideraba incompetente en ausencia de una decisión ministerial, no ha dudado en poner punto y final a la libertad que había cedido en urgencia a las asociaciones encargadas de constatar el buen funcionamiento de la ley. Cuando estas comenzaron a denunciar "los controles fronterizos permanentes y discriminatorios", (leer el artículo de Louise Fessard), y a recopilar numerosos testimonios que constatan la existencia de controles 24h (leer su reportaje), su función dejó de ser útil para el Ejecutivo.

En junio de 2013, el Parlamento Europeo abrió la posibilidad de establecer controles en las fronteras nacionales "en circunstancias excepcionales", es decir, ante la afluencia de inmigrantes, y en caso de « infracciones graves» en las fronteras exteriores. Sin embargo, no se ha consultado ninguna medida con Bruselas como establecía lo convenido.

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A priori, la ley francesa debería bastar para desacreditar estas prácticas. El artículo 78-2 del Código de Procedimiento Penal autoriza los controles sin justificación en una zona de 20 kilómetros a lo largo de la frontera, en estaciones de tren y aeropuertos, bajo la condición de que estos no permanezcan en el mismo lugar más de seis horas consecutivas y no consistan en el monitoreo sistemático de los individuos. Pero, ante la dificultad para probar que estas normas se incumplen, las irregularidades continúan. Y estas, desde el principio hasta el final, terminan elevando nuevas fronteras de las que el Estado francés se considera garante, incluso si la prioridad de los exiliados es, simplemente, ir más allá.

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Traducción: Irene Casado Sánchez

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