La lucha antiterrorista en Francia o la historia de un fracaso

El 15 de enero, un coche camuflado de la Dirección General de Seguridad Interior francesa (DGSI) sigue el Citroën C3 de Amar R. Los servicios secretos se interesan por el excompañero de celda de Amedy Coulibaly porque es uno de los últimos que vio al asesino del hipermercado kosher el 6 de enero, en vísperas del ataque contra el Charlie Hebdo. El C3 llega a su destino, en Fort de Rosny, donde hay varios departamentos de la gendarmería; donde, también, vive la amante de Amar R., una suboficial recientemente convertida al islam. El coche de la DGSI aparca en la misma calle en la que se encuentra la entrada del cuartel. Uno de los agentes de paisano reconoce un rostro que le resulta familiar en un coche aledaño, estacionado no muy lejos. Se trata de un colega de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de Policía (DRPP) de París, otro servicio de inteligencia. Hasta ese encuentro fortuito, la DGSI y la DRPP ignoraban que vigilaban, unos y otros, al mismo objetivo, de forma simultánea.

Esta anécdota puede resumir por sí sola el caos de la lucha antiterrorista francesa, pero el problema es más profundo, más grave. Dos semanas después de los atentados del 13 de noviembre, 11 meses después de los ataques perpetrados en el diario satírico Charlie Hebdo y en el hipermercado kosher, tres años después de las masacres cometidas por Mohamed Merah contra militares y escolares judíos, los servicios del Estado encargados de luchar contra el terrorismo atraviesan una crisis sin procedentes. Mediapart ha interrogado a decenas de personas (magistrados, agentes secretos, policías, expertos, políticos), ha estudiado varios procesos judiciales en curso y analizado diversos informes (parlamentarios, sindicales o administrativos ) para llevar a cabo esta investigación.

No se trata de acusar a nadie, sino de comprender. Comprender por qué terroristas fichados y vigilados consiguen llegar a cabo su acción. Por qué agentes competentes y comprometidos parecen condenados a constatar su impotencia crónica, por qué la clase política, de derechas o de izquierdas, parece no ver el problema, rechaza acometer la profunda restructuración que reclaman numerosos especialistas. Frente a estos fallos, los miembros del Gobierno han puesto en práctica –cuando tienen delante un micrófono o una cámara–la política del avestruz: no, los servicios de inteligencia franceses no han cometido ningún error antes de los atentados del 13 de noviembre, como ha llegado a decir el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. En los servicios de inteligencia, algunos no tienen dudas a la hora de hablar de un “naufragio histórico”.

Caos institucional

Nada de un milhojas, se trata de un pisto. 19 servicios supeditados a diferentes direcciones –y a veces inmersas en disputas intestinas por ejercer el control– se encargan de la lucha antiterrorista en Francia. A saber: los servicios de la Policía Judicial (con la SDAT), los servicios de la Gendarmería (BLAT y SDAO, sin contar las brigadas locales), los servicios secretos de Interior (DGSI), los servicios de inteligencia territoriales (SCRT), pero también los servicios exteriores (DGSE). Hay incluso una subsección dentro de la brigada criminal del Quai des Orfèvres [sede de a Dirección General de la Policía Judicial], etc. La lucha antiterrorista está teóricamente bajo el paraguas de la UCLAT. Aunque una investigación del Senado apuntaba en abril a la existencia de importantes lagunas en esta organización y advertía de que los servicios estaban “insuficientemente coordinados”.

En materia de inteligencia, prácticamente existe unanimidad a la hora de afirmar que la fusión, en 2008, de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) y de la brigada de Información general (RG), que dio lugar a la Dirección Central de Inteligencia Interior (DCRI, posteriormente DGSI), fue un fracaso en muchos aspectos. La creación de la DCRI –llevada a cabo bajo la Presidencia de Nicolas Sarkozy y que puso en marcha uno de los agentes más entregados al expresidente de la República, Bernard Squarcini– aspiraba a dotar a los servicios de inteligencia de "una FBI a la francesa".

La reforma acabó alumbrando un fiasco, el caso Tarnac. O cómo se movilizaron importantes medios para acusar de “terrorismo” a un grupo de activistas de Corrèze, a los que se atribuía un intento de sabotaje en las líneas del TGV. Por ejemplo, se llegaron a movilizar hasta una veintena de agentes para seguir a Julien Coupat, el líder del movimiento “autónomo anarquista”. Quizás había otras urgencias, otras amenazas, se lamentan ahora en la DGSI. La jueza encargada de la causa renunció este mismo verano a imputar a los inculpados por “terrorismo”, dado que los cargos en su contra eran ridículos y los medios de vigilancia destinados, totalmente desproporcionados, dado el peligro real que representaban.

Siete años después de la creación de la DGSI, no salen las cuentas. En un informe del pasado mes de febrero, el sindicato de policía Alliance (que cuenta con 30.000 afiliados) señalaba: “La voluntad de dotar de mayor legilibilidad a los servicios de inteligencia, en territorio francés, es un fiasco, a la luz de los resultados”. Y añadía, en un estilo propio del lenguaje policial: “Cabe constatar que la comunicación entre servicios es extremadamente tensa y difícil”. En el mundo de los servicios de inteligencia, es un gran clásico: todo el mundo se acusa de retener información. De forma que, en lugar de tener un funcionamiento centrífugo, los servicios se parecen cada vez más a unos grandes silos que trabajan de forma compartimentada y, especialmente, para sí mismos, para recuperar la imagen de un antiguo máximo responsable de los servicios de inteligencia.

Una fuente militar, vinculada con los servicios de inteligencia, cuenta, a modo de ejemplo, en conversaciones con Mediapart, que “ha sucedido en varias ocasiones, en los últimos años, que miembros de la DGSE consideran que sus informaciones se pierden en el seno de la DGSI por falta de interés, de conocimiento o de apreciación en su justa medida”. Esta situación ha llevado a los agentes a privilegiar las relaciones interpersonales en detrimento de los canales oficiales, considerados poco eficaces. El colmo. Varios testimonios recabados en el seno de varios servicios (los antiguos servicios de información general, la Policía Judicial, Tracfin...) coindicen en ese aspecto.

Las autoridades de control no son más benevolentes. El informe del Senado de abril, que redactó el socialista Jean-Pierre Sueur, califica la creación de la DGSI de reforma “mal anticipada y mal preparada”. “Varias personas han lamentado que el funcionamiento de la DGSI se caracterice por una cierta tendencia a absorber al conjunto de los servicios de inteligencia [sin darles continuidad]”, se puede leer en el informe. Los senadores señalan el “efecto desmovilizador” que tiene en los funcionarios que tratan de cooperar no sin dificultades con la DGSI.

“Bolas de cristal”

Un primer informe oficial –redactado en 2009 por parte de la Inspección General de la Administración (IGA), la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN)– estigmatizaba el “considerable empobrecimiento de los recursos documentales” tras la creación de la DGSI, pese a que la eficacia de un servicio de inteligencia se basa, en parte, en su memoria y en su cultura colectiva.

Visto ahora con perspectiva, la brutal desaparición del Servicio General de Inteligencia se ha vivido en los servicios especializados como un grave error. “En lugar de integrar a todo el Servicio General de Inteligencia, se le ha deshuesado: una pequeña parte ha ido a la DCRI, otra a la PJ y, el resto, a las regiones. La especificidad del Servicio General de Inteligencia era su sistema territorial, en red, que se ha visto afectado”, confía el ex director de los servicios de inteligencia de la DGSE, Alain Chouet. El exjuez antiterrorista Gilbert Thiel, actualmente jubilado, coincide con esa afirmación: “Al crear la DCRI y al agrupar todos los servicios de inteligencia en París, se aisló del Servicio General de Inteligencia de provincias, pero también se ha tendido a olvidar que la amenaza no existía sólo en París, tal y como puso de manifiesto el caso Khaled Kelkal, en la región de Lyon; Mohammed Merah en Toulouse; el caso Thalys o el de Saint-Quentin-Fallavier. Ahora estamos pagando los errores por la hipercentralización, frente a una amenaza difusa y proteiforme”.

Esta desorganización interna se encuentra en el origen mismo de las deficiencias detectadas. Algunas son conocidas, como en el caso Merah, donde el seguimiento de la causa del asesino de Toulouse y de Montauban, del que se hizo cargo la DGSI, fue un desastre. Un informe de la IGPN, publicado el 23 de octubre, menciona la existencia de “errores objetivos”, que ponen de manifiesto la necesidad de que “circule mejor la información”.

Hay otros ejemplos menos conocidos, como el increíble caso de la sucesión de errores cometidos en la persecución de los hermanos Kouachi el día después de los atentados cometidos en la redacción del Charlie Hebdo. Según los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart, la primera orden de búsqueda y captura emitida el 7 de enero de 2015 contra Said Kouachi incluía tres direcciones postales, las tres erróneas. Una segunda orden de búsqueda, “que anula y reemplaza la anterior”, incluía dos nuevas direcciones, también incorrectas –una de las dos pertenecía a una persona homónima de 81 años–. El 9 de enero, la DGSI actualiza su ficha sobre Said Kouachi y añade una nueva dirección, en Reims. También falsa. La cuarta intentona resultó ser la buena.

Los atentados de enero despertaron un verdadero pánico en la DGSI. No sólo los hermanos Kouachi y Coulibaly ya se habían visto implicados en casos terroristas, sino que habían estado bajo vigilancia y habían sido sometidos a escuchas el mes anterior a que cometieran los ataques mortales en el Charlie y en el hipermercado kosher. La falta de información sobre estos hombres, que ya habían dado que hablar, era tal al día siguiente de los atentados que la consigna que se dio en las delegaciones locales de la DGSI de la región parisina fue que se dirigieran, puerta por puerta, a casa de todos los “objetivos” para comprobar si estaban en su casa o se habían dado a la fuga, aunque no tuviesen vinculación alguna con los autores de los hechos. “Algunos ya habían sido condenados, pero otros desconocían que estaban siendo vigilados. Ahora ya lo saben”, lamenta un agente.

Un responsable de los servicios franceses de inteligencia ha sacado una amarga lección de todo esto: “Nuestro oficio ya no hace soñar. Tenemos problemas para reclutar a gente, ya nadie quiere venir a este servicio. Todo el mundo sabe que va a trabajar 24 horas sobre 24 y que si uno de los objetivos se decide a actuar y comete un atentado, te van a responsabilizar”. Un colega suyo, que trabajó en el caso Kouachi, no ha dejado de darle vueltas a lo ocurrido y está de baja, confiesa.

Máquina contra personas

Bien puede parecer una huida hacia adelante. En lugar de hacer todo lo posible por resolver la espionosa cuestión de la reorganización de los servicios de inteligencia y antiterroristas, el poder político (de derechas o de izquierdas) ha creído en estos últimos 20 años en un espejismo tan viejo como la ciencia ficción: la tecnología está destinada a ser más eficaz que las personas. El teniente coronel en la reserva de la DGSE, actual investigador en Criptología y virología informática, Éric Filiol, puede dar buena fe de ello: “Enseguida se nos hizo creer, en 1996-97, que los ciberterroristas podían poner en jaque a un país, escondidos tras sus ordenadores, y comenzamos a destinar los recursos a máquinas en lugar de apostar por las personas. El problema es que, podemos multiplicar los sensores, pero si detrás no están los análisis que permitan interpretar y dar sentido a los datos, no sirven para nada. Una máquina no puede dar con un modelo humano. Todo eso son meras bolas de cristal”.

El exdirector de los servicios de inteligencia de la DGSE, Alaien Chouet, abunda en ese sentido: “Basta con escuchar, en Estados Unidos, las declaraciones del general Alexander, responsable de la NSA, en 2013, sobre la más que relativa eficacia de los miles de millones gastados en tecnología a raíz del 11-S. A día de hoy, pese a todo, estamos en las mismas en Francia: hemos centrados nuestros medios en los servicios de inteligencia tecnológicos y hemos bajado la guardia en la inteligencia humana”. He ahí la ambigüedad de situación, en lugar de aprender de los fracasos de la política de seguridad norteamericana posteriores al 11-S, el Gobierno de Manuel Valls sometió a votación al día siguiente de los atentados de enero de 2015, una ley llamada de inteligencia basada exclusivamente en la tecnología de vigilancia, entre algoritmos, Big Data e IMSI-catcher. La revista Foreign Policy publicaba recientemente que a esta seducción tecnológica, a fin de cuentas, le falta eficacia operacional en la lucha contra el terrorismo. Eso sin hablar de las cuestiones de principios que puede suponer para una democracia la vigilancia masiva.

La vigilancia a través de pantallas nunca va a ofrecer información de la calidad que lo puede proporcionar las tareas de inteligencia llevadas a cabo por personas. En octubre de 2014, un agente confiaba a Mediapart: “Ya no estamos en condiciones de seguir a nuestros objetivos. Tenemos un problema de infiltración en las redes islamistas. Sólo nos llegan informaciones de los padres, de los hermanos y hermanas que denuncian a miembros de la familia que están a punto de irse a Siria o que ya se encuentran allí y quieren regresar”. De hecho, los servicios están literalmente desbordados por las hordas de nuevos yihadistas que deben ser sometidos a vigilancia. La semana pasada, el primer ministro Manuel Valls cifró en 10.500 el número de islamistas radicales fichados por el Estado.

Requisitorias

No sólo ese “todo-tecnológico” es un espejismo, sino que es también un engañabobos. Sin humanos que hagan los análisis, sin esta inteligencia orgánica que ningún software puede traducir en código informático, las máquinas no valen para nada –o para casi nada– en el complicado mundo de la inteligencia, según apuntan varias fuentes. A tenor de los testimonios recabados por Mediapart, es en cierto modo aberrante constatar la implantación de una vigilancia masiva cuando los analistas ya no pueden contar con las escuchas tradicionales. Desde hace varios meses circula en Levallois-Perret, sede de la DGSI, una anécdota: el servicio de inteligencia acumulaba seis meses de retraso en las transcripción de escuchas y, un día, horror, los “objetivos” de la DGSI planeaban cometer, en el plazo de seis meses, un atentado bajo la Torre Eiffel. Finalmente no llegaron a llevar a cabo su propósito criminal. Y para los agentes todo quedó en un buen susto.

Unas escuchas judiciales realizadas el 8 de enero de 2015 en el marco de una causa ordinaria, en el que estaban implicados varios policías, permiten hacerse a la idea de la magnitud de la crisis de medios que atraviesa la DGSI. La conversación, a la que ha tenido acceso Mediapart, es entre un agente de los servicios de inteligencia, Ismail K. y el sindicalista de la Policía Joaquin Massanet. Ismail K. explica a su interlocutor que el responsable de la DGSI, Patrick Calvar, acaba de conseguir del ministro Cazeneuve una dotación presupuestaria adicional de 11 millones de euros. Aunque añade: “Lo único que, con los 11 millones, no basta para que funcione. Hay un gran problema con eso”. A preguntas de la IGPN, en mayo pasado, con relación a esta escucha, el agente confirmaba en el acta, que, según sus fuentes, “existe un problema de organización en el seno de la DGSI. Están superados por los acontecimientos” [en el Charlie y en el hipermercado kosher]”.

“Hace años que se piden más medios para la lucha contra el terrorismo, pero, dicho sea de paso, no se nos escuchaba”, dice el exjuez Thiel, que continúa: “Si los medios son insuficientes, es responsabilidad de los políticos de derechas y de izquierdas. Hace poco, ante la falta de efectivos, los servicios especializados de Policía nos pedían un plazo de varias semanas antes de organizar un registro”. Otro magistrado de la lucha antiterrorista, todavía en activo, se dice “abochornado” ahora que constata que los medios que llevaba varios meses mendigando para registros judiciales, de la noche a la mañana, están disponibles para llevar a cabo casi 2.000 registros administrativos después de los atentados del 13 de noviembre, pese a que sus resultados judiciales son muy limitados.

Esta falta de medios humanos va acompañada de una carencia de conocimientos profundos en la materia sobre la que trabaja la lucha antiterrorista, según relatan personas que han trabajado sobre el terreno. Un magistrado dedicado a la lucha contra el terrorismo contaba en octubre que hay un “software inadecuado en ciertos policías de la DGSI”. “Cuando se produjeron las primeras detenciones de mujeres, que vestían el velo integral, algunos agentes se referían a ellas en los pasillos como Batman. No es la mejor manera de hacer hablar”. Las cosas están mejorando, dice otra fuente, ahora se proporcionan alfombras para el rezo a los detenidos que permanecen bajo custodia policial.

Un profesor universitario, que colabora con los servicios de inteligencia razón por la cual solicita permanecer en el anonimato, también confirma esta falta de conocimientos. “He podido constatar importantes lagunas en lo que a traductores respecta, por ejemplo, Pero la principal laguna es más sutil, los servicios franceses tienen una visión del islam muy limitada, muy restrictiva, relacionada con el islam magrebí. Hay un verdadero desconocimiento de las grande líneas y de las grandes escuelas musulmanas y se pone el foco sobre todo en lo que ellos creen que es el islam con I mayúscula”. Si bien varios testigos hablan de una toma de consciencia real de estas lagunas en los servicios de inteligencia, esta afirmación choca por el contrario con una cultura política que sigue siendo fallida.

Déficit de cultura democrática

El juez Marc Trévidic, toda una figura en la lucha contra el terrorismo, lo denomina “torpeza cultural”. En su opinión, permite explicar numerosos fallos de la lucha contra el terrorismo en Francia. “Se tiene la impresión de que, en los servicios de inteligencia, nunca se preguntan 'por qué vigilo, para quién vigilo'”, suelta el magistrado, actualmente destinado en Lille, donde dedica buena parte de su tiempo a los conflictos relacionados con la familia. La cuestión, fundamental, que plantea el juez Trédivic es la de la transformación de los servicios de inteligencia de los servicios secretos en materia susceptible de ser explotada por Justicia, la única que puede perseguir juzgar y encerrar a los terroristas.

La jurisprudencia europea, a la que se somete Francia, es meridiana: una prueba relacionada con la privación de libertades (escuchas o vigilancias diversas), para ser válida desde el punto de vista judicial tiene que haberse obtenido por orden de un magistrado ya que el control del juez se considera esencial. Ahora bien, en las causas relacionadas con el terrorismo, la judicialización a menudo no llega hasta el último momento y sólo se recurre a los jueces al final, sin informarles en tiempo real de las investigaciones que han dado origen a la demanda.

Antes de la apertura de una investigación judicial, los servicios de inteligencia actúan con la lógica de los círculos concéntricos: aíslan al sospechoso, lo vigilan, buscan y, cuando no encuentran, abandonan, sin que esto responda a una lógica de investigación global, bajo la autoridad de un juez. Exactamente así sucedió con los hermanos Kouachi o con uno de los kamikazes de la sala Le Bataclan, Ismael Mostefai, cuya vigilancia se interrumpió meses antes de las masacres. Otro ejemplo. En el caso de Sid Ahmed Ghlam, el ministro del Interior afirmó públicamente que el terrorista encausado respondía a las órdenes de Abdelhamid Abaaoud, el coordinador de los atentados del 13 de noviembre. Pero estos elementos no constan en el sumario judicial, lo que significa que Bernard Cazeneuve, informado por sus servicios de inteligencia, está en condiciones de decir más que el juez encargado de la instrucción del dossier. ¿Es normal?

Esta falta de preocupación por las cuestiones judiciales es tan cierta como que ninguno de los artículos de la ley de inteligencia, votada este verano, está dedicado a la judicialización de la información recabada gracias a los nuevos medios puestos en funcionamiento. En el seno de la DGSI, el departamento “judicial”, totalmente desbordado, ha quedado reducido a la mínima expresión.

“No se quiere plantear abiertamente la utilidad de los servicios de inteligencia interior, mera y llanamente porque no se quiere que el Poder Judicial pueda controlar a los servicios”, lamenta el juez Trédivic. “En esencia, la clase política piensa que es coto vedado del Estado, aunque vaya en detrimento de la eficacia judicial. Pero dada la mentalidad actual, reclamar eso es pedir peras al olmo. Quizás para algunos seamos accesorios, pero hasta que no se demuestre lo contrario los jueces son los únicos que pueden detener a personas para impedirles que cometan atentados”.

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Traducción: Mariola Moreno

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