La directora del FMI será juzgada por un caso de corrupción cuando era ministra de Sarkozy

El escándalo Tapie funciona como una bomba de racimo. El pasado 3 de diciembre el principal protagonista del caso, Bernard Tapie, era condenado por el tribunal de apelación de París a devolver los 404 millones de euros que recibió indebidamente del Estado tras un proceso fraudulento de arbitraje. Apenas 15 días después, le ha llegado el turno a la exministra de Economía francesa. Tal y como ha podido saber Medipart, Christine Lagarde será juzgada por “negligencia de una persona depositaria de la autoridad pública” en un caso de malversación de fondos públicos, que tiene su origen en el proceso de arbitraje al que se sometió Bernard Tapie. El delito que se le imputa a Lagarde está sancionado con penas de un año de cárcel y 15.000 euros de multa. En un comunicado, la exministra anunció este jueves su intención de recurrir ante el Tribunal de Casación por lo que considera “una decisión difícil de entender”.

En este comunicado, la exministra dice “haber actuado en aras del interés del Estado y en el respeto de la ley”. Considera que “no hay cargos que se le puedan imputar” y asegura que “informará al Consejo de Administración del FMI”.

El delito de “negligencia” que se le imputa a Lagarde es menos grave que el delito de “complicidad de malversación de fondos públicos”, por el que fue investigada inicialmente y que es sancionado con una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de un millón de euros. Sea como fuera, Lagarde será juzgada por un tribunal de la Corte Superior de la República, formado mayoritariamente por parlamentarios. 

Lagarde fue imputada en agosto de 2014 por una supuesta negligencia a la hora de designar el tribunal de arbitraje privado que concedió una indemnización de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie, conocido por su amistad con el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy. La indemnización, pagada con dinero público, estaba destinada a “reparar” las pérdidas en que supuestamente incurrió Tapie.

La directora gerente del FMI ha intentado en todo momento minimizar su implicación en el caso Tapie. Para ello, ha llegado a decir que las principales decisiones las había tomado su jefe de gabinete Stéphane Richard (actual máximo responsable de Orange) e incluso declaró que no había sido informada de los arbitrajes, llevados a cabo supuestamente sin consultarlo con ella. Pero en su intento por salir indemne, ha incurrido en varios errores, por no decir mentiras. En sus explicaciones ante los jueces, la exministra a menudo trató de presentarse como poco involucrada en su papel de ministra, casi ausente, en lugar de aparecer como cómplice...

Ya el 11 de julio de 2008, el mismo día en que se daba a conocer la sentencia que fijaba en 404 millones de euros la indemnización para Bernard Tapie, Lagarde publicó un primer comunicado en el que se refería al fallo de los tres miembros del tribunal de arbitraje en unos términos que, visto ahora con perspectiva, no dejan de ser sorprendentes. “Este arbitraje, cuyo veredicto han emitido personalidades imparciales, lo habían iniciado las partes para acabar definitivamente con los procedimientos contenciosos abiertos hace ahora 15 años. La mayor parte de la indemnización que se recoge en la sentencia volverá a las arcas públicas para abonar la deuda que reclama la Corte Suprema y los impuestos y cotizaciones sociales que han de abonarse al Estado”.

Pero ¿por qué la ministra tiene palabras tan elogiosas para con los árbitros, uno de los cuales está actualmente encausado por “estafa en banda organizada”? ¿Por qué sugiere que Bernard Tapie apenas obtendrá beneficios –cuando en realidad se embolsará no menos de 280 millones netos? Y, sobre todo, ¿por qué sugiere que el examen de un posible recurso contra la sentencia ni siquiera es objeto de estudio? La respuesta de Legarde ante los magistrados no fue menos sorprendente los días 23 y 24 de mayo de 2013: “No me facilitaron ese comunicado antes de su publicación”.

Tal y como desveló Mediapart, la Agencia de Participaciones del Estado dirigió un escrito a Lagarde el 23 de julio de 2008 que ponía de manifiesto que la entonces ministra optó deliberadamente por permitir que se iniciara el proceso de arbitraje de Tapie contra Crédit Lyonnais, pese a ser consciente de que sería contrario a los intereses del Estado y de los contribuyentes. El 28 de julio de 2008, la ministra de Economía emitía un comunicado de prensa en el que se podía leer: “Tras tener conocimiento de los estudios llevados a cabo por los asesores del consorcio CDR, según los cuales las posibilidades de que prosperara un recurso eran mínimas, y a la vista de las contrapartidas negociadas en caso de renunciar a presentar recurso, Christine Lagarde, ministra de Economía, de Industria y de Empleo, ha solicitado a los administradores que representan al Estado en el Consejo de Administración de la Corte que no presenten ningún recurso de anulación sobre la sentencia arbitral del 7 de julio de 2008”.

Pero era mentira, tal y como reveló Mediapart poco después. Dos abogados consultados por el Estado se pronunciaron contra un recurso y dos, a favor.

Christine Lagarde será juzgada por el 'caso Tapie'

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En esencia, Lagarde cometió importantes errores que beneficiaban al empresario Bernard Tapie. Para comprender la magnitud del caso es importante retrotraerse al 25 de febrero de 2005. En aquel entonces, el consorcio CDR, la estructura pública en la que se agruparon los activos malos de Crédit Lyonnais, ganó su primer juicio contra Bernard Tapie. Una sentencia del 30 de septiembre de 2005 del Tribunal de Apelación fallaba que Crédit Lyonnais cometió varios errores al revender el grupo Adidas, en 1994, en nombre de Bernard Tapie y que éste salió perjudicado. El Tribunal condenó a CDR a pagar 135 millones de euros a Tapie –135 millones que se serían en realidad 145 por un fallo recogido en la sentencia–. Poco después se creó un comité de sabios que recomendó al Gobierno de Sarkozy que bajo ningún concepto permitiese que ese dinero fuera a parar a manos de Bernard Tapie, pero Lagarde hizo caso omiso. Promovió un tribunal de arbitraje durante su periodo al frente de la cartera de Economía que determinó, en 2008, que Tapie debería cobrar una indemnización de 404 millones de euros por la venta de Adidas a Crédit Lyonnais para así incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Miterrand.

Siete años más tarde, la actual directora gerente del FMI se adentra en un periodo de tormenta judicial, que se prevé largo, cuando menos. Porque antes incluso de que Lagarde presentase su candidatura para presidir la institución financiera se sabía que existía el riesgo, antes o después, de que tuviese que rendir cuentas ante la Justicia. Y va a suceder lo que era de prever desde hace tiempo, Christine Lagarde deberá rendir cuentan y el FMI se verá salpicado.

Traducción: Mariola Moreno