Intervención bancaria

Los contribuyentes siempre pagan los rescates bancarios

Santander gana 1.717 millones hasta marzo, un 32% más

Cuando de liquidar los desastres de la banca se trata, siempre acaban pagando los contribuyentes. El pasado domingo 20 de diciembre, el Santander se hizo por 150 millones de euros con el Banco Internacional de Funchal (Banif) de Portugal, mientras la Comisión Europea daba el visto bueno de inmediato a un plan de reestructuración de la entidad bancaria, que pone en peligro las finanzas públicas portuguesas, por un montante máximo de ¡3.000 millones de euros! El Ejecutivo socialista de Antonio Costa, que gobierna en minoría y ha tomado esta decisión sin contar con el respaldo de sus socios parlamentarios de la “izquierda de la izquierda”, ha presentado con carácter de urgencia un presupuesto rectificativo para refinanciar el rescate.

El Grupo Santander, que preside Ana Patricia Botín y que ya tiene presencia en Portugal a través de la filial Santander Totta, ha hecho un negocio redondo: pasa a controlar una red compuesta por 150 oficinas, una parte del mercado dominante en las islas de Madeira y de las Azores y un balance superior a los 5.000 millones de euros, sin activos tóxicos [que quedan en manos del Estado portugués]. En lo sucesivo, el grupo bancario español va a controlar el 15% del mercado de Portugal, bajo la marca de Santander Totta, con lo que se convierte en el segundo banco privado del país.

Peor parado sale el contribuyente portugués, que ya ha tenido que soportar sucesivas quiebras bancarias. El plan aprobado por la Comisión Europea cifra en un máximo de 3.000 millones el riesgo que asumen las finanzas públicas. Hasta 3.820 millones en el peor caso, según las estimaciones del nuevo Ejecutivo, lo que no ha sido óbice para que éste siga adelante con el proceso. Y todo esto para salvar una entidad bancaria que apenas representa el 4% del mercado nacional.

Del montante inyectado por el Estado, 2.250 millones se destinarán a financiar la liquidación del Banif, “conforme a la normativa europea relativa a las ayudas estatales”. 422 millones adicionales financiarán los activos tóxicos del banco. A estas cantidades se han de sumar los 1.100 millones de ayudas que Bruselas aprobó con carácter temporal en enero de 2013 y ahora ya confirmadas. Una parte de este apoyo financiero público se realiza en bonos convertibles, en concreto lo equivalente a los 125 millones que el Banif debía haber reembolsado a principios de 2014 pero que no devolvió. En su haber también cuenta con activos de riesgo por valor de unos 2.000 millones de euros pero cuyo valor real sólo se conocerá en función del tiempo que dure esta transferencia.

De los 2.250 millones de euros inyectados, 1.760 millones saldrán directamente de los presupuestos generales del Estado, mientras que los 489 restantes procederán del fondo de resolución, que se nutre teóricamente del sector bancario portugués. Pero de ese fondo han salido ya –además de los 4.500 millones inyectados en el Novo Banco, que surgió de la quiebra del Banco Espirito Santo– 5.000 millones. Un sistema financiero frágil, de baja rentabilidad o inexistente y alimentado artificialmente por el Banco Central Europeo no puede soportar semejantes cargas. Los bancos, que han asistido a una política de hechos consumados por parte de Antonio Costa, se van a oponer.

El domingo 20, el jefe del Gobierno portugués reconoció que la operación ha tenido un coste “muy elevado”, pero que supone “la mejor solución en beneficio del interés general”. De manera inmediata, se va a presentar un presupuesto rectificativo de 2.200 millones de euros, lo que pasará a engrosar el déficit del país en 2015 (ya revisado al alza en torno a un 4%) y de años venideros, según ha advertido el ministro de Finanzas, Mario Centeno. Sin embargo, en virtud de la contabilidad europea, la operación no debería impedir a Portugal salir el próximo año del procedimiento sancionador por superar el déficit. 

La venta del Banif ha supuesto la apertura de, sino una brecha, al menos una fisura entre el Partido Socialista y sus aliados parlamentarios. La diputada del Bloco Mariana Mortagua, que se labró cierta reputación en la comisión de investigación parlamentaria sobre la quiebra del Banco Espirito Santo, acusó a la coalición de centro derecha PSD-CDS en el gobierno hasta las elecciones del 4 de octubre, “de acto criminal”. Ha señalado ahora la preocupación del Bloco por las consecuencias derivadas de la decisión tomada por el Partido Socialista, que implica no sólo despidos, sino importantes pérdidas que deberán asumir los contribuyentes”. Asimismo, ha solicitado una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Banif, una propuesta que respaldan los dos partidos de derechas, ahora en la oposición. Por su parte, el Partido Comunista ha anunciado su intención de votar en contra del rectificativo presupuestario, que no podrá adoptarse sin el apoyo del PSD y del CDS.

El espejismo de la regulación bancaria

Por lo que ha sucedido hasta la fecha, estas dos formaciones tienen razones para no estar demasiado preocupadas. En primer lugar, las dos comisiones previas de investigación parlamentaria, abiertas por los casos BPN y BES, no han tenido ninguna consecuencia política. Y ello porque la tutela del sistema bancario depende del Banco de Portugal, el banco central del país, independiente conforme a los principios de la Unión Económica y Monetaria. De modo que será el actual gobernador Carlos Costa, superviviente del caso BES, el rescate del Banco Espírito Santo, el que volverá a estar en la picota.

Pero no hay que olvidar que las semillas de las sucesivas quiebras bancarias (el caso Banif llega después del caso BPP, del caso BPN y del caso BES) se sembraron mientras el responsable del Banco Central, el exsecretario general del Partido Socialista Vitor Constancia, ahora número dos del BCE, dormitaba. Por último, hay que señalar que al Gobierno de Costa le habría bastado con esperar al 1 de enero y a la entrada en vigor de las nuevas reglas europeas, en el marco de la entrada en vigor progresiva de la Unión Bancaria, para aliviar la factura del contribuyente, en detrimento de los accionistas (el Estado en un 61%, es verdad), de los titulares de deuda subordinada y de los principales depósitos.

La comisión al frente del rescate del Banif está encabezada por Jorge Tomé. Uno de sus miembros es un destacado socialista, el exministro de Sócrates Luis Amado, que ejerce de presidente del consejo de administración. Este equipo ha estado al frente de los ocho planes sucesivos de reestructuración, todos revisados por Bruselas, por la Dirección General de la Competencia. Esta situación lleva a plantearse cuál es la responsabilidad de las autoridades europeas. Si eran partidarios de la liquidación del Banif, entidad considerada inviable, ¿cómo se explica que no actuasen antes, por ejemplo cuando el banco incurrió en el impago de su deuda a principios de 2014?

Pero también cabe interrogarse sobre la supervisión misma: ¿Cómo un banco que respeta los ratios de fondos propios y de liquidez puede caer en apenas unos días por la información aparecida en prensa? ¿Para qué sirven entonces dichos indicadores?

La decisión de hacer que los contribuyentes sean los que paguen siempre es política. Y es en este sentido donde surgen más dudas en cuanto al papel del nuevo regulador europeo de la Unión Bancaria, cuyas decisiones vinculantes, por encima de las decisiones de los Gobiernos nacionales, siempre tentados por la procrastinación (el tiempo resolverá el problema) y con tendencia a proteger a su clientela. ¿Qué sucedería si la entidad en peligro no fuese un banco pequeño como el Banif, sino un gigante como el BNParibas, cuyo balance supera el PIB de Francia, o el Deutsche Bank?

Por otro lado, durante buena parte del periodo que ahora se cuestiona, el Gobierno de Portugal estaba bajo vigilancia, por no decir bajo tutela, de la troika (UE-FMI-BCE). ¿Qué vieron, qué dijeron, qué hicieron? Se espera con interés el informe que los expertos exteriores preparan para el IEO (la oficina independiente de evaluación de fondos) sobre la acción del FMI, sobre todo en materia financiera y bancaria, en los países de la Eurozona “intervenidos” (Grecia, Irlanda y Portugal).

En realidad, el enfoque tecnocrático, burocrático y reglamentario de la vigilancia bancaria está prácticamente condenado al fracaso, frente a las organizaciones complejas, estrechamente vinculadas con los Gobiernos, y que disponen de poderosas herramientas influyentes: el chantaje a la “estabilidad”, a la “financiación de la economía”, al empleo, etc. Mientras que los bancos no se habrán sometido a la ley común de las empresas, privadas de cualquier protección del Estado, falibles y mortales sin que esto desencadene ni pánico ni psicodrama político-mediático, el contribuyente terminará por absorber las deudas de los banqueros.

Es lo que el gran economista liberal austriaco Ludwig von Mises llamaba la “libre empresa bancaria”. “La libre empresa bancaria es el único método disponible para prevenir los peligros inherentes a la expansión del crédito. No impediría, es verdad, la lenta expansión del crédito, enmarcada en estrechos límites, por parte de los bancos prudentes y obligados a aportar al público toda la información requerida relativa a su situación financiera. Pero con la libre empresa bancaria, habría sido imposible que la expansión del crédito, con sus consecuencias inevitables, se vea transformada en una característica regular –existe la tentación de decir normal– del sistema económico. Sólo la libre empresa bancaria habría inmunizado la económica del mercado contra las crisis y las depresiones”.

La financiación irresistible de la economía desde hace más de cuatro décadas ha dado el resultado exactamente inverso: se ha puesto a los bancos, agentes de la expansión incontrolada del crédito santificada por los Estados (ellos mismos se encuentran entre los grandes deudores), como si fuesen bombas de efecto retardado cuya detonación amenaza cada cierto tiempo con echar abajo todo el edificio. Lo que viene a recordar simple y llanamento el estallido del gran petardo que era el Banif.

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Traducción: Mariola Moreno

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