Brasil

El futuro de Dilma Rousseff, en manos del Senado

Dilma Rousseff ha perdido. Este domingo 17 de abril, al cabo de tres días de debates exaltados, 367 diputados, es decir una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, votaba a favor de la destitución de la jefa del Estado. Los brasileños asistían en directo a una sesión parlamentaria surrealista. Los diputados argumentaron ante el micrófono, uno a uno, en 15 segundos, el sentido de su voto. Todo ello dirigido por el enemigo acérrimo de Dilma Rousseff, el presidente del Parlamento Eduardo Cunha.

Durante horas, este diputado del Partido de Movimiento Brasileño organizó el desfile de los parlamentarios con una calma olímpica, pese a los gritos e insultos proferidos en su contra, que se encargaban de recordarle que él mismo también se había visto salpicado por numerosos casos de corrupción. Sólo la manipulación del reglamento interior del Parlamento ha impedido su destitución y su ingreso en prisión.

En un ambiente muy agitado, los partidarios del gritaban que votaban por “amor a Brasil”, a Dios, a su Estado de origen y a su familia, por la “lucha contra la corrupción” y por la “liberación del pueblo brasileño”. Los telespectadores también pudieron escuchar los nombres de esposas, hijos y nietos invocados en el momento de justificar el voto. Al otro lado, los que votaban no abogaban por el “respeto al voto”, la “democracia” y los “derechos de los trabajadores”, denunciando el “golpe de Estado” institucional contra Dilma Rousseff.

Los primeros llevaban alrededor del cuello una cinta amarilla y verde, los colores de la bandera brasileña y lanzaban confeti mientras saludaban a sus nietos, al otro lado de la pantalla. “Esta sesión parlamentaria es un curso magistral sobre la magnitud de la crisis del sistema político”, resume irónico Mauricio Santoro, profesor de Ciencia Política en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

Ni un solo diputado aludió al motivo jurídico en el que teóricamente se basa el proceso abierto. Se acusa a la jefa del Estado de tardar, en vísperas de su reelección como presidenta en 2014, a la hora de devolver los préstamos contraídos con instituciones bancarias públicas para con ello financiar gastos corrientes, sobre todo dirigidos a programas sociales. Este maquillaje contable estaba destinado probablemente a camuflar la magnitud del déficit presupuestario –todos los Gobiernos lo practican–, pero no tiene relación alguna con los escándalos de corrupción que salpican Brasilescándalos de corrupción.

Dilma Rousseff ha visto cómo le iban abandonando todos los partidos que integró en su equipo de Gobierno, pese a sus posicionamientos conservadores. El que fuera su predecesor en el cargo, Luiz Inacio Lula da Silva, inició esta política aperturista, partidario de una política social audaz, pero sin confrontación con el capital. En los albores del segundo mandato de su delfina, la coalición capituló. Cuanto mayor fragilidad iba evidenciando el Gobierno, más espacio cedía a la derecha. Todos los aliados circunstanciales han fallado.

Algunos salieron corriendo en el último momento, mientras esperan conseguir ciertas garantías de la oposición, como el ministro de las Ciudades Gilberto Kassab. El presidente del Partido Social Democrático (PSD), quien con motivo del nacimiento de la formación, en 2011, se enorgullecía de que no fuese “ni de izquierdas ni de derechas ni de centro”, abandonó el Gobierno el domingo, horas antes de la votación. La Rede, de la ecologista Marina Silva, aguardó al último momento para unirse a la derecha, que permanece unida contra la presidenta. Por su parte, Lula, en el gabinete de crisis convocado en un hotel de Brasilia, no logró cambiar el sentido del voto. El resultado final fue incluso más favorable para la oposición de lo que se temía el Gobierno: consiguió 367 votos, cuando sólo eran necesarios 342.

El Partido de los Trabajadores –del que procede Dilma Rousseff, como el expresidente Luz Inacio Lula da Silva– finalmente sólo sumó los apoyos de las formaciones políticas de izquierdas: el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Laborista Brasileño (PDT) y el Partido Socialismo y Libertad (Psol). Muy a menudo, representantes de dichas formaciones han salido en defensa del mandato de Dilma Rousseff con más energía que los propios diputados del PT.

“La sorpresa de las últimas semanas ha sido la radicalización del centro”, explica André Singer, profesor de Ciencia Política en la Universidad de São Paulo. En efecto, tradicionalmente es el espectro que ocupaba el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, dirigido por el vicepresidente Michel Tremen. El PMDB, de todos los gobiernos desde hace 30 años y sin otro imperativo ideológico que el de acumular puestos, en especial aquéllos que dan acceso a importantes presupuestos, rompió en marzo con la presidenta, empujado por Eduardo Cunha y después por Michel Temer. El vicepresidente, que conspira abiertamente contra Dilma Rousseff, con el deseo de recuperar su puesto, ha hecho que su partido se decante por la oposición. Desde ese momento, corteja a los diputados de las formaciones pequeñas –en la Cámara hay representadas 25– para deshacerse de ella.

La prensa, contra Dilma

Formalmente, Dilma Rousseff aún no ha sido destituida ya que la última palabra la tiene el Senado. “Pero esta votación favorece una dinámica muy difícil de cambiar”, opina el politólogo Paulo Peres, de la Universidad de Río Grande do Sul. La Cámara alta primero tiene que votar por mayoría simple, antes del 10 de mayo, a favor o no de la acusación formal. “Las presiones sobre los senadores son importantes; tras la victoria en el Parlamento de los partidarios de la destitución, es difícil pensar que al menos 40 de los 81 senadores no se manifiesten en ese sentido”, continúa Paulo Peres.

De ser así, Dilma Rousseff aún no perdería su condición de mandataria. No obstante, sería apartada del Gobierno durante un tiempo máximo de 180 días, el tiempo necesario para que los senadores se pronuncien sobre su destitución, en esta ocasión por mayoría de dos tercios. Michel Temer, instalado de forma provisional en el Palacio presidencial de Planalto, recuperaría el poder de otorgar y distribuir créditos, lo que le permite comprar nuevas fidelidades capaces de asegurarle la elección como presidente antes del final del mandato, el 31 de diciembre de 2018.

La prensa, abiertamente en campaña contra Dilma Rousseff, presenta desde hace varios días la ascensión de Michel Temer a la cúspide del Estado como la única salida para el país . “El plan Temer”, “La salida Temer”, “La solución Temer”, titulan las revistas. Sin carisma ni posibilidad de ser elegido en las urnas, el vicepresidente es muy impopular, ya que más del 60% de los brasileños desean su destitución o su dimisión, según una encuentra del Instituto Datafolha.

“La salida de Dilma Rousseff puede parecer a primera vista como una salida de crisis, pero sólo es la derivada de su agravamiento”, dice Paulo Peres. Subraya los peligros que representa una destitución tan poco fundamentada jurídicamente sobre la joven democracia brasileña y conducida por un presidente de la Cámara acusado de corrupción. “Puede enrarecer aún más el clima polarizado en el seno de la población”, dice el profesor universitario.

Michel Temer, recuerda Paulo Peres, ha recibido la bendición de la patronal, que le ha encomendado aprobar un programa neoliberal. El texto, titulado “un puente al futuro”, prevé la retirada del Estado, más privatizaciones y la reducción de los derechos de los empleados, un proyecto equivalente al aprobado en Argentina tras la elección de Mauricio Macri, a finales de 2015. “Esto va a provocar una resistencia de los movimientos sociales; al menos mientras no estén muy debilitados por la crisis”, abunda André Singer.

Además de la dificultad de imponer medidas de austeridad –que corren el riesgo de hundir un poco más en la crisis a la economía en la crisis, que en 2016 puede registrar una recesión de al menos el 3,8%, como en 2015–, la decisión del Parlamento reabre el debate sobre el papel político de la Justicia. El juez Sergio Moro, al frente de la investigación Lava Jato, sobre la malversación en el seno de la empresa nacional de hidrocarburos Petrobras, al concentrar sus esfuerzos en la persecución de los miembros del PT, hace “sospechosa la batalla que se libra contra la corrupción desde 2014”, subraya André Singer.

La marcha atrás todavía puede ser más virulenta. Este domingo, varios diputados aseguraban que Eduardo Cunha puede beneficiarse de una amnistía, por los servicios prestados a Michel Temer, en caso de que éste llegue a ser presidente. “Sentencias con objetivos claros darían respuesta al hartazgo de la población”, defiende Paulo Peres. A menos que el funcionamiento de la Justicia cambie forma radical, Lula sería el primer objetivo. Las últimas encuestas que le sitúan a la cabeza en intención de voto en los comicios de 2018 constituyen el principal escollo de la derecha brasileña.

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Traducción: Mariola Moreno

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