La violencia policial se ceba con los manifestantes en Francia

Resulta imposible determinar el número exacto. No obstante, los múltiples testimonios recopilados, las fotos y los vídeos documentados que circulan por las redes sociales permiten aseverar que las víctimas de heridas graves se cuentan por decenas. Baste el siguiente ejemplo: 49 personas resultaron heridas, 10 de ellas de carácter grave, el 28 de abril en Rennes, según el personal de atención desplegado aquel día. Hematomas, narices rotas, fracturas, mandíbulas dislocadas, traumatismos craneales, síntomas de asfixia, heridas abiertas, desvanecimientos... Los contrarios a la reforma laboral lo saben, protestar se ha convertido una actividad de riesgo, es peligroso estar en las marchas hasta su disolución e imprudente “manifestarse” sin un mínimo de protección.

Habida cuenta de los jóvenes que quedarán traumatizados el resto de sus vidas, de las decenas (incluso centenares) de personas heridas o víctimas de la violencia, de los miles de manifestantes que se echan a la calle con el miedo en el cuerpo –miedo a sufrir una carga policial–, la deriva organizada hacia la violencia y la criminalización de un movimiento social debería generar un importante debate público. Debería llevar a la interpelación continua de los miembros del Ejecutivo. Debería provocar –en aras al respeto de nuestras libertades fundamentales– la movilización de los diputados y los senadores. Debería llevar a la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre las estrategias de mantenimiento del orden, sobre el funcionamiento de las cadenas de mando y sobre los detalles de las órdenes dadas.

Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario. Se multiplican las señales de alerta. No pasa nada, salvo la legitimación ciega de la violencia policial por parte del Gobierno. Se producen accidentes graves. No se dice nada, salvo mostrar un apoyo incondicional a la acción de las fuerzas del orden. No hay respuesta ante las alertas emitidas por la propia institución policial, de los sindicalistas, preocupados por la extrema degradación de la situación.

¿Qué dicen los sindicatos? Que el Gobierno no ha aprendido nada de la muerte de Rémi Fraisse, el joven pacifista que falleció tras el lanzamiento de una granada ofensiva el 25 de octubre en Sivens. Desde entonces, la doctrina de mantenimiento del orden no ha cambiado, en opinión de Alexandre Langlois, secretario general del sindicato CGT-Policía. “Lo que ha cambiado, ha sido la gestión de la crisis social mediante la represión. Se favorece la escalada de la violencia. Todo lo que se hace sólo puede desencadenar problemas”. Sobre el terreno, añade, los representantes sindicales de las fuerzas de seguridad de la Policía le transmiten que se les utiliza “con fines muy ofensivos. No se trata de contener, sino de llegar al enfrentamiento”.

Philippe Cappon, del sindicato Unsa-Policía, él mismo exmiembro de las fuerzas de seguridad, insiste en la existencia de “grupúsculos extremistas muy organizados, que se mueven mucho, que nos obligan a reorganizarnos, a entrar en contacto”. Pero también destaca la falta de experiencia de las fuerzas del orden desplegadas. “La situación es terriblemente tensa y en la situación de estado de emergencia, estamos desbordados. Se les pide a los colegas que se ocupen de mantener el orden, pero ése no es su oficio. Algunos llegan a la comisaría de buena mañana y les dicen: ‘Ponte un casco, coge una porra y vete a la manifestación’. Pero a mantener el orden, se aprende. Es otro oficio”.

El Gobierno, que ignora estas preocupaciones, se aferra a otra versión, sólo a una, que le permite justificar la escalada de la violencia: los “violentos”. La palabra “violento, hace 50 años que los Gobiernos recurren a ella de forma banal para justificar sus propias vilezas. Tanto Bernard Cazeneuve como Manuel Valls dicen que han identificado a una nueva generación de “violentos”.

En su opinión, esos violentos se han “radicalizado”, son adeptos a la “ultraviolencia”, “quieren matar un policía”, luchan “contra el Estado y los valores de la República”. Una franja extremista de un movimiento social que, además, “toma como rehén” al país mediante huelgas y bloqueos... En una Francia que vive bajo el régimen de excepción del estado de emergencia, que ha sido prolongado ya en dos ocasiones, esa manera de hablar no puede ser neutra: sólo falta hablar de “terroristas” o incluso de “yihadistas sociales” para completar la panoplia semántica de un Gobierno extremista. El jefe de la patronal, Pierre Gattaz, acaba de ir un paso más al apelar en Le Monde a reprimir a esas “minorías que se comportan en cierto modo como delincuentes, como terroristas”.

Memoria corta

El Gobierno puede propagar con más facilidad este alucinante relato porque a los medios de comunicación audiovisuales, sobre todo a las televisiones de sólo noticias, únicamente les gustan los violentos y las imágenes de enfrentamientos y de saqueos. Las imágenes del coche de policía ardiendo han sido el momento álgido del espectáculo de los enfrentamientos. Al igual que sucedió con la camisa desgarrada del directivo de Air France, esas imágenes han generado una onda expansiva, evitando cualquier reflexión y dando paso a las declaraciones marciales de Manuel Valls (inmediatamente desmentidas por los hechos). Tres de los cinco detenidos fueron puestos en libertad de inmediato, puesto que los hechos que se le imputaban eran mucho menos graves de lo que se había dicho.

Medios de comunicación de memoria muy corta no se habrán percatado de que, por vez primera en décadas, los pillajes en las tiendas son rarísimos, al igual que los actos violentos colaterales (quema de coches, daños diversos) que han acompañado a las grandes manifestaciones. Han olvidado que el Parlamento de Bretaña ardió durante una manifestación de pescadores en Rennes, en 1994. Que el movimiento autónomo, en los 80, arrasaba con los aledaños por los que discurrían las protestas. Que los trabajadores de las siderurgias, en 1979, sometieron a un pillaje en toda regla al barrio de Opera después de haber laminado a las fuerzas del orden con una lluvia de tornillos y de barras de hierro y tras levantar barricadas en los grandes bulevares...

Lo cierto es que cientos, a veces miles, de personas se contentaron con vociferar “Todo el mundo odia a la Policía” (cuando en 1968, se decía "CRS-SS" [CRS, siglas francesas de las fuerzas del orden]) y dispuestas a iniciar o a asumir enfrentamientos con las fuerzas del orden. Frente a esta situación, cualquier Gobierno responsable sólo tiene un deber: hacer que descienda la presión, evitar el enfrentamiento, tomar medidas preventivas, negociar con las fuerzas de orden, controlar estrictamente el uso que éstas hacen de las armas y de los gases, evitar las provocaciones.

Todo lo contrario de lo que Bernard Cazeneuve y Manuel Valls han decidido llevar a cabo, al asumir (incluso organizar) una peligrosa radicalización de las manifestaciones. Lo han asumido evitando sistemáticamente cualquier consulta para dar luz verde incondicional a las fuerzas del orden. Valls el pasado 19 de mayo llegó a declarar en RTL: “No hay consigna alguna coercitiva, no hay consigna de no llevar a cabo detenciones, no hay consigna de que no se llegue hasta el final a la hora de detener a los violentos”.

“No hay consigna coercitiva alguna”. El primer ministro (otrora exministro del Interior), ¿es consciente de la irresponsabilidad que supone algo así cuando, en virtud de su cargo, debería justamente decir lo contrario, es decir, recordar a las fuerzas del orden que su deber es responder de manera organizada y proporcionada? En el punto álgido de los enfrentamientos de mayo del 68, el prefecto de Policía de París, Maurice Grimaud, enviaba una carta a todos los agentes: “Me dirijo hoy a toda la Casa [...] y quiero hablar de un asunto que no tenemos derecho a silenciar: el de los excesos en el empleo de la fuerza”. “Golpear a un manifestante en el suelo, es golpearse a sí mismo y salpicar a toda la Policía. Todavía es más grave golpear a los manifestantes después de ser arrestados, tras ser conducidos a dependencias policiales para ser interrogados”, escribía.

“No hay consigna coercitiva alguna”. Véase en qué términos Manuel Valls se hace eco de las palabras del prefecto Grimaud. Esta postura autoritaria, ya visible desde el comienzo del quinquenato cuando Manuel Valls señalaba como prioritaria la lucha contra el “enemigo exterior”, es la misma del suceso de Sivens. Las semanas anteriores a la muerte de Rémi Fraisse, el ministro del Interior Bernard Cazeneuve dejó a las milicias locales y a los gendarmes controlar con violencia a los manifestantes ecologistas y zadistas, que se oponían a la presa. El 7 de octubre de 2014, tres semanas antes de la muerte de Rémi Fraisse, una mujer de 25 años resultaba gravemente herida en una mano por la granada que un gendarme lanzó a su caravana. La escena fue filmada. La investigación todavía sigue empantanada. Ni el gendarme que lanzó la granada ni sus superiores han sido imputados. El único cambio llevado a cabo ha sido la prohibición del uso de granadas ofensivas.

Más de 1.600 detenidos

El drama de Sivens se enmarca en un periodo de tiempo más amplio en el que se produjeron actos policiales violentos con una impunidad casi sistemática. La mayoría de las veces, ignorados por los medios de comunicación, ya que sólo parecían importar a determinados sectores de la sociedad. Tras la muerte de un hincha del PSG, a manos de un policía en legítima defensa en 2006 y después de otro tras una pelea interna ocurrida en 2010, se estableció un proceso para fichar a los ultras que incluía la prohibición de desplazarse con el club, tal y como se hace hoy con los activistas. También hay hoolingans que han resultado heridos o se han quedado ciegos por los disparos de Flash-Balls, como en Montpellier o en Reims.

En los barrios populares también hubo muchas víctimas. ¿Hay que recordar que el candidato François Hollande posaba, hace cuatro años, con los militantes de Stop Controles Raciales? ¿Hay que recordar que esta estrategia de mantenimiento del orden ya se cuestionó en las manifestaciones de apoyo a Gaza en el verano de 2014. En aquel momento, Bernard Cazeneuve hizo historia, al pasar a ser el único ministro del Interior del mundo que prohibía las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino.

Asumir la violencia, incluso organizarla... Cuatro elementos permiten subrayar que esta opción por la escalada es deliberada. El primero es el uso masivo de nuevas armas que multiplican la violencia: granadas, lanzadores de balas, Flash-Balls, espray lacrimógenos. El segundo es el contacto directo entre las fuerzas del orden y los manifestantes, en buena parte de las manifestaciones. El tercero es el empleo sistemática de granadas lacrimógenas, en particular a la hora de dispersar manifestaciones. El cuarto es la carrera de las detenciones en las manifestaciones mismas: casi 1.600 personas han sido detenidas, provocando con ello en cada ocasión pequeños enfrentamientos entre los manifestantes solidarios y la Policía...

El ministro del Interior reivindica estas políticas de cifras, que generan violencia. “Desde el inicio de las manifestaciones se han producido casi 1.600 detenciones que han dado lugar a 1.000 detenciones preventivas, hay 72 personas ya condenadas”, de ellas “una gran parte” está entre rejas, señalaba Bernard Cazeneuve el 20 de mayo en TFI. Entre los detenidos, sin embargo hay muchos paseantes que se encontraban en la zona para ver con sus propios ojos la magnitud de la la violencia que se ejercía. A veces, reconocen haber lanzado un proyectil en dirección a la Policía, haberse bajo los pantalones. Y, en ese caso, las condenas son importante, pero las hay menos severas. Pese a que no hay caso, eso no impide a la Fiscalía reclamar sanciones. Incluso se apela, cuando las condenadas parecen suaves pese a la falta de pruebas.

“No hay consigna coercitiva alguna”, dice Manuel Valls. “De todas las manifestaciones de poder, la coerción es la que más impresiona a los hombres”. La frase de Tucídides (de hace 2.500 años) es la que destacan Olivier Fillieule y Fabien Jobard, dos de los mejores especialistas en cuestión de orden público. En su artículo titulado “Un espléndido aislamiento”, los dos investigadores subrayan la obsolescencia y el impasse en que se encuentra en mantenimiento del orden a la francesa”. 

Porque durante unos años, ese mantenimiento del orden “a la francesa”, en un primer momento preocupado por evitar la muerte o las heridas graves de los manifestantes, pudo ser un ejemplo de modelo avanzado y exportable. Una constatación compartida al más alto nivel político y policial, hasta el punto de que Michèle Alliot-Marie, entonces ministra del Interior, pudo proponer sus servicios a la Túnez de un Ben Ali contestado por los manifestantes, que lo echaron del Gobierno, basándose en que “el saber hacer de nuestras fuerzas de seguridad, reconocido en el mundo entero, permite arreglar situaciones de seguridad de este tipo”.

Sin embargo, tal y como subrayan Fabien Jobard y Olivier Fillieule, “eso quizás fue cierto en el pasado, ahora ya no”. Al contrario, para los dos autores, el mantenimiento del orden público en Francia ha pasado a ser de ‘retaguardia’ y testigo de una “insularidad” y de un “repliegue doctrinal” inquietantes a la vista de lo que se practica en los países vecinos. Los autores destacan la “política de desescalada”, dirigida a evitar cualquier enfrentamiento, en vigor en diferentes países, empezando por Alemania, aunque no sólo.

Cuando se tiene un cargo público, no se dice: "Adelante"

En lugar de convertirse en los matamoros policiales, Manuel Valls y Bernard Cazeneuve deberían haberse inspirado en los debates parlamentarios posteriores a la muerte del joven estudiante Malik Oussekine, sobrevenida en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1986, fruto de la violencia policial tras una manifestación. El 6 de diciembre, Pierre Joxe, en el nombre del grupo socialista, pedía la “creación de una comisión de investigación para esclarecer cuáles habían sido las instrucciones del ministro del Interior a las fuerzas del orden”.

Dos días más tarde, el 8 de diciembre, el diputado socialista Michel Sapin interpelaba a su oponente Jacques Toubon, al que reclamaba la retirada del proyecto de ley Devaque con el fin de contribuir a “la pacificación necesaria”.

Aquellos mismos días, Bernard Deleplace, en nombre del sindicato mayoritario de la Policía en la época, miembro del PS y próximo a Mitterrand, recordaba al Gobierno cuáles eran sus deberes y responsabilidades: “A los que nos gobiernan, les digo que la responsabilidad también es suya y que se trata de una responsabilidad política... Cuando se es responsable, no se dice: 'Venga, adelante, te cubro' para después sorprenderse de los daños causados. Nuestro oficio en lo suficientemente difícil, peligroso, como para que los políticos añadan frases demagógicas. No se dirige a la Policía como si fuese una campaña electoral”.

30 años después, los papeles se han invertido. Michel Sapine es ministro de un Gobierno que quiere criminalizar cualquier movimiento social. Jacques Toubon es defensor de derechos fundamentales y acaba de abrir una investigación sobre las condiciones en las que resultó gravemente herido el 26 de mayo un hombre. Lionel Jospin es miembro del consejo constitucional. ¿Abogará por la retirada de la reforma laboral?

El 10 de diciembre de 1986, Lionel Jospin preguntaba en estos términos a Charles Pasqua, entonces ministro del Interior: “¿Qué instrucciones ha dado?, ¿cuáles han sido las sanciones tras algunas de las operaciones de las que se conoce el precio en heridos, entre los policías y los jóvenes?”. Charles Pasqua evitaba responder directamente a la pregunta. Entonces prefería hablar de de “individuos violentos” armados con canicas, de palos y de cuchillos... “La violencia de los manifestantes no puede cuestionarse”, decía. Con la muerte de Malik Oussekine, la derecha perdía su honor y días después, el poder. Salvo que acepten dar explicaciones en un amplio debate, el actual primer ministro y su ministro del Interior están abocados a correr la misma suerte.

*Artículo realizado con información de Michel Deléan, Jade Lindgaard, Michael Hajdenberg, Matthieu Suc, Stéphane Alliès, Sophie Dufau, Fabrice Arfi, Christophe Gueugneau, Karl Laske y Donatien Huet.

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La reforma laboral francesa avanza a pesar de las multitudinarias protestas

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Traducción: Mariola Moreno

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