El Gobierno portugués, atrapado por la crisis bancaria

El nuevo presidente del banco público Caixa Geral de Depósito (CGD) –que cobra 423.000 euros anuales, un salario excepcional comparado con lo que percibe el resto de empleados públicos– se niega, lo mismo que el resto de directivos de la entidad, a facilitar al Tribunal Constitucional su declaración patrimonial, trámite obligatorio para quienes que ejercen un cargo público de alto nivel. Y para justificar su rechazo –que podría suponer la destitución de los gestores de un establecimiento que pasa por grandes dificultades– se escuda en una excepción hecha a medida por el Gobierno de Lisboa.

Ya sean de derechas o de la “unión de izquierdas”, con o sin la tutela de la troika, los problemas de los gobiernos portugueses para sacar al país de la crisis bancaria son los mismos. Así las cosas, ahora es la geringonça –el equipo socialista de Antonio Costa que gobierna con el apoyo parlamentario del Partido Comunista Portugués y del Bloco de Esquerda– quien se ha enmarañado con el caso CGD, institución financiera pública cuya deriva van a engordar en casi 3.000 millones de euros una factura de por sí colosal, que deberán abonar los contribuyentes.

La precaria situación de la Caixa, que cuenta con casi el 30% del mercado portugués de la banca minorista (particulares y empresas), demuestra una vez más que la condición de empresa pública no es garantía contra las derivas diversas (amiguismo, clientelismo político, opacidad de cuentas, gobernanza dudosa); en este caso vuelven a aparecer síntomas ya conocidos, que han afectado a una larga lista de entidades públicas.

La novedad, en este último episodio de la crisis bancaria portuguesa, es que las políticas dudosas del Gobierno PS han sido avaladas por sus aliados parlamentarios comunistas y bloquistas. Aunque en este caso estemos hablando de respaldar una estrategia dirigida a gestionar al banco público con los mismos criterios que en las instituciones financieras privadas, suprimiento de paso cientos de empleos y, todo ello, previo nombramiento de un equipo directivo procedente del sector privado y cuya remuneración es excepcional comparada con el resto de entidades públicas.

Una vez reconocida –tarde y por la presión del nuevo regulador bancario europeo– la necesidad de recapitalizar una institución que ha tenido que hacer frente a importantes pérdidas (alrededor de 6.000 millones de euros de depreciaciones acumuladas desde 2011, un ratio de créditos dudosos del 11,5%), el Gobierno Costa negoció con Bruselas un plan de rescate. La Comisión Europea no se pronuncia sobre si las empresas que necesitan ayudas deben ser públicas o privadas. Por el contrario, el derecho europeo exige velar por que las ayudas del Estado, incluso cuando el Estado es el accionista único de la empresa, no incurra en distorsiones de competencia. Por esa razón, entre otras, la inyección directa de fondos públicos se vio limitada a 2.700 millones de euros, de un total de 5.160 millones.

La carta que Antonio Costa sacó durante las negociaciones con Bruselas y Frankfurt, ciudad desde la que el Banco Central europeo vigila a los principales bancos de la eurozona, incluía nombrar al frente de la CGD a un equipo capaz de romper con las prácticas erróneas del pasado. Hay que tener presente que el precedente gobierno socialista luso, dirigido por José Sócrates, que llevó al país, en 2011, al borde de la quiebra y pidió la intervención extranjera, se inspiró en estas prácticas: Armando Vara, amigo íntimo y miembro del partido de Sócrates, fue propulsado hasta la cúpula del CGD, sin tener los conocimientos necesarios. La mano de Vara está detrás de la ampliación de un crédito no recuperable, por importe de 150 millones de euros, que fue a parar a un complejo turístico del Algarve. El caso aparece incluido en la operación Marquês, el proceso judicial abierto por corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales por el que está encausado el ex primer ministro.

Las cuentas del gobierno de Sócrates

Ahora que, poco a poco, se van conociendo en detalle los números de la Caixa Geral de Depósitos, hemos podido saber que puede perder hasta 900 millones de euros en una operación en Cataluña, que alentó el gobierno de Sócrates. La inversión del banco público en la empresa petroquímica La Seda es fruto del acuerdo alcanzado en 2006 por el “ingeniero” Sócrates y su colega socialista, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Con el fin de conseguir la instalación de una fábrica de polipropileno en la zona del puerto de Sines, en el Alentejo, la Caixa se vio arrastrada en una huida hacia adelante, combinando créditos bancarios y participaciones, directas o indirectas, que en los últimos cinco años le han supuesto pérdidas por importe de 500 millones de euros y hasta 1.500 millones de euros de créditos incobrables. Tres de los cuatro “socios” de la Caixa Geral de Depósitos en este negocio están en liquidación o en proceso de salvaguardia. La actividad de la fábrica Artlant de Sines se ha hundido con los precios internacionales del polipropileno. Un fiasco financiero descomunal que amenaza a los 150 empleos directos y los 200 indirectos creados.

Con el caso del Banco Comercial Português, la administración de la Caixa nombrada por Sócrates irá todavía más lejos. En 2007, el banco público adelantaba más de 1.000 millones de euros en créditos a accionistas de este banco privado competidor para financiar su participación en la guerra interna que desgarraba a su direcciónguerra (controlada por el Opus Dei). Banco cuya espectacular expansión, hasta convertirse en la primera entidad bancaria privada del país, fue financiada en parte gracias a la caballería, con el dinero de los ahorradores. Entre sus accionistas, se encuentra el multimillonario endeudado Joe Berardo, próximo a Sócrates, y en la dirección de la BCP, el inevitable Armando Vara, de la CGD. Se calcula que las pérdidas del banco público en esta rocambolesca operación ascienden a 245 millones de euros.

Podríamos seguir enumerando los negocios que han generado pérdidas sustanciales, donde el banco público ha sido el brazo armado del gobierno de turno, en perjuicio de sus millones de clientes y, a fin de cuentas, del contribuyente. Así que, para limpiar las cuadras de Augias, el Gobierno de Costa fue en busca de Alfonso Domingues, vicepresidente del BCI, un banco privado mucho más pequeño que ha hecho un poco menos daño que el resto de entidades bancarias del país (4,6% de créditos de alto riesgo, por ejemplo); Domingues ha conseguido no perder dinero en el cambio, una remuneración que, según hemos sabido después, es compatible con su cómoda jubilación del BCI.

En las negociaciones iniciadas el pasado mes de abril con el ministro de Finanzas Mario Centeno, Antonio Domingues exigió y consiguió que los futuros administradores, ejecutivos y no ejecutivos, se situasen fuera del estatuto de gestor público, concesión que el Gobierno aprobó en julio de 2016 vía un decreto ley especial, y también están exentos de cumplir la ley de 1983 sobre el control patrimonial de los titulares de funciones políticas o asimilados. “Cumplimos estrictamente la ley”, ha llegado a declarar el presidente del Consejo de Administración de la Caixa al diario luso Público.

El asunto más espinoso no es la declaración de ingresos, conocidos porque es obligatorio que el banco los publique, sino la declaración de patrimonio. Para Domingues, que esté exento de publicarla y de enviarla al Tribunal Constitucional, forma parte de un todo que incluye la recapitalización de la CGD, su asimilación completa a un establecimiento privado, especialmente en lo que respecta a la independencia frente al poder político, y la ausencia de techo para los sueldos de los dirigentes. Estas condiciones eran indispensables, no sólo para conseguir la luz verde de Bruselas en la recapitalización, sino también para atraer a los responsables y a los administradores, portugueses o extranjeros, que componen el nuevo equipo.

El Bloco y el PCP tragan sapos y culebras

El problema es que los expertos consideran que el decreto ley aprobado por el Gobierno Costa es inconstitucional por violar un principio fundamental en todo Estado de derecho, el principio de igualdad. Apenas 60 días después de entrar en funciones, el Tribunal Constitucional llamaban la atención de los administradores de la CGD, que disponen de un mes para remitir su declaración. El presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa, profesor de Derecho Constitucional (Antonio Costa fue estudiante en la facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa), ha dado la razón a los constitucionalistas. No obstante, según el diario luso Público, Carlos Santos Ferreira, presidente de la CGD entre 2005 y 2008, principal responsable de las derivas financieras durante el reinado de Sócrates y del nombramiento de Vara como vicepresidente, ha transmitido al Tribunal Constitucional declaraciones en las que faltaba la información fundamental que permite comprobar la evolución patrimonial durante su mandato. Aparentemente, lo ha hecho con total impunidad. ¿Sentará jurisprudencia?

El pulso actual puede llevar a la destitución de la nueva administración, cuestionando el proceso de recapitalización del banco público y el saneamiento de las cuentas que necesita con urgencia. Bruselas y Frankfurt lo valorarán. Y también los inversores privados, que debían invertir mil millones en obligaciones, en el marco del plan de rescate.

El asunto va camino de convertirse en crisis política. La coordinadora del Bloque de Izquierda, Catarina Martins, ha llegado ha hacer una propuesta: las declaraciones se transmitirán al Palacio Ratton (sede del TC) pero no se harán públicas. Francisco Louçã, fundador y figura tutelar del Bloque, no ha tardado en desautorizarla. El primer ministro también remite al Tribunal constitucional, preparándose, en caso de necesidad, para hacer saltar el fusible Centeno, el ministro de Finanzas tiene que asumir en soledad la responsabilidad de esta farsa. Mientras, según la prensa, Antonio Costa abandonó una reunión del Gobierno para confirmar en persona las garantías ofrecidas a Domingues. Con su aplomo habitual, Costa dice ahora que “nadie está por encima de las leyes” y que no existe un plan B para la CGD.

Para mantener el Gobierno de Costa, investido a pesar de la amarga derrota del PS en las legislativas del otoño de 2015, el PCP y el Bloque se han visto abocados a hacer múltiples piruetas. Votaron un presupuesto para 2017 “que no es de izquierdas”, según el Bloque, y que el PCP considera de “sumisión”. Como advierte irónicamente el analista (liberal) João Miguel Tavares “cuando se deben tragar tantos sapos, termina por dejar de ser un sacrificio para pasar a ser gastronomía. El Bloco y el PCP han dejado de tragar sapos. Se deleitan con ancas de ranas [muy apreciadas por los portugueses]. Las comen de buen grado y les gusta”, ha añadido.

La justificación que esgrimen bloquistas y comunistas para seguir sirviendo de muleta a Costa es que “con la derecha sería peor”. Efectivamente, en el caso concreto del banco Caixa, el PSD (centroderecha) estaba a favor de su privatización progresiva. Costa organizó una privatización furtiva, en la que todo es privado, salvo, nominalmente, el capital con, como suele ocurrir, la socialización de las pérdidas. Un año después de la firma del acuerdo “histórico” entre el PS, el Bloque de Izquierdas y el PCP, la geringonça confirma que su razón de ser es sobre todo la supervivencia política de Antonio Costa.

El Gobierno socialista portugués cumple un año con un apoyo del 63%

Ver más

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: