Activistas saudíes denuncian que “promover” la democracia en el país es un “delito”

“Vivir en Arabia Saudí es, ante todo, saber callarse. Decir en público o en las redes sociales que eres contrario a la guerra que el Reino libra en Yemen o expresar alguna duda sobre el embargo al que someten Arabia Saudí y sus aliados a Catar puede suponer penas de entre cinco y diez años de cárcel, en aplicación de la ley antiterrorista, la ley sobre la cibercriminalidad o de un decreto de 2011 que prohíbe las reuniones públicas”. Hace cinco años, Yahya Assiri, era un joven oficial del Ejército del Aire saudí, rico y con un futuro prometedor. De día, se dedicaba a los contratos de compra de armas y equipamiento militar del Reino. De noche, debatía, con pseudónimo, en internet, sobre la total falta de democracia en su país y la situación desastrosa en que se encontraban los derechos humanos.

Desde su exilio en el Reino Unido, donde acaba de obtener asilo político hace dos meses, dirige ahora, desde una modesta vivienda social, la organización Al Qst –Justicia, en árabe coránico–, cuya página web ya recibe 42.000 usuarios. Tiene previsto poner en marcha, a partir de esta iniciativa, en la que sólo trabajan compatriotas, una potente organización de la sociedad civil saudí, capaz de trabajar por los derechos humanos y la democracia, de los que se ha convertido en ferviente defensor.

“Durante años, he pasado tardes y noches, convertido en Abou Fares y con la foto de un león como avatar, en páginas o foros hablando de la política del Reino, sobre todo de cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza y el paro. En 2009, viajé a Londres a realizar un curso de logística, antes de la entrega al Ejército del Aire de nuevos aviones de combate británicos Typhoon. Tenía previsto reunirme en la ciudad con los disidentes saudíes residentes en Reino Unido”, cuenta.

“Los encontré sumidos en peleas personales y en debates que no me incumbían. Estaba y estoy comprometido con dos principios fundamentales, tengo fe en la democracia y en los derechos humanos, pero pienso que no hay conflicto entre estos valores y el islam. Cuando volví a Arabia Saudí, decidí que sería mi lucha. En 2012, dimití del Ejército del Aire y dejá atrás mi nick. Creía que iba a ser detenido, encarcelado, pero no sucedió. Simplemente, tuve problemas para encontrar otro trabajo.

En 2013, me matriculé en un ciclo de estudios sobre derechos humanos en la Kingston University, en Londres y me marché con mi familia. Para no volver nunca. Porque mientras estudiaba, amigos mío me avisaron de que el pseudónimo que utilizaba cuando era militar había sido descubierto y corría el riesgo de que me condenaran a una pena importante por mi activismo. Para los civiles, la pena rondaba entre 10 y 15 años. Para un militar, podía ser mucho más grave. Ya no tenía más alternativa que permanecer en Londres y solicitar asilo político para continuar con mis estudios y mi trabajo de activista”.

De visita en París, invitado por Amnistía Internacional, Yahya Assiri, guarda discreción sobre sus fuentes de información, pero sigue muy de cerca lo que sucede en el Reino, donde desde entonces los partidos políticos, los sindicatos, las reuniones públicas han sido prohibidos y donde a los defensores de los derechos humanos se les trata como terroristas. En mayo de 2016, el Tribunal Especial condenó a Abdoulaziz al-Shubaily, uno de los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, creada en 2009, pero oficialmente disuelta por el Gobierno en 2013, a ocho años de cárcel,y a ocho años adicionales de prohibición de viajar o utilizar las redes sociales. Con arreglo a la ley sobre cibercriminalidad, fue declarado culpable de difamación y de insultar a jueces de alto rango. También fue acusado de haber “contactado con organizaciones extranjeras” y proporcionado información a Amnistía Internacional sobre las violaciones de derechos humanos.

“Como las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos no están autorizadas a entrar en las cárceles, no sabemos exactamente cuántos camaradas permanecen detenidos”, constata Waleed Sulais, antes director de ventas de una compañía telefónica en Riad y bloguero en páginas de disidentes, hoy exiliado en Alemania, donde ha solicitado asilo político. “Nuestras únicas fuentes son las víctimas mismas o sus familias o al menos las familias que no están demasiado aterradas para proporcionar información. Según nuestros cálculo, hay entre 20 y 50 defensores de los derechos humanos en la cárcel. Pero sin duda son más”.

En septiembre de 2010, cuando hacía escala en el aeropuerto de Bahréin, Waleed Sulais fue interrogado por la Policía del pequeño Reino, aliado de Arabia Saudí, sobre su actividad y sus desplazamientos; le fue incautado todo el equipaje. Fue fotografiado y le obligaron a facilitar los códigos PIN de sus dos móviles y de su ordenador portátil. Tres horas después, cuando pudo proseguir viaje a Riad, constató que habían abierto y copiado muchos de los documentos y fotos disponibles en el ordenador, así como el contenido de sus dos teléfonos.

“Enseguida resultó evidente que si quería seguir escribiendo artículos en foros y en mi blog, y centrarme en la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, la única manera era irme, de lo contrario habría sido encarcelado de inmediato y silenciado. Sería condenado en virtud de leyes o decretos que identifican nuestro activismo con el terrorismo, el espionaje o cn la colaboración con potencias extranjeras. Para la gente que nos juzga, no hay diferencia entre los que militan en el salafismo y los que reclaman democracia. Todos son enemigos del Reino”.

Importancia de internet

“Las penas, para los defensores de los derechos humanos, oscilan entre los 10 a 15 años de arresto. En el Reino hay dos tipos de cárceles; las prisiones para detenidos políticos y las prisiones para los prisioneros de derecho común. En las cárceles políticas, las condiciones son aceptables y la comida, decente. Pero la tortura es habitual. En las prisiones de derecho común, donde permanecen detenidos la mayoría de defensores de los derechos humanos, porque el régimen no quiere que estén en contacto con los opositores políticos, hay mucha violencia, droga, los edificios son viejos y sucios, y comida no comestible”.

“Lo que en esta terrible situación nos da un poco de esperanza y de valor es la actitud de la juventud. En el pasado, todo lo que se decía y ordenaba el Gobierno se aceptaba, porque la religión lo justificaba todo. Y éramos un país aislado, cerrado al resto del mundo, que ignoraba todo lo que sucedía a su alrededor. Con internet, la nueva generación sabe que se puede vivir de otro modo, gozar de libertades que desconocíamos. Y muchos jóvenes saudíes, hoy, son capaces de medir el cinismo del Gobierno, constatar que el Estado utiliza la religión como herramienta para imponer sus decisiones”, prosigue.

Y añade: “Desde hace cuatro o cinco año, el número de los que han abierto los ojos es bastante grande como para que el Gobierno empiece a tenerlos en cuenta o, incluso excepcionalmente, soltar lastre. El año pasado, en abril, el Consejo de ministros saudí promulgó nuevas directivas que mermaron los poderes del Comité para la propagación de la virtud y la prevención del vicio –la policía religiosa–. Estos agentes ahora no pueden realizar detenciones, ni someter a nadie a vigilancia ni efectuar controles de identidad. No es mucho, pero ya es algo".

"Como la policía religiosa se ha visto privada de una parte muy importante de sus atribuciones, los excesos que cometen cada vez menos tienen menos eco en los medios de comunicación occidentales, algo magnífico para el régimen. No obstante, la violencia permanece en el centro de nuestra sociedad, en el centro mismo de las familias. Nuestro sistema judicial carece de medidas de protección para las mujeres. No hay duda de que si una mujer denuncia por violencia a su padre o marido, la Justicia –por ende, el Gobierno– fallará a favor del padre o del marido. La ley, en nuestro país apoya siempre al hombre en detrimento de la mujer”, continúa.

En términos legales, según recuerda el último informe anual de Amnistía Internacional, las mujeres están sometidas a los hombres en el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos y las herencias. No tienen acceso a la enseñanza superior ni pueden ejercer un empleo remunerado ni desplazarse al extranjero sin autorización de su tutor.

En abril de 2016, el príncipe Mohamed Bin Salman, designado el pasado mes, por el rey, su padre, príncipe heredero al trono, presentó un plan de reforma económica, Visión 2030, con el objetivo de aumentar del 20% al 30% la presencia femenina en la mano de obra saudí e “invertir en sus capacidades productivas para mejorar su futuro y contribuir al desarrollo de la sociedad y de la economía”.

Pero, de momento, no se ha tomado ninguna medida concreta. En cambio, varias decenas de miles de mujeres han apoyado la campaña Las saudíes exigen el fin de la tutela, lanzada en Twitter. En septiembre pasado, casi 14.000 saudíes firmaron la petición en línea que instaba al rey Salman a abolir la tutela. Este estatus, mantenido por una monarquía oscurantista y beata, obliga a las mujeres a permanecer acompañada de un hombre de su familia –marido, hermano o padre– para salir en público y requiere autorización escrita del tutor si quiere salir al extranjero.

“Habrá que tener en cuenta que debemos hacer frente a un doble desafío”, dice Loujain Al-Hathloul, activista saudí por los derechos de las mujeres que vive entre Riad y Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde estudia Ciencias Sociales y en la sección local de la Universidad de la Sorbona. “Las saudíes están sometidas a las mismas violaciones de derechos humanos que los hombres –falta de libertad de expresión, de asociación, de manifestación–, pero, además, sufren discriminación y una violencia inaceptable impuestas por los hombres porque, a la violencia física de que son víctimas, en la impunidad total, se añaden los abusos emocionales, la ausencia de independencia financiera y la privación deliberada de educación”.

A los 28 años, Loujain Al-Halhoul, ya ha conocido, también ella, las cárceles del Reino. En 2014, fue arrestada y permaneció detenida 73 días porque había incumplido la prohibición de conducir, impuesta a las mujeres, al intentar llegar a Arabia Saudí desde Emiratos, al volante de un coche. Este arresto y su activismo infatigable le hizo figurar, en 2015, en la 3ª posición de las 100 mujeres árabes más influyentes. “Además de la pena de cárcel, me prohibieron viajar durante 10 meses. Tenemos que aprovechar cada parcela de terreno favorable para tratar de avanzar. El Gobierno no puede encarcelar a todas las mujeres que protestan o que exigen el respeto de sus derechos. Es materialmente imposible y, además, eso complicaría las relaciones con algunos socios extranjeros. De ahí que, la lucha contra la prohibición de conducir sea una lucha ejemplar porque demuestra claramente quien está del lado de la modernidad”, explica.

En su opinión: “Otra pelea importante es la campaña por la abolición de la tutela. El mes pasado, constatamos una señal positiva por parte del Gobierno, se publicó un decreto real que emplazaba a las entidades gubernamentales a dejar de pedir el permiso masculino para acceder a empleos en la función pública. Supone un verdadero paso adelante. Más aún por cuanto el decreto recoge que las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, autorizadas por las autoridades, deben recordar a las mujeres que pueden beneficiarse de estas disposiciones. Es la primera vez que el rey reconoce la labor de las ONG en la defensa de los derechos humanos. Es un primer paso”.

En 2016, 153 personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí, decapitadas con un sable, lapidadas o tiroteadas, según el delito que se les imputaba. En los cinco años anteriores, los defensores de los derechos humanos estiman que fueron casi 600 las ejecuciones. Y dichas ejecuciones iban precedidas de juicio injustos y de “confesiones”, la mayoría de las veces conseguidas mediante la tortura. “Los servicios de seguridad practican la tortura de forma rutinaria”, dice Yahya Assiri. “La impunidad y la violencia del Gobierno saudí la han transformado en un método de interrogatorio como cualquier otro. Ante una situación así, la labor de los defensores de los derechos humanos y de los partidarios de la democracia es desmesurada”, dice.

Y añade: “No hay que olvidar que promover la democracia en Arabia Saudí es un delito. Su la reivindicamos abiertamente, vamos a perder a buena parte de los seguidores en las redes sociales, porque tendrán miedo. En primer lugar, defendemos la libertad de expresión, que todos los ciudadanos puedan elegir, también en política, lo que consideran mejor para ellos. Los usuarios de las redes sociales apoyan estos valores. Ya no creen en la propaganda oficial, en el discurso del Gobierno sobre la defensa de nuestra religión, de nuestra cultura. Cada vez son más numerosos los que consideran que este discurso es falso e hipócrita. El futuro es nuestro”. _____________

El peligro de defender los derechos humanos en el mundo: 281 activistas asesinados en 2016

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Traducción: Mariola Moreno

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