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El apoyo de los barrios populares a Maduro se debilita

Protestas contra Maduro en Venezuela.

Para los opositores del presidente Nicolás Maduro, es la demostración de que los venezolanos quieren pasar definitivamente la página del sucesor de Hugo Chávez. La contestación pública abarcaría todos los sectores, de la capital a la provincia, a los ricos y a los pobres, del este de la capital (Caracas) al oeste más modesto. Según la oposición, más de siete millones de electores participaron el domingo 16 en el referéndum informal que promovía, en contra de la decisión gubernamental de elegir una Asamblea constituyente. Señal de que los maduristas no retroceden ni un milímetro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaba para ese mismo día la repetición de las elecciones previstas para el 30 de julio destinadas a elegir a los diputados constituyentes.

Si la prensa opositora o los tuits de los que respaldan a la oposición se recrean en las imágenes de las colas en la jornada del referéndum en los barrios populares, es porque éstos constituyen la piedra angular del chavismo, su apoyo histórico. Si caen, es Nicolás Maduro el que cae. Fue también en uno de estos barrios, en Catia, a las puertas de un colegio electoral, donde hombres armados, que se desplazaban en una moto, mataron a una mujer, Xiomara Scott, informa AFP. No es el único caso. Desde el comienzo de las manifestaciones, en abril, 96 personas han perdido la vida.

La organización venezolana Provea, que trabaja en defensa de los derechos humanos, coincide con la oposición. Según este colectivo, Venezuela vive desde abril “una revuelta popular”, “la primera del siglo XXI”. Los barrios modestos, como Caricuao, El Valle, Coche, en las inmediaciones de Caracas, se producen movilizaciones en contra de Nicolás Maduro. En estos barrios populares comenzaron las dudas sobre la revolución bolivariana mucho antes del comienzo de la ola de manifestaciones, el pasado mes de abril. Considerado el bastión de la revolución bolivariana, la Parroquia 23 de Enero, donde reposan los restos de Hugo Chávez, votaba mayoritariamente a la oposición en las legislativas de diciembre de 2015. En aquel momento, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtenía una amplia victoria.

Sin embargo, a primera vista, las movilizaciones organizadas por la coalición atraen sobre todo a las clases medias y a la burguesía. El epicentro de las protestas se sitúa en torno a la Plaza de Francia, en Altamira, un barrio acomodado de la capital. Los manifestantes visten camisa, zapatillas de deporte de marca, gorra con los colores nacionales… El atuendo no es precisamente el de los venezolanos modestos. Las pintadas en las que se puede leer “Tenemos hambre” suenan falso. El hambre es más bien patrimonio de los niños de las calles que desembocan en la misma plaza, los mismos que dejaron de verse con Hugo Chávez en la Presidencia. A veces descalzos, con la camiseta rota, piden comida, dinero a los manifestantes. Este 6 de julio, la guardia nacional bolivariana detendrá la marcha “contra la dictadura”, como en ocasiones anteriores, mucho antes de que alcance el centro más modesto donde se encuentra Miraflores, el palacio presidencial.

No obstante, los barrios también están representados en las protestas actuales. Allí donde se les espera menos, entre los encapuchados, estos jóvenes que se enfrentan a las fuerzas del orden a pedradas y con cócteles molotov, protegidos con escudos de madera o de metal y máscaras de gas. Uno viene de Chacao, otro de Palos Grandes; de las zonas desfavorecidas. Otros dicen proceder de Catia, del 23 de Enero, en la periferia, o, incluso, de La Guaira, no lejos de la costa, a menos de una hora de Caracas. “Donde vivo no me puedo manifestar. Los chavistas se me echarían encima”, cuenta uno de ellos, un peluquero que asegura que procede de Petare y que no quiere dar su nombre. Oculta su rostro simplemente con un pañuelo. Sin máscara de gas, que resulta demasiado cara.

Que estos jóvenes se manifiesten lejos de sus respectivos lugares de residencia y fuera de su entorno alimenta las tesis del Gobierno, que los acusa recibir dinero de los miembros de la coalición de partidos antichavistas, la MUD. Cuando se le menciona esta sospecha, el peluquero de Petare no oculta su enfado ante lo que califica de “propaganda”. Lanza una cuerda al otro lado de la calle y se detiene para precisar: “Sólo quiero comprar un litro de leche para mi hijo. No tener que irme de mi país como otros miembros de mi familia”. No obstante, los que respaldan a la MUD colaboran. Este treintañero, que trabaja en una empresa de desinfección, reconoce haber distribuido algunas máscaras antigás.

Para la oposición, los barrios están bajo control de grupos armados dispuestos a utilizarlas para defender al Gobierno; los denomina “colectivos”, un término que refleja sin embargo una realidad bien amplia. Algunas de estas organizaciones de izquierdas, a menudo chavistas, realizan labores sociales con la ciudadanía, sin armas. No se necesita a los colectivos a la hora de reconocer, en público, la desaprobación de las políticas gubernamentales. “Aquí no hay colectivos. Si no nos manifestamos es para evitar problemas con los vecinos o con los amigos”, explica tímidamente Carmen Rondón en Petare, una inmenso suburbio popular que depende de Sucre, en manos de los opositores desde 2008.

En Petare, en el barrio de Carmen, en la zona alta, cohabitan chavistas y opositores. En la panadería familiar vacía, cerrada desde hace dos meses debido a los elevados precios de la harina, Carmen Rondón habla de política sólo cuando un miembro del consejo comunal se va. El marido de una amiga le ha hablado de nuestra visita. Educado, interviene puntualmente para matizar las palabras de la mujer, de unos 40 años. Ésta aprovecha un momento de ausencia para soltar: “Si eso se sabe [las manifestaciones], corremos el riesgo de perder el Clap [Comité local de aprovisionamiento y de producción]”, bolsa de comida financiada por el Gobierno y que distribuyen los consejos comunales.

La MUD no logra convencer

En el interior de los barrios, las manifestaciones también se ven frenadas por otros motivos: la represión que ejercen las fuerzas del orden, mucho más violentas que en otros lugares, según el historiador venezolano Alejandro Velasco, profesor en la New York University. En su opinión, “la impunidad es mayor. Existe la idea de que los habitantes de estos barrios no van a sacar un comunicado” para denunciar una respuesta proporcionada. Esto no quiere decir que los barrios no protesten. Puntualmente, de forma “espontánea” como dice el historiador, se instalan barricadas, ramas, se queman contenedores… A veces de noche, para que resulte más difícil la identificación. “Estas movilizaciones no responden a la agenda de la MUD”, dice Velasco. “Denuncian la incapacidad de Nicolás Maduro, por ejemplo, cuando los Clap llegan con retraso, pero no reclaman su salida”. Este experto en los barrios discrepa con la organización Provea: “Se vive una situación de descontento generalizado, sí, pero no una revuelta popular. Hablar de revuelta popular presupone que las protestas son homogéneas, pero no es el caso”.

El barrio de La Vega vivió uno de estos episodios “espontáneos” en la noche del 5 de julio. El enfrentamiento con las fuerzas del orden se prolongó durante toda la noche. Un residente en el barrio, Francisco Pérez, trata de relativizar lo ocurrido: “La mayoría del tiempo, son jóvenes y no viven en el barrio. Cuando tratan de montar barricadas, hay residentes que les tiran cubos de basura por las ventanas”. Este cuarentón enjuto de pelo corto, aunque permite adivinar lo que antes eran rastas, coincide con Alejandro Velasco a la hora de criticar la burocracia y las instituciones más que al propio Gobierno. Francisco Pérez dice ser anarquista y, al mismo tiempo, partidario de la revolución bolivariana. Está enfadado con los medios de comunicación porque con ellos “parece que La Vega está cayendo”.

Sin embargo, se vive una gran tensión. En la cima de una colina con vistas a la ciudad y a las casitas ocre de La Vega, el Mercal, supermercado que vende alimentos subvencionados por el Gobierno, permanece cerrado desde hace diez meses. Francisco da los detalles: “Secuestramos al gerente un día después de avisar al Gobierno. Era un corrupto. Desde entonces el Mercal no ha vuelto a abrir sus puertas”. La situación económica exacerba las tensiones. La harina de maíz, elemento básico para los venezolanos, la carne, la leche son inalcanzables para muchos. El FMI prevé una inflación del 720% en 2017.

En los barrios, las persianas de los comercios a menudo están echadas, como la de la peluquería de Carmen Rondón. En el arcén de la carretera que conduce a La Vega, unas mujeres venden piñas en una mesa decorada con un mantel blanco. “Antes tenían bollería, arepas, hay que adaptarse”, bromea Francisco Pérez, siempre dispuesto a desdramatizar. Las escenas de pillaje se han convertido en frecuentes. A finales de abril, Leslie Dueño vio cómo desvalijaban su panadería en Petare. “Eran las 22.30. Unos delincuentes. Robaron la nevera, la cafetera, el azúcar. Quizás querían harina, pero no tenía”. En el establecimiento, unos pocos pasteles, nada de baguettes, sólo pan de molde en bolsa. Nicolás Maduro subió el salario mínimo un 50% a principios de julio. Como en el resto de tiendas, la propietaria de la panadería aumentos los precios otro tanto un día después.

“¿Dónde has encontrado leche a esos precios? ¿Has encontrado harina de maíz?”. En San Agustín, barrio próximo al centro de la ciudad y accesible en telesférico, las conversaciones giran indefectiblemente en torno al precio de la comida. Una decena de mujeres esperan la apertura de un taller animado por el colectivo Surgentes, independiente pero financiado por el Gobierno. El colectivo y sus habitantes compran directamente legumbres a los productores para evitar a los intermediarios y comprar más barato. A largo plazo, la organización autogestionada quiere producir ella misma.

La mayoría de estas mujeres apoyan al Gobierno. Sólo se escucha murmurar a Mireya Pena, de 53 años, cuando una de las presentes suelta: “De todos modos, aquí todos somos socialistas”. Esta mujer, de origen africano, culpa al Gobierno responsable de la situación económica. Aunque considera los Clap un parche, no se siente concernida ni por el referéndum organizado por la MUD ni por las marchas: “Los dos bandos luchan por el poder. No se preocupan por la población. A todo el mundo le da igual los problemas que tenemos para abastecernos…”.

“La división de clase entre las personas que respaldan al Gobierno o los que se oponen a él continúa”, explica Alejandro Velasco. En San Agustín, se sigue desconfiando de la MUD, entre las personas de más edad se advierte odio. “Son los mismos que durante la Cuarta República [antes de Hugo Chávez] nos echaban de nuestras casas, son los mismos que mataron a nuestros hijo durante el Caracazo [revueltas de 1989]”, dice Clara Arginzone, de 70 años. Simpatizante de la juventud comunista desde su preadolescencia: “Estábamos obligados. Había que organizarse para evitar que te echaran de tu propia casa”. La mujer, que cierra el puño cuando habla, advierte ciertas dudas entre sus vecinos. “Si están decepcionados es que no entendieron lo que era la guerra mediática. Si no eres chavista hoy es que no lo has sido nunca”, afirma.

El diputado de la oposición, Carlos Paparoni (Primero Justicia) no se equivoca: “La gran mayoría de la población reprueba a Nicolás Maduro por la situación económica. Todos no aprueban nuestra visión política”. La oposición quiere propagar las protestas en los barrios. Carlos Colina, sindicalista de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, habla de “recuperar los territorios perdidos”. El 8 de julio se organizó la toma de Catia, al oeste de Caracas. “Un éxito”, en su opinión. Mientras medio centenar de personas gritaban: “Abajo Maduro”, en un centro comercial se colgaba a un maniquí que simbolizaba al presidente. Un método que no convencerá a las primeras de cambio a los indecisos de los barrios a la hora de apoyar a la oposición a Nicolás Maduro. __________

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Traducción: Mariola Moreno

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