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¿Tiene recorrido la iniciativa europea para hacer pagar impuestos a los gigantes de internet?

Jeff Bezos, presidente de Amazon, uno de los gigantes de internet que eluden el pago de impuestos en Europa.

Romaric Godin (Mediapart)

¿Está en peligro la impunidad fiscal de los gigantes de internet? Ese es el mensaje que quiso enviar Francia en la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) celebrada la pasada semana. Bruno Le Maire, ministro francés de Economía y Finanzas, viajó a Tallín (Estonia) para debatir sobre una carta que firma, junto a sus homólogos español, alemán e italiano. Esta iniciativa plurinacional pretende implantar una “tasa de equiparación” a la cifra de negocios con el objeto de que estos grupos contribuyan conforme a sus ingresos. La propuesta ya cuenta con el apoyo oficial de otros cuatro Estados miembros: Eslovenia, Grecia, Austria y Bulgaria. La negociación no llegaba muy lejos, pero la Comisión aceptaba en su declaración final reflexionar sobre la medida, en el marco de la propuesta completa que se conocerá antes de finales de año.

El principio de la tasa de equiparación es sencilla sobre el papel. Debido a la optimización fiscal, los GAFA –acrónimo para designar a los gigantes de internet, tal que Google, Amazon, Facebook y Apple, pero que podría incluir también a Uber, Booking, Airbnb o Twitter– no pagan impuesto de sociedades en los países donde operan. Y en los países donde tributan fiscalmente se benefician de gravámenes bajos o, como sucede en el caso de Apple en Irlanda, negociados a la baja con los gobiernos. De modo que esta tasa de equiparación gravaría la cifra de negocios para compensar lo que se deja de ingresar de estos grupos a través del impuesto de sociedades.

Francia considera que esta iniciativa no entra en contradicción con las otras reformas en curso a nivel europeo e internacional. En Europa, la Comisión ha sugerido dos medidas: en primer lugar la armonización de la base tributaria del impuesto de sociedades o impuestos de sociedades en Europa (directiva ACCIS), así como el reparto de los ingresos del impuesto de sociedades a nivel europeo. De momento, realmente sólo se ha puesto en marcha la primera medida y desde 2012. Sin embargo, tiene mucha importancia sobre todo en la compleja definición de la “radicación permanente” de una empresa en un país.

Muchos gigantes de internet evitan pagar impuestos con la falsa argumentación de que no se encuentran radicados de forma permanente en un Estado u otro, aun cuando en ese país desarrollan una importante actividad. De ahí el debate para definir lo que es una “presencia numérica”. Paralelamente, la OCDE reflexiona por su parte sobre este concepto y en noviembre de este año puede dar a conocer su propuesta en ese sentido. Mientras, el Ministerio de Finanzas francés dice que todo va demasiado lento y que hay que gravar la cifra de negocios antes de encontrar soluciones más perennes.

La iniciativa pone de manifiesto cierta toma de conciencia de la situación, que es “bienvenida”, en palabras de Manon Aubry, responsable en la materia de la ONG Oxfam Francia. Oficialmente se ha recibido como tal en todas partes. Y, en especial, por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, de Fiscalidad y de Unión Aduanera Pierre Moscovici, en una entrevista publicada el pasado 14 de septiembre en Les Échos. Claro que se muestra prudente. “Vamos a poner sobre la mesa diferentes opciones y sopesar los pros y los contras”, ha llegado a decir el comisario europeo. Por su parte, Manon Aubry asegura que aunque este proyecto permite “situar de nuevo la cuestión del impuesto a las multinacionales en el centro de los debate, no resuelve el problema en sí mismo”. Incluso la diputada de En Marcha Émilie Cariou, de la comisión de finanzas, es cautelosa al respecto y manifiesta sus “dudas”. Porque, en realidad, el proyecto francés plantea más interrogaciones que respuestas.

Primer escollo: la definición de la cifra de negocios. Las empresas en el punto de mira están radicadas en determinados países atractivos fiscalmente. Y sus ventas están registradas en este país. Una factura de Uber se registra en los Países Bajos, por ejemplo. De ahí la dificultad de definir las ventas sobre un territorio dado sin haber resuelto antes la cuestión de la presencia numérica. “Vamos a encontrarnos frente al mismo problema que tenemos a la hora de calcular los beneficios”, dice Manon Aubry. El Ministerio francés de Finanzas argumenta que ya existe un sistema de redistribución del IVA para los servicios digitales que permitiría evaluar la cifra de negocios. Pero varios gigantes de la Red, como Facebook o Google, no pagan IVA. “Booking y Google no tienen la misma actividad y parece difícil crear una misma tasa para actividades tan diferentes”, explica Émilie Cariou.

Otro escollo: ¿cuál será su perímetro? Fuentes ministeriales aseguran que no se trata de gravar a otras empresas que no sean las que están en el punto de mira. Pero ¿cómo definir un perímetro limitado a empresas que, en realidad, son muy diferentes, sin incluir otros grupos? “El problema es que no hay economía digital, sino digitalización de la economía”, dice Émilie Cariou. Aislar unos grupos para aplicarles esta tasa no es nada sencillo.

Fuentes ministeriales pretenden salvar el escollo del perímetro recordando que esta tasa era una tasa de equiparación del impuesto de sociedades. Dicho de otro modo, existirá una forma de complementariedad entre esta tasa y el impuesto de sociedades que ahorraría las empresas que pagan su impuesto en las sociedades, pero esta visión también se encuentra frente a numerosos desafíos. Varios grupos, no incluidos en los GAFA, pagan impuesto de sociedades en Francia pero se benefician de determinadas medidas de optimización fiscal. ¿Evitarán la tasa, con qué pretextos? Dicho de otro modo, si el impuesto pagadero se fija en función de un “impuesto de sociedades de referencia”, cuál será su tipo: el tipo nominal del 33,3% actual (del 25% en 2022) o el tipo realmente pagado por los grandes grupos en Francia (inferior al 10%).

Sobre todo, ¿cómo se puede definir un impuesto de sociedades de referencia para grupos antes incluso de saber cómo calcular este impuesto de sociedades y, por tanto, antes de haber resuelto la definición de presencia digital y de haber concluido las discusiones en curso en Bruselas y en la OCDE? “Esta propuesta muestra que el sistema del impuesto de sociedades ya no funciona, que ha dejado de estar adaptado, pero aún no aporta respuestas reales al problema”, resume Manon Aubry.

Además, Émilie Cariou se muestra preocupada con el mecanismo. “El objetivo que se ha de mantener es el de gravar los beneficios”, recuerda. Claro que, una tasa sobre la cifra de negocios, también puede tasar empresas en pérdidas. “Si se persiste en esta lógica, se corre el riesgo de enfrentarse a un proceso de deslocalización de los servicios, que dejarán Europa y dejarán de pagar el impuesto de sociedades”, se alarma. En cualquier caso, el hecho de que sólo se tomae en cuenta la cifra de negocios puede llevar a nuevos incumplimientos permitidos por la tecnología.

¿Oportunidad u oportunismo?

Así las cosas, la realidad concreta de esta tasa parece muy vaporosa y los trabajos ministeriales al respecto parecen encontrarse en estado embrionario. Todo está por hacer y todo es extraordinariamente arduo de llevar a cabo. Por tanto no es sencillo, como finge el Ejecutivo francés, que la aplicación de esta tasa sobre la cifra de negocios sea “más sencillo y más rápido” que los procesos en curso. Pero hay más, evidentemente. Porque para avanzar existe un obstáculo importante: la unanimidad necesaria sobre las cuestiones fiscales europeas.

Incluso si la Comisión hace suyas las propuestas francesas y somete al Consejo Europeo un proyecto en esta dirección a finales de año o a principios del siguiente, como quiere Francia, la unanimidad parece imposible de lograr. Los países que a día de hoy se benefician de este maná corren el riesgo de bloquear cualquier proyecto en esta dirección, empezando por Irlanda.

En los pasillos del Ministerio francés de Economía, algunos fingen que la actitud holandesa podría haber cambiado por la crisis, que dejó temblando el modelo económico irlandés, y por presión internacional. En realidad, esta esperanza parece poco razonable. En efecto, el repunte rápido de la economía irlandesa no se ha llevado a cabo mediante los métodos impuestos por la troika, sino por el mantenimiento de ventajas fiscales e incluso de su ampliación, como mostró en un estudio de 2015 el investigador de la universidad de Dublín UCD Aidan Regan.

La crisis irlandesa no fue una crisis de este modelo, sino una crisis bancaria, y los Gobiernos se obstinaron durante la crisis en salvaguardar las ventajas fiscales de los GAFA. Incluso era ésa las razones de las políticas de austeridad. Se recortó el gasto para no subir el gravamen impositivo. De hecho, resulta difícil imaginar a Dublín poniendo fin, bajo presión europea, lo que se salvó mediante los sacrificios de los irlandeses durante la crisis.

De hecho, Irlanda tiene demasiado que perder como para ceder a las presiones europeas. El Gobierno de la República verde ya ha rechazado la demanda de Jean-Claude Juncker, formulada durante su discurso sobre el estado de la Unión, de abandonar la unanimidad en materia fiscal. El pasado 14 de septiembre, ante el comité de vigilancia presupuestario del Parlamento irlandés, Oireachtas, el director del consejo presupuestario irlandés, Seamus Coffey, afirmó que “los planes fiscales europeos representa(ba)n un peligro más importante que el Brexit para la economía irlandesa”. Sería, efectivamente, una destrucción de una gran parte del modelo económico del país, pero se ha querido mostrar tranquilizador: Habida cuenta del nivel de oposición en Europa, este riesgo es aún débil. Prueba de que Irlanda no quiere ceder ni un poco.

Como podía leerse en el editorial del Irish Times del pasado 13 de septiembre, si Irlanda debe ceder, sobre todo renunciando a acuerdos específicos como el de Apple, condenado por Bruselas, es precisamente para “hacer frente a las amenazas de otros Estados miembros que tienen como objetivo conseguir esos ingresos fiscales” irlandeses. Con la aceptación de algunas reformas “próximas a los estándares internacionales”, prosigue el diario irlandés, Irlanda estaría “en un posición mejor” para enfrentarse a estas amenazas. Dicho de otro modo, Irlanda no está dispuesta a entrar en una fase de compromiso en esta materia, salvo en caso de acuerdo internacional, lo que hace de este proyecto francés, ya bastante incierto, simbólico.

La única opción sería pasar por alto la unanimidad aplicando “cooperaciones reforzadas” entre los países interesados. Esta solución es posible pero se dice que Francia primero quiere llegar hasta el final en la solución europea. Por su parte, Pierre Moscovici ha alertado contra esos “bricolajes nacionales que corren el riesgo de llevar a incoherencias entre sistemas fiscales que las empresas explotan para escapar al pago de impuestos”. Y, con ello, ¿cómo se puede imponer una tasa sobre la cifra de negocios en algunos países solo en un mercado único donde los capitales, los bienes y los servicios circulan libremente? Además, estas cooperaciones reforzadas no funcionan siempre bien: la tasa sobre las transacciones financieras (TTF) de facto congelada por Francia en verano es un ejemplo perfecto.

Este proyecto parece sobre todo una manera de mostrar cierta voluntad. Ante todo es una operación de comunicación destinada a hacer creer que este problema fundamental está en vías de resolución; nada más lejos de la realidad. Políticamente, la operación entra claramente en la estrategia del Gobierno francés de cortar por lo sano la acusación según la cual favorece a los más ricos en sus decisiones económicas y de mostrar que no se contenta únicamente con realizar recortes presupuestarios, sino que también lucha contra la evasión y la optimización fiscales.

Sin embargo, la iniciativa pone de relieve que los últimos acontecimientos, sobre todo la decisión europea relativa a Apple e Irlanda y el rechazo de la Justicia francesa de la rectificación impositiva de Google han hecho que ahora el asunto sea insoslayable en el debate público. No va a ser eternamente posible fingir y contentarse con soluciones ficticias. La presión sigue aumentando para encontrar una verdadera respuesta a la optimización fiscal de los GAFA. Y las acciones de la OCDE y de la Comisión a finales de año vendrán a reforzar aún más esta presión.

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Traducción: Mariola Moreno

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