El negocio de los crímenes de guerra

El caso ICC 01/11 comenzó con un toque kafkiano. El 25 de febrero de 2011, en Nueva York, los diplomáticos del Consejo de Seguridad de la ONU negociaban las últimas comas de una resolución dirigida a recurrir a la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos en Libia. Dado que el coronel Gadafi nunca ratificó el tratado de 1998, que alumbró al tribunal mundial, sólo las potencias de la ONU podían activarlo. La víspera de ese día clave en la historia de la Corte Penal, su fiscal, Luis Moreno Ocampo, informado de la evolución de los debates gracias a su exdirectora de gabinete, convertida en diplomática, comenta por e-mail: “Día soleado en Buenos Aires”. Si hubiese querido parodiar a Frank Kakfa marcando en su agenda la entrada en la Primera Guerra Mundial con un “tarde de piscina”, no lo habría hecho mejor.

Una semana más tarde, en una jornada plomiza en La Haya, Luis Moreno Ocampo abre una investigación por los crímenes que se están cometiendo en Libia, mientras que Gadafi reprime con violencia los preludios de la que sería una larga rebelión. La Corte emite a principios de junio de 2011 tres órdenes de detención por crímenes contra la humanidad: contra Gadafi, Saif al Islam (su hijo) y el terrible jefe de los servicios de inteligencia militares libios, Abdallah Senoussi. Al hacer entrar a la CPI en la guerra, los occidentales esperan suscitar defecciones en los círculos que apoyan a Gadafi. Pero con la caída del régimen en octubre de 2011, aseguran ver dejar a los libios el cuidado de gestionar la posguerra. Sin su apoyo, La Haya tiene pocas posibilidades de detener a los sospechosos.

Ocampo se resigna.

Cuando deja La Haya, en junio de 2012, tras nueve años de mandato, en la prisión de la Corte no hay ningún libio. Gadafi ha muerto. Saif al Islam está entonces en manos de una milicia encantada de monetizar su precioso botín. En cuanto a Senoussi, entregado por Mauritania, donde se había refugiado, en Trípoli, finalmente será juzgado en Libia.

Pero en abril de 2015, Luis Moreno Ocampo retomaba el caso libio en circunstancias muy elocuentes. El exfiscal, que ahora trabaja para un gabinete de abogados de Nueva York, da clases en Harvard y ejerce de consultor, como asesor jurídico de Justice First. En concreto, Justice First, vinculada a la fundación Al Hurraa Charity del multimillonario libio Hassan Tatanaki, se presenta como una estructura “antiterrorista” dirigida a promover la paz, la reconciliación y la justicia.

La misión del antiguo fiscal se articula en torno a dos vertientes: presentar denuncias en la oficina de la Corte Penal Internacional, que conoce bien. Y obtener sanciones de la ONU contra los enemigos de los que le pagan. Pero las peripecias del caso impondrán una tercera vertiente al exfiscal: proteger, en el entorno de su nuevo cliente, a los eventuales sospechosos de la CPI, donde ejercició durante nueve años.

Según el contrato firmado en Abu Dabi a finales de abril de 2015, entre la fundación Al-Hurra y la sociedad Ocampo (bautizada Transparent Markets SA) –este documento figura entre los obtenidos por Mediapart, socio editorial de infoLibre, y analizados por el consorcio de medios de comunicación EIC para los Secretos de la Corte–, los honorarios prometidos a Ocampo ascienden a 3 millones de dólares, pagaderos en tres años. En ese montante se incluyen los gastos y los honorarios de su asistente, una exfuncionaria de la CPI, que percibe 250 euros por hora.

Luis Moreno Ocampo confirma ahora haber percibido 750.000 dólares de los tres millones previstos y explica que Hassan Tatanaki puso fin al contrato en julio de 2015. Ocampo tuvo apenas tres meses para poner en marcha el programa jurídico del multimillonario libio.

El 3 de mayo de 2015, Justice First ofrece su primera conferencia de prensa en el hotel Grand Nile Tower de El Cairo. Ocampo se presentó como asesor jurídico de los jefes de tribus. Algunos de ellos no quieren ser vinculados al magnate del petróleo Hassan Tatanaki quien, además, nunca rompió vínculos con el clan Gadafi.

La presencia de Ocampo tiene como objetivo tranquilizar y permitir que Justice First gane credibilidad. Aunque para la CPI suponga perder la suya. Porque la implicación del exfiscal suscita confusión, como destaca su asistente. “Todo el mundo piensa que Ocampo ha tomado posición en el conflicto en Libia y, por extensión, la CPI”, le dice la mujer. La presencia de Ocampo puede dar la imagen de que la CPI es un tribunal parcial, pero su primer fiscal no renuncia a su jugosa alianza con Hassan Tatanaki.

El hombre de negocios nada en la abundancia. Aprendió lo que sabe adquiriendo una compañía petrolífera en 1991, antes de fundar Challenger Group Ltd, con presencia en el sector inmobiliario, el turismo y en los medios de comunicación. En 2009, invirtió 700 millones de dólares en un proyecto de complejo ecoturístico impulsado por Saïf al-Islam Gadafi. También recurre a los servicios de Brown Lloyd James para pulir la imagen del joven Saif, considerado entonces como uno de los delfines del régimen. La firma internacional de relaciones públicas le apoya todavía cuando, a principios de la revolución, decide invertir sus petrodólares en el sector humanitario para ayudar a los refugiados libios. Y en Justice First.

En la posguerra de Libia un personaje impone su mano de hierro: el mariscal Jalifa Haftar. Inspirado en el nacionalismo árabe, el jefe militar agrega redes tribales, exgadafistas y antiislamistas. Recibe un apoyo activo de Egipto, de los Emiratos Árabes Unidos y... de Hassan Tatanaki, que pasa por uno de sus principales prestamistas.

En mayo de 2014, el mariscal Haftar lanza la operación militar Dignidad contra la coalición Alba de Libia, que reagrupa a rebeldes y yihadistas. Entrenado en la guerra civil, el país se divide entonces en dos poderes rivales. Al este: el parlamento de Tobruk, cuyo mariscal Jalifa Haftar es el jefe militar. Al oeste, el Congreso General Nacional, con base en Trípoli, que acoge a islamistas con el supuesto apoyo de Catar.

Y esa es la situación cuando, en 2015, nace Justice First. La hoja de ruta es ambiciosa. Y Ocampo goza de un bonito margen de maniobra. “Es tu barco, seguimos tus indicaciones”, le dice el director ejecutivo de la fundación Tatanaki.

Para preparar las denuncias destinadas a la CPI, el equipo de Ocampo comienza por elaborar la lista de los enemigos. En el bando de Tatanaki, se considera como enemigo a cualquier islamista y a cualquier enemigo como terrorista. Las primeras investigaciones se centran en seguir los supuestos vínculos del poder rival de Trípoli con las milicias yihadistas de Bengazi, contra las que lucha el Ejército de Kalifa Haftar. El equipo también trabaja en un acuerdo con el ministro de Justicia del bando de Tobruk. Prevé investigar y perseguir a los autores de crímenes, pero también permite a cada uno, Justice First y Tobruk, eliminar a los elementos considerados molestas.

Filtraciones

Luis Moreno Ocampo participa también en campañas de lobby dirigidas a colocar a algunos “enemigos” de Tatanaki entre los sancionados por la ONUcolocar. El exfiscal dispone, para ello, de una sólida red y debe entrevistarse con varios diplomáticos en Nueva York.

Florence Olara (del círculo de Ocampo), pese a ser portavoz en activo en la oficina del fiscal de la CPI, redacta entonces para Justice First, según nuestros documentos, mensajes destinados a las redes sociales. Sin preocuparse el conflicto de intereses en que incurre.

Pero el 12 de mayo de 2015, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, que había sucedido en el cargo a Moreno Ocampo tres años antes, va a provocar, sin saberlo, un verdadero revuelo en las filas de Justice First. Ese día, presenta un informe sobre Libia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Denuncia crímenes cometidos por la coalición Alba de Libia, pero también por la operación Dignidad, del mariscal Haftar. Hasta ahora, la Corte se había centrado en los únicos crímenes cometidos durante la revolución de 2011. Este vez, todo indica que la fiscal se dispone a abrir otra investigación. Los autores de crímenes cometidos desde el comienzo de la guerra civil en 2014 ahora pasaban a estar en su punto de mira.

Dos días después, Luis Moreno Ocampo presenta Justice First en la CNN. Al mismo tiempo, su asistente almuerza con Jennifer Schense, encargada de cooperación en la oficina del fiscal de la CPI. Se informa, según los documentos obtenidos, de que el fiscal de Trípoli, que ha firmado un acuerdo de cooperación y de intercambio de información con la CPI, tiene su propia lista secreta de sospechosos. Y en ella aparece Haftar.

Cuatro días después, Jennifer Schense informa al exfiscal de elementos en manos de los investigadores de la Corte, entre ellos un vídeo. Unas filtraciones cuando menos embarazosas tratándose de una jurisdicción que debe guardar en secreto la evolución de sus investigaciones... “Voy a pedir que estén atentos” a lo nuevo, le dice Schense a Ocampo, “y te mantengo al tanto”.

La funcionaria de la CPI también alerta a la asistente de Ocampo respecto de una televisión, Awalan TV, dirigida por Tatanaki. Sobre esta cadena, se ha podido escuchar al comandante de las fuerzas aéreas del Ejército de Haftar prometer masacrar a los traidores que rechacen sumarse a la operación Dignidad y violar a sus mujeres. “Esta cadena de TV está dirigida por Tatanaki”, escribe Jennifer Schense. “Si hay personas en su cadena que dicen cosas así, es una incitación” al crimen.

Tatanaki, informado, dice estar “muy conmocionado”, según su entorno. Entonces, Ocampo y su asistente darán un curso sobre el derecho de guerra al hombre que sirve de enlace entre Tatanaki y el exfiscal de la CPI. No sólo el oficial de Haftar no puede decir palabras así, sino que, sobre todo, la cadena de Tatanaki no puede difundirlas, le explica. “Ahora, necesitamos una estrategia para aislar a Hassan [Tatanaki]”, sugiere el antiguo fiscal.

Su asistente defiende que los soldados de Haftar adopten nuevas normas, acordes al derecho internacional. En cuanto a Tatanaki, tendrá que denunciar él mismo firmemente las palabras del oficial. “Sé que esto puede ser problemático”, le dice a Ocampo, pero “eso le cubrirá sus espaldas ante lo que el tipo ha dicho”. Y la mujer añade: “Estoy de acuerdo en cubrirle las espaldas, pero me niego a participar asesorarlo para evitarle cualquier responsabilidad penal cuando cometen crímenes”. Una posición ambigua, cuando menos.

Dos días después, según nuestros documentos, Ocampo transmite el plan “para asegurarse de que Hassan [Tatanaki] y las fuerzas a las que apoya no sean acusados por la CPI”, escribe el exfiscal.

Según nuestros documentos, Luis Moreno Ocampo llegará, en este caso, hasta organizar un encuentro entre Hassan Tatanaki, el director ejecutivo de su fundación y... Jennifer Schense (de la oficina del fiscal de la CPI) en el Hotel des Indes de La Haya, el 13 de junio de 2015. Bien caída la tarde, con Florence Olara, la portavoz de la jurisdicción. Contactadas, Jennifer Schense asegura que se trata de informaciones “manifiestamente falsas”, mientras que Florence Olara denuncia una tentativa de dañar [su] reputación y la de la CPI”. Sin más precisiones.

Preguntado el 25 de septiembre, Luis Moreno Ocampo desmiente haber tenido el menor contacto con alguien de la CPI. Afirma también no haber tenido nunca vinculaciones con Justice First, confirmando haber tenido a Hassan Tatanaki entre sus clientes. “[Tatanaki] paró. No sé lo que le pasó. Me llamó y dijo ‘lo dejamos ahí, está bien”, dice Ocampo someramente.

Ante las eventuales acusaciones por recibir dinero de alguien que apoya a sospechosos de crímenes de guerra –el colmo para un ex alto cargo de la CPI–, Ocampo jura haber alertado a su cliente de los riesgos que representaba su cooperación con el mariscal Haftar. “Le dije: ‘Sí, la gente de Trípoli probablemente comete crímenes, pero el general Haftar comete también probablemente crímenes. Sé prudente con él” [...] Le dije a Tatanaki que el problema aquí es que todas las partes cometen crímenes. Le dije que la CPI no sólo iba a perseguir a sus enemigos. La CPI puede perseguir a todo el mundo, incluido [el mariscal Haftar]”.

Desde la CPI, el jefe del gabinete de la actual fiscal mantiene que “la oficina del fiscal [...] no ha pedido dictamen, comunicado ni colaborado con el exfiscal de la CPI”, Moreno Ocampo, bajo ninguna forma [desde] junio de 2012”. Precisa que “las actividades de Ocampo desde el final de su mandato [...] son estrictamente ejercidas a título personal y ni él ni sus acciones pueden ser asociadas con la oficina o la Corte”.

  'Los secretos de la Corte'

La investigación periodística titulada Los secretos de la Corte es fruto de seis meses de trabajo, llevada a cabo por ocho medios de comunicación internacionales miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

Stéphanie Maupas, que ha participado en la investigación para Mediapart, es una periodista freelance especializada en Justicia internacional.

Además de Mediapart, socio editorial de infoLibre, participan en esta investigación Der Spiegel (Alemania), NRC Handelsblad (Países Bajos), The Sunday Times (Reino Unido), El Mundo (España), Le Soir, (Bélgica), ANCIR (Sudáfrica), Nacional (Serbia) y The Black Sea, periódico digital creado por el Centro Rumano para el Periodismo de Investigación, que cubre Europa del Este y Asia Central.

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Traducción: Mariola Moreno

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