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Israel trata de impedir que salga a la luz un listado de empresas implicadas en la colonización
El diplomático jordano Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein, Alto Comisario para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigió hace diez días una carta a casi 150 empresas internacionales para anunciarles que aparecerían en la lista negra de los grupos presentes en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. La elaboración de esta base de datos se decidió, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2016. Y consiste en recopilar los nombres de las empresas implicadas en la construcción y el desarrollo de las colonias israelíes.
Esta colonización, manifiestamente contraria al derecho de los palestinos a la autodeterminación, ilegal a los ojos del derecho internacional y condenada por múltiples resoluciones de Naciones Unidas, es considerada por la ONU, y por numerosos países, un importante obstáculo a la hora de resolver el conflicto árabe-israelí. Con la elaboración de esta lista, la ONU pone de manifiesto que ya no se contenta con denunciar las violaciones impunes y remitir al derecho, sino que pretende colocar a los Estados y a las empresas frente a sus responsabilidades: ser o no cómplice de la colonización ilegal de Palestina.
Esta lista negra, comunicada a finales de septiembre al Ministerio israelí de Asuntos Extranjeros, de momento incluye una treintena de empresas norteamericanas (como Coca-Cola, Caterpillar, TripAdvisor, Airbnb), un importante contingente de empresas israelíes (como los autobuses Egged, los bancos Hapoalim y Leumi, el fabricante de sistemas de seguridad Elbit, la compañía nacional de agua Mekorot, el gigante de telefonía Bezeq, el laboratorio farmacéutico Teva), así como empresas alemanas, surcoreanas, noruegas.
El listado también puede incluir empresas francesas, entre ellas cinco grandes grupos financieros (los bancos BNP-Paribas, Société Générale, Crédit agricole, BPCE y la aseguradora Axa). Dichos nombres ya figuraban en un informe sobre Las relaciones peligrosas de los bancos franceses con la colonización israelí, publicado el pasado mes de marzo por ocho organizaciones, entre ellas la CGT, la Liga de Derechos Humanos y el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.
Dicho informe, basado en el análisis del gabinete neerlandés Profundo, especialista en el sector financiero, establecía los múltiples vínculos entre los grupos franceses y las numerosas firmas israelíes que han participado activamente en la intensificación de la colonización desde los acuerdos de Oslo, en 1993. En un cuarto de siglo, esta estrategia ha hecho que el número de colonos en Cisjordania y en Jerusalén Este pase de 268.000 a 650.000, acabando con cualquier posibilidad de crear un Estado palestino viable.
Los cinco grupos franceses que aparecen en el informe no pueden negar ni su presencia activa, muy bien documentada, ni el hecho de que esta participación en la colonización se encuentra en clara contradicción con los compromisos que decían haber tomado en materia de derechos humanos. Ya no pueden ignorar que esta colaboración con las firmas israelíes constituye una violación reiterada del derecho internacional. Según la IV Convención de Ginebra de 1949, relativa a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, “el traslado de civiles a territorios ocupados por la potencia ocupante está prohibida”. Lo que recordaba también la resolución 2334 adoptada el 23 de diciembre de 2016 por el Consejo de Seguridad de la ONU, con –hecho excepcional– el aval de Estados Unidos, que no había opuesto su veto.
“La colonización de los territorios palestinos ocupados desde 1967 no tiene ninguna validez legal, supone una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo principal a la puesta en marcha de la solución de los dos Estados y de una paz completa, justa y duradera”, recordaba el texto. Además, la misma resolución pedía “a todos los Estados distinguir en sus intercambios, en la materia, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”.
Sin embargo, desde la publicación de este informe, hace seis meses, ninguno de los grupos franceses en el punto de mira ha iniciado el menor movimiento de retirada. Esta situación llevaba, el 9 de agosto pasado, a la ministra palestina de Economía, Abeer Odeh, a escribir a los dirigentes de los cinco grupos (Frédéric Oudéa, de la Société générale; François Pérol, de BPCE; Philippe Brassac, de Crédit agricole; Jean-Laurent Bonnafé, de BNP-Paribas y Thomas Buberl, de Axa) para recordarles que las empresas “tienen la obligación de respetar los derechos humanos”.
Al invitar a cada uno de los grupos franceses a revisar sus vínculos económicos y financieros, Abeer Odeh, quien pasó por el Banco Mundial antes de convertirse en ministra, recuerda que en virtud de sus propios compromisos públicos en materia de ética de los negocios, estos grupos deben respetar los derechos humanos. Afirma también que los vínculos actuales con los bancos israelíes y resto de instituciones que operan en los territorios ocupados palestinos son incompatibles con su visión del mundo, pero también con la ley. Por ello, le pedía a los cinco directivos “acabar con las operaciones y la cooperación” con sus socias israelíes.
Esta ofensiva de la ministra de Economía venía precedida del envío, el 1 de agosto, de una carta del secretario general de la OLP y principal negociador palestino Saeb Erekat a Jean-Yves Le Drian. Después de haberlo felicitado por su nombramiento como ministro de Exteriores, Saeb Erekat le recordaba al nuevo ministro francés los múltiples vínculos existentes a día de hoy entre cinco grupos franceses y al menos 28 empresas implicadas “en la continuación y la expansión de las colonias israelíes ilegales o en la explotación de los recursos naturales palestinos”.
Ofensiva israelo-americana
El negociador palestino –que le recordaba al ministro que Francia votó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que es una de las “altas partes contratantes de la IV Convención de Ginebra que prohíbe el traslado de una parte de la población civil de una potencia ocupante en territorio que ocupa”, que se encuentra comprometida con las directivas europeas de 2013 que prohíben las relaciones financieras con los territorios ocupados– destaca que “Francia no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967”. También le solicitaba a Jean-Yves Le Drian que aplicase políticas destinadas a “desalentar” a las empresas francesas a la hora de estrechar lazos con el régimen israelí de colonización.
A día de hoy, el Ministerio de Exteriores francés no ha respondido a la misiva.
Es todavía más sorprendente, por no decir descortés, dado que el correo va acompañado de una “nota verbal”, un documento diplomático que requiere de una respuesta. Esta actitud del Gobierno francés parece confirmar que con Emmanuel Macron, como con François Hollande, París no pretende sumarse a lo que podría aparecer como una ofensiva destinada a sancionar a Israel. Los dirigentes franceses deberán elegir claramente de qué lado se posicionan cuando se trate de decidir, en el marco de Naciones Unidas, si la lista debe hacer pública o no.
En principio, la lista negra de las empresas cómplices con la colonización debería estar lista y ver la luz en diciembre. Sin embargo, hace meses, el Gobierno israelí y, sobre todo, la Administración Trump han lanzado una ofensiva diplomática de envergadura para torpedear esta iniciativa. En 2016, cuando el Consejo de Derechos Humanos había decidido ya elaborar esta lista, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a esta instancia de convertirse en “un circo antiisraelí”.
El portavoz del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, Emmanuel Nahshon, incluso llegó a escribir en un tuit que el Consejo “necesitada con urgencia atención psicológica”. El Consejo de Derechos Humanos –compuesto por 47 Estados, un tercio de los cuales se renueva anualmente y actualmente presidido por el diplomático salvadoreño Joaquín Alexander Maza Martelli– es junto con la UNESCO, una de las bestias negras de Israel, en el seno del sistema de Naciones Unidas. La estrategia israelí es sencilla: presentar esta lista como un primer paso hacia el boicot de las empresas israelíes, colaboren o no con la colonización. Boicot que, según Netanyahu y sus aliados, es antisemita.
En Israel, se ha constituido incluso un comité interministerial especial, integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, de Asuntos Estratégicos, de Justicia y de Economía, para tratar de impedir la publicación de la lista. Con la elección de Donald Trump, erigido primer defensor de Israel, la ofensiva ha recibido un refuerzo notable. La lista negra es “la última de una larga serie de acciones vergonzosas” del Consejo de Derechos Humanos, declaraba en junio pasado Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU.
Gracias a ese apoyo, la vicepresidenta israelí, Tzipi Hotovely, para quien “cualquier tierra, del Mediterráneo a Jordania pertenece a Israel”, acusaba a la ONU, hace un mes, de “jugar con fuego” y amenazaba: “Cuanto más actúe Naciones Unidas contra Israel, más presupuesto perderá en el intento. Estas actividades volverán como un bumerán. Israel y Estados Unidos trabajan juntos en un plan que pondrá fin al prejuicio antiisraelí de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es la más hipócrita de las arenas, es por ahí por donde debe empezar la revolución”.
Pero, según sus propios promotores, esta ofensiva israelí-norteamericana encuentra serios obstáculos. En agosto, Heather Nauert, portavoz del departamento de Estado, admitía que la iniciativa de los dos países de privar de recursos financieros a los expertos encargados de elaborar la lista había fracasado. Según fuentes israelíes oficiales anónimas, citadas a finales de septiembre por el diario Haaretz, la oficina de Asuntos Estratégicos del Ministerio israelí de Economía aprendió que un cierto número de empresas extranjeras ya han respondido al Alto Comisariado para los Derechos Humanos al anunciar que no renovarán los contratos firmados con firmas israelíes y que no firmarán acuerdos nuevos.
El Gobierno israelí ha entrado en contacto ya con algunas de ellas haciendo valer que la lista, incluso si se publica, no es conlleva ninguna obligación. También ha alertado a varios Gobiernos extranjeros en contra de cualquier utilización de la lista negra: se asemejaría a un boicot a Israel. En los próximos meses veremos si, a base de amenazas y acusaciones de antisemitismo, Estados Unidos e Israel acaban por impedir que la ONU publique de forma oficial la lista. En lo que respecta a la posición publica de Francia, Emmanuel Macron señaló, en julio, que el antisionismo es “la forma reinventada del antisemitismo”.
Queda una cuestión por aclarar: ¿cómo se explica la retirada de las empresas que han informado ya la ONU de su decisión? ¿Brutal toma de conciencia de la violación del derecho? Poco probable. ¿Pragmatismo y prudencia estratégica? Más creíble. Ningún directivo tiene ganas de ver a su empresa en una lista negra. Sobre todo si la presencia en esta lista puede poner en peligro operaciones o proyectos en un país rico y poderoso del mundo árabe-musulmán, hostil a Israel.
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Traducción: Mariola Moreno
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