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Europa sufraga material militar a Turquía para expulsar a los refugiados

Bombardeo sobre Maar Zita, en la provincia siria de Idlib.

Cuando los soldados turcos abrieron fuego, Ibrahim Khaled tomó a su madre de la mano y echó a correr. Escuchó los ruidos de las armas de fuego, escuchó los gritos de los refugiados alcanzados por las balas y acabó en el suelo. Khaled no se giró. “Sentí que si me detenía allí, me matarían o me detendrían”, dice.

Durante horas, Khaled y su madre corrieron en la dirección que el traficante les había indicado. Cruzaron olivares y sortearon piedras hasta llegar a un pueblo turco. De los alrededor de 60 refugiados que salieron del campamento cercano a Darkush, en la provincia siria de Idlib, sólo un puñado cruzó la frontera. Khaled desconoce el destino del resto. Probablemente murieron o regresaron a Siria, piensa. “Tuvimos suerte”.

Khaled está sentado en un apartamento de nueva construcción, en la periferia de Mersin, al sudeste de Turquía, donde él y su madre encontraron refugio tras huir el pasado otoño. Viste un pantalón vaquero viejo y un jersey, ambas prendas regalo de un vecino. Tiene los ojos cansados y la frente llena de arrugas. Durante mucho tiempo, Khaled dudó sobre si contar a los periodistas la violencia de la frontera turco-siria. Tiene miedo de que las autoridades turcas se venguen. Hace poco tiempo que ha decidido concedernos una entrevista, con el compromiso de mantener su identidad real en el anonimato. “Quiero que el mundo sepa lo que nos pasa a nosotros, los sirios”, dice.

La guerra civil en Siria va camino de cumplir su octavo año. A día de hoy, más de 350.000 personas han fallecido y los desplazados se cuentan por millones. Y aunque no se vislumbre la paz, los países vecinos de Siria han cerrado las vías de salida. Líbano, Jordania y Turquía, que acogen en su totalidad más de cinco millones de sirio, se niegan a aceptar más demandantes de asilo. Turquía ha construido, en la frontera con Siria, un muro de tres metros de altura y con una longitud de varios cientos de kilómetros.

Khaled explica que soldados turcos abrieron fuego de forma arbitraria sobre los refugiados. Los detalles son difíciles de comprobar, pero resultan coherentes y coinciden con las declaraciones de más de una docena de testimonios, entrevistados por Der Spiegel. La ONG Human Rights Watch desvelaba, a principios de febrero, la existencia de varios casos similares: soldados turcos obligaban a los refugiados a regresar a Siria y dispararon de modo indiscriminado, según la organización.

Hace precisamente dos años, el 18 de marzo de 2016, la UE y Ankara alcanzaban un acuerdo según el cual los europeos pagarían inicialmente 3.000 millones de euros a Turquía a cambio de mantener a los refugiados en suelo turco (a la espera del pago de una nueva partida por 3.000 millones adicionales). Los dirigentes europeos defendieron entonces que este acuerdo había permitido contener la “crisis de los refugiados”. En realidad, la crisis simplemente se desplazó. A día de hoy, las muertes son menos frecuentes en el mar Egeo, donde el número de embarcaciones que cruzan Grecia ha caído drásticamente con la firma del acuerdo. En cambio, mueren en la frontera turco-siria.

Oficialmente, los miles de millones de Europa exclusivamente van destinados a ayudar a Turquía a gestionar a los refugiados en su territorio y a impedirles que entren en Europa. Falso. Mediapart (socio editorial de infoLibre) y sus socios del consorcio European Investigative Collaborations (EIC) revelan ahora que la UE sufragó a Turquía, por importe de 83 millones de euros, vehículos militares y equipamiento de vigilancia para asustar a los refugiados. Incluida la frontera turco-siria, oficialmente abierta.

Los periodistas del consorcio EIC han analizado los cientos de contratos europeos. Uno de ellos muestra que la UE financió en un 75% la compra de Turquía de 82 blindados Cobra II, cuyo coste total asciende a 47,5 millones de euros. Estos vehículo, equipados con periscopios, pueden patrullar el muro del lado turco, detectando a los refugiados que se acercan del otro lado. Fabricados por Otokar, uno de las principales compañías turcas de armamento, estos vehículos fueron entregados a las Fuerzas Armadas turcas en la primavera de 2017.

A día de hoy, forman parte de la infraestructura de vigilancia de lo que pronto se va a convertir en el tercer muro más largo del mundo: 900 km de hormigón equipado de drones, de cámaras térmicas y de torres de tiro teledirigidas y automatizadas de manera “inteligente”. Por los altavoces se difunden mensajes, que advierten a los refugiados, en turco y en árabe, de la conveniencia de no acercarse más. Artillería pesada abre fuego en caso de que se ignoren estos mensajes. Las cámaras térmicas son capaces, los días despejados, de detectar a tres personas de pie, de 1,80 metros de altura, a una distancia de diez kilómetros. En otros términos, el equipo financiado por la UE ayuda a detectar refugiados que intentan cruzar el muro fronterizo y corren el riesgo de ser alcanzados por tiros… y asesinados.

Además, el muro construido por Ankara mantiene a cientos de miles de refugiados sirios atrapados en una zona de guerra. Se calcula que hay más de 200.000 desplazados al norte de Siria desde mediados de diciembre y cabe esperar que la toma, por parte del Ejército turco, en los últimos días, de la ciudad kurda de Afrin provoque nuevos flujos de refugiados.

Turquía asegura que la frontera sigue abierta para los demandantes de asilo, información puesta en entredicha por diferentes fuentes turcas y sirias próximas a la frontera. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) precisaba ya en junio de 2017 que Turquía había hecho “prácticamente imposible, para los refugiados sirios, el paso de forma legal de la frontera”. “Turquía segura que su política de puertas abiertas sigue vigente, pero en realidad está casi cerrada”, decía entonces el Instituto.

Desde septiembre pasado, 42 civiles han sido asesinados cuando trataban de pasar de Siria a Turquía, según Rami Abdulrahman, director del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. El Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) confirma que se ha convertido en misión casi imposible cruzar la frontera (excepto para las personas gravemente heridas o enfermas). Y el número de refugiados que huyen de Siria va en aumento.

“Asistimos a una violación de los derechos humanos”, avisa  Thomas Gammeltoft-Hansen, director de investigación del Instituto Danés de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario Raoul-Wallenberg. “Si se disparan balas mortales a refugiados que tratan de cruzar la frontera, estamos ante una violación pura y dura de los derechos humanos”, recuerda. Y añade: “Si el muro fronterizo deja a los sirios sin la posibilidad de pedir asilo, estamos ante otra violación del derecho internacional, en concreto del principio de no devolución”.

El material que la UE proporciona a Turquía podría convertir a aquélla en cómplice de violación de los derechos humanos en la frontera turco-siria. “Si saben que el equipamiento se utiliza para violar los derechos de los refugiados, los miembros de la UE son, en principio, cómplices”, añade Thomas Gammeltoft-Hansen.

390 millones de Francia

La Comisión Europea, consultada por el consorcio EIC, ha respondido que la “UE no proporciona equipamiento militar o letal a Turquía”. Los Cobra, sin embargo, son vehículos militares. La Comisión añade que el acuerdo con Turquía prevé que los vehículos se “destinen exclusivamente a la vigilancia de las fronteras y que cualquier modificación o cambio en el uso del equipamiento requiere la autorización por escrito de la Comisión”.

Claro que Bruselas no tiene manera de controlar lo que hace el régimen autoritario de Erdogan con sus armas. Varios expertos en derechos humanos temen que Turquía utilice este equipamiento financiado con fondos europeos para operaciones militares llevadas a cabo actualmente en las zonas kurdas de Siria o en la represión dirigida a su propia población. Imágenes de la invasión del Ejército turco de la provincia kurda de Afrin desde finales de enero muestra que se emplearon vehículos Cobra II. Pero en lugar de periscopios con cámaras termosensibles, iban equipados con armas.

Pero la financiación europea no se dirige sólo a la frontera turco-siria. Para ayudar a Turquía a vigilar su porción de frontera terrestre con Grecia, la UE ha financiado vehículos todavía más monstruosos que los Cobra II, según la investigación del EIC. En mayo de 2017, Aselsan, una empresa en manos del Ejército turco, en un 87%, ganó un contrato por importe de 30 millones de euros con la UE para proporcionar a Turquía 50 vehículos con los que patrullar la frontera griega, 20 de los cuales están blindados contra las minas y las granadas. Según los documentos consultados por el EIC, estos vehículos son contribuciones de Europa a “la prevención de la inmigración ilegal, del tráfico humano, de los delitos del paso de fronteras [cross-border crimes] y del sistema de traficantes”. Uno de las empresas, que ha estudiado el concurso público, vio con perplejidad la desproporción aparente entre el objetivo mostrado y las especificaciones técnicas de estos vehículos “claramente exageradas” para vehículos destinado a ser empleados en la frontera de Turquía con la UE. Pero la UE se muestra firme: el blindaje pesado es obligatorio, sin explicar las razones.

Se entiende que Bruselas sea muy discreta en la cuestión. Aselsan, que ganó el concurso, en realidad no proporcionará más que el equipamiento electrónico. Según la investigación del EIC, los vehículos son Hizir, impresionantes máquinas de guerra, fabricadas por Katmerciler, un fabricantes perteneciente a un exdiputado del AKP, el partido de Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco es un gran fan del Hizir, cuyo prototipo desveló en noviembre de 2016 en un salón militar, seis meses antes de que la UE financiase 50 unidades.

El concurso de Bruselas estipulaba que los vehículos tenían que llevar un año en el mercado. No es el caso de los Hizir, cuyos primeras unidades han salido recientemente a la venta y todavía están en periodo de pruebas antes de su próxima entrega al Ejército turco.

Cuando, en 2016, la UE prometió a Erdogan 3.000 millones de euros a cambio de acceder a ocuparse de todos los refugiados sirios que llegase a las islas griegas, se había previsto que este dinero sólo se utilizase para ayudar a la acogida de más de 3,5 millones de refugiados sirios residentes en Turquía.

Pero de estos 3.000 millones de euros obtenidos de los Estados miembros de la UE (309 millones aportados por Francia), una parte ha sido empleada para financiar seis barcos de patrulla destinados a los guardacostas turcos. Éstos, según varias ONG, operan en zonas marítimas, detienen con agresividad a los refugiados que tratan de dejar Turquía, poniendo a veces en peligro a las embarcaciones de refugiados.

“Desde la entrada en vigor del acuerdo con Turquía, se hizo evidente que los guardacostas turcos hacían lo imposible por detener a las personas que cruzaban el mar”, explica Ruben Neugebauer, portavoz de Sea-Watch, una de estas organizaciones. “Las tácticas son variadas. A veces vemos a barcos turcos navegar alrededor de las lanchas neumáticas, provocando olas, y poniéndolos en peligro de tal manera que a veces los refugiados deciden dar media vuelta. Otras veces echan a los barcos e incluso golpean a la gente para que se marchen”.

Los guardacostas turcos han publicado una declaración, como respuesta a estas acusaciones, en la que aseguran tener órdenes para detener los barcos de refugiados antes de que llegasen a aguas europeas. Los palos, explican, se emplean para intentar dañar los motores y las hélices para atar a las pequeñas embarcaciones a los barcos mayores para arrastrarnos a las costas turcas.

Pero no se trata del único supuesto caso de abuso cometido a bordo de estos barcos financiados con dinero europeo. La ONG Lighthouse Relief ha publicado una declaración, conjuntamente con Acnur, para mostrar su preocupación por un incidente ocurrido en noviembre; aseguraban que los guardacostas turcos habían disparado al aire y al mar, provocando que varios refugiados saltaran al agua.

Estos seis barcos de patrulla fueron encargados a un astillero neerlandés, Damen, por importe de 18 millones de euros –una suma financiada en parte con fondos daneses de ayuda al desarrollo–. Fueron entregados a los guardacostas turcos el años pasado. El último se entregó en vísperas de Navidad. Según la compañía naval, estos barcos pueden transportar hasta 120 refugiados y migrantes en el mar.

Este material para el control de fronteras que ha recibido Turquía se enmarca dentro una tendencia creciente en la UE. “La UE utiliza cada vez más  el principio de competencia plena y externaliza el control fronterizo a países terceros en lugar de efectuar su propio control”, dice el investigador danés Thomas Gammeltoft-Hansen. “Vosotros financiáis el control de las fronteras, pero no queréis estar allí porque corréis el riesgo de poner en juego vuestra responsabilidad en términos de derechos humanos”. Una estrategia que recuerda, extrañamente, a lo que sucede a día de hoy entre Italia y Libia.

Un portavoz de la Comisión ha respondido por escrito a las preguntas del EIC, afirmando que la UE sigue “atentamente” la situación en la frontera turco-siria y que es consciente de la existencia de violencia en la frontera “pero no ha sido capaz de conseguir confirmación independiente a través de sus fuentes o por las autoridades turcas”. Contactada hace una semana, la embajada turca en Copenhague y el Gobierno turco de Ankara no han atendido al EIC.

El pasado 14 de marzo, la UE daba luz verde al pago de la segunda partida de la ayuda prometida a Turquía: Ankara recibirá, de nuevo, 3.000 millones de euros.

 

Esta investigación se ha realizado en colaboración con el consorcio de medios de comunicación de investigación European Investigative Collaborations (EIC), del que Mediapart (socio editorial de infoLibre) es miembro fundador. El EIC ya ha publicado varias investigaciones como los Footbal Leaks o los Malta Files, entre otras.

Esta nueva investigación sobre los migrantes la han dirigido los medios de comunicaciones daneses Politiken y Danwatch con el EIC. El trabajo de investigación y análisis lo ha efectuado John Hansen (Politiken), Emilie Ekeberg (Danwatch) y Sebnem Arsu (The Black Sea), con la colaboración de Maximilian Popp (Der Spiegel), Zeynep Sentek y Craig Shaw (The Black Sea), Francesca Sironi (L’Espresso) y Hanneke Chin (NRC Handelsblad).

Por parte de Mediapart, Amélie Poinssot ha traducido, adaptado y completado la investigación (originalmente redactada en inglés).

La industria armamentística se lucra con la seguridad fronteriza

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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