Emmanuel Macron, el vértigo autoritario

¿Consideramos esta opción como de una gravedad extrema? La decisión de anunciar el refuerzo del dispositivo Centinela –entre 7.000 y 10.000 soldados– y su despliegue este sábado 23 de marzo contra las posibles manifestaciones de los chalecos amarillos en París supone una ruptura histórica en el orden republicano. La escenificación de esta decisión del poder refuerza más esta apreciación.

Según se ha señalado, la medida ha sido tomada personalmente por Emmanuel Macron, y luego ha sido anunciada en Consejo de Ministros. “No podemos dejar a una ínfima minoría violenta dañar nuestro país y deteriorar la imagen de Francia en el extranjero”, ha declarado a continuación Benjamin Griveaux, portavoz del Gobierno. Esta decisión cierra varios días de declaraciones públicas del jefe del Estado y de su ministro del Interior que prometían a los futuros manifestantes una reacción inmediata tras los graves incidentes del pasado sábado en los Campos Elíseos.

El poder ha elegido pues organizar un cara a cara entre el Ejército y el pueblo. “¿Quiere usted orden público? Eso implica pasar a la ofensiva. Podemos temer que haya heridos, incluso muertos”, previene un diputado de la mayoría parlamentaria, citado por Le Monde. ¿Estamos aún en Francia? ¿Podemos imaginar unas medidas y unas intenciones así tomadas, por ejemplo en Italia, por el ministro de extrema derecha Matteo Salvini, en Hungría por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán o en Rusia por Vladimir Putin? La indignación sería inmediata.

La operación Centinela es un dispositivo antiterrorista para proteger la población contra cualquier ataque o atentado. Su pliego de condiciones es muy preciso y su marco de intervención cuidadosamente delimitado.

Sin embargo, aquí tenemos este dispositivo antiterrorista utilizado contra un movimiento social y contra manifestantes sin que esto ocasione una ola de indignación. Mientras tanto, el poder se esfuerza por ganar la batalla del vocabulario: los manifestantes han sido llamados “facciosos”, “muchedumbre odiosa”, “brutos” y hoy han pasado a ser “alborotadores” que quieren “derribar la República”.

Nunca te retractes en un toque autoritario, dice Ségolène Royal, resumen de lo que se dice y se piensa en los círculos del poder: “Me he preguntado por qué no se había hecho esto antes (…). Cierto que los black blocs no son terroristas, pero siembran el terror, lo que viene a ser lo mismo.” En 1912, Jean Jaurès describía esta batalla de palabras: “Uno de los métodos clásicos de la burguesía es que cuando una palabra ha dejado de meter miedo, suscitan otra… Durante una generación la burguesía ha creído que, para asustar al país, era suficiente con señalar al socialismo. Después, el país se acostumbró al socialismo. Ahora, se hace lo mismo con la palabra sabotaje”.

Los black blocs [una táctica de manifestación donde sus participantes llevan ropa negra​ para evitar ser identificados] han ganado, su presentación ya está hecha. Su estrategia de siempre es la de demostrar, mediante el enfrentamiento sistemático con las fuerzas del orden, que la naturaleza profunda de todo Estado capitalista es autoritaria o dictatorial. En eso estamos, el Estado moviliza las tropas para frenar y reprimir mejor a un movimiento social que ya es considerado como “un enemigo interior”, único motivo para hacer intervenir al Ejército en territorio nacional, como se ha señalado en los sucesivos libros blancos de la defensa.

Explicaciones de Benjamin Griveaux: “El dispositivo Centinela asegurará los puntos fijos y estáticos y permitirá a las fuerzas del orden concentrarse en los movimientos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden”. Explicación complementaria de Matignon: mientras sea posible, los militares no entrarán en contacto directo con los manifestantes. Sólo se trata de liberar efectivos de gendarmes y policías que hasta ahora se dedicaban a las guardias estáticas (Elíseo, Matignon, ministerios, grandes administraciones) y que no podían participar directamente en el mantenimiento del orden.

Estas intenciones no hacen más que aumentar una burda mentira. Y es que los miles de soldados movilizados van a venir efectivamente a participar en un dispositivo global de mantenimiento del orden y no se puede excluir que se produzcan enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes, puesto que el recorrido de las manifestaciones de los chalecos amarillos no se han fijado nunca con antelación y a menudo se convierten en errantes por París.

Aún más grave, a la vista de los cuatro meses y medio de manifestaciones, no se puede excluir que grupos de manifestantes recalentados, afectados por cargas policiales o por avalanchas de tiros con lacrimógenos o de proyectiles de goma LBD (black blocs, chalecos amarillos u otros) decidan tomarla contra las tropas oficialmente encargadas de vigilar edificios.

¿Y entonces? “¿Qué va a pasar a continuación? ¿Los militares van a disparar? ¡Eso es asunto de la policía! Sean cuales sean las circunstancias, el Ejército no debe ocuparse de tareas de la policía”, protestó Jean-Luc Mélenchon el miércoles por la tarde en la cadena de televisión BFM.“ .“¡Se ha vuelto usted loco!”, añadió, refiriéndose a François Bayrou. Una exclamación que hacía eco de la del diputado de centro derecha Charles de Courson cuando se indignaba por la ley anti-alborotadores: “¿Pero dónde estamos? ¡Despertad, queridos colegas! ¡Esto es una deriva total! Parece que hemos vuelto al régimen de Vichy”.

Incluso el senador Bruno Retailleau, que hace de la escalada de seguridad su ideología, se pregunta: “¿Qué pasaría si un grupo de black blocs se enfrentara físicamente con militares en la zona de los Campos Elíseos? Los militares no están formados para el mantenimiento del orden. Los militares lo son para combatir, para hacer la guerra, para responder con las armas a quienes les atacan”.

Eso mismo lo había dicho alguien que no ha reaccionado desde el miércoles, Geneviève Darrieusseq, la secretaria de Estado de Defensa. Preguntada en diciembre de 2018 en la cadena de televisión LCI, entonces excluyó la movilización militar. “Por lo que se refiere al Ejército, no. Los ejércitos no intervienen en misiones de seguridad pública interior. En la actualidad, el enemigo de los ejércitos son los terroristas”, dijo.

Otra mentira del poder, por otra parte desmentida por la puesta en escena del anuncio presidencial: no se trataría ciertamente de un acto político sino de una medida técnica. En cierta forma, pragmatismo para calmar a unos policías y gendarmes agotados por estos meses de manifestaciones y dar un poco que pensar a los sindicatos policiales…

Georges Clemenceau, Jean Jaurès y Jules Moch

Ahora bien, lo que ha reivindicado el jueves el ministro del Interior, Christophe Castaner, es totalmente diferente. Desde del sábado este hombre es señalado por su incompetencia, su brutalidad y su incapacidad para hacerse obedecer por sus servicios. Entonces se ha situado bajo la protección de Georges Clemenceau en la toma del nuevo prefecto de policía de París. “Su modelo es Georges Clemenceau, su mano jamás tembló cuando se trataba de combatir por Francia, la suya no deberá temblar tampoco”, se atrevió a declarar haciendo referencia a las manifestaciones.

No se trataba en ese caso del Clemenceau de la Gran Guerra, sino del Clemenceau ministro del Interior. El que, tras la catástrofe minera de Courrières, envió tropas en 1906 para bañar en sangre las huelgas de la minería y continuó reprimiendo violentamente los movimientos obreros los años siguientes. Aquel año, Jean Jaurès se indignaba en varios editoriales porque esa violencia patronal y esa represión política deliberada producían violencias obreras en cadena.  En Lens, un periódico local publicaba: “El Ejército está en todas partes y protege los edificios públicos como Correos y el instituto Condorcet”. Protección de edificios públicos: eso es lo que nos anuncia el gobierno.

El poder ha elegido así apuntarse a esta historia particular de represión sangrienta de los movimientos sociales. El Ejército nunca fue llamado a intervenir en tales situaciones desde las grandes huelgas de 1947-1948. Los comunistas acababan de dejar el gobierno, la guerra fría había comenzado y el Gobierno de la IV República decidía perseguir al “enemigo interior”.

Fue un socialista, Jules Moch, entonces ministro del Interior, el que envió tropas para reprimir a los mineros. Movilizó a 60.000 CRS (Compañía Republica de Seguridad) y soldados para imponer a los 15.000 huelguistas la vuelta al trabajo. El Ejército ocupaba los pozos mineros. Balance: más de tres mil despidos, seis muertos y numerosos heridos.  Solamente en 2014, Christiane Taubira, entonces  ministra de Justicia, pidió una indemnización para las familias de los mineros despedidos ilegalmente.

La opción elegida por Emmanuel Macron no es pues de oportunidad o de pragmatismo. Es una decisión política de endurecer más el aparato de represión de los movimientos sociales para presentarse como seguidor del partido del orden. Hasta ahora, el poder había generalizado el uso de dispositivos probados en barrios populares, cuando las revueltas de 2005, luego desarrollados con Nicolas Sarkozy (reforma de pensiones) y François Hollande (ley de trabajo El Khomri).

Christophe Castaner y la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, dieron seguidamente nuevas armas al sistema represivo: uso sistemático de los LBD [lanzabolas de defensa], intervención de los grupos policiales de los BAC (brigadas anti criminalidad) –sin formación en mantenimiento del orden–, detenciones masivas y a menudo ilegales, arrestos preventivos, etc. El recurso a las tropas se inscribe en esta escalada de la violencia deseada y provocada por el poder.

Esta escalada se acompaña de una agresividad creciente del ministro y del primer ministro. La mayor parte de las declaraciones, del sábado para aquí, tratan de preparar a la opinión pública para un accidente, es decir, para uno o varios muertos. “Si tenemos una estrategia que permita a las fuerzas del orden ser más móviles, ser más dinámicas, ser más firmes, habrá más riesgos” de accidentes, asumió el lunes por la tarde, en France 2, el primer ministro Édouard Philippe. Cuando la obsesión de todos los gobiernos, desde al menos 1968, ha sido evitar heridos graves o muertos, para el poder actual ya no es su prioridad.

Y esto formula directamente la pregunta del presidente de la República. Emmanuel Macron no ha dejado, desde noviembre, de asumir o de pedir un refuerzo de los medios de represión. Se conoce el balance: miles de heridos, una mujer mayor muerta en Marsella por una granada, 22 personas tuertas, cinco personas con una mano arrancada (ver aquí el balance completo hecho por David Dufresne).

¿Qué ha respondido justo la última semana Emmanuel Macron? “Represión, violencia policial, esas palabras son inaceptables en un Estado de derecho”. El economista y filósofo Frédéric Lordon le ha contestado en estos términos: “Pero, Sr. Macron, usted es irreparable. Cómo decir: en un Estado de Derecho no son esas palabras, son esas cosas las que son inaceptables. Ante una muerta, 22 tuertos y 5 manos arrancadas usted de vuelve a empolvar la peluca y nos dice: “No me gusta el término represión porque no se corresponde con la realidad”. La cuestión que sigue –casi de psiquiatra– es saber justo en qué realidad vive usted”. (leer aquí en El Club la totalidad de su respuesta).

No es sólo una cuestión de retórica. Es sin embargo la interrogación que pesa sobre esta presidencia presa de vértigo autoritario y de auto-contemplación. “Autoritario: quien usa de toda la autoridad que posee para imponerse un límite”, dice el Larousse. ¿Y no está verdaderamente sin límites, Emmanuel Macron, en su uso de las instituciones, su gestión de entidades intermedias y de la opinión?

¿Qué presidente es este que, después de burlarse  del Bribón del chaleco amarillo en un primer debate con representantes se pierde en una verborrea que nadie más escucha? ¿Qué presidente es este que quiere vender a la opinión pública como un éxito deportivo y político el hecho de hablar durante ocho horas y diez minutos con intelectuales a los que desaira o no escucha?

El affaire Benalla, ocurrido el 1º de mayo último y conocido en julio, desveló de forma espectacular los desajustes de una Presidencia que desprecia todas las reglas, el autoritarismo de un jefe que reemplaza su fuerza de convicción cuando ésta va a desfallecer.  El resultado es que el Elíseo es hoy un castillo fantasma donde los personajes clave se han ido, han sido despedidos o están ahora preocupados por la justicia.

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La crisis política no ha parado de agravarse desde este affaire que ha desorganizado también el aparato del Estado (la prefectura de policía de París en particular). Ante la falta de respuesta política susceptible de generar o al menos calmar el país, no le queda más al jefe del Estado que esta huida hacia delante en un autoritarismo portador de nuevos dramas y nuevas crisis. ____________

Traducción de Miguel López