La inacción europea en la evaluación de sustancias químicas de riesgo

El berilio es peligroso. Pero, ¿quién conoce verdaderamente esta sustancia química? La podemos encontrar en la aleaciones metálicas utilizadas en aplicaciones para la electrónica, los automóviles o los electrodomésticos. Industrias como la francesa NGK Berylco o la alemana Tropages producen o importan entre 10 y 100 toneladas al año en Europa.

Las autoridades europeas conocen desde hace tiempo los peligros del berilio pero, según la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA), una ONG bruselense, no hacen nada para regular legalmente su utilización.

En 2014, Alemania, en el marco del reglamento europeo Reach sobre “registro, evaluación y autorización de sustancias químicas”, terminó su evaluación científica. Conclusión: el berilio es un cancerígeno comprobado para los animales y posiblemente para los humanos. Las autoridades alemanas afirmaban que la sustancia representaba un “riesgo claro” para los 65.000 trabajadores de las fábricas del continente. Recomendaban incluirlo en la lista europea de “sustancias extremadamente preocupantes”, última etapa antes de su prohibición.

Cinco años más tarde, el berilio sigue sin figurar en esa lista. Un caso entre otros 45 más mencionados en el informe que publicó este martes la OEMA sobre sustancias químicas, previsto por el reglamento Reach. “No es aceptable que los ciudadanos europeos estén expuestos a productos químicos peligrosos por culpa de la lentitud en la aplicación del reglamento y de la inacción de algunos Estados miembros”, afirma Tatiana Santos, de la Oficina Europea de Medio Ambiente. Entre las sustancias que aparecen en el informe, algunas “pueden causar cáncer, problemas de fertilidad o de contaminación medioambiental”.

La ONG ha recopilado los datos, dispersos y poco visibles, accesibles en la web de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA). Una cifra llama particularmente la atención: en el 74% de los casos, cuando un Estado estima que una sustancia representa un peligro, esa constatación no provoca regulación alguna.

“La evaluación es una herramienta que nos permite solicitar más información a las empresas con el fin de despejar dudas en cuanto a los efectos de una sustancia”, explica Henri Bastos, de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, Medio Ambiente y Trabajo (ANSES). Se trata de una herramienta básica del reglamento Reach, con entrada en vigor en 2008 y cuya finalidad es la de proteger la salud y el medio ambiente compilando los datos de todas las sustancias químicas producidas o importadas en Europa para después regular su utilización.

Al principio, las empresas deben cumplimentar un formulario de registro de sustancias químicas en la ECHA (cerca de 22.000 a día de hoy) describiendo sus propiedades y sus efectos sobre las personas y el medio ambiente. Estos datos permiten a la ECHA y a los Estados miembros imponer medidas restrictivas en la comercialización de ciertos artículos o sugerir la prohibición de sustancias peligrosas. Las autoridades pueden también proponer una clasificación cuyo fin es identificar claramente los peligros e informar a los consumidores por medio del etiquetado y certificación armonizados.

Antes de actuar, las autoridades a veces necesitan ir más lejos en el conocimiento de las propiedades intrínsecas de las sustancias. Las que deben ser examinadas en profundidad por los Estados miembros son anotadas en el plan de acción comunitaria (CORAP). A finales de diciembre de 2018, habían sido inscritas 352 sustancias desde el comienzo del Reach. Entre ellas, solamente habían llegado a término 94 evaluaciones; 46 sustancias eran consideradas como preocupantes y en 34 de ellas, la OEMA afirma que no se ha tomado ninguna medida.

Procedimientos muy largos

Las evaluaciones de sustancias llevan a veces a acciones concretas, como fue el caso del bisfenol A, un disruptor endocrino. A la evaluación por parte de Alemania siguió una inscripción en la lista de sustancias extremadamente preocupantes. La sustancia debería acabar siendo prohibida.

Pero en otros casos las sustancias se pierden en los limbos administrativos durante años. Lo que resalta sobre todo la ONG bruselense es la extensión en el tiempo de esas evaluaciones. “Duran entre siete y nueve años de media”, subraya Tatiana Santos.

Estos plazos tan largos son debidos en parte a las lagunas existentes en los expedientes de registro de las empresas. Los datos que proporcionan son sin embargo la piedra angular del edificio, ya que permiten evaluar la peligrosidad de las sustancias.

Según la ECHA, cerca del 70% de los expedientes proporcionados por las empresas están incompletos. Las espacios sin rellenar en los formularios no son una tontería. En el 37% de los casos, los datos sobre los riesgos para la salud humana están incompletos. “Los problemas de calidad de los expedientes hacen perder mucho tiempo” nos dicen en el Reach del Servicio Público Federal de Salud (Bélgica). “Eso retrasa todo. La ECHA debería comprobar si un expediente está completo antes de hacerse cargo de la evaluación de una sustancia por un Estado miembro”

Esos huecos en la información llevan a menudo a hacer informes. El fosfato de trifenilo, retardante de  fuego que se encuentra en los muebles, estaba programado para ser evaluado en 2013,  que debería haber tenido lugar ya, pero se han pedido pruebas complementarias para 2020.

Consumidores expuestos

Una vez completado el expediente, el Estado comienza su evaluación y a menudo solicita que se hagan pruebas complementarias. A continuación se vuelve a examinar la sustancia, se redacta un informe y se propone una acción de gestión de riesgos. Todo eso lleva años. “Y a continuación no pasa nada. O casi nada”, insiste Tatiana Santos.

En la ECHA no discuten las cifras de la OEMA. “Es más bien en su lectura donde existen divergencias”, nos dice el jefe de la unidad de “evaluación” de la agencia europea. “Estamos de acuerdo en que la evaluación de las sustancias es un largo proceso y tratamos de reducir su duración”.

Los expertos de la agencia europea subrayan que en 10 de los 34 casos mencionados por la OEMA, los Estados miembros han llegado a la conclusión recientemente, en 2018, de que “es necesario algo de tiempo para ponerlas en marcha, sobre todo por la clasificación armonizada a nivel europeo”. Y además, para ciertas sustancias “con efectos menos graves” según Claudio Carlon, de la ECHA, las empresas ya han clasificado la sustancia y deben asegurarse de que las medidas de gestión de riesgos implantadas son las adecuadas.

Al final del recorrido no es de extrañar que los Estados vuelvan a pedir análisis complementarios como un “análisis de opciones de gestión de riesgos” (RMOA, en inglés) con el fin de determinar cuál es la mejor opción de regulación. Para la Echa, estos RMOA suponen ya una forma de acción, pero se trata de una medida complementaria en la toma de decisiones. “El problema es que durante ese tiempo continua la exposición a los productos químicos, explica Tatiana Santos, y que además, para poner en práctica las decisiones de regulación, como una prohibición o restricciones, habrá que esperar todavía algunos años”.

Entre las recomendaciones de la OEMA hay una a la que se unirán la ECHA y las autoridades nacionales: el aumento de sus recursos. _______________

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  Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto completo en francés aquí: