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Francia: un fiscal contra la información, un poder contra el periodismo
Resumamos. La redacción de Mediapart –socio editorial de infoLibre– fue objeto de una tentativa de registro por dos fiscales yuna tentativa de registro por dos fiscales y tres policías de la Brigada Criminal en el marco del caso Benalla; tres periodistas, dos del colectivo Disclose y uno de Radio France, fueron interrogados como sospechosos por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) por haber revelado las mentiras del Gobierno sobre las armas francesas en Yemen; una gran reportera del diario Le Monde ha sido convocada ahora por los Servicios de Inteligencia como sospechosa en el marco del affaire Benallaaffaire Benalla…
Estos tres hechos, que han tenido lugar en tan solo varias semanas, tienen un punto en común: Rémy Heitz, el fiscal de París. Él es, en cada ocasión, el magistrado que posee la autoridad jerárquica sobre las investigaciones preliminares cuyos actos –convocaciones o registros– son percibidos, en Francia y en el extranjero, como ataques frontales contra la libertad de informar y el periodismo que molesta.
Las incriminaciones jurídicas varían según las circunstancias. En el caso más reciente, la periodista de Le Monde Ariane Chemin ha sido convocada, el miércoles 29 de mayo, por la DGSI por haber escrito, el pasado mes de febrero, que un protagonista del affaire Benalla, el militar Chokri Wakrim, se encargó durante un breve periodo de tiempo de la seguridad de la familia de un oligarca ruso presente en el corazón de uno de los capítulos de la investigación, siendo al mismo tiempo miembro de las fuerzas especiales, como lo indicó anteriormente el periódico Libération.
El militar presentó una denuncia en virtud del artículo 413-14 del Código Penal, según el cual la revelación "por cualquier medio" de la identidad de un miembro de las unidades de las fuerzas especiales del Ministerio de Defensa, puede acarrear una condena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros.
En sí mismo, no es ilegítimo que el militar, a la luz de los textos de las leyes en vigor, denuncie la revelación de su pertenencia a las fuerzas especiales. Pero eligiendo convocar como sospechosa por los Servicios de Inteligencia a una periodista que solo ha hecho su trabajo –es incluso menos ilegítimo para la prensa hablar sobre los entresijos del contrato ruso de Benalla, en el centro de una investigación por "corrupción"–, el fiscal de París, inevitablemente, elige "criminalizar" la información veraz y de interés público.
Por esta razón, Le Monde, en un breve editorial firmado por el director de la redacción, Luc Bronner, habla, el miércoles 22 de mayo, de una citación "inquietante".
Armas para Yemen
Esta no es la primera vez que las acciones del fiscal Heitz son inquietantes. De hecho, bajo su autoridad, dos periodistas del colectivo Disclose, Geoffrey Livolsi y Mathias Destal, fueron convocados, el pasado 16 de mayo, como sospechosos por la DGSI, tras una denuncia del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
¿Su crimen? Haber publicado en varios medios, incluido Mediapart, un informe clasificado de la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) conformado por un inventario exhaustivo de las armas francesas utilizadas en Yemen por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en un conflicto dramáticamente mortal para la población civil.
La revelación de este memorándum de la DRM ha sido crucial: por primera vez, contradice materialmente las recurrentes declaraciones del Gobierno que, hasta ahora, había asegurado que las armas vendidas a Riad y Abu Dabi solo se usaban de manera defensiva y "no en una línea del frente". Desde la publicación de esta investigación, innumerables ONG internacionales han apoyado a los periodistas de Disclose, así como a un reportero de Radio France, Benoît Collombat, también interrogado en las mismas condiciones.
En resumen, los tres periodistas son acusados de haber comprometido el secreto de defensa nacional ahí donde el Gobierno ha comprometido la verdad y la ética del discurso público.
A principios del mes de febrero, el nombre del fiscal Heitz ya había dado la vuelta al mundo (véase, por ejemplo, los artículos de The New York Times o de TheWashington Post tras la tentativa de registro de la redacción de Mediapart, ordenada por el fiscal de París en el marco del affaire Benalla). Esta vez, el pretexto fue un presunto delito de "violación de la vida privada", sin que existiese ninguna denuncia en este sentido, tras la divulgación de grabaciones comprometedores para Alexandre Benalla y para el Palacio del Elíseo.
En realidad, en el origen de este registro, que Mediapart ha decidido combatir judicialmente, se encuentra un simple correo del Ministerio del Interior dirigido a la oficina del fiscal de París, enviado tras recibir varias preguntas formuladas por... el semanario de extrema derecha Valeurs actuelles.
El periodismo no está por encima de la ley, pero existe un marco legal para juzgarlo ante los tribunales. Se trata de la ley del 26 de julio de 1881 sobre la libertad de la prensa, el código de conducta para los periodistas. Sin embargo, todas las investigaciones de la Fiscalía de París contra los periodistas en el marco del affaire Benalla o de la venta de armas en Yemen se preocupan en sortear la ley de 1881 de una manera especialmente meticulosa. Consecuencia: además de tratar de intimidar a aquellos que simplemente hacen su trabajo, estas investigaciones –cualquiera que sea su objeto– establecen un marco procesal y una legitimidad judicial para perseguir a las fuentes de la prensa, sin las cuales la información no sería más que comunicación.
Indignarse ante estas tentativas de registro o frente a estas convocatorias por los Servicios de Inteligencia contra periodistas no es un impulso corporativo. Se trata de la defensa de un derecho fundamental de los ciudadanos: descubrir, conocer, saber, entender. Y es también un hecho: el oficio del periodista consiste, a veces, incluso a menudo, en obtener informaciones de personas a las que no está permitido darlas. De ahí –cerrando el círculo–, la existencia del secreto de las fuentes.
Los recurrentes ataques del fiscal de París contra la prensa no podrían ser más que la prueba de los excesos de un hombre. Desgraciadamente, la situación es más compleja. En el paisaje institucional francés, la Fiscalía no es cualquier organismo; y en el paisaje actual del poder, Rémy Heitz tampoco es cualquier persona.
Magistrado central del juego judicial –es quien decide la apertura de investigaciones y la delimitación del terreno de investigación–, el fiscal de la República está, como todos los fiscales, sometido jerárquicamente al poder ejecutivo que lo nombra, lo muta, lo promueve; o no.
En el caso de Rémy Heitz, las circunstancias de su designación, que hicieron saltar a una buena parte del sistema judicial, solo pueden suscitar la sospecha de su falta de independencia respecto al Gobierno que le hizo príncipe de París. Heitz ha llegado a donde está después de que Emmanuel Macron impugnase a los tres candidatos propuestos por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura –no estaba entre los candidatos–. Este candidato fue, por lo tanto, la elección del poder, dando así la impresión de que el fiscal es menos un magistrado autónomo y más bien un prefecto judicial.
Los fiscales, "porque encarnan una política pública definida por nuestro Gobierno, [...] se inscriben en una línea de jerarquía", había justificado la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, en plena polémica. En cuanto al primer ministro, Édouard Philippe, dijo asumir haber intervenido, junto con el presidente de la República, en el nombramiento de Rémy Heitz, porque quería "estar seguro" de que estaría "perfectamente a gusto" con el nuevo fiscal de París.
Muy oportuno. Parecería que el Gobierno y el fiscal de París están realmente "a gusto" a la hora de compartir una visión particularmente restrictiva de la libertad de informar.
Tres ejemplos:
- ¿No es Emmanuel Macron este presidente de la República que, en una maravillosa antífrasis, acusó a la prensa, al inicio del affaire Benalla, de no "buscar la verdad", una verdad que, precisamente, el Elíseo ha querido esconder al público?
- El Gobierno y la mayoría actual, varias veces estigmatizados por su compleja relación con lo real (ver la investigación de Mediapart, en francés), ¿no han hecho votar una ley anti-fake news que, en el mejor de los casos, no sirve para nada, y, en el peor, podría ser un instrumento contra las informaciones que molestan?
- Este mismo poder, ¿no ha hecho votar una ley sobre el secreto de affaires affaires, creando un nuevo instrumento jurídico en manos de las empresas para impedir la revelación de informaciones de interés general, como ha podido demostrar el escándalo de los Implant Files?
Interrogada por Mediapart sobre los ataques contra la prensa en el marco del caso Benalla y el dossier de Yemen, la presidenta de la Unión Sindical de Magistrados (USM, sindicato mayoritario), Céline Parisot, confía: "Es sorprendente. No sé de dónde vienen las instrucciones. Pero es claramente inédito. No recuerdo un movimiento similar".
Celoso de la imagen de Francia –y, sobre todo, de la suya propia– en el extranjero, Emmanuel Macron parece prestar poca atención al rango que ocupa el país que lidera, en el puesto 32 en el último ránking mundial sobre la libertad de prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), detrás de Namibia, Letonia o Liechtenstein. Sin duda, entre el affaire Benalla y la venta de armas en Yemen, el año 2019 da argumentos suficientes para degradar a Francia todavía más en esta triste geografía. ________________
Versión y edición española : Irene Casado Sánchez.
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Aquí puedes leer el texto original en francés:
