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Finlandia da la espalda a la austeridad

Pekka Haavisto (Liga Verde), Juha Sipila (Partido del Centro), Antti Rinne (Partido Socialdemócrata y nuevo primer ministro), Li Andersson (Alianza de Izquierda) y Anna-Maja Henriksson (Partido Popular Sueco) durante la rueda de prensa en la que anunciaro

Romaric Godin (Mediapart)

¿Se convertirá Helsinki en la Lisboa del Báltico? En cualquier caso, como Portugal en 2015, el país parece que va a renunciar a la austeridad. El nuevo gobierno formado el 6 de junio por el socialdemócrata Antti Rinner, de 56 años, anuncia un verdadero giro a la izquierda en la política económica de este país nórdico.

El nuevo ejecutivo se apoya en una coalición de cinco partidos que incluye a los socialdemócratas del SDP, los Verdes, la Alianza de Izquierdas, el Partido del Centro y el Partido de la Minoría Sueca (SFP). Su programa defiende claramente una posición social y keynesiana. Promete aumentar el gasto público en 1.230 millones de euros (alrededor del 0,5 del PIB) de aquí a 2023.

Este incremento no será financiado a base de recortes presupuestarios en otras partidas e irá a parar a la educación, la igualdad salarial, el alojamiento y la transición ecológica. En paralelo, el nuevo gobierno prevé 3.000 millones para inversiones en la red de carreteras y la ferroviaria.

Finlandia aspira a la "neutralidad carbono" de aquí a 2035, es decir, 15 años antes del objetivo oficial de Francia, y Antti Rinne ha anunciado que espera llevar a cabo "un crecimiento social y ecológicamente sostenible". La presencia de dos partidos de centro-derecha en la coalición (el Centro y el SFP) lleva no obstante al programa de gobierno a prever, a pesar de todo, el regreso al equilibrio presupuestario de aquí a 2023 (contra un déficit del 0,7% del PIB este año).

La financiación del programa se hará pues mediante el aumento de la tasa de empleo del 72% al 75%, generada por el relanzamiento del crecimiento, pero también por las privatizaciones masivas (3.000 millones de euros) y el alza de impuestos sobre los carburantes sólidos, el tabaco y los dividendos y plusvalías de inmuebles.

Por otra parte, el nuevo gobierno finlandés ha anunciado la puesta en marcha de un cojín de protección contra una posible crisis económica de aquí a 2023. Si ésta llega, Helsinki inyectará hasta 1.000 millones de euros complementarios en la economía. El mecanismo podría ser activado en caso de contracción del 0,5% en el empleo y en el PIB de la zona euro en dos trimestres consecutivos o en caso de contracción del 1% del PIB finlandés. Aun así, las barreras presupuestarias están protegidas, contando con el parecer de los expertos del Tesoro local y del Banco Central, pero el mensaje es inequívoco.

En una zona euro donde los mecanismos previstos, en especial los relativos a la deuda, no son más que reducciones unilaterales de los déficits, Finlandia rechaza sin embargo, categóricamente, lanzarse en el futuro a una política que agrave la situación practicando la austeridad en plena recesión. Es una retractación no solo de la política seguida en 2010-2013 por el conjunto de la zona euro, sino también de una verdadera cultura económica dominante desde hace 30 años en este país.

A pesar del carácter, al fin y al cabo moderado del impulso presupuestario proyectado, el cambio de opinión es notable en Finlandia.

El mito nórdico de la "austeridad expansiva"

Como los demás Estados nórdicos, este país ha vivido en efecto en el mito de la "austeridad expansiva" que había seguido a la crisis de esta región a principios de los años noventa. Finlandia había estado particularmente afectada porque era, hasta entonces, la puerta de entrada del comercio soviético, que se hundió tras el final de la URSS. En 1991, el PIB finlandés se contrajo en un 6,5% y el país llegó a un déficit público del 7% del PIB dos años después por la necesidad de salvar el sistema financiero.

Para enderezar las cuentas, el país emprendió entonces una política de reducción de los déficits y de reformas "estructurales" (dicho de otra forma, de repliegue estatal). Pero Finlandia, que devaluó en 1992 el markka, su moneda de entonces, se benefició de un contexto único: la expansión de la telefonía móvil que entonces lideraba la empresa Nokia y el aumento de la demanda mundial.

Las dos décadas siguientes van a ser años de fuerte crecimiento. Y para muchos en el país, son las reformas y la austeridad las causantes de esta prosperidad, que termina sin embargo brutalmente con la crisis financiera de 2008, a la cual se añade la emergencia de smartphones, evolución totalmente perdida por Nokia.

El despertar es doloroso: en 2009, el país pierde el 8,3% de su PIB, cuatro veces más que Francia.

A Finlandia les costó entonces recuperar vigor económico. El ejemplo de 1993-95 está aún en las mentes y la mayor parte de los grandes partidos del país defienden una política de austeridad. En plena crisis de la deuda, Finlandia es el país con la línea más dura en la zona euro, por delante incluso de Alemania o Países Bajos. En 2011, por ejemplo, reclama garantías concretas para aceptar los planes "de salvamento" de Grecia.

Ese mismo año, los conservadores muy pro-austeridad de la Coalición Nacional (Kokoomus), Jykri Katainen (2011-2014, que sería inmediatamente comisario europeo) y Alexander Stubb (2014-2015), dirigen el país y tratan de imponer recortes presupuestarios a sus aliados, los socialdemócratas, cristiano-demócratas y suecos, y hasta 2014 a los Verdes y a la Alianza de Izquierdas.

La recesión europea en la que la desastrosa gestión de la crisis griega hunde la zona euro, toca de lleno al país y le incita a dejar jugar a los estabilizadores económicos. En 2014, el PIB finlandés es inferior al 2,8% respecto al de 2011 y el 5,8% respecto al de 2008. En el mismo período, el PIB francés progresaba el 1,9% y el 2,6%.

Las elecciones de 2015 dan una mayoría clara a la derecha y por lo tanto al campo de la austeridad. El partido del Centro de Juha Sipilä, un empresario millonario, llega ampliamente en cabeza. Ese partido es una particularidad finlandesa. Es un partido muy "elástico" en el plano ideológico pero muy enraizado en el país.

Antiguo partido agrario, el Centro ha sido el dominante durante la guerra fría porque era el partido de la colaboración pacífica con la URSS. Después de 1991, es un partido más bien de centro-derecha, adherido a los principios neoliberales pero sin ideología precisa y siempre dispuesto a adoptar la de sus aliados con tal de llegar al poder.

En 2015, Juha Sipilä se alía con Kokoomus y el partido de extrema derecha de los Verdaderos Finlandeses, convertido ahora en el Partido de los Finlandeses (PF). En aquel momento, el partido defendía una visión libertaria de la economía, pidiendo a gritos la austeridad y acusando a la zona euro de apoyar a países derrochadores. Su fundador, Timo Soini, estaba entonces claramente en una línea próxima al AfD alemán de sus primeros momentos: defender los intereses de Finlandia limitando las ayudas a los otros países europeos y dar ejemplo de una buena gestión al resto de Europa. La nueva coalición es, pues, claramente pro austeridad y su programa del mismo tenor: prevé recortes del 10% en el gasto público de cerca de 6.000 millones de euros.

Este programa va a ser duramente aplicado en el país. El sector educativo, orgullo de muchos finlandeses porque permite al país conseguir excelentes resultados en la comparación internacional, es afectado directamente. Las matrículas para las guarderías públicas y las actividades extraescolares se incrementan, así como el número de alumnos por clase, al mismo tiempo que cierran decenas de escuelas. El sector universitario también resulta afectado por los cierres y las fusiones.

En paralelo, se reducen las prestaciones por desempleo y el apoyo a los servicios de búsqueda de empleo se sustituye por incitaciones "firmes" a la recuperación del empleo. Se hace ahorro en todo: en alojamiento, en pensiones, en prestaciones familiares. El conjunto de las prestaciones sociales se reduce en 3.200 millones de euros y el gasto público pasa del 58,1% del PIB en 2014 al 53,1% en 2018.

Al igual que los gobiernos de Manuel Valls y de Édouard Philippe en Francia, el gobierno de Sipilä favorece también la descentralización de las negociaciones salariales al reducir el poder de los sindicatos, lo que va a contribuir a presionar sobre los salarios, que representan el 46,7% del PIB en 2018 (un 52,4% en Francia), es decir, un nivel inferior en 3,5 puntos respecto de 2011 y casi idéntico al de 2007.

En cuanto al coste unitario de la mano de obra (precio del trabajo corregido por la productividad), bajó mucho de 2015 a 2017 y sigue siendo inferior al nivel de 2010.

Rechazo de la austeridad

A priori, el balance de esta cura de austeridad puede parecer positivo. El déficit público se redujo del 3,2% del PIB en 2014 al 0,7% en 2018, y el crecimiento se aceleró. Pero hay ahí un efecto deformador. La recuperación de la demanda mundial y la política monetaria del BCE en 2015 y 2016 han jugado un papel determinante. El crecimiento del consumo de los hogares se ha mantenido al precio de una estabilización de su deuda a un nivel elevado (67% del PIB, 13 puntos más que hace diez años).

El país sale de una década negra: en diez años, el crecimiento finlandés no ha sido más que del 2,9%, tres veces inferior al de Francia. Por lo demás, el impulso parece ya disminuir porque en el primer trimestre de 2019 el crecimiento finlandés sólo ha sido del 0,2%.

La población finlandesa ha reaccionado en general muy mal a esta cura de austeridad, haciendo ver que la adhesión al Estado social –uno de los países nórdicos que más ha resistido y el que mejor ha conseguido limitar la desigualdad– estaba más arraigada que el mito de la austeridad expansiva. El gobierno de Sipilä ha chocado de lleno con el carácter consensual e igualitario de la sociedad finlandesa y los cuatro últimos años han estado marcados por una serie de huelgas bastante duras.

En septiembre de 2015, los sindicatos organizaron la mayor movilización desde 1986 para protestar contra la reforma del mercado de trabajo. En marzo de 2016, los tractores de los granjeros de todo el país invadieron las calles de Helsinki. En enero de 2018, una huelga contra la reforma del seguro de desempleo paralizó una vez más el país. En octubre del mismo año se organizó igualmente una huelga de 24 horas, que agrupó a 30.000 personas, contra la posibilidad ofrecida a los empresarios de despedir con más facilidad.

Nada funciona y Juha Sipilä adquiere entonces una reputación de brutalidad en el mundo del trabajo. Su popularidad está en caída libre y su coalición muy debilitada. En 2015 y 2016, el Partido de los Finlandeses (PF) acusa el contragolpe de haber participado en la política de austeridad. Un ala derecha decide entonces adoptar una línea dura sobre la inmigración al mismo tiempo que denuncia la austeridad. En julio de 2017 el partido explota. Su líder histórico, Timo Soini, funda un nuevo partido, La Reforma Azul, que sigue apoyando al gobierno, mientras que el PF, con Jussi Halla-aho, da un giro hacia la extrema derecha adoptando un mensaje racista e islamófobo para buscar simpatías en el electorado.

En este contexto, llegan una serie de escándalos para reforzar la oposición al gobierno. Mientras que el ministro de Finanzas, Petteri Orpo, del Kokoomus, había anunciado en febrero que sería aún necesario en los próximos años un recorte de 2.000 millones de euros y Juha Sipilä presentaba una reforma del sistema sanitario que abría la vía a una privatización parcial y a 3.000 millones de ahorro, fueron desvelados varios casos de maltrato a personas mayores en centros privados. Muchos de esos escándalos fueron causados por la escasez de personal. La imagen de personas descuidadas, pasando toda la noche con los pañales sin cambiar, han impresionado en una población preocupada por la magnitud de su envejecimiento. Los socialdemócratas de Antti Rinne se han comprometido a defender el sistema social. Con las elecciones del 14 de abril cercanas, se hacía cada vez más difícil para el primer ministro conseguir que se acepten esas reformas. El 8 de marzo dimite dejando constancia de su incapacidad para que se acepte por el gobierno su proyecto de reforma sanitaria.

Las elecciones del 14 de abril confirman el rechazo de su política. Los dos partidos principales del gobierno caen, en especial el de Centro, abandonado por una parte de sus votantes ligados al sistema social: pierde 7 puntos hasta el 13,8%. Kokoomus retrocede menos pero también pierde 1 punto hasta el 17%. Al mismo tiempo, el PF de extrema derecha consigue mantenerse en un 17,5% a pesar de su escisión, mientras que La Reforma Azul no logra entrar en el Parlamento con sólo el 0,97% de votos.

La izquierda es claramente la gran ganadora de las elecciones, aunque no tenga la mayoría: los Verdes y la Alianza de Izquierdas ganan juntas 9 diputados más y acumulan el 19,6% de los votos (4 puntos más en cuatro años). Para los socialdemócratas, las elecciones son sin embargo decepcionantes: lejos del 20% que daban las encuestas, el partido consigue sólo el 17,8%, aunque suponen 11 puntos más que en las anteriores elecciones de 2015. 

Por lo tanto, se convierte en el primer partido del país por primera vez desde 1999, autorizando a Antti Rinne a formar una coalición basada en el rechazo de la política precedente. Y aunque la izquierda no es mayoritaria, puede contar con el apoyo de un partido del Centro siempre elástico ideológicamente y determinado ya a hacer olvidar la época Sipilä, y con un partido sueco que teme la subida de la extrema derecha.

Estos equilibrios internos limitan forzosamente el carácter izquierdista del nuevo gobierno pero su insistencia en las políticas ecológicas y sociales representa una fuerte ruptura en el contexto finlandés. Es la prueba, como han sido los ejemplos portugués y español, de que pueden existir en Europa coaliciones políticas que rechacen al mismo tiempo la austeridad y la profundización en las reformas liberales, aunque por el momento esos gobiernos no hayan cambiado las reformas impuestas previamente. La cuestión climática y la defensa del Estado social parecen en todo caso constituir líneas rojas que provocan reacciones políticas, de la misma forma que las políticas neoliberales alimentan los movimientos de extrema derecha.

Es evidente que la cuestión principal de este gobierno será su viabilidad. En 2011, la coalición derecha-izquierda de cinco partidos había sido difícil de gestionar y había estallado parcialmente al cabo de dos años. Pero el contexto era diferente: la coherencia de la alianza de 2011 era inexistente y el contexto de crisis no arreglaba nada. Esta vez, el partido del Centro, acorralado electoralmente, tiene todas las razones para hacer olvidar su apoyo a la austeridad. En cuanto al SDP, su resultado decepcionante muestra que no tiene apenas derecho al error. No puede pues excluirse que Antti Rinne gane su apuesta, como el luso António Costa, el primer ministro portugués, cuya llegada al poder en 2015 suscitaba también dudas. ___________________

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Traducción de Miguel López.

Aquí tienes el texto original en francés:

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