Los diez días en los que Chile cambió de rumbo

Ámbar tiene rabia. Está parada junto a sus compañeras cerca del Liceo Luisa Saavedra de González donde cursa sus estudios secundarios. "Yo creo que la sociedad se está levantando gracias a que los estudiantes hemos dicho ‘¡basta!’, porque no queremos más abusos en contra de nuestros padres, de nuestras propias familias. Porque es feo ver a tu país, a tu pueblo, agachando la cabeza contra injusticias que no deberían ser y que nunca debieron ser", dice justo afuera de la estación de metro Pedro de Valdivia, ubicado en una comuna en el sector oriente de la capital.

La mañana de primavera del viernes 18 de octubre parecía como cualquier otra: gente en las terrazas de los cafés, empleados de oficina fumando en la calle, vendedores ambulantes ocupando las veredas, algunos turistas haciendo fotos. Salvo porque cientos de jóvenes secundarios corren por las calles de Santiago escapando de la policía. Abajo, en las estaciones del metro, los estudiantes se habían organizado para evadir el pasaje como protesta al alza de 800 a 830 pesos chilenos, unos 3 céntimos de euro. Lo que había empezado como una protesta espontánea, comenzó a multiplicarse a lo largo de esa semana con jóvenes de distintos liceos de la capital y a ellos se sumaron universitarios, trabajadores y usuarios en general.

La policía de Carabineros no tardó en llegar e iniciar la persecución de quienes saltaban el torniquete del metro para no pagar el pasaje, es decir, el equivalente a 1,03 € en un país en que el sueldo mínimo alcanza apenas los 382,2 euros al mes. Desde ese momento, nada volverá a ser igual en Chile.

Poco después comenzó el caos. Estaciones de metro quemadas, barricadas, imágenes de policías golpeando a estudiantes, tirando gases en los subterráneos y dentro de los vagones. Nadie se explicaba cómo, de la noche a la mañana, la televisión empezó a mostrar supermercados incendiados, disturbios y destrucción. Tan solo una semana antes, el presidente Sebastián Piñera afirmó en un canal de televisión que Chile era "un verdadero oasis" con una democracia estable en medio de una "América Latina convulsionada".

Diez días después, a medida que avanzaban las horas, el descontento se hacía patente. En las esquinas o en medio de la calle interrumpiendo el tránsito, la gente cargaba ollas y cucharas de madera para dar vida a los cacerolazos, una expresión popular que se volvió símbolo de las protestas pacíficas para manifestar el rechazo a las políticas públicas en medio de un ruido acompasado.

"Han sido los jóvenes los que en este nuevo siglo han movilizado al país y han puesto sobre la mesa temas, no solo coyunturales propios de sus realidades, como la educación, sino también han tocado y reflexionado sobre el tipo de sociedad que quieren, criticando el tipo de sociedad que actualmente tenemos", explica Raúl Zarzuri, sociólogo y profesor en la universidad de Academia de Humanismo Cristiano.

Según el sociólogo, especializado en temas de participación ciudadana y juventudes, la situación actual detona "porque los estudiantes secundarios comenzaron a hacer acciones de desobediencia civil respecto del alza de las tarifas y eso conectó con un sentimiento de ira y rabia que se venía acumulando desde hace muchos años. Porque esto no es resultado de un gobierno, sino de muchos gobiernos e hizo que la gente comenzara a movilizarse".

Las cifras macroeconómicas, los bajos índices de delincuencia y de corrupción en relación a los vecinos de la región, hacían de éste un país aparentemente ejemplar, citado por otros mandatarios que intentaban imitar "el milagro chileno". Sin embargo, según un informe del Grupo del Banco Mundial (World Bank Group), Chile se encuentra entre los 10 países más desiguales del mundo y el primero en la lista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un país donde, en promedio, las carreras universitarias tienen un coste mensual de unos 300 euros, la gran mayoría de los estudiantes está endeudado y solo en una década la deuda se ha triplicado llegando a unos 160 mil morosos. En 2006 y 2011, los estudiantes lideraron movilizaciones a nivel nacional exigiendo el fin al lucro, además de educación gratuita y de calidad. Sin embargo, el actual movimiento ha evolucionado, pues sus demandas apuntan al coste de vida de sus padres, dado que el aumento del precio del metro no perjudica a aquellos que disfrutan de la tarifa escolar. "Están en un contexto familiar donde sus padres, sus madres, viven aquejados de estas situaciones de precariedad, entonces se ven directamente afectados. Claro, el mundo adulto no puede salir tan directamente a protestar; tienen que cuidar sus trabajos, por lo tanto son los jóvenes los que han tomado el relevo y el llamado a salir a la calle. En un llamado bastante especial se han sumado otros jóvenes, porque es un movimiento transversal generacionalmente y también a nivel de estrato económico", subraya Zarzuri.

No son 30 pesos, son 30 años

El sábado 19 de octubre, el país despertó convulsionado. La noche anterior, las llamas consumieron el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que provee energía eléctrica a una parte de la población. En un país en el que la electricidad también es privada y las facturas de la luz no han dejado de aumentar, la imagen parecía un símbolo inequívoco del descontento. Aunque no se ha podido comprobar la autoría del incendio, desde la empresa aseguran que fue intencionado.

Una noche de furia que tuvo al país sumido en una incertidumbre que se mantuvo durante varios días y que llevó al presidente Sebastián Piñera a decretar el estado de emergencia en varias comunas y provincias de la Región Metropolitana. A eso se sumó el toque de queda durante las próximas siete noches, instaurado en 13 de las 16 regiones del país. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", lanzó Piñera al día siguiente, una frase que desconcertó a gran parte del país y que, de inmediato, terminó convirtiéndose en tendencia en forma de hashtag #NoEstamosEnGuerra. Los anuncios del Gobierno tuvieron consecuencias inmediatas y la sociedad chilena respondió como no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet.

El movimiento comenzó de inmediato: cacerolazos incesantes, encuentros políticos, marchas hacia las principales plazas. A medida que la gente se sumaba, aumentó la presencia policial y militar, en un escenario inédito para una generación que nació en democracia y que parece haber perdido el miedo a desafiar a la autoridad. Incluso después del inicio del toque de queda, grupos de jóvenes siguieron reunidos golpeando sus cacerolas y entonando cánticos de protesta.

Los anuncios del presidente, la programación televisiva repitiendo las escenas de violencia, la represión y abuso policial en las calles, hicieron revivir a los chilenos imágenes no tan lejanas de una herida que aún no ha cicatrizado. Un par de días antes, el escenario era inimaginable: el país que fue el laboratorio del sistema neoliberal en Latinoamérica durante los años 80, gobernado actualmente por la derecha, exhibía ahora eternas filas de gente desesperada por comprar en los almacenes ante el miedo de un eventual desabastecimiento.

Un letrero que llevaba una manifestante en la avenida Alameda lo resumía todo: "No son 30 pesos, son 30 años". La consigna se iba repitiendo y multiplicando. La gente se acumulaba en las esquinas, en los balcones y se impone el coro: "Ohhh, Chile despertó, despertó, Chile despertó". Parecía el despertar de un sueño inducido en una sociedad sobreendeudada, en donde incluso la comida de cada mes se compra en cuotas con tarjeta de crédito y préstamo en el supermercado.

"Hay una clase media que está desprotegida […] viene a cubrir desde el 40% más pobre hasta el 99% de la distribución, y por lo tanto es bastante grande y no tiene derechos", explica Claudia Sanhueza, economista y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Para Sanhueza en el país "no hay derechos sociales, ni en educación, ni en salud, ni en pensiones, entonces se da una acumulación de carencias que sí afecta a la clase media que está muy endeudada. Es lo que los economistas llaman el contagio en el consumo", detalla la también doctora en Economía por la Universidad de Cambridge. Para Sanhueza, ese contagio en el consumo aumenta la frustración de la clase media que observa cómo el vecino compra coches más grandes, ropa más cara y, al mismo tiempo, el mercado ofrece nuevas formas de endeudamiento.

No más AFP

Una de las demandas más importantes de la población es eliminar el sistema de pensiones que depende de fondos privados, las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), que representan el 83% del PIB del país, una de las tasas más altas del mundo. Diseñadas por el hermano mayor del presidente, José Piñera, el sistema de AFP es una de las herencias más significativas del régimen militar de Augusto Pinochet.

Yolanda Ramírez tiene 79 años, es jubilada y apenas recibe 160 euros de pensión. Ante el alto coste de la vida, Yolanda trabaja de lunes a sábado desde las 7.30 horas hasta las 16.00 horas, ocupándose de la limpieza de un colegio de la zona oriente de Santiago, lo que le permite obtener un sueldo de unos 370 euros. Ramírez, quien trabajó toda su vida como técnica parvularia en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, debe vivir con sus sobrinas en la comuna de Recoleta, al norte de la ciudad, pues su salario es insuficiente para arrendar una vivienda.

"Yo me jubilé a los 63 años. Mi sueldo, todo lo que ahorré, me lo robó la AFP. Me lo robó porque al final yo saqué una miseria: 13 millones (16.000 euros). Y tenía que repartir esos 13 millones en toda mi vida", cuenta con la voz quebrada en el salón de su casa. La realidad de esta mujer se repite, sobre todo en empleos no cualificados. Conserjes de edificios, funcionarios de limpieza, chóferes de autobuses, empleadas domésticas y una larga lista de oficios que, en general requieren un esfuerzo físico, son realizados por adultos mayores que no logran llegar a fin de mes con sus pensiones.

En agosto de 2016, se formó el movimiento ciudadano No Más AFP, que propone un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado, es decir, que para la financiación de las pensiones contribuya el empleador, el Estado y el trabajador. No Más AFP ha realizado numerosas y masivas marchas en todo el país, así, en este octubre chileno, el cambio del sistema estructural se ha instalado como una prioridad.

La marcha más grande de Chile

Era viernes 25 de octubre en una semana extraña. Tras seis días de estado de emergencia, y unas horas antes de que entrase en vigor la séptima noche con toque de queda, se convocó la mayor manifestación en la historia del país. Plaza Italia, punto neurálgico de la ciudad y donde se dan cita celebraciones populares, mítines políticos y protestas, comenzó a llenarse. Una joven veinteañera cargaba un cartel con la frase "No tengo miedo de morir, tengo miedo de jubilarme". Otros la acompañaban con imágenes o letreros que demandan educación gratuita, la renuncia de Piñera o del ministro del Interior, Andrés Chadwick. En una esquina un hombre vestía un disfraz de alien y carga un letrero que dice "Cecilia, venimos por ti", en alusión a la esposa del presidente y al audio que se filtró a la prensa, donde Morel aseguraba que los sucesos de la semana eran "como una invasión extranjera, alienígena".

Una escena difícil de asimilar en un país que de la noche a la mañana se encontró con la vida laboral funcionando a medio tiempo, con la mayoría de los comercios cerrados, el transporte interrumpido, con el corte de algunos suministros y helicópteros sobrevolando durante toda la noche. El impacto fue internacional: según la aseguradora de riesgo Moody’s Analytics, el conflicto social hizo subir el riesgo país de Chile en más de un 8% y la bolsa sufrió una inesperada caída.

"El problema es que los economistas ven el funcionamiento de los mercados, no ven el funcionamiento de las sociedades. Lo que pasa es que creen que los mercados son las sociedades. En Chile, sin embargo, casi todas las áreas de la vida están organizadas como mercados", insiste Sanhueza, poniendo el enfoque en la desconexión que existe entre los análisis macroeconómicos y la vida cotidiana de las personas.

Raúl Zarzuri concuerda con esta visión y asegura que "todas las políticas neoliberales que se han implementado en Chile, con más o menos algunas modificaciones, habían afectado a un punto central de nuestra vida, que es la vida cotidiana". Para el sociólogo, este sería uno de los puntos centrales detrás del descontento popular. "Es donde nosotros producimos y reproducimos nuestra vida, no en sentido material sino también simbólico, Y en ese sentido, la crítica que le hacemos a los políticos es que no están conectados con esa vida cotidiana", señala.

Una desconexión que se confirmó en una serie de frases desafortunadas pronunciadas por distintos portavoces del Gobierno y que sirvieron de abono para que esta vez el descontento sea transversal, empujando a sumarse a la movilización popular incluso a personas de estratos sociales más altos, que viven en barrios exclusivos, y que de manera inédita apoyan la protesta.

Desde las declaraciones del ahora ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, invitando a la gente a "levantarse más temprano" para no verse afectada por la subida del metro. O las del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, sobre la problemática de las colas de espera en los consultorios, asegurando que la gente llegaba a las seis de la mañana para hacer vida social. Pasando por un largo etcétera que se traduce en el despertar de una nación que no ha necesitado el liderazgo de partidos políticos o representante alguno, y que tiene a la gente reunida esta tarde, sin ningún escenario ni líder hablando por ellos, sino más bien voces espontáneas que cantan en coro El derecho de vivir en paz, una canción ícono de Víctor Jara, músico y actor asesinado por la dictadura de Pinochet.

Había pasado una semana desde que comenzaron las movilizaciones y en este atardecer se apreciaba una masa de gente nunca antes vista. Pronto la Intendencia Metropolitana confirmará que hay más de un millón de personas reunidas sólo en Santiago. Se sumarán regiones de todo el país, desafiando el toque de queda, pero también la violencia policial. Días antes, se denunciaron presuntos actos de tortura justo debajo de Plaza Italia, en la estación de metro Baquedano. Daniel Urrutia, uno de los jueces de garantía que investiga algunos de los casos asegura, durante una comparecencia en televisión, que "en este momento se están violando los derechos humanos de gran parte de la población".

Tanto las redes sociales como algunos canales de televisión exhibieron cruentas imágenes de golpes, detenciones selectivas, disparos a quemarropa y desgarradores testimonios de violencia y tortura sexual. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actualiza, al menos, dos veces al día la nómina de víctimas de los agentes del Estado. Entre los letreros que cargan los manifestantes también se lee "la prensa miente" o "la televisión es cómplice", como una crítica directa a la cobertura de los medios nacionales que ha puesto el foco, según los manifestantes, en los desmanes y el vandalismo.

La última cifra presentada por el INDH da cuenta de 120 acciones judiciales, entre ellas cinco querellas por homicidio, 18 por violencia sexual y 76 por torturas. Además, un total de 3.535 personas detenidas y 1.132 personas heridas en hospitales. El exceso de violencia ha sido tal que el Colegio Médico de Chile denunció que cerca de 100 personas han perdido la visión de un ojo por balines. De las 19 personas muertas durante estos días, sólo se ha identificado a 15. El ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que no tiene "ninguna responsabilidad política en esta situación", mientras que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se negó a entregar información cuando los periodistas preguntaron por las causas de muerte de las víctimas y las circunstancias en que ocurrieron.

Tras el levantamiento del toque de queda, el sábado 26, el presidente Piñera aseguró haber escuchado a la gente. Pidió perdón en televisión y el lunes entregó la lista de su nuevo gabinete. Cambios sustanciales como la salida de Andrés Chadwick del ministerio del Interior. Algunas rotaciones como la salida de la portavoz, Cecilia Pérez, que ahora asumía el Ministerio del Deporte. Mientras, en el Parlamento los diputados se preparaban para presentar una acusación constitucional, la primera en la historia de Chile en contra de un presidente de la República en ejercicio.

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Después de la gran marcha, tanto Piñera como su gobierno insistieron en haber escuchado a la ciudadanía y pidieron volver a la normalidad. Pero este lunes 28 de octubre, justo cuando estaba prevista la llegada de observadores de la ONU para investigar las violaciones a los derechos humanos, la gente volvió a salir a las calles. Sonaban otra vez las cacerolas. La evasión masiva en el metro causó nuevamente el cierre de estaciones. La marcha avanzó hacia el palacio de La Moneda para decir que no es suficiente. Que Piñera renuncie. Que Chile despertó y que, como se lee en un cartel, "el mayor miedo es que esto pare y todo siga igual".

Aquí puedes leer el texto en francés: