Un yacimiento gasístico en Yemen que ha contado con ayudas públicas de Francia, sospechoso de albergar una cárcel secreta

“Me encerraron en una celda, luego me molieron a palos. Me tiraron de la barba, me golpearon en la cara, me hicieron creer que mis compañeros de celda me habían denunciado. Me acusaron de ser miembro de Daesch, de Al Qaeda [AQPA] o de los Hermanos Musulmanes”. Mohammad [nombre supuesto para proteger su identidad] es yemení. El hombre denuncia haber sido encerrado y golpeado por las fuerzas emiratíes en Balhaf, en la costa sur de Yemen, en una zona industrial gestionada por el consorcio Yemen LNG (YLNG) cuyo principal accionista es el grupo francés Total (posee casi el 40%).

Este testimonio figura en un informe publicado el 7 de noviembre de 2019 por las asociaciones Observatorio Armamentístico y SumOfUs, en colaboración con Amigos de la Tierra (Opération Shabwa – La France et Total en guerre au Yémen ? ) al que Mediapart (socio editorial de infoLibre) y Le Monde han tenido acceso en exclusiva. Esta investigación incluye pruebas de la supuesta utilización de la instalación de gas de Balhaf por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como prisión secreta en la que los detenidos habrían sido sometidos a un trato “inhumano y degradante”. Se cree que los hechos se remontan a 2017 y 2018, durante la guerra, todavía en curso, entre los rebeldes hutíes, un movimiento político islámico armado, y el Gobierno de Abd al-Rahman Rabbuh al-Mansur al-Hadi, presidente reconocido por la comunidad internacional y apoyado desde 2015 por una coalición de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Ni Total ni YLNG han respondido a las preguntas de Mediapart sobre las revelaciones de este informe. Contactado el gabinete del primer ministro francés Édouard Philippe, éste explica que, aunque “Francia apoyó este proyecto industrial [...], la gestión de la instalaciones y la reanudación de las actividades son una decisión del consorcio [YLNG]”. Y añaden: “Por lo tanto, le remitimos a la empresa. [...] La gravedad de las cuestiones que menciona deben ser comprobadas con precisión”. El Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores no han respondido a nuestras preguntas, pese a las reiteradas gestiones efectuadas.

Mediapart ha efectuado indagaciones para tratar de comprender cómo unas infraestructuras en las que Total tiene una participación mayoritaria y en el que el Gobierno francés ha comprometido recursos financieros y humanos, podría transformarse en un cuartel de los Emiratos y, según las asociaciones denunciantes, en un lugar de encarcelamiento en el que supuestamente se cometerían malos tratos o incluso tortura.

Las instalaciones, puestas en marcha en 2009, inicialmente respondían a la estrategia de la multinacional francesa de desarrollar el gas natural en su mix energético. La planta de Balhaf, abastecida a través de un gasoducto conectado a los yacimientos de gas de la ciudad central de Marib, licuó el gas para producir Gas Natural Licuado (GNL) y venderlo a clientes internacionales embarcándolo desde su puerto.

La planta, estratégicamente importante para la multinacional francesa, era y sigue siendo vital para la economía yemení. Con un costo de 5.000 millones de dólares, representa la mayor inversión jamás realizada en el país; las exportaciones podrían aportar “casi 1.000 millones de dólares al año al gobierno”, según Aws Al-Aoud, el ministro yemení del petróleo entrevistado por Mediapart. Ingresos esenciales para los 30 millones de personas que viven en el país más pobre de Oriente Medio.

La protección del consorcio YLNG en Balhaf es, por lo tanto, una cuestión estratégica. Las instalaciones, que además de la zona industrial incluyen una zona de viviendas, una mezquita o una cantina, están protegidas “con puntos de observación o torres de vigilancia, sensores y cámaras para detectar intrusiones y puestos de control”, dicen las asociaciones. “Según los testimonios recabados, este sitio también incluye edificios logísticos que le permiten una autonomía total, por ejemplo en lo que a atención sanitaria respecta”, añade Tony Fortin, jefe de la misión del Observatorio Armamentístico.

Además del equipamiento, también se despliegan recursos humanos. Las instalaciones del consorcio YLNG están protegidas desde un primer momento por compañías de seguridad yemeníes como Al Maz, G4S Limited o Griffin Limited, pero también por compañías militares privadas francesas en asuntos marítimos como Pro-Risk o Surtymar, así como por grupos militares vinculados al ejército yemení. “YLNG pagaba [...] una cantidad mensual al Ministerio del Petróleo por su contribución a ciertos gastos logísticos (alimentos, agua, electricidad...) relacionados con las fuerzas militares movilizadas alrededor de la planta y a lo largo del oleoducto”, confirma el gabinete de comunicación de Total a Mediapart.

Además, el Ejército francés se movilizó sobre el terreno. “Poco convencido por la marina yemení, el YLNG persuadió al Gobierno francés para que enviara algunos comandos navales para entrenar a los marineros yemeníes presentes en Balhaf en mayo de 2009”, escribió el entonces embajador estadounidense en una carta diplomática revelada por WikiLeaks. “Esta militarización masiva de una instalaciones vinculadas a la política energética de Francia realmente plantea interrogantes”, dice Tony Fortin, del Observatorio francés.

En cualquier caso, permite que la planta siga funcionando a pleno rendimiento a pesar del estallido de la guerra en 2014, cuando el movimiento hutí tomó el control de la capital yemení, Saná. En ese año, la planta exportó incluso más del volumenu inicialmente previsto, según las cifras publicadas por BP. Pero, a principios de 2015, Total por razones de “fuerza mayor”, suspendió sus operaciones. Los trabajadores expatriados abandonaron el país gracias, una vez más, a la participación de la marina francesa.

Sin embargo, la planta no se detiene completamente. Se pone en “modo de conservación” para mantener las instalaciones en buen estado de funcionamiento gracias a una cincuentena de “voluntarios” yemeníes. “Dos equipos se turnan cada cuatro semanas”, confirma a Mediapart un técnico presente en el lugar durante varios años. Sentimos que teníamos que mantener la planta en condiciones de reiniciarse por el bien de nuestro país, a pesar de los riesgos de ir al lugar, cruzando zonas de guerra”.

Sin embargo, estos yemeníes no iban a permanecer solos en la fábrica por mucho tiempo. La parada de las máquinas en 2015 coincide con la intervención en Yemen junto al presidente Hadi de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Además de luchar contra los rebeldes hutíes, el enemigo común que ocupa el norte de Yemen, ambos países también se ven impulsados por sus intereses particulares. “Los Emiratos han desplegado muchos recursos y tiempo para garantizar la seguridad del sur de Yemen”, señala a Mediapart Peter Salisbury, especialista en Yemen de Chatham House, centro de estudios con sede en Londres especializado en relaciones internacionales.

"Ahora es una base militar para los emiratíes"

“Los Emiratos tienen su propia estrategia para controlar el sur de Yemen y garantizar la seguridad de la ruta marítima de alto tráfico desde el Estrecho de Ormuz hasta el Estrecho de Bab al-Mandeb”, dice Tony Fortin, del Observatorio del Armamento. “Controlar los puertos yemeníes, muy bien situados, permite limitar su desarrollo y, por lo tanto, la competencia que podrían ejercer sobre los puertos de los Emiratos Árabes Unidos”, señala Ali Ashal, diputado del Congreso Yemení para la Reforma, partido de la oposición vinculado a los Hermano Musulmanes. “La región de Shabwa, rica en hidrocarburos, también les interesa”, añade el miembro de la comisión parlamentaria para el desarrollo y el petróleo. Contactados a través de la embajada en Francia, los Emiratos no han respondido a nuestras preguntas.

En Shabwa, región rica en hidrocarburos, el puerto y la fábrica de Balhaf, ya militarizados, ofrecen un refugio ideal. “Ahora es una base militar para los Emiratos Árabes Unidos, con armas y logística”, apunta una fuente del Gobierno yemení. Todo el mundo lo sabe”. Otras fuentes yemeníes han confirmado este uso a Mediapart. Gracias a imágenes de satélite, las asociaciones identifican la aparición de nuevas infraestructuras útiles en una base militar durante la ocupación de los Emiratos Árabes Unidos. “Hay un helipuerto y anexos logísticos”, escriben.

Como accionista principal, ¿puede Total ignorar el uso de la planta como cuartel militar? La multinacional, a la que se le ha preguntado varias veces al respecto, ha declinado responder. “Total es plenamente consciente”, advierte un miembro del Gobierno yemení a Mediapart de forma anónima. ¿Y el Gobierno francés? “Francia es un aliado histórico de los Emiratos Árabes Unidos”, recuerda Tony Fortin, refiriéndose en particular a las importantes ventas de armas del país de derechos humanos a la monarquía del Golfo, un pedido de 3.500 millones de euros entre 2009 y 2018, según el informe de 2019 al Parlamento sobre exportaciones de armas. Ambos países han reforzado recientemente su cooperación, en particular en el tema “paz y seguridad regionales, cooperación en materia de defensa y lucha contra el terrorismo, el extremismo y su apoyo”, pero también en el ámbito de la energía.

En cuanto a la energía, el Gobierno francés ha comprometido dinero público para el proyecto de la planta de licuefacción yemení a través de una póliza de seguros que cubre parte de los riesgos asumidos por los bancos que financian el proyecto de construcción. El Ministerio de Economía confirma a Mediapart que sigue comprometida una póliza de seguros por un montante de 240 millones de dólares. “Nos encontramos en una situación grotesca en la que es el contribuyente el que tener que asumir los riesgos financieros asumidos por Total en Yemen”, dice Cécile Marchand, directora de campaña de la asociación Amigos de la Tierra. “Peor aún, gracias a estos fondos públicos, el Estado francés es cómplice de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Balhaf”.

Porque más allá de la utilización de la instalaciones del consorcio YLNG como cuartel por parte de los Emiratos, el Observatorio Armamentístico y SumOfUs, en colaboración con los Amigos de la Tierra, denuncian en su informe la creación en 2017 y 2018 de una prisión secreta. Las asociaciones se basan, en particular, en los testimonios de dos yemeníes, entre ellos Mohammad, para describir las condiciones de detención. “Los detenidos se hacinan. Ocupan cinco, a veces 10, las pequeñas celdas de 5 a 8 metros. Duermen en el suelo, no tienen acceso a agua corriente. El lugar de detención no está muy ventilado, el calor es sofocante. Se denuncian casos de tortura y malos tratos: los presos son golpeados y los enfermos no reciben tratamiento”, dice el informe.

La Asociación para los Derechos y la Libertad (SAM), con sede en Ginebra, ya había informado del arresto en agosto de 2017 y el posterior encarcelamiento de varias personas, incluidos niños, en el emplazamiento de Balhaf. “Una mujer denunció la detención de su familia, incluidos niños y niñas de corta edad, llevados directamente en helicóptero y encerrados en los edificios del centro de Balhaf”, dijo a Mediapart Tawfik Hamidi, un abogado yemení que trabaja para la asociación. Por su parte, el grupo de expertos de las Naciones Unidas ya había mencionado un caso de detención en el puerto de Balhaf en su informe de 2018 sobre 2017.

En términos más generales, entre 2017 y 2018, los medios de comunicación y las asociaciones informaron de la existencia de una red de centros de detención gestionados por los Emiratos, en particular alrededor de los puertos de Adén y Mukalla. “La gente que está encerrada allí generalmente es acusada de pertenecer a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)”, escriben el Observatorio del Armamento y SumOfUs en su informe. Según las pruebas recogidas por Amnistía Internacional, las detenciones también afectan a personas que critican a la coalición y a sus partidarios, incluidos activistas y periodistas, así como a simpatizantes y miembros del Congreso Yemení para la Reforma, el partido yemení afiliado a la Hermandad Musulmana. “Sin embargo, algunos dicen que muchas detenciones se basan en sospechas infundadas y en venganzas personales”, continúa Amnistía Internacional. “En estas prisiones se cometen actos de tortura”, denuncian a Mediapart Bonyan Jamal y Ali Al Razzaqi dos abogados de la organización yemení Mwatana for Human Rights, que trabajan generalmente en prisiones secretas. “Las desapariciones y torturas en los centros de detención del sur de Yemen deben ser investigadas por crímenes de guerra”, reclamaba Amnistía Internacional en julio de 2018.

El puerto de Balhaf podría así prestar, a día de hoy, servicios muy distintos de su intención inicial. Las exportaciones de gas, tan necesarias en Yemen, no se han reanudado. “Este proyecto representa una esperanza para el pueblo yemení. Invito al gobierno francés a que nos apoye y presione a los socios del YLNG para que sean más activos en el proyecto”, indica el ministro de Petróleo Aous Al-Awd.

“Me temo que hay acuerdos entre los Emiratos Árabes Unidos y Total para el uso de la instalaciones de Balhaf, ignorando a las autoridades e intereses yemeníes”, dijo el diputado opositor Ali Ashal. “Con la ocupación de los puertos, los Emiratos quieren impedir que Yemen tenga sus propios recursos financieros. Esto les permite poner al país bajo tutela y mantener el control de las decisiones tomadas”, dice Abdulwahed Al-Obaly, un activista yemení, ahora expatriado.

¿A qué jugaron Total y Francia con los Emiratos en Yemen? ¿Debe el país de los derechos humanos aceptarlo todo de sus aliados políticos, incluidas las violaciones de sus valores? “Denunciamos el cruce de intereses económicos de la industria fósil y las opciones de política exterior de Francia”, afirma Cécile Marchand, de Los Amigos de la Tierra. Las asociaciones piden una comisión de investigación sobre las responsabilidades de Francia en relación a la situación en Yemen. Con la esperanza de hacer la geopolítica francesa en esta región un poco más transparente y democrática.

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Traducción: Mariola Moreno

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