Lo mejor de Mediapart

Assange se enfrenta a los Estados Unidos de Trump y al Reino Unido de Johnson

Manifestantes sostienen pancartas a favor de Assange.

Amandine Alexandre (Mediapart)

Los abogados de Julian Assange han marcado un punto. El jueves, durante una audiencia judicial en el tribunal de Westminster, la jueza británica Vanessa Baraitser confirmó que la audiencia de extradición duraría más de los cinco días previstos originalmente. En una audiencia previa celebrada el mes pasado, la defensa abogó por que la audiencia final durase varias semanas “dada la gravedad de los cargos” que pesan contra el fundador de Wikileaks, según recordaba el jueves uno de sus abogados, Edward Fitzgerald. La jueza Baraitser le daba la razón a la defensa. El tribunal de Belmarsh –donde se celebrará la audiencia a partir del 24 de febrero– está disponible durante tres semanas, o incluso cuatro si fuese necesario, confirmaba el jueves el magistrado.

Este anuncio fue toda una sorpresa para la acusación. “No habíamos entendido que la audiencia pudiese alargarse durante tres semanas”, se excusó Dobbin la representante de la Administración de EE.UU., Clair Dobbin, antes de explicar que el abogado que se suponía que iba a reclamar la extradición no estaba disponible durante varias semanas seguidas antes de finales de abril. Sin embargo, la jueza Baraitser se negó a posponer la audiencia hasta la primavera. “El Gobierno [de Estados Unidos] parecía deseoso por no perder tiempo”, dijo, visiblemente molesto.

Durante la misma audiencia, a la que asistió Julian Assange por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, la defensa señaló que esperaba llamar a 21 personas a declarar a favor del fundador de WikiLeaks, acusado de espionaje por Washington. Edward Fitzgerald también reveló algunas de las líneas de defensa que serán adoptadas por los múltiples abogados de Julian Assange. “Afirmamos que el tratado de extradición [entre el Reino Unido y Estados Unidos] prohíbe la extradición por delitos políticos y que los cargos son sustancialmente de naturaleza política”, dijo Fitzgerald el jueves en el Tribunal de Westminster.

La demanda de extradición de Washington y los 18 cargos, incluido el de espionaje, presentados por la Administración estadounidense contra el fundador de Wikileaks son una nueva prueba para el controvertido tratado firmado por Estados Unidos y el Reino Unido en 2003, dos años después del ataque de Al Qaeda al World Trade Center en Nueva York que mató a 2.753 personas. En virtud de este acuerdo de extradición firmado por la administración Bush y el gobierno de Tony Blair, el sistema judicial británico no suele examinar en detalle las pruebas aportadas por el sistema judicial estadounidense, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos cuando el Reino Unido hace una solicitud de extradición respecto de un ciudadano o residente estadounidense. Pero el caso de Julian Assange plantea “cuestiones difíciles, importantes y profundas”, según Edward Fitzgerald, uno de sus abogados. La jueza Vanessa Baraitser apoyó implícitamente el caso de Assange concediendo tres o incluso cuatro semanas de audiencias si fuera necesario.

Hasta ahora, el tratado de extradición aplicado desde 2004 en el Reino Unido ha dado lugar principalmente a la extradición a los Estados Unidos de terroristas y personas acusadas de fraude. En la mayoría de los casos, estas extradiciones han tenido lugar después de varios años de procedimientos judiciales. Si la Justicia británica aprueba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos tras la audiencia prevista para finales de febrero, el fundador de Wikileaks podrá recurrir la decisión ante el Tribunal Superior y luego ante el Tribunal Supremo británico. Queda por ver si Assange podrá apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Human Rights Act de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la legislación británica, ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de los partidarios del BrexitBrexit, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea, a diferencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Sorprendentemente, durante la reciente campaña electoral, Boris Johnson no se comprometió a derogar la Ley de Derechos Humanos. Sin embargo, el jueves, con motivo del discurso del trono, la presentación formal del programa de Gobierno por parte de la reina, el primer ministro indicó que quería “actualizar” la carta de derechos que ha estado en vigor desde 1998. “Nos aseguraremos de que el derecho a la reparación proteja los derechos de los individuos contra la dominación del Estado, y al mismo tiempo nos aseguraremos de que no se abusa de este derecho con fines políticos impropios o demoras innecesariamente largas [en la aplicación de las decisiones judiciales”, dijo la reina el jueves en el Parlamento en nombre del gobierno conservador.

Aunque el nombre de Julian Assange no se pronunció, la declaración de intenciones de Boris Johnson, el mejor amigo de Donald Trump a este lado del Atlántico, plantea sin embargo interrogantes sobre el impacto que esta “actualización" de la Ley de Derechos Humanos podría tener en el fundador de WikiLeaks, que se enfrenta a 175 años de prisión si es juzgado en Estados Unidos por los 18 cargos, incluido el de espionaje- que Washington ha presentado en su contra.

Afortunadamente para Assange, Boris Johnson, recientemente reelegido en el 10 de Downing Street con una mayoría de 365 miembros del Parlamento, puede presumir de tener cierto margen de maniobra en lo que respecta a su cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Raphael Hogarth, director asociado del Institute for Government, un think tank con sede en Londres, recuerda que Johnson ha asumido compromisos con los 27 en la era post-Brexit. La declaración política acordada por Londres y la Unión Europea establece que la futura relación entre ambas partes “debería basarse en los compromisos de larga duración con los derechos fundamentales de las personas, incluida la continuación de la pertenencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la aplicación [de sus principios]”, señalaba en un artículo publicado el miércoles. El final de la batalla legal de Julian Assange podría estar vinculado a otro proceso tortuoso y difícil: el divorcio entre el Reino Unido y la UE.

Así se espiaba a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Así se espiaba a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Más sobre este tema
stats