El periodista Glenn Greenwald, azote contra la corrupción del Gobierno de Bolsonaro, acusado de ciberdelincuencia

“Van a tratar de acusarnos de haber participado, del..., del..., incluso de hackeo”. A pesar del tono vacilante, Glenn Greenwald ya estaba seguro, desde sus primeras conversaciones con su fuente, un pirata informático, de que este tipo de acusación iba a producirse. Los diálogos transcritos en el acta de acusación muestran al periodista intentando proteger su fuente sin ordenarle nunca que piratee otros teléfonos móviles. Pero para la Fiscalía brasileña, Greenwald “le dijo al hacker qué hacer para dificultar la investigación y reducir el riesgo de ser él mismo encontrado y hallado penalmente responsable”. La Fiscalía ha denunciado a otras seis personas, pero es el periodista quien está en el centro del caso.

Glenn Greenwald, conocido en todo el mundo por la difusión de las revelaciones de Edward Snowden, se ha convertido en un nombre muy conocido en Brasil, donde vive desde hace más de una década, después de publicar otro caso explosivo en junio de 2019.

En el sitio web de The Intercept, él y su equipo revelaron el contenido de los mensajes intercambiados entre los fiscales de la operación Lava Jato y el juez Sérgio Moro, revelando las derivas políticas y los cálculos de la enorme operación anticorrupción Lava Jato. El exjuez, héroe de una parte de Brasil por haber condenado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los favoritos en las elecciones presidenciales de 2018, fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de las elecciones, Jair Bolsonaro.

La acusación del Ministerio Público es sólo un primer paso. En el sistema brasileño, la Fiscalía debe presentar una denuncia que luego el juez analiza. Glenn Greenwald sólo será acusado si el juez lo acepta. Sin embargo, según varios juristas entrevistados en la prensa brasileña, la acusación es muy frágil.

En primer lugar porque la Policía federal ya ha emitido las conclusiones de su investigación a partir del estudio de estos mismos diálogos. Además, en agosto de 2019, uno de los jueces de la Corte Suprema dictó un fallo que prohibía cualquier investigación contra Glenn Greenwald por su participación en la serie de artículos llamados “Vaza Jato” (un juego de palabras entre Lava Jato y la filtración de documentos), en nombre de la libertad de prensa y la protección de las fuentes.

Pero esta acusación es ante todo un mensaje. Ante todo es una oportunidad para dirigirse a los partidarios de Jair Bolsonaro, muchos de los cuales odian al periodista estadounidense. La reacción del portavoz del Gobierno no deja lugar a dudas. En respuesta a las insistentes preguntas de un periodista que buscaba saber de qué delito se acusaba a Glenn Greenwald, éste insistió sin llegar a responder: “El presidente no tiene dudas... de que hubo un delito”. 

Para Maurício Santoro, profesor de Ciencia Políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), el gobierno aprovechará esta oportunidad para “movilizarse en sus redes, dar a conocer este caso y criticar a Glenn Greenwald tanto como sea posible”.

Aunque la acusación no procede directamente del Gobierno, el fiscal que está detrás de la denuncia tiene un historial de defensa del Gobierno de Bolsonaro. En diciembre pasado, intentó sin éxito que el decano del Colegio de Abogados Brasileños fuera juzgado por calumnia cometida contra el ministro de Justicia, Sérgio Moro. "Los fiscales del Ministerio Público tienen cierta autonomía. Pero su superior, el fiscal general, está totalmente alineado con el Gobierno. Aunque esta denuncia sea frágil, es una buena forma de que un fiscal ambicioso se haga notar y trepe”, explicó Maurício Santoro.

Este caso es también una oportunidad para enviar un mensaje a la prensa y a aquellos a quienes el Gobierno ve como adversarios. Desde la llegada al poder de Bolsonaro, se ha llevado a cabo una verdadera campaña de acoso para desacreditar a los periodistas. Según la Federación de Periodistas (Fenaj), en 2019, Bolsonaro fue responsable de cerca del 60% de las 208 agresiones (físicas o verbales) sufridas por los periodistas. El presidente ha cometido 114 infracciones de carácter general, de las cuales siete se han dirigido a periodistas. Le dijo a un trabajador de la Folha de São Paulo que “cerrara el pico” y a otro que tenía “una cara muy gay”. Bolsonaro también pidió una campaña de boicot contra la Folha de São Paulo y dijo que los periodistas son “una raza en peligro de extinción”.

En su cuenta de Twitter, Glenn Greenwald denunció inmediatamente un “ataque a la libertad de prensa y a la democracia brasileña” antes de añadir que no se dejaría “intimidar por los abusos del aparato estatal o del gobierno de Bolsonaro”. Esta no es su primera campaña de amenazas. Después de las revelaciones de The Intercept, Bolsonaro afirmó que “debería pasar un tiempo en la cárcel”. Los partidarios del Gobierno lo acosaron entonces, exigieron su expulsión y lo insultaron, incluso con relación a su orientación sexual (el periodista está casado con un diputado brasileño de izquierdas)... En noviembre, durante un programa de radio, uno de los invitados, ferviente partidario del presidente, agredió físicamente a Glenn Greenwald.

Pero para Maurício Santoro, este intento de intimidación no sólo va dirigido al periodista estadounidense, “un premio Pulitzer que cuenta con el apoyo suficiente para movilizar a muchos contactos y que tiene los medios para defenderse... Para los periodistas nacionales, y más aún para los periodistas locales, que son los más amenazados y expuestos, es una advertencia mucho más seria”.

Aunque la acusación no se sostiene, se está extendiendo un clima de amenaza entre los periodistas y los que se oponen al Gobierno. “Esto es muy preocupante”, suspira Santoro. “Aunque en el caso de Greenwald la sociedad civil e incluso algunos políticos reaccionaron con fuerza, sigue siendo muy preocupante ver que nuestras instituciones están sometidas a este tipo de presión casi cada semana”.

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Traducción: Mariola Moreno

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