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Coronavirus y libertades públicas: la ecuación de las mil incógnitas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El brote de coronavirus está causando estragos en todos los ámbitos. En el aspecto sanitario, es obvio: se han contabilizado más de 113.000 casos y 4.000 muertes en todo el mundo. En el aspecto económico, es evidente: las consecuencias serán devastadoras. En cuanto a las libertades públicas, el asunto es más espinoso. Las medidas puestas en marcha por los Gobiernos para frenar la propagación del virus pueden ser proporcionadas, pero inútiles; efectivas, pero perjudiciales; abusivas, pero temporales... O cualquier otra combinación de adjetivos aún desconocida.

A largo plazo, resulta imposible predecir las consecuencias de esta epidemia en el ya inestable equilibrio del sistema político francés. Es inquietante leer, proviniente de científicos de todo el mundo, una validación de los métodos chinos de cuarentena basados en la vigilancia y la coacción. Perturbador, pero no inexplicable. Sin llegar a elogiarlo, varios eruditos de países democráticos reconocen la eficacia de la medida China.

El país ha liderado “el esfuerzo de contención más ambicioso, ágil y agresivo de la historia”, escribió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero. “La nación china es digna de elogio por su capacidad de respuesta, su lucidez y su seriedad, aunque ello se traduzca en una fuerte dimensión política”, afirmaron eufemísticamente dos médicos franceses, mientras rendían homenaje a la memoria del doctor Li Wenliang, el “denunciante”, amenazado por el régimen y que murió a causa del coronavirus. Por su parte, el antropólogo Frédéric Keck cree que los chinos “aceptan este discurso de sacrificio” por razones filosóficas e históricas ajenas a las sociedades democráticas occidentales.

¿Deberíamos imitar a China y cerrarlo todo por la fuerza? ¿Debemos optar por un enfoque más respetuoso de las libertades civiles, a riesgo de tener que hacer frente a una crisis sanitaria incontrolable? El médico Antoine Flahault, especialista en salud pública, se expresaba la semana pasada en estos términos en Mediapart (socio editorial de infoLibre). Italia “demuestra que es posible que un país democrático tome medidas muy importantes”, que si bien son “liberticidas” pueden tener una verdadera eficacia médica. Y en el momento en que se manifestaba en estos términos, el país no había decretado aún el aislamiento de una amplia zona del norte del país, que se extendió poco después a todo el país.

La historiadora Celia Miralles Buil escribió recientemente en un artículo científico titulado “Las epidemias y las cuarentenas en Europa” que “la reducción de las libertades individuales en nombre del bien común y de la salud de todos sigue siendo una práctica utilizada”. “Al igual que los cordones sanitarios del siglo XIX, las medidas adoptadas reflejan el mismo temor y la misma impotencia de las autoridades políticas y médicas ante la amenaza de la epidemia”.

Las autoridades políticas francesas, despreocupadas en condiciones normales, deben hacer frente a equilibrios particularmente complejos. Si bien no parecen ser conscientes de la situación, pueden ser acusados de negligencia culpable, al estilo de la “nube de Chernóbil”. Si hacen demasiado, se les culpará por un maximalismo innecesario, motivado por la conveniencia política. En este contexto excepcional, la libertad de reunión, la libertad de movimiento y la libertad de culto son las más difíciles de preservar.

En un decreto del 4 de marzo, el ministro de Sanidad Olivier Véran comenzó prohibiendo “cualquier reunión superior a las 5.000 personas en un entorno cerrado” hasta el 31 de mayo (posteriormente se modificó la fecha al 15 de abril), permitiendo incluso a los prefectos bajar dicho umbral de asistencia “cuando las circunstancias locales lo requieran”. El ministro se basa en el artículo 3131-1 del Código francés de Salud Pública, que dice lo siguiente:

“En caso de amenaza grave para la salud que requiera medidas de emergencia, en particular en caso de amenaza de epidemia, el ministro de Sanidad podrá, mediante orden motivada, prescribir en interés de la salud pública cualquier medida proporcionada a los riesgos existentes y apropiada a las circunstancias de tiempo y lugar, a fin de prevenir y limitar las consecuencias de las posibles amenazas para la salud de la población.

El ministro puede facultar al representante del Estado territorialmente competente para que adopte todas las medidas necesarias para la aplicación de estas disposiciones, incluidas medidas individuales. Estas últimas medidas se notificarán inmediatamente al fiscal”.

Este primer decreto llevó a la prohibición de los eventos públicos de afluencia masiva, incluidos conciertos multitudinarios. Otros han sido cancelados o pospuestos por los propios organizadores. Se mantienen las elecciones municipales [previstas para este domingo 15, en primera vuelta], pero con determinadas condiciones de higiene y se han cancelado muchos mítines de campaña.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno francés prohibía las reuniones de más de 1.000 personas, en el interior o al aire libre, hasta el 15 de abril. Sin embargo, los prefectos recibieron instrucciones de elaborar una lista de reuniones que fueran “útiles en interés de la nación” y por lo tanto autorizadas. El ministro cita como ejemplos “manifestaciones, oposiciones, transporte público”.

Asimismo, en el país vecino, los principales eventos deportivos se celebran ahora a puerta cerrada para evitar que varios miles de personas se pongan en contacto entre sí en las gradas. Varias prefecturas también han anunciado la cancelación de eventos culturales, aunque no siempre está claro si se trata de prohibiciones formales o de decisiones tomadas de mutuo acuerdo con los organizadores.

Por el momento, las manifestaciones de protesta no están directamente en el punto de mira de las prohibiciones de la prefectura. Sin embargo, como señalan los sindicatos que se oponen a la reforma de las pensiones, el clima general de preocupación puede bastar para desalentar a los participantes. “Va a tener un impacto innegable en el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales: muchas personas evitarán participar en cualquier iniciativa pública en las próximas semanas”, escribía el lunes la intersyndicale. Si los franceses empiezan a tener miedo de ir al cine, a cenar o a salir de viaje, ¿participarán en manifestaciones? Aunque se ha convocado una nueva jornada intersectorial de huelgas y manifestaciones para el próximo 31 de marzo, la intersyndicale ha solicitado “la suspensión del proceso legislativo”.

En unos días, Francia puede pasar a la “fase 3” de su plan antiepidémico. Esta fase puede conllevar una nueva serie de medidas, como el cierre a gran escala de guarderías y escuelas, la suspensión del transporte público o de los albergues para las personas sin hogar. Con el fin de preparar el terreno, Olivier Véran remitió la cuestión al Comité Consultivo Nacional de Ética el pasado 1 de marzo, pidiéndole que “aclare la vinculación entre imperativos de salud pública y respeto de los derechos humanos fundamentales”. Aún no se conoce el dictamen. Sin embargo, el Comité de Ética ya se pronunció en 2009 sobre las libertades durante una pandemia de gripe.

Además de las decisiones nacionales, las prefecturas de los departamentos particularmente afectados por el coronavirus han publicado decretos específicos. Todos pueden, por definición, ser impugnados ante el tribunal administrativo, pero no conocemos de ninguno que, en la práctica, lo haya sido.

Para Isabelle Denise, responsable del departamento jurídico de la Liga de Derechos Humanos (LDH) desde hace dos décadas, la cuestión de las restricciones de las libertades públicas en tiempos de epidemia “no es binaria”. “La LDH está obviamente a favor de que se tomen medidas de salud pública. Estaremos atentos a que la situación actual no se utilice en detrimento de reuniones o manifestaciones eventualmente molestas. Por el momento, no es así: los decretos que nos han llegado se enmarcan dentro de la ley. No son impugnables ni desproporcionados, están bien ordenados en el tiempo y son de corta duración”.

En general, las organizaciones de derechos humanos se muestran vigilantes pero cautelosas. Si bien no dudan en criticar la acción del Gobierno en materia de seguridad –en términos de legislación antiterrorista, la creación de nuevos registros u de otras medidas represivas– se encuentran aquí ante un nuevo y delicado problema. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) no ha sido alertada por las asociaciones que la integran de “violaciones de los derechos humanos resultantes de estas medidas” y, por lo tanto, no ha optado por adoptar una posición por el momento. ONG como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también prefieren mostrarse cautelos”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Informática y Libertades Civiles (CNIL) publicó el viernes un memorándum sobre la recopilación de datos personales relacionados con la epidemia, destinado a empresas y particulares. Así pues, la institución recuerda que aunque los empleadores tienen derecho a “promover modalidades de trabajo a distancia” y a aplicar ciertas precauciones, “no pueden adoptar medidas que puedan atentar contra la intimidad”, por ejemplo, imponiendo “lecturas obligatorias de la temperatura corporal” a sus empleados.

A medida que la epidemia avanza, se hace más difícil distinguir entre lo que está prohibido por las autoridades y lo que son decisiones individuales basadas en la preocupación. Sin embargo, hay una importante diferencia. Hoy en día, en Francia, existen ataques a la libertad de reunión, ya sea justificados o no. Por otro lado, la libertad de movimiento no se ha visto restringida en esta etapa, a diferencia de lo que sucede en Italia. En Francia, los trenes funcionan, aunque la compañía nacional SNCF ofrece ahora cancelaciones gratuitas a aquellos que quieran posponer su viaje.

Sobre todo, las cuarentenas recomendadas para las personas infectadas con el coronavirus –o que se sospecha que puedan estar infectadas– se basan únicamente en una forma de restricción social: la llamada a aislarse en casa, en nombre de la responsabilidad individual y contra el contagio. Nadie está bajo arresto domiciliario, aunque el código de salud prevé la posibilidad de facultar a los prefectos para que tomen “medidas individuales”. Serge Slama, profesor de derecho público de la Universidad de Grenoble, recuerda que una cuarentena fundamentalmente “se basa en la buena voluntad de la población”. “Por supuesto, es de interés general respetarlo. Pero que yo sepa, no hay sanciones específicas en caso de incumplimiento”, añade.

Slama, firme defensor de las libertades civiles, ya sea el derecho a manifestarse o del estado de emergencia, no se anda con rodeos. En su opinión, las medidas tomadas en Francia le parecen bastante “proporcionadas”. “El riesgo de propagación de una epidemia es un criterio válido para limitar las reuniones. En el contexto actual, el primer ministro, que tiene el poder de policía administrativa general, tiene derecho a hacerlo. El problema es el cálculo, que no sabemos cómo se ha establecido. ¿Por qué 1.000 personas y no 500? ¿Por qué están circulando trenes de alta velocidad? Probablemente porque no quieren detener la vida económica. Su “preocupación” por las libertades es más por las próximas semanas. “Una vez desarrollada la epidemia, podemos imaginar una forma de acumulación de todas estas medidas, con la prohibición de cualquier reunión, es decir, una verdadera restricción de las libertades”.

En este punto, si bien la crisis del coronavirus parece poner a prueba a las sociedades democráticas es porque esta excepción del estado de salud afecta a una multitud de puntos sensibles: nuestra relación con el poder, con las fronteras y la globalización, con la higiene y la enfermedad, con el miedo. La epidemia pone en duda la confianza (o desconfianza) del pueblo en sus representantes políticos y autoridades médicas. Perturba el equilibrio habitual entre lo que es una cuestión de comportamiento individual y lo que se confía a la comunidad. Y desdibuja nuestras representaciones de los continuos progresos científicos que mantendrían nuestra mortalidad bajo control.

En una entrevista concedida a The New Yorker el 3 de marzo, el historiador estadounidense Frank Snowden decía que “las epidemias son una categoría de enfermedades que parecen ser un espejo de la verdad para los seres humanos”. Al obligarles a adoptar una postura sobre el alcance de las libertades civiles que deberían suspenderse, la epidemia de coronavirus también ofrece el mismo “espejo de la verdad” a los sistemas políticos de todo el mundo.

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Traducción: Mariola Moreno

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