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Argentina abre la vía a la legalización del aborto

Una de las protestas a favor de la ley del aborto en Argentina recogidas por el documental 'La ola verde'.

La avenida que conduce al Congreso argentino está salpicada de pequeños pañuelos verdes, que se elevan al cielo al ritmo de los tambores. “Aborto legal, en el hospital”, gritan las manifestantes enarbolando el pañuelo, símbolo de la lucha por la legalización del aborto, atado alrededor de la muñeca. “El patriarcado caerá, el feminismo prevalecerá”, prosiguen los cánticos.

El pasado 9 de marzo, día en que se había convocado una huelga feminista en Argentina, miles de mujeres se daban cita en Buenos Aires y en otras ciudades del país para protestar contra la violencia de género y a favor de la legalización del aborto. “Será ley”, resuena en boca de las presentes, ahora que las manifestantes, que llevan varios años saliendo a las calles, saben que la legalización del aborto nunca ha estado tan cerca en Argentina; en los próximos días, el presidente argentino debe presentar al Congreso un proyecto legislativo sobre el derecho al aborto.

Es la primera vez en el país que un presidente da este paso. Durante la campaña presidencial, el peronista Alberto Fernández se pronunció a favor del derecho al aborto. No es un hecho menor que el presidente, que asumió el cargo en diciembre pasado, eligiese la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo para anunciar formalmente la preparación del proyecto. “El aborto existe, es un hecho”, afirmaba Fernández, para indicar que el hecho de que esté penalizado desde 1921 no descarta que las mujeres recurran al aborto clandestino.

Cada año, según las organizaciones, se realizan unos 400.000 abortos en el país, donde el aborto sólo es legal en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer embarazada. Al ser clandestinos, muchos se llevan a cabo en dudosas condiciones higiénicas, lo que deriva en la muerte de varias docenas de mujeres cada año. “Un Estado debe proteger a sus ciudadanos y, obviamente, a las mujeres en particular. En el siglo XXI, la sociedad debe respetar la decisión individual de sus miembros de disponer libremente de sus cuerpos”, manifestaba el presidente el 1 de marzo, aplaudido por los legisladores que apoyan el proyecto. “Se trata de una convicción personal para él”, apunta Débora Lopreite, politóloga de la Universidad de Buenos Aires; Fernández tiene una relación aparentemente contradictoria con el Papa Francisco, con quien se reunió en el Vaticano en enero. “Es también un gesto hacia su electorado, que esperaba que tomara esta iniciativa”, analiza la politóloga.

“Un cambio de Gobierno era lo que se necesitaba para legalizar el aborto”, se emociona Laila, de 23 años. Como en cada manifestación a favor del aborto legal en los últimos dos años, ha llegado en tren a la capital, desde el popular suburbio de La Matanza, con un cartel bajo el brazo y rotuladores en el bolso. “Mi ropa, mi sonrisa y mi simpatía no significan mi consentimiento”, escribe esta estudiante de psicología en una gran cartulina blanca.

Aprobada por los diputados, la legalización del aborto terminó siendo rechazada por los senadores en agosto de 2018. Por primera vez en Argentina, se debate al respecto en el Parlamento. Aunque se oponía a la legalización, el presidente de centro-derecha Mauricio Macri lo hizo posible. “Tenemos que mantener la presión en las calles. El aborto es un derecho básico de salud. Una mujer no debe ser vista como una incubadora”, continúa Laila, de la manifestación feminista.

“Somos feministas desde los 16 años y tras los debates en el Parlamento en 2018”, dice Camila, sentada con sus amigas en los jardines exteriores al Congreso. “Las mujeres que no tienen dinero son las que mueren en abortos clandestinos. Debemos garantizar un aborto seguro, es un derecho”, precisa su amiga Marina, de 18 años. Camila, Marina y sus amigas conforman lo que los observadores del movimiento han llamado “la revolución de las chicas”, usando la expresión utilizada por la feminista argentina Luciana Peker.

Mientras que las manifestaciones a favor del aborto son transgeneracionales y familiares, las estudiantes se encuentran sobrerrepresentadas en estas manifestaciones. “Esta juventud ha dado un nuevo impulso al movimiento, cuya particularidad es que pertenece a la calle. Primero fue el ‘Ni Una Menos’, en 2015 [manifestaciones contra la violencia de género], antes de tomar mayor amplitud en 2018 con el debate sobre el aborto en el Parlamento”, dice Débora Lopreite.

“Este movimiento ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas: en el instituto, organizamos debates, talleres, hablábamos de ello con el profesorado”, explica Marina, que emplea un lenguaje inclusivo que ha calado sobre todo en los más jóvenes. “En casa, ahora hablamos del aborto”, añade su amiga Camila, “y empecé a cuestionar cuestiones patriarcales como ¿por qué yo ayudo con las tareas domésticas y no mi hermano?”.

Fanny, de 68 años, se aleja de las manifestaciones y mira a “esas niñas que le dan valor”. En las pancartas, se lee: “Hoy lucho para no morir mañana”, “Nunca más invisibles”. En el plazo de dos años, esta sexagenaria ha visto cómo se caía el tabú del aborto y despliega una historia que hasta ahora había reservado a la discreción de los parientes de confianza. “Tuve que abortar. Fue muy duro”, cuenta la mujer que, como madre treintañera, bajaró la “posibilidad” de ir acompañada por su marido. La escena tuvo lugar en un gabinete clandestino en Buenos Aires. “Me desperté de la anestesia entre lágrimas y entonces tuve que enfrentarme al mal trato del personal. Una enfermera se me acercó y me dijo: ‘Deberías haberlo pensado antes, ahora date prisa y vete’”. ¿El precio de esta interrupción clandestina? “Una fortuna, le pedimos dinero a nuestros amigos”. Según estimaciones de la organización feminista Economía Femini(s)ta, el precio de un aborto clandestino era de casi 500 euros en 2018, el doble del salario mínimo actual.

Como signo del cambio de la sociedad en los últimos dos años, muchos políticos han tenido que dar a conocer claramente su posición. Entre los cambios de postura emblemáticos se encuentra el de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Anteriormente se oponía al aborto, pero hace dos años votó a favor como senadora, subrayando la influencia crucial de su hija. Sin embargo, el texto fue derrotado por siete votos contra uno. Dos años después, con algunos de los asientos parcialmente renovados, ¿cuál es el equilibrio de poder?

Según la organización Economía Femini(s)ta, los indecisos o las abstenciones desempeñarán un papel clave en una votación que muestra un balance desfavorable a la legalización en el Senado. La oposición es fuerte, especialmente en las provincias del norte del país. El caso de una niña de 11 años violada por el marido de su abuela en la provincia de Tucumán, a quien se le negó un aborto, legal en su caso, dejó su huella en el país el año pasado. “Los senadores tienen que responder ante los gobernadores, quienes a su vez tienen que responder ante las bases de su región”, señala la politóloga Débora Lopreite.

Otro elemento que aplaca el entusiasmo de las manifestantes feministas es la respuesta de los antiabortistas. Desde 2018, la Iglesia, tanto católica como evangélica, viene organizando en buena medida sus argumentos y su influencia con el Congreso. En un acto muy significativo, sin precedentes, el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Basílica de Luján, peregrinación al oeste de Buenos Aires. “Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes por igual, están profundamente convencidos de que hay vida desde el momento de la concepción. Es injusto y doloroso llamarlos antiderechos o hipócritas”, dijo el obispo Oscar Ojea en su homilía.

Símbolo contra símbolo; miles de personas asistieron a la misa llevando bufandas azules, contra la interrupción voluntaria del embarazo. “Lo que es diferente este año es que el proyecto lo lleva a la Cámara el Ejecutivo. Cuando se trata de derechos civiles, la iniciativa del Ejecutivo es fundamental, como vimos en 2010 con el matrimonio homosexual”, subraya Débora Lopreite. Tras un encendido debate en 2018, el Ejecutivo ha señalado su intención tramitarlo por la vía rápida en el Parlamento este año.

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Traducción: Mariola Moreno

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