El covid-19 plantea la necesidad urgente de cerrar el grifo del monopolio de las farmacéuticas

Gaëlle Krikorian, investigadora en ciencias sociales, especialista en patentes y acuerdos comerciales en materia sanitaria, dirige la Campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos sin Fronteras (MsF) desde 2018, tras haber militado también en Act Up. 

En la declaración final de la cumbre extraordinaria del G20 del 26 de marzo, dedicada al covid-19, se sentó el principio de un acceso “práctico y económico” a los medicamentos antivirales y a las vacunas. ¿Hubo acciones concretas?

Gaëlle Krikorian: Hubo declaraciones políticas y anuncios sobre compromisos financieros, recursos públicos que son significativos. Lo que nos interesa es saber si hay acuerdos concretos con algunas firmas farmacéuticas. Todo esto plantea, por una parte, la cuestión de la transparencia, pero también de las condiciones asociadas a las inversiones públicas en sanidad, para estar seguros de que se van a poner a disposición las herramientas sanitarias necesarias; y por otra parte, que sean accesibles a todos los que las necesitan.

Estos últimos años, en el universo del acceso a las herramientas sanitarias, muchos actores se han dado cuenta de que existen enormes recursos públicos comprometidos bajo diversas formas en la investigación médica. De hecho, hasta ahora eso era bastante invisible. Estábamos arrullados por la musiquita de las multinacionales según la cual ellas hacen lo esencial del trabajo, invierten sumas enormes, etc. Nos hemos dado cuenta de que no es exactamente así y la crisis del covid-19 acaba de arrojar más claridad a esa realidad.

Está muy bien la movilización emprendida por parte de los Estados y se oye hablar de equidad. Pero ahora nos preguntamos de qué manera se va a conseguir, cuál es el plan si es que hay uno, y cuáles son los términos para evitar el peligro de la apropiación de tecnologías por los países ricos de manera que haya una distribución equitativa por todo el mundo.

¿Cuáles son las condiciones de esa necesaria transparencia?

No son cosas extremadamente sofisticadas y sin embargo cuesta ponerlas en marcha. Hay que saber quién paga qué, cuáles son los recursos públicos o privados, cuáles son los costes de producción y de distribución. Sólo en esas condiciones hay posibilidad de llevar a cabo una negociación con los actores privados para llegar a un precio razonable. Si no somos capaces de comprender el conjunto de esos parámetros estaremos firmando cheques en blanco, aceptaremos los precios de la industria, y eso no es posible.

Hay que analizar muy bien la economía puesta en práctica alrededor del medicamento, que es inadecuada. Un sistema completamente desequilibrado, en vista de lo que pasa con la hepatitis C, con algunos anticancerígenos o con los tratamientos contra enfermedades raras: se ve que vamos a chocar contra un muro. ¿Cómo vamos a espabilarnos? Hay que analizar la relación público-privada y aquí se impone la transparencia.

Con el covid-19 se están haciendo ensayos clínicos para probar diferentes moléculas. Han preguntado a Gilead sobre la accesibilidad a su Remdesivir. AbbVie ha tenido que abandonar sus derechos sobre Kaletra cuando Israel anunció una “licencia obligatoria”... Ese principio de “licencia obligatoria” (un Estado decide autorizar a todos los laboratorios a producir genéricos en su territorio sin el consentimiento del titular de la patente) ¿Es suficiente para permitir el acceso de todo el mundo a los medicamentos?

Es justo un mecanismo de equilibrio del sistema al que el Estado recurre si estima que es necesario. Es una herramienta que puede ser muy eficaz. Pero la realidad de su uso es otra: hemos visto que los países se veían, si no impedidos, al menos muy desalentados a utilizar esa herramienta. En Francia se han puesto sobre la mesa las licencias obligatorias varias veces desde 2013, primero con la hepatitis C y luego con otros tratamientos. Pero hasta ahora los países no quieren utilizar este método para resolver el problema de acceso a los medicamentos.

En la actualidad, con el covid-19, Israel, Alemania, Costa Rica y cada vez más Estados se dan cuenta de que es una herramienta que va a ser tal vez necesario utilizar. En la mayor parte de los países se dan patentes con una extrema facilidad. Puede que haya que empezar por ahí, que haya que cerrar ya el grifo del monopolio. En el contexto del covid-19, para impulsar al máximo la investigación, MSF y muchos otros dicen que hay que compartir el conocimiento, el saber y los datos.

La patente, que de alguna forma viene a compensar las inversiones en investigación gracias a una exclusividad ¿es el principal freno al acceso de todos a los medicamentos?

Es una barrera, pero depende de los casos. Cuando miramos la penicilina, no hay problemas de patente con esta antigua molécula. Es la capacidad de producción descentralizada lo que plantea el problema, porque no hay un interés económico para la mayor parte de los actores. De repente, no habrá suficientes productos sanitarios disponibles.

Si queremos promover la investigación, hay que contar también con las Pymes y saber cómo contratamos con ellas, cómo las apoyamos mientras estén investigando para pagar investigadores y máquinas, para poder realizar ensayos clínicos con las estructuras públicas.

Hay que analizar qué economía se ha aplicado a los productos sanitarios, controlada por una quincena de multinacionales. Es una economía de funcionamiento en la que hay muchas pérdidas en términos de costes para el sector público, para la sociedad y también para los ciudadanos con sus impuestos.

Es preocupante lo que está pasando. Todo el mundo dice: “Vamos a luchar todos juntos contra este virus que no tiene fronteras”... pero no hay ninguna garantía. Sería extremadamente ingenuo que, de repente, la industria vaya a dejar de buscar el beneficio. Son multinacionales farmacéuticas, no sociedades filantrópicas.

¿Cómo se puede aplicar el modelo de bienes comunes a la sanidad pública mundial y a la lucha contra el covid-19?

Debemos poner en marcha sistemas de gobernanza sobre los productos sanitarios. Tenemos que saber exactamente cómo se desarrollan, quien tiene los derechos y cómo hay que hacer para impedir monopolios o que las compañías puedan imponer unos precios excesivos. Hoy, el monopolio quiere decir que hay un actor que decide quien va a tener acceso o no. Estamos aún lejos del concepto de bien común o de bien público.

Hace falta una gobernanza con responsables políticos, con componentes industriales (no sólo las multinacionales), con representantes de los hospitales, de los pacientes y de la sociedad civil comprometida en el acceso a la sanidad, y hacer trabajar a toda esa gente junta, de forma transparente.

Sin embargo, ya existen organizaciones internacionales dedicadas a la accesibilidad, apoyadas por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Medicines Patent Pool, MPP (Fundación para las Patentes de Medicamentos).

La MPP fue creada en el contexto de la lucha contra el Sida para facilitar que las firmas que poseen las patentes den licencias a fabricantes de genéricos, para producirlos y venderlos en países pobres. Las firmas indias han podido apropiarse de los mercados en los que no habían entrado las grandes firmas, porque no tenían interés en ellos. Y han salvado miles de enfermos.

Esto viene a ser una forma de segmentación del mercado global, que permite también a estas multinacionales hacer trabajar para ellas a empresas que eran de la competencia. No hay que olvidar este importante elemento en materia de estrategia farmacéutica y la evolución del mercado global. La idea que hay detrás es que también existe una ventaja de marketing para las firmas.

Este dispositivo de “grupos de patentes” ha funcionado de forma marginal en los países más pobres, pero no ha funcionado en todos los enfermos de países intermedios, donde había suficientes beneficios para que las firmas puedan conservar sus derechos.

Hay muchas limitaciones en esta iniciativa, lo que nos hace decir hoy que, en el marco del covid-19, necesitamos compartir y poner en común el conocimiento y también las tecnologías para no repetir una producción globalizada basada en un número muy limitado de centros de producción. Al contrario, hay que permitir una producción multicéntrica en todos los continentes y reducir los efectos de la dependencia.

La puesta en común permite avanzar en todos esos frentes, pero no va a hacerse voluntariamente. En la actualidad, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, hay que recordar que los Estados cuentan con herramientas: no conceder monopolios y así permitir la puesta en común, o concederlos pero utilizando dispositivos como las licencias obligatorias, a riesgo de multiplicarlas. Hay que utilizar esas herramientas para obligar a compartir.

¿Qué le parece el desarrollo de sociedades público-privadas para financiar la investigación de tratamientos y vacunas, como la GAVI (alianza global para las vacunas y la inmunización) o la CEPI (coalición para la innovación en materia de preparación ante las epidemias) que financian por ejemplo el proyecto de vacuna del consorcio del Instituto Pasteur, la empresa Themis y la Universidad de Pittsburg?

La GAVI se fundó en 2000 para agrupar recursos, pero ha sido muy difícil por ejemplo conseguir la vacuna neumococo a un precio aceptable para todos los países. Este no es el caso, pero es una vacuna básica.

En la actualidad, estructuras como la GAVI o la CEPI dicen: “Aquí estamos, sabemos hacerlo, sólo hay que enviar dinero por los canales adecuados”. Hay gente con muy buena voluntad, pero siempre con la lógica de querer moldear la sanidad como un mercado, en lugar de pensar en darle otra forma.

No es extraño que las firmas estén motivadas por los beneficios, pero que los responsables de las instituciones públicas y de las agencias internacionales estén completamente sometidos a esta lógica y continúen pensando que eso va a permitirnos salir de ésta colectivamente, eso es acabar en un callejón sin salida.

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Queremos que los contratos con la industria sean transparentes. ¿Por qué no un master plan con cinco agencias de la ONU y diez países? Pero hace falta que el plan sea conocido, que todo sea transparente y que la sociedad civil forme parte de la mesa de negociación.

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: