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Tras la pandemia, el crack: una gigantesca crisis de deuda amenaza a los países emergentes

Un grupo de personas antes de subirse al autobús en Ruwa, Zimbabue. Este país, casi en bancarrota estos últimos años, está al borde del hundimiento total y ha hecho un llamamiento desesperado al FMI.

Martine Orange (Mediapart)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está en estado de emergencia. Desde marzo, esta institución monetaria se encuentra en todos los frentes. Enfrentados a la pandemia y al hundimiento de sus economías, la mayor parte de los países africanos y también Macedonia, Kirghistán y otros se vuelven hacia el FMI en petición de ayuda.

Los comunicados de socorro se suceden: 226 millones de dólares para Camerún, 200 millones para Mali, 130 millones para Mauritania, 363 millones para el Congo, 12 millones para las Comores, 111 millones para Haití, etc. En total, 109 países emergentes han acudido al FMI en ayuda.

Con precipitación, la dirección de la organización ha creado un mecanismo para desbloquear fondos lo antes posible y permitir que los países asfixiados financien sus necesidades más inmediatas. Pero para el FMI, como para todas las organizaciones internacionales, estas llamadas de socorro no son más que el presagio de una grave crisis de deuda que amenaza a la mayor parte de países emergentes.

"El choque del covid-19 lo que hace es poner de relieve lo que ya era una crisis de deuda soberana de evolución rápida en el mundo en vías de desarrollo", escribe la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en un informe publicado a finales de abril. "La devastación que puede llegar a provocar, a menos que se tomen acciones decisivas, debería ser una motivación suficiente para que la comunidad internacional se dirija por fin hacia un marco coherente y completo para hacer frente a una deuda soberana insostenible", dice esta organización de la ONU.

Según la UNCTAD, los países emergentes deben hacer frente a unos 3,4 billones de dólares de deudas públicas o privadas que tienen que devolver o renegociar entre este año y el próximo. Para aliviarles, el FMI ya ha anunciado que suspendía los reembolsos y los pagos de intereses de los países deudores. Por su parte, el Club de París, que agrupa a la mayor parte de países acreedores, ha decidido la suspensión de la deuda de los países africanos por este año.

Estas acciones son bienvenidas pero insuficientes, según la UNCTAD. Lo que conviene hacer, según esta institución, es una cancelación pura y simple de deudas por un total de un billón de dólares para dar así algún respiro al mundo en vías de desarrollo. De lo contrario habría que hacer frente a una importante crisis de deuda de esos países, a quiebras en cascada y a hundimientos económicos en cadena.

Líbano y Argentina, en dificultades mucho antes de que golpeara la pandemia, son un ejemplo de los riesgos de esta crisis de deuda rampante. Ambos están a punto de la quiebra, por novena vez en su historia en el caso de Argentina. Venezuela, que ha pasado por todo desde hace años, está ahora en estado de asfixia total tras la caída del precio del petróleo. Zimbabue, casi en bancarrota estos últimos años, está al borde del hundimiento total y ha hecho un llamamiento desesperado al FMI, aunque formalmente no pueda ser ayudado puesto que no ha cumplido sus compromisos con la institución.

Y mañana podría ser el caso de Brasil, México, Colombia, República Sudafricana o Indonesia, que se encuentran entre los países más expuestos a la crisis del coronavirus, advierte Anna Stupnytska, responsable de los fondos Fidelity.

"La crisis de la deuda que se está formando en los países emergentes es la peor que jamás he visto", dice Bill Rhodes, exbanquero del Citigroup, que ha participado especialmente en el plan Brady en 1989 (un plan de reestructuración de la deuda mexicana firmado por el secretario del tesoro estadounidense Nicholas Brady, que luego serviría de modelo para muchos otros países). Rhodes teme que este plan de reestructuración se aplique a partir del segundo trimestre de este año si no son suficientes las decisiones para contenerla.

Si los países emergentes están tan expuestos a una crisis de deuda por culpa del coronavirus no es porque hayan estado peor gestionados que otros, más corruptos, aunque esas razones existen también e influyen muchísimo en el desarrollo de algunos de ellos. Es sobre todo porque son los más abiertos y los más integrados en la globalización de la economía.

En nombre del libre cambio y de la competencia, las instituciones internacionales (FMI, OMC, Banco Mundial, etc) les han presionado durante las últimas cuatro décadas para abandonar toda medida de protección, toda barrera aduanera y todo control de capitales. Muchos se han convertido en terreno de caza de las multinacionales, que les han forzado especializarse a toda costa en exportadores de materias primas, de petróleo, de madera u otros.

Su agricultura local y alimentaria y su producción artesanal e industrial a menudo incipientes no han resistido al prohibirse toda formación del capital indispensable para la construcción de una economía interna sólida. Al menor viento en contra de la economía mundial, ellos son los primeros en sufrir. Con la crisis sin precedentes provocada por la pandemia del covid-19, están amenazados por un cataclismo.

Incluso antes de que la pandemia empezara a extenderse por todo el mundo, estos países ya sintieron los primeros efectos. Empezó por el mercado de capitales, con el dólar. Preocupados por las crecientes tensiones entre China y EEUU y los riesgos que rondaban sobre la economía mundial, los inversores internacionales que, atraídos por los tipos elevados de interés, habían invertido masivamente en deuda pública y privada de los países emergentes estos últimos años. Ahora han empezado a repatriar sus capitales para refugiarse en lo que les parecen los únicos valores seguros: los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar. Las grandes fortunas locales les han imitado rápidamente, acelerando así la depreciación de las monedas locales.

Fuga de capitales, endeudamiento en dólares y caída económica

Desde comienzos del año, 350.000 millones de dólares han abandonado las economías emergentes, según el último informe sobre la economía mundial del FMI. Para los países emergentes, esta fuga de capitales constituye un triple choque: financiero, presupuestario y monetario.

Financiero porque ya no pueden encontrar los recursos necesarios para su necesidad de financiación. Ningún financiero está ya interesado en concederles la mínima cantidad de dinero ni a suscribir emisión de obligaciones alguna.

El choque presupuestario es aún mayor porque muchos de esos países, como Argentina o Líbano, se han endeudado ya en dólares los últimos años. Según el Instituto de Finanzas Internacional, tienen que ser devueltos o renegociados de aquí a fin de año unos 730.000 millones de dólares. El muro de deudas que está creciendo es inmenso, un muro especialmente inaccesible considerando que el dólar, por su estatuto de única moneda internacional, no para de apreciarse respecto a todas las demás. Los reembolsos que deben hacer son por consiguiente más elevados en su propia moneda.

Agotamiento de la financiación internacional, endeudamiento muy elevado, del cual una gran parte en dólares mientras que esta moneda no para de subir de valor: la ecuación es ya a veces irresoluble en tiempos normales. Este encadenamiento fue el que empujó a Argentina a la quiebra desde 2018. Pero con el hundimiento actual de la economía mundial, esto se está convirtiendo totalmente en insostenible.

En primera línea, los países emergentes han tenido que absorber desde enero la repercusión de la epidemia del coronavirus, que entonces estaba sólo circunscrita a China. Con el parón de la producción china y la interrupción de todas las cadenas de valor mundiales, vieron cómo caían sus exportaciones de materias primas y cómo sus entradas financieras se desvanecían.

La doble crisis de oferta y demanda que asola ya toda la economía occidental ha acentuado aún más las tensiones. Los países exportadores de crudo ven cómo se desploman sus ingresos mientras el mundo del petróleo está viviendo una crisis centenaria. En Nigeria, donde el 90% de los ingresos del Estado provienen de las exportaciones petroleras, la pérdida es irreparable.

A esto se añaden los efectos directos de la pandemia. Muchos trabajadores expatriados que trabajan en Oriente Medio o en África del Sur, por ejemplo, han sido obligados a regresar por razones del confinamiento, privando así a sus familias, y también a sus Estados, de sustanciales ingresos de dinero.

Al mismo tiempo, los gobiernos deben hacer frente a la epidemia del covid-19 en sus territorios, con sistemas sanitarios y hospitalarios insuficientes o deteriorados, y su población, a falta de medios, no puede permitirse el lujo de dejar de trabajar y confinarse, pues eso significaría no poder comer. Esta acumulación, para numerosos observadores, hace la situación insoportable en muchos países emergentes, y de ahí el temor de que aparezcan una serie de incumplimientos y quiebras incontroladas si no se hace nada por evitarlo, con el riesgo, subrayan, de amenazar la estabilidad de todo el sistema financiero internacional.

Un nuevo plan Brady

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, consciente de la urgencia y con el apoyo del Banco Mundial, presiona a los países acreedores para que aceleren el paso. Según el FMI, con un billón de dólares se puede hacer frente a las necesidades inmediatas de los países emergentes.

Pero hay que ir más allá, dice Georgieva, y prever un gran fondo de ayuda y de reestructuración de la deuda que sería colocado bajo los auspicios del FMI y del Banco Mundial, aceptando la flexibilización de la deuda para los países emergentes e incluso emprender un gran plan de reestructuración y cancelación de la deuda. Está sobre la mesa la idea de un nuevo plan Brady.

Las negociaciones están sólo en su preámbulo y ya tropiezan en un punto: los países del G20, que son los principales acreedores de los países emergentes, están dispuestos a flexibilizar la deuda, incluso la cancelación, pero a condición de que los acreedores privados también lo hagan. Porque, dicen, no es cuestión de que todos los esfuerzos de los Estados y las organizaciones internacionales sólo sirvan al final para que se reembolse a los acreedores privados.

El Instituto de Finanzas Internacional, que representa a los grandes bancos e instituciones financieras mundiales, está de acuerdo en participar en suspensiones de intereses o reembolsos momentáneos, lo que podría afectar a unos 73 países. Pero hablar de cancelación es otra historia, sobre todo porque la deuda de los países emergentes está dispersa en miles de manos privadas, desde los hedge funds (fondos buitre) de Wall Street a los fondos soberanos de Oriente Medio y las carteras asiáticas.

El proyecto de Ruta de la Seda de China

En este momento todo el mundo titubea, inconscientes del peligro que podría representar el hundimiento de decenas de países emergentes. Porque no son sólo los acreedores privados los que suponen un problema, está también China, que es de los primeros acreedores mundiales y el primer prestatario de los países emergentes a través de su proyecto de Ruta de la Seda. En el marco de este programa lanzado en 2013 por Xi Jinping, se estima que ha prestado 461.000 millones de dólares a 138 países.

Entre ellos están los más pobres, de los cuales unos cincuenta países africanos. Al FMI le preocupa desde 2018 la situación de algunos países de este continente que han más que duplicado su deuda en algunos años. Algunos de ellos, como Zambia, Angola, Congo o Kenia están incluso en un estado de sobreendeudamiento crítico.

Ya incluso antes de la crisis del covid-19, los programas de la Ruta de la Seda han colocado a varios países en un enmarañado cerco financiero: estos grandes proyectos de infraestructuras, sobredimensionados y construidos sobre montañas de deudas, no se percataban de los objetivos de ingresos que habían prometido los chinos en el momento de su lanzamiento.

Los Estados se encontraron entonces asfixiados, incapaces de devolver el dinero. Malasia y Etiopía han tenido que entrar en negociaciones para revisar los programas. Pakistán, sobreendeudado, ha tenido que acudir al FMI. El gobierno de Kenia, incapaz de pagar los vencimientos de sus préstamos a los acreedores chinos, ha estado a punto de perder el control del puerto de Mombasa, que había sido ofrecido como garantía para la financiación de una línea de tren rápido en el país.

Sin embargo, hoy no son sólo algunos proyectos de la Ruta de la Seda los que descarrilan, sino la mayoría. Muchos países, en lucha contra el coronavirus, se han dirigido a China en petición de atenuación o renegociación de la deuda.

El gobierno chino ha prometido unirse a la iniciativa del Club de París y conceder una suspensión de los intereses durante un año para ciertos créditos a países africanos, pero no para todos. Los créditos concedidos por bancos chinos no son considerados por el gobierno como créditos del Estado, sino créditos privados.

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En este estadio, no es cuestión en absoluto de cancelar la deuda de algunos países. En cualquier caso, si hay renegociaciones, no podrán llevarse a cabo en un marco multilateral. La Ruta de la Seda se inscribe en una estrategia de conquista china y el Gobierno tiene intención de continuar con esa ventaja y aprovecharse de situaciones peligrosas en las que se encuentren algunos países para incrementar aún más su influencia.

Traducción: Miguel López.

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