Multinacionales preparan demandas millonarias contra los Estados por su gestión en la crisis del covid-19

¿Cómo será ese “mundo de después”? Al leer el informe publicado por dos ONG este martes 19 de mayo, que Mediapart [socio editorial de infoLibre] ha leído en exclusiva, ese mundo se anuncia tan glacial como “el mundo de antes”, en el aspecto comercial en todo caso. Corporate Europe Observatory (CEO) y Transnational Institute (TNI) han examinado minuciosamente los análisis publicados en las web de despachos de negocios y consultado las alertas enviadas a algunos de sus clientes. Su veredicto es categórico: “Los abogados de estos despachos exhortan a las grandes empresas a iniciar procedimientos judiciales contra las medidas adoptadas por la urgencia de la epidemia con el fin de defender sus beneficios”.

El informe menciona especialmente el análisis de un despacho italiano, ArbLit, publicado el 26 de marzo pasado, cuando Italia contaba ya más de 8.000 muertos por la epidemia y lo peor quedaba aún por llegar. Tres juristas advertían ese día: las medidas tomadas por el gobierno de Giuseppe Conte “puestas en marcha con precipitación y descoordinación, (…) podrían entrar perfectamente en el campo de los más de 70 tratados bilaterales de inversión vigentes entre Italia y otros Estados, lo que prepara el terreno para demandas de reparación por parte de inversores privados extranjeros contra Italia”.

En una alerta enviada el 26 de abril a sus clientes, otro despacho, Ropes & Gray, escribía más o menos lo mismo: “Sea cual sea su legitimidad, las medidas [tomadas por el Estado por el covid-19] pueden tener un impacto negativo en la actividad de las empresas. (…) En lo que concierne a las empresas de capitales extranjeros, los tratados de inversión pueden constituir un instrumento sólido para compensar o evitar pérdidas en el futuro relacionadas con las acciones de los gobiernos a causa del covid-19”.

En el centro de este argumentario figura el ISDS (Investor-State Dispute Settlement), el mecanismo que autoriza a las multinacionales extranjeras a demandar a un Estado cuando estimen que las acciones emprendidas por ese Estado socavan sus perspectivas de negocio. Los partidarios del ISDS explican que hay que dar más seguridad jurídica a las empresas extranjeras para animarlas a invertir en el país. Sus opositores denuncian que es una justicia para ricachones que mina la capacidad de los Estados para legislar en nombre del interés general.

El ISDS ya había provocado protestas al principio de los años 2010 cuando fue integrado en el difunto tratado de librecambio entre la UE y los Estados Unidos (TTIP). Más tarde, la UE hizo una refundición de ese mecanismo. Pero el ISDS sigue operativo en cientos de tratados comerciales bilaterales aún en vigor en todo el mundo. La epidemia del Covid-19 podría venir a recordarlo en proporciones inéditas. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) mostraba ya su preocupación en su carta del mes de mayo: “Aunque estas medidas sean tomadas en el interés general (…), algunas de ellas, tal como han sido tomadas, podrían dejar expuestos a los gobiernos a procedimientos de arbitraje internacional”.

Hasta ahora no ha sido iniciado ningún procedimiento contra las medidas tomadas por la urgencia del covid-19, pero el informe de CEO y TNI hace inventario de diez escenarios posibles de procedimientos judiciales. El primero de ellos sobre el agua, en países donde su distribución está en manos de operadores privados.

Siendo el acceso al agua un elemento esencial en la lucha contra la epidemia, sobre todo para lavarse las manos regularmente, las autoridades de El Salvador han exonerado a las familias afectadas por el virus del pago de la factura del agua durante los próximos meses. En Bolivia, el gobierno ha dado acceso al agua a las familias a las que se había cortado el suministro por falta de pago. En una nota a sus clientes, el despacho Hogan Lovells dice: “Los grupos que garantizan servicios públicos, muchos de los cuales están en manos de inversores extranjeros, han visto congelados sus ingresos”, lo que, prosigue el despacho, “podría incitar a los inversores extranjeros a presentar un recurso en base a la protección prevista en los tratados de inversión”.

Otro ejemplo que detalla el informe: el Gobierno español ha requisado una parte de los hospitales gestionados por el sector privado en el marco de su plan de lucha nacional contra el covid-19. “Los inversores del sector sanitario podrían (…) iniciar procedimientos judiciales por expropiación indirecta si ese cambio de dirección no se ha hecho de manera voluntaria”, apuntan los juristas del despacho Quinn Emanuel, y añaden que “si el Estado no devuelve el control del hospital al final de la epidemia, o si su gestión ha reducido de manera permanente el valor de la inversión, en ese caso los inversores pueden demandarle por expropiación indirecta”.

En la búsqueda emprendida por encontrar una vacuna, los laboratorios también podrían verse tentados de introducir demandas contra algunos Estados por el principio de “licencia obligatoria”, cuando un Estado decide autorizar a todos los laboratorios a producir genéricos en su territorio sin el consentimiento del titular de la patente. Sobre este punto, el informe se basa en las declaraciones de un abogado de Alston & Bird, durante un seminario online, que defiende el respeto a la propiedad intelectual (aquí, a partir del minuto 27).

Esos casos concretos son hipotéticos y sobre todo nada indica que, en caso de litigio, los Estados no puedan salir vencedores. Pero parece ser que el debate no ha hecho más que empezar. Juristas y expertos, entre ellos el belga Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y derechos humanos, han firmado una tribuna el 6 de mayo en favor de una moratoria del mecanismo ISDS en todo lo relativo a las respuestas sanitarias y económicas a la epidemia.

Contactado por Mediapart, el jurista italiano Massimo Benedettelli, co-autor del análisis del despacho ArbLit mencionado más arriba, no está de acuerdo con el fondo de esta tribuna por la moratoria del ISDS: “Un estado de necesidad no debe confundirse con un estado de excepción, en el que el poder soberano no tienen límites, en el momento de decidir lo que se debe hacer en interés de la población.”. “Si sacamos la conclusión de que la única manera de responder a la pandemia y a la recesión económica que se anuncia es dejar libertad a los responsables políticos para que hagan todo lo que crean necesario, sería un camino peligroso”, asegura.

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Por su parte, los autores del informe publicado este martes exhortan a los Estados a que se retiren de los tratados bilaterales que aún contengan el mecanismo del ISDS.

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: