2.752 euros por una bala en el vientre: el Ejército francés abona indemnizaciones irrisorias a las "víctimas colaterales" causadas en el extranjero

En el momento de la colisión, antes de perder el control de la scooter y caer en la carretera, Aurore Zengaïs tuvo tiempo de gritar: “¡Jesús!”. Eran las 9.40 de la mañana de un sábado de septiembre de 2015 y Zengaïs subía la larga avenida de los Mártires de Bangui (República Centroafricana), en dirección a su oficina, en el Ministerio de Asuntos Sociales.

En este punto de la arteria, el pavimento se encontraba seco, asfaltado y presentaba una anchura de 8,20 metros, según los gendarmes desplazados al lugar los hechos. Hacía relativamente buen día, un calor húmedo propio del final de la temporada de lluvias. La calle estaba animada, pero no demasiado concurrida; la hora punta de entrada al trabajo ya había pasado.

Tan pronto como se sobrepuso del shock, la funcionaria sintió un dolor agudo en la rodilla izquierda. Echó entonces un vistazo y vio una gran herida de la que fluía mucha sangre. En apenas unos segundos ya era consciente de los daños que sufría; el tobillo, el brazo derecho, la rodilla derecha y la cara también se habían visto afectados. El vehículo que la golpeó siguió su camino durante unos segundos antes de detenerse. Cuando vio a un soldado salir del vehículo para ver los daños, Aurore Zengaïs comprendió de inmediato con quien debía tratar: las toneladas de chatarra que le habían golpeado eran las de un vehículo blindado del Ejército francés.

Hacía entonces casi dos años que los soldados franceses estaban presentes en la República Centroafricana, en el marco de la operación Sangaris, iniciada en 2013 por François Hollande, para tratar de poner fin a la guerra civil y evitar una catástrofe humanitaria en el país centroafricano.

Pero el 19 de septiembre de 2015, entre los centroafricanos que acaban de presenciar el accidente en la avenida de los Mártires, la ira crece. Los ánimos de los jóvenes se caldean, arremeten verbalmente contra estos franceses, a veces tildados de arrogantes. Hay que decir que el soldado que se bajó del tanque no mostró ninguna compasión en particular, según Zengaïs. “Le grité: ‘¿Qué le he hecho para que me tire así? ¿Quiere matarme?’ No dijo ni una palabra. Se quedó parado, con la pistola, los guantes, toda la parafernalia, muy orgulloso, sin socorrerme”.

Para detener la hemorragia, la funcionaria se quita el pañuelo con el que sujeta su pelo y se lo ata en la pierna. En su desgracia, tiene algo de suerte; la colisión se produjo frente a la comisaría del distrito 8 de Bangui, de donde salen precipitadamente las fuerzas de paz. Con la ayuda de los jóvenes del barrio, meten a la mujer herida en uno de sus coches y la trasladan al hospital comunitario de Bangui, donde la operan.

En los documentos internos del Ministerio de las Fuerzas Armadas se alude a Zengaïs como Protocolo transaccional Final Nº 5525. El Ejército francés se ha acostumbrado a pagar por algunos de los daños que sus soldados cometen en el extranjero. Extremidades desgarradas, fachadas dañadas, accidentes de tráfico, vientres perforados por balas perdidas son inventariados, cifrados e “indemnizados”.

En los registros contables del Ministerio, todos figuran clasificados como “gastos menores”. El gasto de Sangaris asciende a 4.131,09 euros, según el documento firmado por el tesorero militar de la operación Sangaris, a la que hemos tenido acceso. Cuatro mil ciento treinta y un euros con nueve céntimos; ése es el precio de la rodilla izquierda de una funcionario centroafricana de 42 años en opinión del Ejército francés.

La institución se asegura de que sus tarifas no salgan a la luz. Ningún ciudadano o parlamentario tiene derecho a supervisar o controlar los detalles de estos gastos. Más allá del hecho de que se trata de dinero público, comprometen a Francia; son la suerte que reserva nuestro país, que pretende ser civilizado, a aquellos a los que hiere, mata o priva de sus bienes.

Mediante el cotejo de documentos internos y testimonios de las víctimas, hemos podido reunir, por primera vez, algunas de estas cifras: 2.752 euros por una bala en el vientre en la República Centroafricana; 15 euros por una detención brutal en la región de Ménaka, en Malí; unos diez euros por un coche de ONG tiroteado, también en Malí; 100 euros diarios por ocupar la parcela de una familia afgana durante una operación.

Los archivos militares y la literatura gris del Ministerio también revelan algunos secretos: 53.000 euros en “daños civiles” por la operación Azalea en las Comoras en 1995. Más sorprendente, 70 bueyes cada uno para los hombres del Tchad muertos por accidente durante la operación Manta, en 1984. Y 868.200 euros por los daños causados en la antigua Yugoslavia a finales de los 90.

Aunque estas sumas no ofrecen una visión exhaustiva de estas compensaciones, revelan, sin embargo, dos cosas; en primer lugar, que a ojos del Ejército, el precio de una herida puede negociarse de la misma manera que una baratija de una tienda de antigüedades y, en segundo lugar, que estos pagos, cuando se realizan, responden más a imperativos estratégicos que morales.

“En este punto, la oferta es definitiva”

Aurore Zengaïs –Protocolo transaccional final No. 5525 del Ministerio de las Fuerzas Armadas– nos recibe en una oficina pequeña y ordenada del centro de Bangui. La funcionaria se ajusta las gafas en la nariz, rebusca en su bolso y saca un pequeño álbum de fotos con una cubierta de plástico. Nos lo entrega.

En la primera foto, aparece con una venda en la sien. El segundo es un primer plano de su antebrazo derecho cubierto con un hematoma. El álbum está exclusivamente lleno de imágenes, de sus heridas y de sus cicatrices, tomadas por sus hijos. El certificado médico expedido por un cirujano del servicio de traumatología del hospital donde fue tratada informa de una “herida contusa arciforme de 8 cm en la parte anterior de la rodilla izquierda con lesiones de los ligamentos”, “un deterioro de la parte antero externa del antebrazo así como una herida en la zona izquierda del mentón”.

Después de tres meses de reposo y de dos meses de rehabilitación, pudo volver a caminar, pero todavía tiene que usar una rodillera (se sube con cuidado unos centímetros el vestido azul que viste para enseñarla). Cuando puede volver a moverse, la mujer centroafricana trata de ponerse en contacto con los franceses para obtener una indemnización, que incluye la cobertura de los gastos de hospitalización y de medicación. Con una muleta en una mano y un informe de accidente de la gendarmería centroafricana en la otra, llama a la puerta del campamento militar de Mpoko, cerca del aeropuerto, donde los franceses se han instalado.

“Los guardias de la entrada me dijeron que no podían recibirme”, dice. Pero, por segunda vez, Aurore Zangaïs tiene suerte en su desgracia; su marido conoce a un abogado, que consigue ponerse en contacto con los soldados de Sangaris.

Una extraña negociación comienza entonces alrededor de la pregunta: ¿cuánto vale la rodilla de la funcionario? Desde la dirección de correo electrónico sangarisachat@yahoo.fr, el capitán a cargo del caso hace una oferta, 2.500.000 francos CFA, es decir, 3.811 euros. El abogado centroafricano objetó que esta cifra no tenía en cuenta las secuelas de su clienta, en particular, de sus numerosas cicatrices, que en el lenguaje de los aseguradores constituyen un perjuicio estético. El capitán no transige: “La oferta hecha durante nuestra última entrevista es la definitiva en este punto: 2.500.000 CFA”.

A falta de acuerdo, se invitó a la mujer a ir al campamento francés seis meses más tarde para que la examinara un médico militar, que determinaría su grado de incapacidad permanente. Lo estiman en un 30% y termina por obtener, un año después de su accidente, 4.131 euros de indemnización, incluidos los más de 600 de los honorarios del abogado.

Se trata solo de la mitad de la cantidad que Aurore Zengaïs podría haber recibido. Mientras que los gendarmes centroafricanos concluyeron en su informe que el vehículo blindado francés era el culpable –se le cruzo a la víctima en la carretera–, sus homólogos franceses enviados al lugar de los hechos fueron “incapaces de establecer” quién era el responsable del accidente, con el resultado de que la víctima sólo estaba obligada a pagar una indemnización del 50%.

La operación Sangaris (2013-2016) no ha inventado nada; las fuerzas francesas, como otros ejércitos de todo el mundo, practican la compensación financiera desde hace por lo menos 20 años. El importe total nunca ha sido revelado públicamente por el Gobierno francés.

Preguntado al respecto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas se escuda en la protección de “la seguridad y la privacidad de las personas afectadas”. El temor de que estas tablas contables revelen el número de errores cometidos por el Ejército francés también puede tener algo que ver con esto.

Aquí y allá, los archivos y la literatura gris del Ministerio de las Fuerzas Armadas guardan algunos rastros de estos pagos. En una nota de 1999, los juristas del Ministerio dan cuenta de los pequeños y grandes daños causados por las tropas francesas enviadas en misiones en los Balcanes: en tres años, de 1996 a 1998, se presentaron 664 demandas por daños causados por los franceses en la antigua Yugoslavia, menos de la mitad de las cuales se consideraron fundadas (y por tanto indemnizadas), por un importe total de 868.200 euros.

La mayor parte de los daños se refieren a accidentes de tráfico. Durante la operación Azalea, llevada a cabo en las Comoras en 1995, las tropas francesas causaron "unos 350.000 FF [53.400 euros] de daños a civiles”, según el mismo folleto, “abonados tras una misión de peritaje in situ”.

El Estado francés también compensa a los muertos; en la misma nota, la Dirección de Asuntos Jurídicos menciona la indemnización “por la muerte de un niño pequeño muerto en un accidente de tráfico” en la ex Yugoslavia, “saldada” en tres años, sin especificar la cantidad concedida a su familia.

¿Cuánto vale un “niño pequeño” para los contables militares? Preguntado el Ministerio de las Fuerzas Armadas, no ha querido contestarnos.

Sin embargo, los precios fijados por otras Fuerzas Armadas permiten hacerse una idea. En 2005, los padres de un niño afgano de 12 años, asesinado por el ejército de los Estados Unidos cuando iba en bicicleta a la granja familiar, recibieron 2.500 dólares como “pago de las condolencias” de Estados Unidos.

Ese mismo año, la abuela de un niño afgano de seis años recibió 3.000 dólares por la muerte de su nieto, que murió en un accidente de coche causado por soldados estadounidenses. Su historia aparece, en forma de unas pocas líneas presupuestarias, en los miles de documentos sobre “condolence payments” de Estados Unidos publicados a finales de la década de 2000 por la Administración estadounidense en respuesta a una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En virtud de la Ley de libertad de información (Freedom of Information Act), el Departamento de Defensa se vio obligado a publicar miles de documentos internos relativos a las víctimas civiles de las guerras del Iraq y el Afganistán.

Negociaciones de “vendedores de alfombra”

Más cerca, en Dinamarca, las Fuerzas Armadas también matan a niños e indemnizan a sus padres; en Afganistán, en la provincia de Helmand, abonaron 6.700 euros a una mujer cuya hija de cinco años había muerto, su marido herido en la pierna y su hija mayor herida en el muslo.

También en la provincia de Helmand, los daneses desembolsaron 36.000 euros por la muerte de cinco personas, entre ellas dos niños, a causa de granadas de mortero. Las cifras fueron recogidas por los periodistas Rasmus Raun Westh y Charlotte Aagaard tras una petición pública de información del Ministerio de Defensa danés.

En total, sólo en Afganistán, desde octubre de 2005 hasta septiembre de 2014, el ejército de Estados Unidos dice haber pagado 4,4 millones de euros en condolence payments.

En Francia, varios elementos sugieren que este precio de la sangre, sin llegar a alcanzar tales sumas, representa varios millones de euros al año por todas las operaciones militares. En un informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2016 se señala que los “gastos de litigio en el extranjero” del Ministerio de las Fuerzas Armadas son del orden de 15 millones de euros al año (pero esta categoría incluye, además de la indemnización por daños a los locales, la indemnización por daños morales a los soldados franceses heridos).

Además de los accidentes de tráfico como el que sufrió Aurore Zengaïs, el Ejército francés también indemniza a los propietarios de los terrenos, casas u hoteles requisados por sus soldados durante las operaciones. ¿Cuánto cuesta ver a un grupo de soldados extranjeros instalando sus ametralladoras en el techo de su casa o pisoteando el suelo de la sala de estar con sus guardas?

Todavía en Afganistán, en la provincia de Kapisa, a principios de 2010, los franceses pagaban 100 euros diarios a los habitantes de las casas que decidieron ocupar, según confesó una fuente militar a Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Los militares encargados de evaluar el precio de estas lesiones, daños y ocupaciones tienen un nombre, son los “oficiales responsables de los litigios”. Provienen de la Comisaría de los Ejércitos, los servicios encargados de la administración, finanzas, logística y asuntos legales dentro de los Ejércitos.

No ocultan el núcleo de su trabajo: mantener buenas relaciones con los locales sin gastar demasiado dinero. Uno de estos oficiales, enviado a Afganistán en 2014, lo cuenta a la ligera en un artículo que presenta su trabajo en el sitio web del ministerio: “A veces uno cree que está en el mercado afgano, negociando el precio de una alfombra”, dice irónicamente.

Lección de filosofía

En el caso de Narciso Mbetinguiza, no se negoció una alfombra, sino el precio de una bala en el vientre. El taxista centroafricano recibió 2.752 euros en compensación por una bala perdida, un disparo de una ametralladora francesa que le atravesó a la altura del ombligo al salir de su casa. Era el 3 de mayo de 2014 en Bangui, el taxista iba a visitar a su hermano para pedirle prestadas unas películas en una memoria USB; el joven soldado francés supuestamente lo confundió con un miliciano en fuga.

Antes de recibir esta suma, Narcisse Mbetinguiza también descubrió la negociación a la francesa. En una primera oferta de indemnización, el capitán encargado de la operación Sangaris había “olvidado” tener en cuenta el daño moral y el perjuicio de carrera sufrido, dos formas de cifrar el sufrimiento y las consecuencias en los ingresos de una víctima de un accidente, que están recogidas en el código de seguros local. Fue necesario recurrira un abogado para rectificar el error.

En sus negociaciones con el consejo, el capitán francés se digna a dar algunas lecciones de derecho y filosofía. El perjuicio doloris (el precio del dolor) y el perjuicio estético se calculan a partir del “salario mínimo local”, explica, “ya que un individuo sufre con la misma intensidad, ¡con independencia de sus ingresos!”.

¿Esa es la razón del “olvido” del capitán? El Ejército francés (37.500 millones de euros de presupuesto en 2020) quiere que sus gastos de “contenciosos” sigan siendo limitados. Lo escribió casi explícitamente ya en 1995 en un folleto que detallaba, para sus comisionados, el procedimiento de pago de las reparaciones. “Las demandas de indemnización [...] son frecuentemente exageradas”, dice el preámbulo del documento redactado por la entonces Dirección de Administración General del Ministerio de Defensa.

En una sección específica dedicada a la “indemnización por accidentes mortales”, sus autores advierten de que, si bien las solicitudes de los padres y hermanos “pueden ser acogidas favorablemente”, las de los “prometidos o concubinos” “deben ser recibidas con prudencia”.

Muerte de una mujer del Chad: 35 bueyes

Cuando los daños colaterales resultan ser ciudadanos extranjeros, los contables han encontrado la manera de aplicar esta lógica de menor costo preservando la apariencia de moralidad y ética: invocando el respeto a las “costumbres” o a la ley local.

En virtud de este argumento, el precio de los daños sufridos por Narcisse Mbetinguiza y Aurore Zengaïs se fijó sobre la base de una escala regional (en este caso, la de la Conferencia Interafricana de mercados de seguros).

Pero la práctica plantea un problema moral: ¿por qué calcular el “precio de la sangre” sobre la base del nivel de vida local dado que, como le gustaba repetir al oficial de litigios de Sangaris, “un individuo sufre con la misma intensidad, sea cual sea su ingreso”?

Dado que un centroafricano sufre efectivamente con la misma intensidad que un francés, la lógica dictaría que el precio de su dolor no debería estar indexado conforme al salario mínimo de su país. Desgraciadamente, Narcisse Mbetinguiza nació en Bangui; el dolor causado por la bala de 5,56 mm que le atravesó el abdomen se estimó en 206,50 euros. Si hubiera sido francés, el mismo dolor habría valido entre 8.000 y 20.000 euros (véase la Caja Negra).

En nombre de las “costumbres locales”, hubo un tiempo (no hace mucho) en que el Ejército francés estimó que una mujer chadiana valía 35 bueyes. Dos comisionados relatan esto en un libro relativamente confidencial, basado en las memorias de la operación Manta llevada a cabo en el Chad en 1984. “En caso de muerte accidental de un chadiano causada por un soldado francés”, establece que “la familia debe ser indemnizada sobre la base de una escala establecida por el derecho consuetudinario según el género”.

La escala sigue, sin ningún comentario particular: “Hombre/chico: 70 bueyes - mujer/chica: 35 bueyes”: Los comisarios observan que, en aquel momento, un buey costaba un promedio de 400 francos franceses (60 euros).

Estos intentos de respetar el derecho local plantean un último problema: parecen ser válidos sólo cuando son favorables a los intereses franceses.

Cuando se trata de aplicar un código local de seguros que permite calcular las indemnizaciones sobre la base de los salarios mínimos de los países africanos, que son muy inferiores a los de Francia, se aplica con entusiasmo la “ley local”; en cambio, cuando se trata de juzgar a militares franceses por posibles delitos cometidos en el extranjero, no se trata de dejar que lo hagan los tribunales de los países interesados. Antes de enviar a sus soldados a la República Centroafricana o a Malí, Francia firmó así acuerdos (llamados “status of forces agreement”) con los gobiernos interesados, en los que se estipulaba que sólo el poder judicial francés estaba facultado para hacerlo.

Dinero en metálico como arma de guerra

Mucho más que el fruto de preocupaciones morales, estos pagos son de hecho una herramienta estratégica para las Fuerzas Armadas francesas. Sirven para ganar “corazones y mentes” cuando se considera necesario, a la vez que protegen contra un posible enjuiciamiento. La existencia de estructuras dedicadas a la indemnización de civiles en el extranjero “se justifica en particular por la necesidad de garantizar una buena imagen de la fuerza entre esta población”, explicaba la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Claire Landais, en una entrevista concedida en 2013 a la Revue française d'administration publique.

Una buena imagen, y sobre todo la garantía de que estos afganos a los que se ocupa la casa o los centroafricanos con una rodilla hecha papilla no vendrán a reclamar lo que les corresponde más tarde, o incluso más seriamente, no emprenderán acciones legales contra el Estado francés.

El método de París para asegurar esto es simple; sólo pagar este dinero si las víctimas renuncian por escrito a cualquier demanda o desafío futuro. Para tener derecho a recibir 4.131 euros en concepto de “reparación” de las lesiones, Aurore Zengaïs tuvo que firmar un acuerdo de conciliación en el que se estipulaba lo siguiente: “Las partes renuncian a cualquier acción, reclamación y recurso relacionados con los mismos hechos y desisten de cualquier procedimiento o acción pendiente”.

En cuanto a Narcisse Mbetinguiza, descubrió esta frase en la carta que acompañaba un primer pago de 300 euros del Ejército francés: “Esta oferta de conciliación se hace con la reserva expresa de que en ningún caso puede ser presentada ante un tribunal contra el Estado”. “El objetivo es llegar a un acuerdo con la víctima, para eximir al Estado francés de cualquier responsabilidad ulterior”, resume un oficial de litigios francés, el mismo que comparó sus negociaciones con las víctimas afganas con una negociación de “comerciantes de alfombras”.

En Estados Unidos, uno de los principales practicantes de los “pagos de condolencias”, un manual color verde y negro algo kitsch se ha convertido en un clásico. Se llama Guía del Comandante para [el uso de] el dinero como sistema de armas y se dirige a los oficiales superiores. En la primera página puede leerse una cita del General David Petraeus, entonces comandante de las tropas de EE.UU. en Afganistán e Irak: “Mi arma más importante en esta guerra es el dinero”.

A su manera, ciertamente menos escandalosa, el Ejército francés también ha hecho del dinero en efectivo una herramienta de sus guerras de contrainsurgencia.

Pero desde su oficina de paredes de color crema en el centro de Bangui, Madame Zengaïs advierte de que unos pocos cientos de euros no lo comprarán todo. “No es sólo una cuestión de dinero. También es una cuestión de compasión”, observa. “Los soldados franceses deben saber que somos seres humanos como ellos. Si quieren venir a ayudarnos, todo lo que tienen que hacer es ayudarnos. Si no quieren ayudarnos, sólo tienen que quedarse tranquilamente en casa”.

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Traducción: Mariola Moreno

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