Las cuentas con la Justicia que deberá saldar Trump cuando deje la Casa Blanca

En el 40 de Wall Street pasan muchos minutos antes de que alguien franquee la puerta de este rascacielos próximo a la Bolsa de Nueva York. “Aquí todo está muerto”, se lamenta un comerciante de la zona.

“Antes estaba lleno siempre”, añade, pero desde la pandemia, la célebre dirección y sus 71 pisos de oficinas se han vaciado. “En realidad, antes no estaba muy lleno; realmente no ha cambiado nada”, matiza una empleada a la entrada del imponente vestíbulo de mármol.

¿Lleno? ¿No lleno? En estos momentos, la Justicia lo investiga. Desde hace varios meses, la fiscal del Estado de Nueva York, Letitia James, investiga posibles fraudes fiscales cometidos por uno de los arrendadores: el presidente Donald Trump. El millonario, aspirante a la reelección y derrotado en las urnas el pasado 3 de noviembre por lo que pronto perderá la inmunidad presidencial, se ve ahora amenazado por una serie de demandas.

Por supuesto, hay acusaciones que tienen relación directa con su presidencia. El hecho de supuestamente haberse aprovechado del cargo en beneficio propio para enriquecerse alojando a personalidades extranjeras en sus hoteles, en Washington por ejemplo, donde pernoctaron muchos dignatarios saudíes, entre otros. De probarse los hechos de que se le acusa, podría haber incurrido en una violación de la Constitución. La “cláusula sobre emolumentos” prohíbe a cualquier político o empleado público de Estados Unidos “aceptar regalos o emolumentos, [...] de un Estado extranjero” sin la aprobación del Congreso.

También pesan en su contra cargos de obstrucción a la Justicia,relacionados con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El presidente Donald Trump fue acusado entonces de haber pedido al director del FBI James Comey que paralizase la investigación contra su asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, pero debido a su posición, no fue objeto de ninguna sanción, a pesar de que Flynn admitió, bajo juramento, que había mentido acerca de sus contactos con un diplomático ruso, lo que se considera un delito en Estados Unidos.

También deberá hacer frente a demandas por difamación. Entre ellas se encuentran las acusaciones de violación, ya prescritas, presentadas contra Donald Trump por la periodista Elizabeth Jean Carroll, que acusa al presidente de haberla violado hace 25 años en un probador, en la sección de lencería de unos grandes almacenes de lujo de Manhattan. Tras verse una vez más en el disparadero, Donald Trump se defendió acusando a la periodista de mentir.

Tampoco faltan las disputas familiares por una herencia y que involucran a la sobrina del presidente, Mary Trump, quien el verano pasado publicó un best-seller contra su tío al que acusa de subestimar a sabiendas el patrimonio de la familia Trump para con ello entregarle una parte menor de la herencia. El patrimonio, valorado en 30 millones de dólares hace dos décadas, en realidad podía haber rondado los mil millones de dólares, según estimaciones de la propia Mary Trump, que ha denunciado a su tío en Nueva York por fraude y por incumplimiento de una obligación fiduciaria.

Pequeños arreglos contables

Posibles fraudes en Nueva York. De todos los casos, ninguno preocupa tanto a Donald Trump como las sospechas de fraude fiscal que se han extendido en su ciudad natal, la ciudad donde creció e hizo su fortuna. En la ciudad de Nueva York, todo empieza con la comparecencia, ante la Cámara de Representantes, de Michael Cohen, exabogado personal de Trump, que actualmente cumple una condena de tres años por evasión de impuestos y por infringir las leyes de financiación de campañas electorales. En su comparecencia ante los congresistas, el invierno pasado, Cohen no dudó en llamar a su antiguo jefe de “ladrón” y en esbozar los mecanismos, en su opinión fraudulentos, del negocio de Trump.

Pequeños arreglos de contabilidad, explicó Michel Cohen, que a veces implican la sobreestimación de los beneficios, especialmente para obtener préstamos a tipos ventajosos, y a veces la subestimación de los beneficios para reducir el pago de impuestos y otras cargas fiscales. Este doble juego habría permitido a la Trump Organization, un conjunto de 500 entidades, casi todas ellas propiedad al 100% de Donald Trump, hacer un negocio indebidamente bueno.

En la ciudad de Nueva York se han abiertos dos investigaciones independientes. Una, por lo civil, dirigida por la fiscala Letitia James, tiene como objetivo cuatro de las propiedades del presidente, incluido el 40 de Wall Street, también conocido como el Edificio Trump o Trump Building. En el otoño de 2019, ProPublica, un sitio web especializado en el periodismo de investigación de “interés público”, pudo verificar el mecanismo descrito por Cohen.

Según documentos a los que tuvo acceso una periodista de dicha web, el clan Trump parece haber inflado efectivamente los beneficios del Edificio Trump a sus acreedores, para más tarde, al contrario, minimizado en sus declaraciones a las autoridades locales. En el caso de los primeros, los acreedores, la tasa de ocupación del 40 Wall Street experimentó una progresión considerablemente, del 58,9% al 31 de diciembre de 2012 al 95% en los años siguientes. Este margen idílico permitió a la Trump Organization obtener una buena calificación de las agencias de calificación, Fitch en particular, y en última instancia obtener un préstamo a un tipo inferior al negociado anteriormente.

En cuanto a la segunda, las autoridades fiscales, la Trump Organization indicó, por el contrario, que el 40 Wall Street sólo estaba arrendado en un 81% en enero de 2013. Ese porcentaje es un 10% menos que la cifra ofrecida a los acreedores. Una diferencia que persistirá, según ProPublica, hasta 2016 sin ninguna explicación legal obvia que pueda justificar tal diferencia.

“Sabemos, gracias a los testimonios de los antiguos empleados, que Donald Trump siempre estaba completamente al límite para lograr la máxima rentabilidad”, señala a Mediapart (socio editorial de infoLibre), la periodista Andrea Bernstein, corresponsable del podcast "Trump, Inc.", emitido por la radio pública de Nueva York WNYC y autora de American Oligarchs, un libro que investiga el negocio de Trump.

Aunque el presidente podría ser multado, además de tener que reembolsar eventuales atrasos en la investigación civil iniciada por la fiscala Letitia James, hace frente también a un riesgo mucho mayor en otro caso, esta vez penal, sobre el que aún se sabe poco; el iniciado hace dos años por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance.

Preciosas declaraciones fiscales

En este segundo caso, “Donald Trump ha recurrido en dos ocasiones a la Corte Suprema para evitar que el district attorney [el fiscal del distrito] Cyrus Vance, tuviera acceso a sus declaraciones fiscales”, dijo Bernstein. “La primera vez, sin éxito, con el argumento de la inmunidad presidencial; la segunda vez alegando la mala fe del fiscal. En este último punto, pronto puede hacerse pública la decisión de la Corte Suprema”.

El caso, de nuevo, comenzó con el testimonio de Michael Cohen, el exabogado personal del presidente, que efectuó un pago de 130.000 dólares (115.000 euros) a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio sobre su relación con Donald Trump.

A partir de este pago inicial, la investigación del fiscal Cyrus Vance se ha ampliado para incluir fraudes bancario, fiscal y de seguros, precisa Andrea Bernstein. Casos que son “difíciles de probar”, añade, “porque el fiscal tiene que demostrar la intención de cometer este tipo de fraude, de cometer lo que en la ciudad de Nueva York es un delito punible con una pena de prisión”.

Las dos investigaciones pueden complementarse con nuevas enjuiciamientos por evasión de impuestos; The New York Times reveló hace unas semanas que Trump sólo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016 y 2017, a pesar de haber ganado 434 millones de dólares (366 millones de euros) al año siguiente.

Amenazas judiciales que podrían llevar a Trump a intentar autoconcederse un perdón presidencial antes de dejar la Casa Blanca. El único inconveniente es que el perdón sólo podría aplicarse a los delitos federales, no a los delitos juzgados a nivel estatal. Así que en la ciudad de Nueva York las investigaciones siguen su curso...

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Traducción: Mariola Moreno

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