Biden, atrapado en el Congreso entre el neoliberalismo y la izquierda exigente

Los planes de Joe Biden de reforma y de relanzamiento de la economía estadounidense continúan navegando por los meandros parlamentarios con riesgo de dejar por el camino partes esenciales del proyecto inicial.

En marzo de 2021, el nuevo presidente de EEUU anunció un plan masivo de inversiones en infraestructuras: 2,2 billones de dólares de gasto público. A finales de abril había añadido un plan de apoyo a las políticas sociales, la American Families Plan, de 1,8 billones de dólares. En total, la nueva administración había prometido un gasto de 4 billones de dólares, repartidos, claro está, en varios años.

En su momento habían aparecido ya muchas dudas sobre la capacidad de Biden de llevar a cabo esos ambiciosos proyectos que, tanto en su lógica como en su amplitud, rompían claramente con el neoliberalismo dominante desde los años 80. La hora de la verdad va a ser sin duda su paso por el Congreso.

Sobre el papel, los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y una mayoría “técnica” en el Senado, donde los cincuenta demócratas pueden contar con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para vencer a los cincuenta republicanos. Pero la situación es realmente más compleja, por dos razones.

Primero, porque una parte de los demócratas, los más moderados, aprueba con muchas críticas las propuestas de Biden, como es el caso de dos senadores, el de Virginia Occidental, Joe Manchin, y la senadora por Arizona, Krysten Sinema. Sin esos dos votos, los demócratas no consiguen mayoría en el Senado. Pero, además, según el procedimiento presupuestario del Senado, una ley no puede aprobarse si no cuenta con una mayoría de sesenta senadores. Por otra parte, la oposición puede aplazar indefinidamente su tramitación con la práctica del “filibusterismo parlamentario”, es decir, mediante intervenciones intempestivas permanentes. Existe no obstante una forma de salvar esta dificultad: el llamado procedimiento de “reconciliación”, que sólo exige mayoría simple. Pero eso supone disponer de esa mayoría simple, lo que nos lleva al primer problema.

En la práctica, por lo tanto, la mayoría demócrata en el Senado no permite a la Casa Blanca imponer sus planes sin negociar. Para hacer frente a esta dificultad, Joe Biden ha decidido poner en marcha sus proyectos de forma diferente. Puesto que los senadores centristas exigían un acuerdo con los republicanos moderados, Biden ha dado luz verde a buscar un acuerdo para sus planes de infraestructuras por 550.000 millones de dólares. El resto del plan inicial pasaría a fusionarse con el plan American Families en el marco de un texto de reconciliación por 3,5 billones de dólares. Este último no necesita más que la mayoría simple, por lo que la administración Biden cuenta con que los senadores demócratas moderados, previo acuerdo con los republicanos, entren por el aro.

En definitiva, el conjunto del proyecto Biden podría de esta forma salvarse sin modificar el monto total de 4 billones de dólares. Para el presidente, esta estrategia tenía, además, la ventaja política de intentar dividir el campo republicano entre moderados accesibles a compromisos y conservadores radicales que siguen la línea de Donald Trump.

Al menos hay un nuevo plan de inversiones

La primera parte de ese plan ha sido ya implantada a fecha de 1 de agosto. La comisión de diez senadores encargada de buscar un acuerdo sobre infraestructuras ha elaborado una propuesta de más de 2.000 páginas que incluyen los 550.000 millones de gastos federales nuevos. El texto deberá ser votado esta semana en el Senado y debería pasar sin problemas, puesto que cuenta con el apoyo de 17 senadores republicanos, más de los 10 que se necesitan para superar el bloqueo.

Pero la ambición inicial de Biden ha palidecido tras pasar por el tamiz de la comisión senatorial. La idea de dividir el plan inicial de infraestructuras ha modificado en profundidad su sentido. El texto enviado esta semana al Senado excluye todos los gastos relacionados con la asistencia social, la vivienda y las ayudas a la innovación. Además, las ayudas a las energías renovables ya no aparecen en el proyecto. En total, esas medidas reducen en 1,7 billones de dólares el plan inicial. Es cierto que esas cantidades pueden ser revertidas, como hemos dicho, en el procedimiento de “reconciliación”, pero el replanteamiento denota un cambio de lógica que no es inocuo.

En marzo, uno de los principales puntos de desacuerdo propuestos por Biden era, como ya había señalado a Mediapart el economista Éloi Laurent, la integración en el conjunto de infraestructuras de políticas climáticas, sociales y de investigación. A más de uno le hizo sonreír con sarcasmo pero, en realidad, se trataba de un cambio de lógica profundo: los gastos condicionaban el desarrollo económico, no sus consecuencias. Para funcionar, la economía necesitaba la justicia social y climática lo mismo que un puente o una carretera. La prioridad neoliberal invertida.

Ahora bien, revirtiendo la parte social en el texto de reconciliación, Biden abandona esta idea. No sería más que un detalle si el gasto se aprobase finalmente, pero ahí está el problema. Si esos gastos no incluyen ya infraestructuras, es decir, el pre requisito para el crecimiento, entonces es posible saltárselo o de incluirlos más adelante, cuando regrese el crecimiento. Y además tendrá un impacto seguro en las negociaciones futuras sobre el plan de 3,5 billones de dólares.

Pero el compromiso ha llevado también a una serie de ahorros en infraestructuras propiamente dichas. Es verdad que los demócratas y la prensa favorable al presidente, como el New York Times, sin duda tienen razón de felicitarse porque esos 550.000 millones de dólares de gastos suplementarios representan la mayor apuesta en este campo desde hace al menos diez años. También es de agradecer el hecho de que esas inversiones sean claramente una acción directa del Estado y no simplemente una ayuda al sector privado o a socios público-privados. El compromiso reconoce de facto las limitaciones de los mecanismos del mercado para garantizar la financiación de esas inversiones.

Esto supone una ruptura con la lógica neoliberal, pero una ruptura muy tímida, pues en efecto se está aún lejos de las necesidades identificadas. La asociación de ingenieros de caminos de EEUU (ASCE) ha estimado en 2,6 billones en diez años la inversión suplementaria necesaria solo para mantener las infraestructuras existentes, no para mejorarlas. Incluso añadiendo las inversiones ya programadas, que no son tenidas en cuenta en esta estimación, quedaría en cerca de un billón de dólares, menos de la mitad de lo necesario, en cinco años. En resumen, todos los elogios no serán suficientes para hacer esos planes tan ambiciosos como se presentan. Eso es sin duda mejor que nada, pero no estamos en absoluto ante un plan capaz de cambiar la situación de una economía estadounidense envejecida.

Si vamos al detalle, la opción elegida por los senadores da, por lo demás, mucho que pensar. Las inversiones en los aeropuertos se mantienen y muchos otros campos esenciales se han visto reducidos respecto a lo anunciado en el mes de marzo. En transportes, la disminución es de 263.000 millones de dólares. Los gastos previstos en cargadores de coches eléctricos se han reducido en un 90% poniendo fin a la promesa de Biden de construir una red en malla completa en el territorio.

Los gastos dedicados a una mejor conexión de comunidades aisladas (a menudo muy pobres) pasan de 24.000 a 1.000 millones de dólares. Pero el presupuesto para la renovación de carreteras y puentes, cruciales en el país, pierde también 44.000 millones de dólares (el 28,5% de lo prometido en marzo). La disminución de gastos para los ferrocarriles es del 11% y la de los transportes de cercanías del 51%. Ese es el clima y son las clases populares las que van a pagar los platos rotos del acuerdo.

Eso está muy claro sobre todo cuando se observa el último punto del acuerdo: los servicios a las colectividades, cuyo presupuesto cae en 100.000 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones menos (35%) para el desarrollo de Internet de banda ancha y 56.000 millones menos (50% de lo previsto en marzo) para la modernización de infraestructuras de la traída de agua que siguen a menudo llevando plomo. Ahí también son las clases populares las más afectadas.

En conclusión, el texto hace un despliegue de la financiación de esos gastos. Los demócratas renuncian al aumento de impuestos previsto (aun contando con que en teoría se incluirán en el texto de reconciliación) y los republicanos renuncian al aumento del precio de los servicios públicos. La financiación va a depender pues de una serie de medidas muy poco creíbles y a veces preocupantes. Una parte de ese plan será financiado por los “ahorros” hechos por los Estados donde los gobernadores han reducido las ayudas económicas relativas a la crisis sanitaria. Joe Biden se lo permitió a los gobernadores y va a recuperar ese dinero para financiar su plan. Una vez más, serán los más débiles quienes lo pagarán. Por lo demás, los demócratas han renunciado incluso a reforzar la lucha contra la evasión fiscal con el aumento de la financiación del IRS, el fisco estadounidense. Es un retroceso preocupante.

¿Un nuevo plan complementario?

Estos acuerdos parecen marcar claramente la marcha atrás del presidente en sus objetivos e indica que la situación de las clases populares no es su prioridad. Evidentemente, es un poco pronto para juzgar el resultado del plan Biden. La clave reside ahora en la ley de “reconciliación”, que será una especie de coche escoba de todo lo que ha quedado fuera en el acuerdo entre los dos partidos. Pero, ¿será realmente así? No hay nada seguro. En primer lugar, no serán retomadas la mayor parte de las inversiones en infraestructuras clásicas abandonadas en el texto del acuerdo. No es posible volver a inyectar 56.000 millones de dólares para la canalización del agua a través de esa partida. Luego, como en el texto del acuerdo, habrá que asegurarse de todos los votos demócratas y, sobre todo, convencer a los senadores moderados, tarea que no se prevé nada fácil.

Porque no ha acabado de secarse la tinta del acuerdo bipartidista y Joe Manchin y Krysten Sinema están ya atacando la futura ley de “reconciliación”. El primero dice que “no podía garantizar el voto de nadie” sobre el texto, añadiendo que lo mirará atendiendo a su financiación y que le preocupa el impacto que pueda tener sobre la “salud financiera” del país y sobre “la inflación”. Como se sabe que él se opone en particular al aumento de impuestos a las empresas, podemos imaginar que tratará de recortar los gastos sociales del texto. El mismo tono por parte de la senadora por Arizona, que dice apoyar “el proceso” pero no “un texto que cuesta 3,5 billones de dólares”.

En otras palabras, la estrategia de la Casa Blanca parece sufrir un primer revés. La idea de llegar a un acuerdo pueda apaciguar a los senadores centristas y así llevarles a la senda de la disciplina de partido puede tambalearse. Parece tan difícil convencer a los republicanos moderados como al ala derecha del partido demócrata, por lo que Joe Biden regresa, en cierto modo, al punto de partida. Sin los votos de esos dos senadores será imposible que su texto complementario de 3,5 billones pase el trámite del Senado.

Comienza pues una nueva batalla. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) lo ha entendido bien y se va a ocupar de que el ala izquierda del partido demócrata no deje que los dos senadores demócratas moderados dicten el contenido de esos planes. AOC avisó en la CNN de que tenía votos “más que suficientes” en el Congreso para impedir que sea aprobado el texto del acuerdo bipartidista (tendrá que pasar por esa cámara tras su votación en el Senado) en caso de que el texto de reconciliación no sea aprobado en el Senado.

Riesgo de un nuevo impasse impasse

Los demócratas sólo tienen una mayoría de tres escaños en el Congreso. Es decir, la izquierda del partido van a entrar en el juego y tratar de no dejar a los centristas ninguna iniciativa. Por lo demás, AOC no es la única que hace presión sobre la derecha del partido. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, que no es radical, ha dicho que ella solo someterá el texto del acuerdo al Congreso si se aprueba el texto de reconciliación.

Para Joe Biden, esas presiones sobre los dos senadores son sin duda una buena noticia. ¿Pero le permitirán escatimar concesiones? No es seguro. Si cada uno permanece en su posición, es decir, si los senadores centristas se niegan a votar el texto de reconciliación y, por consiguiente, la izquierda bloquea el texto del acuerdo en el Congreso, todo terminará en un callejón sin salida.

Entonces, ¿qué concesiones se pueden hacer? Sinema y Manchin parece que quieren un plan más reducido, siguiendo así las críticas de economistas neokeynesianos (keynesianos neoliberales como Olivier Blanchard y Lawrence Summers, que fueron consejeros de Bill Clinton y de Barack Obama y han criticado el plan Biden). Se sabe también que son muy escépticos sobre la aplicación de impuestos a los beneficios de las empresas que con Donald Trump eran del 21% y que Biden quiere aumentar hasta el 28%. El presidente ya ha hecho saber que su ambición podría quedarse en el 25%.

¿Podrá Joe Biden hacer recortes en las políticas sociales y en el aumento de impuestos? No se puede excluir en absoluto. Las reacciones al acuerdo bipartidista entre la prensa pro demócrata muestran que la lógica del “mejor que nada” puede funcionar. Las políticas sociales no parecen estar en el centro del proyecto Biden. Lo importante de su ambición es, como lo recordó a primeros de julio cuando firmó un decreto que favorece la competencia, reactivar el capitalismo creando unas condiciones que pasan por la redistribución de salarios y también de precios. “Yo soy un capitalista orgulloso”, recordó, precisando que, para él, “el capitalismo sin competencia es explotación”. Una posición que, de hecho, no está alejada de las de los neokeynesianos y los centristas.

Esta visión deja las políticas sociales en el segundo plano de las prioridades. Para Joe Biden, dentro de la antigua tradición de la política estadounidense, lo esencial es crear las condiciones ideales par que exista una sana competencia. Luego, cada uno podrá beneficiarse del fruto de esa política. Las ayudas sociales pueden ser útiles, pero no son lo más importante. Eso es lo que significa su eliminación del capítulo de infraestructuras y es ahí donde reside el origen de un eventual compromiso en el Senado.

Por lo demás, otro episodio ha servido para recordar el poco interés que tiene la administración Biden por las políticas sociales. Después de haber permitido a los gobernadores republicanos cortar las ayudas a los parados durante la primavera, la Casa Blanca ha dejado que la moratoria de desahucios expire el 31 de julio. Ha sido necesario que AOC se comprometa personalmente al acusar al presidente de haber desatendido este asunto y permitir que el Congreso cierre por vacaciones sin prolongar la moratoria, para que haya una reacción. Su colega Corie Bush organizó una concentración en Washington para llamar la atención de los medios en este tema. La moratoria federal relacionada con la crisis sanitaria había beneficiado a dos millones de inquilinos. Al final, Joe Biden ha cedido al anunciar que el 3 de agosto renovará la moratoria.

La impresión que deja este episodio es que, sin la presión del ala izquierda del partido demócrata, Joe Biden no se preocuparía apenas por estos asuntos. Es posible que el núcleo de su política resida al final solo en el acuerdo bipartidista. AOC seguro que lo sabe y por eso amenaza con bloquearlo en el Congreso para forzar un cambio en la Casa Blanca. Pero hay riesgo también en el contenido del texto de reconciliación. Joe Biden podría tratar de reducir su ámbito y su alcance recortando por ejemplo las políticas sociales o el aumento de impuestos para que pase el Senado. Pero la izquierda también podría bloquear el texto en el Congreso (y tal vez en el Senado, donde el peso de Bernie Sanders es decisivo).

El presidente parece navegar entre dos polos irreconciliables del partido demócrata que tienen poder de bloqueo. Una posible estrategia del “término medio” en realidad no provoca sino decepciones, lo que vuelve el ejercicio aún más difícil. Si Biden ha cedido frente a AOC y Corie Bush sobre los desahucios eso no significa que esté dispuesto a hacer lo mismo en el texto de reconciliación. Porque las verdaderas prioridades de la administración estadounidense no están realmente claras, lo que les deja un margen de beneficio pero también una potencial decepción enorme. El plan presentado en marzo no era en sí mismo revolucionario, en el sentido de que hubiera podido realmente fundar un nuevo orden productivo, pero trataba de modificar los desequilibrios del neoliberalismo. En el debate parlamentario es esa voluntad la que ahora está en juego.

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Traducción: Miguel López

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