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Europa financia la construcción en Grecia de campamentos para migrantes que parecen cárceles

Sala de videovigilancia del campamento de Zervou, en Atenas.

Elisa Perrigueur|Vera Deleja Hotko|Franziska Grillmeier|Katy Fallon (Mediapart)

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El 10 de octubre, Gérald Darmanin se encontraba en la isla griega de Samos, a pocos kilómetros de Turquía. “Responsabilidad y humanidad debe guiar nuestra política europea”, tuiteó el ministro francés del Interior, que señaló su admiración por el campamento de migrantes de Zervou, abierto a mediados de septiembre.

Durante una hora y media, sin la presencia de los medios de comunicación, visitó unas instalaciones que han costado 48 millones de euros [1], denominadas “centro cerrado y de acceso controlado” por el Gobierno griego de derechas de Nueva Democracia. La Unión Europea (UE), que ha financiado el 100% de las obras, lo califica de centro “no cerrado”.

Sin embargo, desde el exterior, lo único que se ve son unas cuantas torres de vigilancia y dos vallas de tres metros de altura rematadas con un afilado alambre de espino. Esas vallas rodean 240 contenedores blancos que ocupan casi 150.000 metros cuadrados. Tienen capacidad para 3.000 solicitantes de asilo y personas cuya demanda ha sido rechazada. Atenas promete que los edificios se pintarán de verde para integrarlos en el paisaje montañoso, lejos de las ciudades y al abrigo de los turistas. El municipio costero de Vathy, donde se encontraba el antiguo campo de refugiados insalubre, se encuentra a ocho kilómetros.

El nuevo campamento de alta seguridad de Zervou no tiene nada que ver con estas chabolas. Lo vigilarán 150 policías y 60 guardias de seguridad. En la entrada se han instalado máquinas de rayos X, detectores de metales y puertas que se abren con tarjetas magnéticas o huellas dactilares.

Las personas a las que se les ha denegado el asilo en Grecia no podrán salir. Permanecerán retenidas en una sección cerrada de 960 plazas, llamada “Prokeka”, a la espera de ser devueltas a su país de origen o a Turquía. Los solicitantes de asilo podrán entrar y salir del campamento entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Si regresan demasiado tarde, dormirán en un lugar fuera del centro habilitado a tal efecto. Tendrán que justificar su retraso ante las autoridades. Pero se ha hecho todo lo posible para que los refugiados no necesiten salir. Al menos cuatro autobuses, que cuestan 1,60 euros por trayecto, van y vuelven a Vathy, pero todos los servicios se prestarán dentro del centro, según aseguran desde Atenas: lavanderías, WiFi, supermercados, escuelas, etc.

El 18 de septiembre, durante la inauguración del centro, los medios de comunicación acreditados (entre ellos, Mediapart, socio editorial de infoLibre) pudieron ver contenedores que albergan dormitorios, en su mayoría vacíos, equipados con camas y armarios. Las autoridades griegas y europeas también invitaron a la prensa a visitar los comedores, los parques infantiles y las canchas de baloncesto. La visita, muy bien supervisada y sobrevolada por un dron, se realizó bajo la atenta mirada de agentes de la empresa de seguridad británica G4S.

“Estas instalaciones son la representación de la acogida de refugiados por parte de la UE, es decir, un ‘campamento-prisión’, opina Patrick Wieland, jefe de misión de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Samos. "El dinero europeo está al servicio de una política de contención y disuasión, aplicada a su vez por Atenas”.

El ministro francés del Interior felicitó a las autoridades griegas por la obra. “Este impresionante campamento ha sido concebido como un centro de espera y permite a los griegos de proteger sus fronteras”, dijo en rueda de prensa al día siguiente de su visita a Zervou. “A decir de las personas que trabajaban en el antiguo campamento [...] pero también de los solicitantes de asilo, las condiciones de vida son mejores”.

De momento, Gérald Darmanin ha podido descubrir un campamento nuevo flamante que no está muy lleno para la capacidad que tiene. En Samos hay varios cientos de solicitantes de asilo. Y solo se ha trasladado aquí entre 250 y 300 personas procedentes de Afganistán, Siria, Irak, Congo y Camerún.

Se han dividido en grupos; aquellos que hablan farsi, los árabeparlantes y procedentes del continente africano, según la ONG Europe Must Act. “El campamento es mejor que las tiendas de campaña de Vathy, hay aire acondicionado, WiFi, cocinas, agua... Pero, ¿hasta cuándo mi nombre será el de “refugiado”? Me estresa verme observado constantemente, ser como un prisionero”, explica en un sms un refugiado iraquí, desde Samos, donde permanece bloqueado desde hace tres años.

“Los muros de los campamentos protegen a los migrantes”, argumentó el ministro de Migración, Notis Mitarakis, a mediados de septiembre, resumiendo la doctrina de benevolencia del Ejecutivo griego. Le gusta repetir a los periodistas esta anécdota: “Conocí a una mujer camerunesa [en el norte de Grecia] que me dio las gracias por haberlas puesto en torno al campamento donde vive, porque ahora se siente segura frente a las intrusiones procedentes del exterior”.

Además, Zervou es un mero “proyecto piloto”. Pronto se construirán otros centros con barricadas de este tipo en la frontera greco-turca, en cuatro islas cercanas: Kos, Quíos, Leros y Lesbos. Está previsto que en Kos y Leros abran sus puertas en noviembre y en Quíos y Lesbos, en 2022. Sustituirán a los antiguos campamentos denominados “hotspot”, insalubres y superpoblados hace unos años. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, declaró a finales de septiembre que la llegada de refugiados a las islas desde Turquía había disminuido un 90% en los últimos dos años. Actualmente, hay unos 5.000 solicitantes de asilo en las cinco islas.

El Gobierno promete a los griegos de las islas, muchos de los cuales son reticentes a los nuevos centros, que no habrá traslados de inmigrantes desde Europa u otras regiones griegas. Sólo accederán los nuevos solicitantes de asilo que llegan de Turquía. El Gobierno conservador dice que está actuando con previsión. El Ejecutivo está en alerta desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto. Teme una llegada masiva de refugiados.

Por ello, Atenas ha mandado construir a las empresas griegas Mytilineos y Terna, gigantes de la construcción y la energía, estos campamentos fortificados. Pero la factura la pagó Europa: 276 millones de euros del fondo europeo para la gestión de la inmigración.

“Desde 2015, Atenas ha recibido 3.380 millones de euros de la UE, dedicados a la gestión de la inmigración”, precisaba Beate Gminder, directora adjunta de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, en rueda de prensa a mediados de septiembre.

Gminder también se congratulaba de este “nuevo capítulo en la gestión de la migración”. “La migración puede gestionarse de forma controlada, ordenada y correcta”, apuntaba.

Fondo europeo de resiliencia

Para garantizar la gestión “controlada” de los campos, Atenas ha recurrido a la vigilancia. Las cámaras están por todo el campamento de Zervou, filmando las 24 horas del día. Hay drones listos por “si la Policía quiere comprobar cosas, por ejemplo”, dice, evasiva, una fuente del Ministerio de Inmigración griego.

Los vídeos se visionarán en Atenas. A mediados de septiembre, el ministro de Inmigración presentó con orgullo a los representantes europeos una sala de control especialmente equipada en la capital para la recepción de estas imágenes. “Un sistema de inteligencia artificial también podrá detectar y alertar a las autoridades en caso de que se produzcan grandes concentraciones o reyertas, o conatos de incendios, por ejemplo, en el campamento, como medida de precaución”, añade la fuente del ministerio.

Este sistema de seguridad, también “piloto”, en el campamento de Samos es sólo un anticipo de un programa de vigilancia mucho más amplio. El Gobierno griego no sólo quiere equipar los nuevos centros de las islas, sino también todos los campos de refugiados de Grecia. Hay 39 campamentos de refugiados en Grecia.

Por ello, el Ejecutivo puso en marcha a finales de 2020 un programa de seguimiento para los próximos años. Se divide en tres proyectos que llevan el nombre de los héroes mitológicos Centauro (para la seguridad digital), Rea (sistemas de telecomunicaciones) e Hiperión (instalación de sistemas de control de acceso y vigilancia de instalaciones). El importe supera los 36 millones de euros, según las licitaciones consultadas por el colectivo de investigación griego Disinfaux que ha podido consultar Mediapart.

Este futuro programa de vigilancia no está incluido en los 276 millones de euros concedidos por la UE para la construcción de los nuevos centros. Aunque el dinero es efectivamente europeo, esta vez no procede de un fondo para la inmigración, sino de otro programa, teóricamente destinado a la recuperación económica post-Covid-19, así como a la transición digital y energética.

De hecho, Atenas se apoyaría en el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), la pieza central del plan de recuperación de la UE “NextGenerationEU”, reservado a los Estados miembros. Este amplio plan de préstamos y subvenciones pretende “reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia”. La Comisión consideró que este programa de vigilancia tenía cabida en esa partida.

Así, en junio, validó un primer pago por importe de 30.500 millones de euros, a lo largo de varios años, para financiar diversos programas, entre ellos este proyecto de seguridad. La Comisión confirma por correo electrónico que el MRR se utilizará, entre otras cosas, para la instalación de “un sistema digital de seguridad y protección” cuyo objetivo es “garantizar la seguridad de los residentes [de los centros] de forma no intrusiva”, aunque no especifica la cantidad utilizada.

“Sin alambre de espino” para los niños

Aparte de las cámaras, ¿quién vela ahora por las condiciones de vida de los nuevos residentes dentro del campo de Zervou? Allí trabajan alrededor de 400 empleados de ACNUR, de los servicios sanitarios y de asilo griegos y europeos, de Europol, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Frontex y algunas organizaciones no gubernamentales.

Pero a largo plazo, el Gobierno griego espera entregar la gestión de estos campos a empresas privadas y no ha ocultado su deseo de excluir a la OIM y al ACNUR. Además, muchas ONG se han negado a entrar en el campamento, denunciando su carácter carcelario.

Sin embargo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) había publicado en febrero unas recomendaciones para la construcción de estos centros, “relativo a los derechos fundamentales”. En un documento obtenido por el grupo de investigación alemán FragDenStaat, la agencia consultiva subraya, en particular, la necesidad de evitar “una construcción de carácter carcelario para prevenir más traumas” o “no exponer a los niños a las vallas de espino”. Estas recomendaciones no se han seguido en Zervou, según muchos de los que han visitado las instalaciones.

“Es deprimente ver el alambre de espino”, rememora la eurodiputada holandesa de Los Verdes Tineke Strik, que se desplazó al campamento el pasado mes de mayo. “Temo el confinamiento a largo plazo de estas personas, así como la existencia de una atmósfera dura y siniestra”.

La ambición de estos nuevos centros es reducir el periodo de tramitación de las solicitudes de asilo a dos meses, en lugar de años como sucedía antes, en algunos casos. Pero el destino de los demandantes de asilo rechazados, en concreto, parece incierto. El concepto de la Prokeka, partes del centro donde permanecen encerrados, ha sido condenado en los últimos años por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) por sus condiciones “degradantes”.

Las personas rechazadas deben permanecer allí hasta 18 meses, el tiempo necesario para enviarlas de vuelta a su país o a Turquía. El problema es que el país vecino, que tiene casi cuatro millones de inmigrantes en su territorio, se niega a permitir el retorno.

Psicológicamente, “la duración incierta de las estancias es difícilmente soportable”, recuerda la arquitecta austriaca Andrea Seelich, especializada en el diseño de prisiones, que considera que estos nuevos centros son como “campos de internamiento, de los que [los residentes] no pueden salir sin el permiso de la institución”.

A esta lógica de “internamiento” se suma una estrategia para disuadir la llegada de migrantes a Grecia. Pasa por la intensificación de los controles fronterizos, desde marzo de 2020. En esa fecha, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció la apertura temporal de la frontera greco-turca, atrayendo a miles de refugiados a las puertas de Grecia.

Y las fronteras griegas son las fronteras de Europa, como recordó entonces Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea dio las gracias a Atenas “por ser el escudo europeo”. Atenas está reforzando sus efectivos fronterizos, pero quiere ir más allá en su lógica de disuasión. En agosto, el Ejecutivo completó, esta vez a su costa, un muro antimigrantes de 40 kilómetros en su frontera terrestre, cuyo coste se estima en más de 60 millones de euros. Está estudiando la posibilidad de ampliarlo, debido a la situación en Afganistán.

Su estrategia ha sobrepasado ya los límites de la legalidad. Atenas tiene que responder a las acusaciones de “expulsión” de los migrantes que han llegado a su territorio hacia Turquía. Estos hechos han sido documentados por numerosas noticias y confirmados por la guardia costera turca.

El Gobierno griego acaba de abrir una investigación, presionada por la UE. Se produce tras la publicación de un artículo de un consorcio de medios de comunicación internacionales, entre ellos Libération, que recuerda la violencia de estas prácticas ilegales.

El 11 de octubre, durante su visita a Grecia, el ministro francés Gérald Darmanin elogió el “modelo” de la política migratoria griega. “Pedimos a los países del sur de la UE que hagan lo mismo que los griegos, que controlen más las fronteras exteriores, y a los demás países que acepten un sistema de solidaridad”, insistió, hablando en nombre de Francia.

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Traducción: Mariola Moreno

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