Luces Rojas

Elogio del político profesional

Andalucía permitirá a los afectados por los desahucios permanecer en sus viviendas

Braulio Gómez

Baltasar Garzón, Bernat Soria, Mercedes Cabrera, Manuel Pizarro, Miguel Sebastián, César Antonio Molina, Carmen Vela, José Ignacio Wert... ¿Qué tienen en común? Que no son políticos profesionales, que eran personalidades de reconocido prestigio en sus respectivos campos de trabajo antes de entrar por primera vez en política y que no necesitaban un cargo público para mejorar la calidad de sus vidas. Para desgracia de ellos, aún comparten otra similitud. Todos han fracasado como políticos. Unos, los más, por no haber sido capaces de implementar sus preferencias técnicas, científicas o políticas. Otros, los menos como el ministro Wert, por imponer sus equivocadas e improvisadas decisiones políticas en contra de la voluntad de los ciudadanos.

A pesar de lo difícil que es encontrar ejemplos de buenos profesionales independientes transformados en grandes políticos, la opinión pública y los medios de comunicación no se cansan de amplificar las bondades intrínsecas asociadas a que los políticos hayan sido destacados profesionales en su campo de especialización al mismo tiempo que se ensañan virulentamente con los que no han hecho otra cosa en su vida que estar en política, como si esto fuera poca cosa. Creo que es bueno refrescar la memoria sobre tres casos paradigmáticos de buenos profesionales independientes estrellados por su incapacidad para desarrollar la tarea política, más un caso adicional, el de una profesional de la política que ha sido la única dirigente capaz de sacar adelante una ley contra los intereses de los bancos y en favor de los ciudadanos en todos los años que está durando la gran crisis.

Baltasar Garzón entró en política en 1993, se convirtió en Secretario de Estado de un Gobierno socialista y no habiendo transcurrido un año en el puesto abandonó de una forma bastante infantil su cargo. De su paso por la política no se puede recordar ninguna aportación ni decisión trascendente que cambiara sustancial o superficialmente la vida de ningún ciudadano. En entrevistas, el Juez suele resumir sin autocrítica su paso por la vida política: me ningunearon, me dieron un cargo figurativo, mi posición no era tenida en cuenta. Razones de peso, sin duda, para un hombre independiente, sin servidumbres partidistas, que no tenía por qué perder el tiempo en una organización en la que su voz se perdía entre tantas otras. El fichaje estrella de la sociedad civil para dar aire fresco a un PSOE acosado por los casos de corrupción y terrorismo de estado de los 90 se encontró con un mundo para el que no estaba preparado y renunció a buscar alianzas internas y externas que posibilitaran que sus ideas fueran ganando terreno en las políticas que desarrollaba el gobierno al que pertenecía.

Otro hombre brillante, en las antípodas ideológicas, Manuel Pizarro. Abogado del Estado, Presidente de Ibercaja y de Endesa y con un largo y exitoso recorrido en el sector privado. Alguien que no necesitaba la política para vivir, que también hacia grandes alardes de su independencia y que aceptó encabezar el proyecto económico con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2008. Todavía hoy se recuerda el desastre de su primera intervención política televisada perdiendo estrepitosamente el debate preelectoral sobre economía con el Ministro socialista Pedro Solbes. En menos de dos años renunció a su acta de diputado del PP y dejó la actividad política sin haber aportado nada sobre el tema que dominaba, la política económica. Actualmente, no hay entrevista en la que Manuel Pizarro proponga soluciones para los problemas de la economía, desde la reestructuración del sistema financiero hasta qué hacer con las preferentes. El caso es que su falta de conocimiento del oficio político le impidió entrar en la sala de máquinas del Partido Popular donde se toman las decisiones y donde seguramente él habría querido estar. Su papel ahora en el PP es el de una especie de guardián de la reserva espiritual, ocupándose del mantenimiento de sus valores.

Un último ejemplo, otro caso de manual, el de Miguel Sebastián. ¿Alguien que le haya conocido de cerca puede poner en duda la solvencia y la capacidad del ex jefe de estudios del BBVA, del brillante profesor universitario de economía aplicada? Miguel Sebastián duró más tiempo y llegó más alto que Baltasar Garzón o Manuel Pizarro. Su piel fue más dura. Por ejemplo, aguantó inmutable la reprimenda pública de José Blanco cuando se le ocurrió decir que se le había acabado la paciencia con los bancos. Pero algo no hizo bien para que sus posiciones no se escucharan más y fueran tenidas en cuenta durante su paso por la política. Quién sabe si la economía española hubiera ido mejor si el exministro hubiera tenido la experiencia política suficiente, la habilidad requerida para conseguir que su voz hubiera sido más determinante que la de la exministra Elena Salgado a la hora de influir en las decisiones económicas del último gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

Son historias bastante representativas y repetidas del fracaso de los profesionales independientes sin experiencia política. Solo hay que mirar los barómetros del CIS, pasados y presentes, para darse cuenta que los ministros independientes no son mejor valorados que sus compañeros “contaminados” por la vida política. Más allá de la capacidad intelectual, la habilidad técnica o el conocimiento científico, el ejercicio de la actividad política requiere de algunos atributos que hoy están estigmatizados por la mayoría de los ciudadanos. Quisiera destacar entre todos la capacidad de aguantar en una organización que lleva un rumbo diferente a tus preferencias para intentar desde dentro cambiar la acción política de tu partido o de tu gobierno, tejiendo alianzas sobre la base de un nuevo proyecto.

Frases como: “no tiene principios, traga con lo que sea”, “dónde va a ir, si no sabe hacer otra cosa”, se emplean de forma repetida contra los políticos que aguantan cualquier decisión de su líder sin por ello abandonar su espacio político dentro del partido o de la institución pública en la que desarrollan su actividad política. Pero es que algunas veces un buen camino para llegar a influir en la mejora de la sociedad puede pasar por aceptar la pérdida provisional de poder y promover otras mayorías dentro de la organización sin romper la baraja, ya sea esta organización el partido o el gobierno.

En los partidos hay muchas personas válidas, competentes, que sufren como el resto de los ciudadanos a sus líderes, sabiendo de su temporalidad, con el ego menos desarrollado que las estrellas independientes, y que trabajan desde dentro para poder algún día llegar al espacio en el que se toman las decisiones importantes. Son personas que realmente están en política para cambiar las cosas. Un buen ejemplo de ese tipo de político es Elena Cortés, la Consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía que está demostrando que sí que se puede legislar pensando más en los ciudadanos que en las entidades financieras.

En este largo periodo de crisis económica se ha echado en falta en nuestros gobernantes creatividad, sensibilidad y audacia a la hora de tomar sus decisiones políticas. Quizás las únicas leyes que han cumplido esas tres características de forma simultánea han sido las desarrolladas por la Junta de Andalucía para frenar la vergüenza de los desahucios. Estas decisiones políticas que permiten paralizar desahucios y embargar y multar a los bancos por acumular viviendas vacías no se podrían entender sin conocer la personalidad y trayectoria política de Elena Cortés. Quizás su biografía no sea muy conocida fuera de su Córdoba natal, pero puede ser muy ilustrativa para poder explicar la materialización de unas medidas con un impacto tan visible en la calidad de vida de los ciudadanos que más ayuda necesitan del Estado.

Elena Cortés responde perfectamente a esa especie tan denostada del político profesional. Es decir, siempre ha estado en política, su vida ha sido la política y desde que se afilió a las juventudes comunistas no ha dejado de ocupar cargos en su partido, el Partido Comunista, en Izquierda Unida y posteriormente en las instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía. Tiene 39 años y no se le conoce ningún trabajo fuera de la actividad política. Sus ideas siempre han sido las mismas, la lucha contra la desigualdad a través de la intervención del Estado. Pero no siempre tuvo la suerte de formar parte de un gobierno que le permitiera poner en marcha las medidas radicales por las que entró en política. Cuando, dentro de su organización, vinieron mal dadas para sus ideas, tuvo la capacidad de seguir trabajando desde dentro sin abandonar la política ni romper con su organización. Por ejemplo, soportó durante siete años de concejal de Educación en Córdoba cómo la alcaldesa de su partido, Rosa Aguilar, desarrollaba un proyecto conservador de ciudad en sintonía con Cajasur, con el famoso constructor y ahora político condenado por corrupción Sandokan y con las Cofradías de la ciudad de la Mezquita. Supo no ceder su espacio político cuando estaba en minoría en el Ayuntamiento de Córdoba, guardó sus preferencias para mejor ocasión y siguió trabajando con otros compañeros de su partido y del Ayuntamiento en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, a pesar de tener un poder muy limitado.

La ocasión llegó cuando IU y PSOE cerraron una coalición para gobernar la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas de 2012: le ofrecieron la Consejería de Vivienda desde la que está liderando la lucha por los derechos de los ciudadanos frente a los intereses de los bancos. Y todo desde un partido tradicional, de los de toda la vida, el PCE, y sin haber sido nunca una profesional de prestigio en el campo del urbanismo, la gestión, la economía, el derecho, la sociología… La capacidad de negociar y forjar nuevas mayorías y alianzas con personas de todo tipo y condición, algo consustancial al oficio político, ha sido un valioso activo para poder ejecutar sus valientes políticas dentro de un gobierno de coalición entre su partido y el PSOE, alcanzando un difícil y amplio consenso entre los principales actores sociales y políticos de Andalucía sobre la necesidad y bondad de sus medidas. La solución a los problemas de calidad de nuestra clase política no es fácil, pero yo sería más cauteloso con los elogios a los expertos independientes y su capacidad para aportar algún valor añadido al ejercicio de la política y más generoso con los políticos profesionales que han querido dedicar toda su vida al servicio público, que haberlos, haylos.

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Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), co-autor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.

 

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