Luces Rojas

Un ministro español contra nuestra convivencia

Braulio Gómez

Que si somos marionetas en las manos de Angela Merkel. Que si los mercados financieros nos han birlado nuestra soberanía. Que si nuestra democracia está intervenida y se siente impotente. Paparruchas. Yo al ministro Fernández Díaz le veo cada vez más potente, más soberano y más autónomo para conseguir a través de sus decisiones políticas que la convivencia vuelva a saltar por los aires en Euskadi, que la participación política pase a ser catalogada como un deporte de máximo riesgo y que la frontera española se convierta en vanguardia de la violación de los derechos humanos. Se ha venido tan arriba que hasta se siente capaz de gritar a los cuatro vientos su deseo de limitar Schengen. Y en el horizonte no se divisan hombres de negro externos influyendo en las decisiones del peor ministro del Interior de la democracia según los ciudadanos.

Empecemos por su empeño en dificultar la paz y convivencia en Euskadi. Desde el 20 de octubre de 2011, ETA ha renunciado a la violencia, la izquierda aberztale ha accedido democráticamente a las instituciones y la sociedad vasca está apostando mayoritariamente por la paz como un valor irrenunciable en su convivencia cotidiana. Esta sería la herencia política con la que habría soñado cualquier nuevo ministro del Interior en España. No ha sido el caso de Fernández Díaz. Las redadas masivas contra un enemigo que no existe se han convertido en un clásico del repertorio del ministro de Interior más impopular de la democracia. La última, hace unos días con la detención innecesaria de los abogados que dan cobertura a los presos y a sus familias. ETA ya no es un problema ni para la sociedad vasca ni para la sociedad española. La mayoría de los ciudadanos en Euskadi no encuentra ningún sentido a este acoso a las personas que trabajan para favorecer el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de Euskadi y que demuestran acudiendo masivamente a las manifestaciones que se convocan para reclamar este derecho al reagrupamiento del que se benefician todos los ciudadanos presos menos los miembros de ETA.

El Gobierno vasco sigue denunciando al Gobierno de España por carecer de una política de Estado para la convivencia y su Secretario General para el Plan de Paz y Convivencia ha advertido en numerosas ocasiones del peligro que supone la política mediática y propagandística del ministro del Interior para la normalización de Euskadi. Las decisiones soberanas de nuestro ministro, sus tácticas de guerra, cierran la puerta al dialogo con la banda armada deseado por la mayoría de los vascos para facilitar su desarme definitivo y permiten que crezca la idea de que el Gobierno español es un obstáculo para la paz y la convivencia en Euskadi, tal y como se observa en los datos del último Deustobarometro.

Las decisiones soberanas del ministro también están convirtiendo a la policía en el enemigo de los ciudadanos en el resto del Estado español. La nueva ley de seguridad no solo restringe el derecho de reunión y de asociación, sino que permite a cualquier agente de policía suspender nuestros derechos constitucionales. Abre la posibilidad de que nos encontremos en la cárcel al final de una manifestación con nuestras comunicaciones intervenidas sin autorización judicial y además con una multa que no podremos pagar. ¿Existía una insoportable presión ciudadana para que el ministro adoptara estas medidas extremas para mejorar nuestra seguridad? Todo lo contrario, la convivencia social y la seguridad eran una de las fortalezas de nuestra democracia.

Según el último Eurobarómetro, España es de los países europeos donde hay menos preocupación por la seguridad. Y si miramos las series del CIS nos encontramos en todos los barómetros de los últimos años una preocupación completamente residual por la seguridad en nuestras vidas. El orden público no ha saltado por los aires a consecuencia de la multiplicación de manifestaciones políticas que se ha producido en los últimos años en España. El mismo ministro ha aceptado que el pasado año se desarrollaron casi 100.000 manifestaciones y concentraciones y que solo hubo incidentes violentos en un 0,08% de ellas. Por cierto, según las encuestas, a la mayoría de los ciudadanos, incluso a los que no se manifiestan, les gusta que los ciudadanos se manifiesten en la calle para luchar por sus derechos o para plantar cara a aquellas medidas políticas que vayan en contra de sus intereses.

Y para terminar con el ataque soberano que está realizando el ministro Fernández Díaz contra la democracia española, hay que denunciar su cruzada contra los inmigrantes que intentan acceder a Europa a través de las fronteras españolas. La innovación xenófoba que pretende introducir el ministro popular en la legislación española es de tal calado que sería el principio del fin del actual sistema de asilo. Y no lo digo yo: lo dice el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizniks, que ha estado investigando las devoluciones en caliente que se producen en las vallas con concertinas que separan los territorios de España y Marruecos. Ningún país había ido tan lejos en sus políticas de inmigración. El Comisario declaraba que había visto devoluciones sumarias en muchos países, pero que era la primera vez que un Estado intentaba recogerlas en su legislación. En esta cruzada, el ministro es el máximo responsable de que las fuerzas de seguridad estén utilizando la fuerza para rechazar a los inmigrantes en la frontera. Los guardias civiles que vigilan nuestras fronteras ejecutan sus órdenes políticas. Y al ministro de Interior no le ha dicho ni el Banco Central Europeo, ni el Consejo Europeo, ni el Fondo Monetario Internacional, ni Alemania, ni los mercados financieros, ni las grandes empresas del IBEX que tiene que utilizar pelotas de goma, extintores, porras, CIES o concertinas para proteger la frontera europea. Es más, le han reñido por hacerlo. Y al ministro, como bien sabemos, le sienta muy mal que le riñan y nos ha invitado a todos los que criticamos su gestión de la frontera a que le demos nuestra dirección para que nos mandé a nuestra casa a los inmigrantes que ha estado devolviendo ilegalmente a Marruecos.

El ministro del Interior, a través de sus decisiones autónomas, libres y soberanas, sin injerencias externas que condicionen su toma de decisiones, está desencadenando nuevos problemas a la democracia española que no teníamos. De hecho, las posibles injerencias externas que podrían influir en sus decisiones en cada uno de los tres problemas que he presentado en este artículo son más razonables que las preferencias de nuestro ministro. El Proceso de Paz en el País Vasco necesita diálogo y Fernández Díaz contestaba a los verificadores internacionales que están colaborando en el desarme de ETA que al Gobierno español “le basta y le sobra con la Policía y la Guardia Civil para conseguir su disolución”. Del mismo modo, me gustaría más pertenecer a una sociedad que defiende el derecho de asilo y que juzga desproporcionado el celo que pone nuestro ministro del Interior para cuidar de nuestra seguridad, como nos recomienda la Comisión Europea. Yo defendería la presencia de hombres de negro en España para esto.

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Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro 'O controlo político dos procesos constituientes' (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), co-autor de 'La calidad de la democracia en España' (Ariel, 2011) y de 'La encuesta deliberativa' (CIS, 2009). Es el director del 'Regional Manifestos Project'.

  

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