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Luces Rojas

Cataluña: recuperar el sentido común

Josep Lluís Sureda
Publicada el 19/02/2016 a las 06:00 Actualizada el 18/02/2016 a las 20:49
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En los abundosos análisis de nuestro actual panorama político rara vez se subraya que el gobierno de Rajoy deja abierto el problema de Cataluña y que desactivarlo requerirá probablemente la atención del próximo gobierno de España como una de sus tareas más importantes y urgentes. La responsabilidad del choque de trenes en que ha desembocado el conflicto catalán es atribuida a Mariano Rajoy y a Artur Mas por una abrumadora mayoría de españoles y de catalanes, según sondeos realizados. Entretenerse en debatir ahora cuál de los dos es más culpable de la actual situación crítica sería perder el tiempo y, más importante, sería innecesario porque el propio Rajoy se ha mostrado orgulloso de la responsabilidad superior que le correspondía en el conflicto como presidente del gobierno. Recuérdese la delectación y la insistencia con que explicaba que su política hacia Cataluña venía dictada por la obligación de defender los más altos valores, la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la Constitución y a las leyes. En un ejercicio –pseudomaquiavélico– de que el fin justifica los medios, Rajoy convirtió su política catalana en una importante cuestión de Estado a la que todos los partidos de la oposición tenían que sumarse si no querían ser proscritos de la democracia española.

De tan burdo sofisma no puede desprenderse que el programa del nuevo gobierno deba dar continuidad a la política de Rajoy hacia Cataluña. Todo lo contrario. Por obvio que se considere que el próximo gobierno asumirá los valores inherentes a la defensa de la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la Constitución y las leyes, no es menos obvio que el programa del nuevo gobierno tendrá que incluir inexorablemente un cambio radical de la política que Rajoy ha seguido para defenderlos. Este cambio no es una cuestión de Estado sino una cuestión de recuperar el sentido común. No es ya que, a lo largo de cuatro años, la política de Rajoy no ha dado solución al problema catalán; es que lo ha agravado profundamente y que ha enconado de modo progresivo el ánimo de los ciudadanos catalanes, soberanistas o no. Lo que empezó en 2010 como una protesta ciudadana pacífica y silenciosa para expresar el malestar ocasionado por la aberrante sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006, ha terminado en 2015 con la resolución del parlamento de Cataluña de 9 de noviembre, redactada con más malicia que pericia política, en la que se declara “el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república”.

Este estruendoso y previsible fracaso de la política catalana de Rajoy, se resume al final en que los leguleyos constitucionalistas han topado con los leguleyos soberanistas y el conflicto sigue abierto. No hay que olvidar que Rajoy adoptó las medidas que componen su política hacia Cataluña sin considerar necesario el acuerdo de los partidos de la oposición a lo largo de los cuatro años de mandato. Estas medidas, bendecidas por la mayoría absoluta de que disponía en el Congreso, configuraron su política de enfrentamiento verbal y judicial contra políticos y ciudadanos catalanes y de utilización de las instituciones y las leyes para el recorte de las competencias autonómicas. Fue el propio Rajoy quien las situó fuera del contenido de la cuestión de Estado relativa a Cataluña al proceder a elaborar y aplicar las medidas como una materia de competencia exclusiva del gobierno.

En democracia, un gobierno del cambio no debe tener miedo a repudiar la política anti-catalana de Rajoy y debe ofrecer a los ciudadanos españoles una propuesta razonable para abordar el conflicto con Cataluña confiando sin reservas en su sentido común. Como he expuesto en un artículo anterior en infoLibre, no creo que la convocatoria de un referéndum que permita conocer la posición de los ciudadanos catalanes acerca de la independencia deba ser el primer paso de la nueva política hacia Cataluña. Desde la sentencia de 2010 del TC, los ciudadanos catalanes han tenido muchas oportunidades de manifestar sus sentimientos. En todas ellas, la política del gobierno de Rajoy se ha ido traduciendo en un incremento del sentimiento soberanista pero los partidos que promovían la independencia en ninguna alcanzaron la mayoría a que aspiraban. Por otra parte, el Comité Federal del PSOE ha acordado que las negociaciones de su secretario general para formar gobierno cumplan, entre otros, con el objetivo de abordar “la crisis de convivencia” abierta en Cataluña mediante una reforma constitucional que avance “hacia el Estado federal”. Esta propuesta va en la buena dirección pero situar la reforma constitucional como objetivo no es suficiente para salir del embrollo del conflicto con Cataluña en que Mariano Rajoy ha metido a los ciudadanos españoles. Pedro Sánchez tiene que acompañarla de un programa político concreto que vaya corrigiendo en la medida de lo posible las normas constitucionales, estatutarias o legislativas que hicieron posible que Rajoy provocara el malestar actual de toda la ciudadanía catalana.

Algunas de estas normas no tenían más explicación racional que la esperanza de provocar en Cataluña la ruptura de la concordia civil algo que no tiene visos de producirse. Tal esperanza se nutre del desconocimiento de la realidad social pues Andalucía y Extremadura, con el sacrificio y esfuerzo de sus emigrantes, no han sido enemigos de lo que hoy es Cataluña sino cómplices hasta el extremo de que un cordobés, José Montilla, ha accedido a la presidencia de la Generalitat con total normalidad. Al abordar el engarce de Cataluña con España, los nuevos protagonistas de la gobernación deben tener presente en todo momento que esa cuestión nunca se pudo borrar del mapa por las bravas, ni en el siglo XVII con el Conde-Duque de Olivares ni en el siglo XX con las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, y que, como dijo el gitano, pleitos tengas y los ganes.
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Josep Lluís Sureda (Palma de Mallorca, 1923) es catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (1953). Asesor del presidente Tarradellas en la negociación con el presidente Suárez sobre el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña 1977). Primer vice-presidente de la Comisión de Traspasos Estado-Generalitat (1977-1980). Ha publicado recientemente Fantasía y Realidad en el expolio de Barcelona Traction- Apunte para una biografía de Juan March Ordinas (Civitas, 2014), galardonado con el Premi Joan Sardà Dexeus 2015 del Col·legi d'Economistes de Cataluña.

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1 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 19/02/16 10:54

    Excelente artículo.

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